CCOO hace balance: El Gobierno atenta contra el Estado de bienestar, los sindicatos convocan huelga general y el conflicto sigue abierto
La Secretaría de Comunicación confederal de CCOO ha hecho público un comunicado en el que hace balance del año 2010, un año dominado por a crisis, las medidas del Gobierno contra el Estado de bienestar, la huelga general convocada por CCOO y UGT y la incapacidad del Ejecutivo para cerrar un conflicto que él mismo originó, y en el que también avanza que el 2011 puede ser el año en el que el conflicto social se prolongue.
Concluye 2010. Año de crisis, medidas del Gobierno contra el Estado de bienestar, huelga general convocada por CCOO y UGT e incapacidad del Ejecutivo para cerrar un conflicto que él mismo originó. La huelga del 29 de septiembre, que tuvo un notable seguimiento, sí provocó una profunda remodelación del Gobierno con la que Zapatero pretendió seguir el camino de los ajustes económicos y sociales a base de "más y mejor comunicación". El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano cree, sin embargo, que no resulta fácil explicar las bondades de una política obsesionada con reducir el déficit público -al dictado de los mercados financieros- a golpe de lesionar derechos de pensionistas, empleados públicos, trabajadores y parados. "En poco tiempo la realidad puso al Ejecutivo en su sitio y las expectativas levantadas se quedaron en nada. Y es que al final todo derivó en incrementar la capacidad de seducción para transmitir la misma política; algo que se reveló como una maniobra inútil", advierte Lezcano.
En el primer semestre de 2010, el Gobierno de Zapatero decidió precipitar el proceso de diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo y activar una reforma laboral con tres grandes objetivos: abaratar el despido, reforzar a los empresarios devaluando el papel de la negociación colectiva, y prolongar la dualidad del mercado de trabajo, instituyendo la temporalidad y precariedad del empleo. Según CCOO, las organizaciones empresariales, conscientes de que el nuevo discurso político del Ejecutivo les reportaría más ventajas que la negociación con los sindicatos, "no disimularon su incomodidad en la mesa de diálogo social y recuperaron su programa más ambicioso para dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo". Gobierno y patronal dieron al traste, de esta manera, con el diálogo que, con una celeridad y determinación desconocidas hasta la fecha, fue sustituido por el decreto y su veloz tramitación parlamentaria. Poco le duró a Zapatero su compromiso con los más débiles y con el desarrollo del Estado de bienestar. "Ejerciendo un entusiasmo liberal que sorprendió a buena parte de los suyos, el presidente del Gobierno suprimió derechos sociales con la misma facilidad con la que se entregó a la causa de los mercados, del núcleo duro de la Unión Europea y del sistema financiero", denuncia Lezcano.
Pero no se conformó el Gobierno con reformar el mercado de trabajo. Antes, durante y después de la reforma laboral, el Ejecutivo había enseñado sus cartas: frenazo a la inversión pública, prolongación por ley de la edad de jubilación hasta los 67 años, congelación de las pensiones en 2011, reducción del salario a los empleados públicos, y menos recursos para la atención a las personas dependientes. Toda una declaración de intenciones: las personas que peor lo estaban pasando con la crisis, se convirtieron en víctimas, nuevamente, de las políticas del Ejecutivo. Los sectores más débiles pagan la factura de la crisis. Los causantes de la crisis - lobbys financieros, mercados sin reglas, ultraliberalismo- son los que marcan al presidente el camino a seguir. ¿A quién puede extrañarle que la oposición conservadora y las organizaciones empresariales se muevan a sus anchas, celebrando unas reformas que ellos inspiraron, y se permitan incluso el lujo, de proclamar sus insuficiencias? "Triste función la de un Gobierno que, incapaz de hacer frente a los que causaron la crisis, se dispone a aplicar un programa que no presentaron en las elecciones, y que se parece cada vez más al del PP", señala CCOO.
Huelga general y nuevo chantaje de los mercados
A mediados de junio, CCOO y UGT convocaron una huelga general contra la reforma laboral y las medidas de ajuste del Gobierno que se celebraría el 29 de septiembre. "Una huelga general contra la resignación a la que el Gobierno pretendía someter a la ciudadanía, y contra el plan de ajuste y la reforma laboral que suponía el más duro golpe al derecho del trabajo desde la transición democrática", en palabras de Toxo. En la huelga participaron diez millones de trabajadores y trabajadoras y las manifestaciones que cerraron la jornada de movilización contaron con una asistencia masiva. Para el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, el objetivo de los sindicatos con la huelga general era y es "hacer reversible la reforma laboral y modificar los capítulos esenciales de la misma: el despido, la contratación y la negociación colectiva". El Gobierno volvía a tener la palabra.
