Greenpeace ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional el pasado día 23 de diciembre, dentro del recurso contencioso-administrativo que interpuso la organización, solicitando que se declare nula de pleno derecho la Resolución que dio inicio al proceso del cementerio nuclear centralizado (ATC). La organización ecologista considera que sus argumentos jurídicos han quedado plenamente demostrados a lo largo de este año.
Hoy se cumple justo un año de la publicación en el BOE de la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 23 de diciembre de 2009, por la que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) puso en marcha oficialmente el proceso de búsqueda de municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear centralizado para los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas y su centro de experimentación nuclear asociado.
A lo largo de 2010 ha quedado demostrado que los Proyectos Técnicos y los Estudios de Seguridad específicos del almacén nuclear y de su centro tecnológico asociado no existen, como tuvo que reconocer el Ministerio de industria ante la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Greenpeace contra el proceso del cementerio nuclear.
Además, Greenpeace recuerda que ha quedado claro que no hay ninguna urgencia para construir este ATC puesto que, como demuestran los informes periódicos del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados, hay varias centrales nucleares que aún tienen capacidad de almacenamiento para muchos años en sus piscinas de refrigeración de combustible gastado. Asimismo, en las centrales que ya no disponen de capacidad se ha optado por construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI), casos de Trillo, Zorita (en desmantelamiento) y Ascó-1 y Ascó-2.
Por estos y otros motivos, la organización ecologista considera que el proceso desarrollado por el Ministerio de Industria ha vulnerado, entre otras, la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales (Convenio de Aarhus, que es ley en España desde 2005).
“El año 2010 ha terminado sin que el Ministerio de Industria haya logrado avanzar en su propósito, sino todo lo contrario. El proceso del ATC ha descarrilado social y políticamente, ya que ha quedado demostrado el amplio rechazo social y territorial al cementerio nuclear”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Según Greenpeace, el cementerio nuclear centralizado que promueve el Ministerio de Industria se encuentra en un callejón sin salida, tras el rotundo rechazo social y de todos los gobiernos y parlamentos de las Comunidades Autónomas con algún municipio candidato a albergar esta instalación nuclear.
La organización recuerda los pronósticos del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en los que aseguraban que el proceso del cementerio nuclear se habría culminado en “4 ó 5 meses” y que habría "bofetadas" entre los pueblos españoles para quedarse con el cementerio nuclear.
De los 8.114 municipios que actualmente existen en España (según el INE, a 1-1-2010), tan solo ocho son candidatos para el “concurso del ATC” (el 0,09% del total de municipios). “Estas cifras se dan a pesar de la intensa campaña de propaganda del Ministerio de Industria y de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), basada en tentar a los alcaldes con grandes sumas de dinero público y falsas promesas de desarrollo y prosperidad al municipio que albergase el cementerio nuclear”, ha añadido Bravo.
Greenpeace reitera la peligrosidad del cementerio nuclear centralizado y su centro de experimentación nuclear asociado, y la necesidad de poner en marcha un plan urgente de cierre progresivo de las nucleares con el fin de reducir la producción de los residuos radiactivos y generar un amplio consenso social territorial y político en torno a esta cuestión.