El nuevo ministro de Trabajo, que debutó en su cargo con las demandas sindicales tras la huelga general, pareció nadar y guardar la ropa. Junto al presidente, quiso conseguir la cuadratura del círculo, anunciando por un lado, voluntad de acuerdo con los sindicatos y por otro, apoyo a las reformas emprendidas. "Y ya es sabido, recuerda Lezcano, que no es posible soplar y sorber al mismo tiempo".
En realidad, bastó un nuevo chantaje de los mercados financieros y de las agencias de calificación, para que el Gobierno en pleno se plegara a sus exigencias. "Zapatero se puso al frente de los ejecutivos europeos que, en lugar de exhibir la primacía de la política y la democracia frente a los mercados, siguió con devoción sus recomendaciones, eso sí, debidamente alentado por el Gobernador del Banco de España y el presidente del Banco Central Europeo", acusa CCOO. De esta forma, a las medidas de ajuste ya conocidas, y a la reforma laboral, le siguió un nuevo plan de recortes sociales: vuelta de tuerca a la reforma del sistema público de pensiones -insistencia con los 67 años, quebrando si fuera necesario 15 años de consenso político y social en torno al Pacto de Toledo-, retirada del subsidio de 426 euros a las personas paradas de larga duración, luz verde a las agencias privadas de colocación, nuevos recortes a la inversión pública, y privatizaciones del 30% de Loterías y Apuestas del Estado y del 49% de AENA. "La dosis de liberalismo económico y de recortes de derechos sociales se incrementaba, y lo peor de todo, precisa Lezcano, es que lo presentaba en sociedad en nombre del Estado de bienestar, algo intolerable".
Con estos precedentes, CCOO y UGT sometieron a sus respectivos órganos de dirección una renovada estrategia de información y movilización con la presentación y registro en el Congreso de los Diputados el 9 de diciembre de una Iniciativa Legislativa Popular sobre el Empleo estable y con derechos, orientada a la modificación de la reforma laboral, a partir de considerar que el conflicto social sigue abierto y que no se descarta ningún escenario de respuesta global. En opinión de Fernando Lezcano, "se trata de una triple apuesta por la información, la movilización y la puesta en valor del hecho sindical, logrando en los próximos dos meses y medio centenares de miles de firmas para impulsar la ILP en todos los rincones del país, pero sobre todo en los centros de trabajo".
Pero, como han repetido los secretarios generales de CCOO y UGT, la ILP coincidirá con iniciativas de movilización en la calle y en las empresas -así lo demuestran las acciones y manifestaciones de los días 15 y 18 de diciembre con decenas de miles de personas participando en las convocatorias sindicales de 40 capitales de provincia en todo el país- para que se oiga la voz de los trabajadores. El secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, concluye "seremos intransigentes en la defensa de los intereses de los trabajadores y aunque estamos dispuestos a trabajar por la negociación y el acuerdo, no olvidamos quienes son los culpables de esta crisis y quienes las víctimas".
2011. Más de lo mismo, sino peor.
Si este es el breve balance que se puede hacer desde la perspectiva sindical de lo que ha sido el año 2010, no es ocioso preguntarse que cabe esperar del año 2011. A este respecto lo primero que debemos tener presente es que los PGE para 2011 van a contribuir a permanecer, por más tiempo del deseable, instalados en la crisis; porfiar la recuperación como hacen los Presupuestos a la capacidad exportadora de nuestra economía cuando la situación de los países a los que exportamos es sumamente delicada es como hacer un "brindis al sol". Antes al contrario, persistir en la reducción del déficit sin procurar mecanismos de reactivación económica y continuar deprimiendo la capacidad de consumo de las familias (ahora hay que sumar a la congelación de pensiones, a la reducción de los salarios de los empleados públicos y a los incrementos del IVA, la subida de las tarifas eléctricas que afectarán a más de 17 millones de hogares y al conjunto de nuestro tejido empresarial) hacen preveer que la actividad económica seguirá estancada y que por tanto seguiremos, lamentablemente, instalados en una tasa de desempleo del 20% durante todo el 2011.
Si a esto le añadimos las pretensiones del Gobierno en materia de pensiones y de negociación colectiva, cuyos dos elementos más señalados son la prolongación de la edad de jubilación con carácter obligatoria a los 67 años y la ultraactividad de los convenios, tenemos un cuadro que reproduce fielmente el escenario de 2010: persistencia de la crisis, prioridad en la reducción del déficit renunciando a estimular la actividad económica y profundización de los planes de ajuste por la vía de debilitar cuando no suprimir, derechos sociales.
No es de extrañar que, en estas condiciones, desde el movimiento sindical consideremos que el 2011 también puede ser el año en el que el conflicto social se prolongue.
Concluye 2010. Año de crisis, medidas del Gobierno contra el Estado de bienestar, huelga general convocada por CCOO y UGT e incapacidad del Ejecutivo para cerrar un conflicto que él mismo originó. La huelga del 29 de septiembre, que tuvo un notable seguimiento, sí provocó una profunda remodelación del Gobierno con la que Zapatero pretendió seguir el camino de los ajustes económicos y sociales a base de "más y mejor comunicación". El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano cree, sin embargo, que no resulta fácil explicar las bondades de una política obsesionada con reducir el déficit público -al dictado de los mercados financieros- a golpe de lesionar derechos de pensionistas, empleados públicos, trabajadores y parados. "En poco tiempo la realidad puso al Ejecutivo en su sitio y las expectativas levantadas se quedaron en nada. Y es que al final todo derivó en incrementar la capacidad de seducción para transmitir la misma política; algo que se reveló como una maniobra inútil", advierte Lezcano.
En el primer semestre de 2010, el Gobierno de Zapatero decidió precipitar el proceso de diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo y activar una reforma laboral con tres grandes objetivos: abaratar el despido, reforzar a los empresarios devaluando el papel de la negociación colectiva, y prolongar la dualidad del mercado de trabajo, instituyendo la temporalidad y precariedad del empleo. Según CCOO, las organizaciones empresariales, conscientes de que el nuevo discurso político del Ejecutivo les reportaría más ventajas que la negociación con los sindicatos, "no disimularon su incomodidad en la mesa de diálogo social y recuperaron su programa más ambicioso para dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo". Gobierno y patronal dieron al traste, de esta manera, con el diálogo que, con una celeridad y determinación desconocidas hasta la fecha, fue sustituido por el decreto y su veloz tramitación parlamentaria. Poco le duró a Zapatero su compromiso con los más débiles y con el desarrollo del Estado de bienestar. "Ejerciendo un entusiasmo liberal que sorprendió a buena parte de los suyos, el presidente del Gobierno suprimió derechos sociales con la misma facilidad con la que se entregó a la causa de los mercados, del núcleo duro de la Unión Europea y del sistema financiero", denuncia Lezcano.
Pero no se conformó el Gobierno con reformar el mercado de trabajo. Antes, durante y después de la reforma laboral, el Ejecutivo había enseñado sus cartas: frenazo a la inversión pública, prolongación por ley de la edad de jubilación hasta los 67 años, congelación de las pensiones en 2011, reducción del salario a los empleados públicos, y menos recursos para la atención a las personas dependientes. Toda una declaración de intenciones: las personas que peor lo estaban pasando con la crisis, se convirtieron en víctimas, nuevamente, de las políticas del Ejecutivo. Los sectores más débiles pagan la factura de la crisis. Los causantes de la crisis - lobbys financieros, mercados sin reglas, ultraliberalismo- son los que marcan al presidente el camino a seguir. ¿A quién puede extrañarle que la oposición conservadora y las organizaciones empresariales se muevan a sus anchas, celebrando unas reformas que ellos inspiraron, y se permitan incluso el lujo, de proclamar sus insuficiencias? "Triste función la de un Gobierno que, incapaz de hacer frente a los que causaron la crisis, se dispone a aplicar un programa que no presentaron en las elecciones, y que se parece cada vez más al del PP", señala CCOO.
Huelga general y nuevo chantaje de los mercados
A mediados de junio, CCOO y UGT convocaron una huelga general contra la reforma laboral y las medidas de ajuste del Gobierno que se celebraría el 29 de septiembre. "Una huelga general contra la resignación a la que el Gobierno pretendía someter a la ciudadanía, y contra el plan de ajuste y la reforma laboral que suponía el más duro golpe al derecho del trabajo desde la transición democrática", en palabras de Toxo. En la huelga participaron diez millones de trabajadores y trabajadoras y las manifestaciones que cerraron la jornada de movilización contaron con una asistencia masiva. Para el portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, el objetivo de los sindicatos con la huelga general era y es "hacer reversible la reforma laboral y modificar los capítulos esenciales de la misma: el despido, la contratación y la negociación colectiva". El Gobierno volvía a tener la palabra.
El nuevo ministro de Trabajo, que debutó en su cargo con las demandas sindicales tras la huelga general, pareció nadar y guardar la ropa. Junto al presidente, quiso conseguir la cuadratura del círculo, anunciando por un lado, voluntad de acuerdo con los sindicatos y por otro, apoyo a las reformas emprendidas. "Y ya es sabido, recuerda Lezcano, que no es posible soplar y sorber al mismo tiempo".
En realidad, bastó un nuevo chantaje de los mercados financieros y de las agencias de calificación, para que el Gobierno en pleno se plegara a sus exigencias. "Zapatero se puso al frente de los ejecutivos europeos que, en lugar de exhibir la primacía de la política y la democracia frente a los mercados, siguió con devoción sus recomendaciones, eso sí, debidamente alentado por el Gobernador del Banco de España y el presidente del Banco Central Europeo", acusa CCOO. De esta forma, a las medidas de ajuste ya conocidas, y a la reforma laboral, le siguió un nuevo plan de recortes sociales: vuelta de tuerca a la reforma del sistema público de pensiones -insistencia con los 67 años, quebrando si fuera necesario 15 años de consenso político y social en torno al Pacto de Toledo-, retirada del subsidio de 426 euros a las personas paradas de larga duración, luz verde a las agencias privadas de colocación, nuevos recortes a la inversión pública, y privatizaciones del 30% de Loterías y Apuestas del Estado y del 49% de AENA. "La dosis de liberalismo económico y de recortes de derechos sociales se incrementaba, y lo peor de todo, precisa Lezcano, es que lo presentaba en sociedad en nombre del Estado de bienestar, algo intolerable".
Con estos precedentes, CCOO y UGT sometieron a sus respectivos órganos de dirección una renovada estrategia de información y movilización con la presentación y registro en el Congreso de los Diputados el 9 de diciembre de una Iniciativa Legislativa Popular sobre el Empleo estable y con derechos, orientada a la modificación de la reforma laboral, a partir de considerar que el conflicto social sigue abierto y que no se descarta ningún escenario de respuesta global. En opinión de Fernando Lezcano, "se trata de una triple apuesta por la información, la movilización y la puesta en valor del hecho sindical, logrando en los próximos dos meses y medio centenares de miles de firmas para impulsar la ILP en todos los rincones del país, pero sobre todo en los centros de trabajo".
Pero, como han repetido los secretarios generales de CCOO y UGT, la ILP coincidirá con iniciativas de movilización en la calle y en las empresas -así lo demuestran las acciones y manifestaciones de los días 15 y 18 de diciembre con decenas de miles de personas participando en las convocatorias sindicales de 40 capitales de provincia en todo el país- para que se oiga la voz de los trabajadores. El secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, concluye "seremos intransigentes en la defensa de los intereses de los trabajadores y aunque estamos dispuestos a trabajar por la negociación y el acuerdo, no olvidamos quienes son los culpables de esta crisis y quienes las víctimas".
2011. Más de lo mismo, sino peor.
Si este es el breve balance que se puede hacer desde la perspectiva sindical de lo que ha sido el año 2010, no es ocioso preguntarse que cabe esperar del año 2011. A este respecto lo primero que debemos tener presente es que los PGE para 2011 van a contribuir a permanecer, por más tiempo del deseable, instalados en la crisis; porfiar la recuperación como hacen los Presupuestos a la capacidad exportadora de nuestra economía cuando la situación de los países a los que exportamos es sumamente delicada es como hacer un "brindis al sol". Antes al contrario, persistir en la reducción del déficit sin procurar mecanismos de reactivación económica y continuar deprimiendo la capacidad de consumo de las familias (ahora hay que sumar a la congelación de pensiones, a la reducción de los salarios de los empleados públicos y a los incrementos del IVA, la subida de las tarifas eléctricas que afectarán a más de 17 millones de hogares y al conjunto de nuestro tejido empresarial) hacen preveer que la actividad económica seguirá estancada y que por tanto seguiremos, lamentablemente, instalados en una tasa de desempleo del 20% durante todo el 2011.
Si a esto le añadimos las pretensiones del Gobierno en materia de pensiones y de negociación colectiva, cuyos dos elementos más señalados son la prolongación de la edad de jubilación con carácter obligatoria a los 67 años y la ultraactividad de los convenios, tenemos un cuadro que reproduce fielmente el escenario de 2010: persistencia de la crisis, prioridad en la reducción del déficit renunciando a estimular la actividad económica y profundización de los planes de ajuste por la vía de debilitar cuando no suprimir, derechos sociales.
No es de extrañar que, en estas condiciones, desde el movimiento sindical consideremos que el 2011 también puede ser el año en el que el conflicto social se prolongue.
