Cimac.- Las comunicadoras hondureñas Elia Hernández y Elba Rubio, de la emisora comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, fueron condenadas a prisión por los delitos de “sedición y desobediencia”, y aunque alcanzaron derecho a fianza, se les prohibió salir del país y asistir a manifestaciones públicas.
Mediante la interposición del habeas corpus ambas corresponsales pudieron salir libres el 17 de diciembre, presentando golpes en diversas partes del cuerpo sin que recibieran ayuda médica mientras estuvieron detenidas, igualmente a varias personas de la comunidad gravemente heridas se les negó la atención médica. De acuerdo a testimonio de la abogada defensora, Kenia Olivas, las mujeres fueron golpeadas en sus partes íntimas, Elia Hernández presenta golpes de este tipo.
Al no haber ninguna prueba en contra de ellas el Juzgado de Amapala determinó su calidad de indiciadas, con lo cual su proceso queda pendiente para ver si tienen responsabilidades por el delito de desobediencia tipificado en el código penal, que establece la prohibición de estar en manifestaciones públicas que obstruyan la labor de la administración pública, además les prohibieron salir de sus comunidades.
En el caso de Elba Rubio quien se encontraba grabando con una cámara de video en el techo de una casa, como parte de su labor periodística, fue violentamente bajada y le confiscaron tanto la cámara como su carnet de corresponsal, a Elia Hernández igualmente le confiscaron su carnet y su cámara fotográfica.
En un comunicado, organizaciones de mujeres del país centroamericano manifestaron su solidaridad con las comunicadoras y repudiaron la resolución judicial, a la que calificaron como “un golpe a la libertad de expresión, a la comunicación popular, y al derecho a informar y ser informado”.
En Honduras las y los comunicadores ya no pueden ejercer su trabajo a la luz pública por que se convierten en blanco perfecto de la persecución y encarcelamiento por parte de la policía y la gente con poder en el país, sentenciaron las activistas.
Elia Hernández y Elba Rubio fueron detenidas el pasado 15 de diciembre por la policía preventiva y la fuerza naval hondureñas, cuando cubrían el desalojo de una familia que habitaba en un terreno codiciado por el magnate de los combustibles, Miguel Facussé Barjum, ubicado en la comunidad de Coyolito, de la Isla de Zacate Grande, al sur de Honduras.
A pesar de que las también feministas portaban sus identificaciones de prensa fueron detenidas y golpeadas, junto con otras 12 personas que se solidarizaron con la familia desalojada. Todas y todos fueron acusados por sedición y desobediencia.
Mediante la interposición del habeas corpus ambas corresponsales pudieron salir libres el 17 de diciembre, presentando golpes en diversas partes del cuerpo sin que recibieran ayuda médica mientras estuvieron detenidas, igualmente a varias personas de la comunidad gravemente heridas se les negó la atención médica. De acuerdo a testimonio de la abogada defensora, Kenia Olivas, las mujeres fueron golpeadas en sus partes íntimas, Elia Hernández presenta golpes de este tipo.
Al no haber ninguna prueba en contra de ellas el Juzgado de Amapala determinó su calidad de indiciadas, con lo cual su proceso queda pendiente para ver si tienen responsabilidades por el delito de desobediencia tipificado en el código penal, que establece la prohibición de estar en manifestaciones públicas que obstruyan la labor de la administración pública, además les prohibieron salir de sus comunidades.
En el caso de Elba Rubio quien se encontraba grabando con una cámara de video en el techo de una casa, como parte de su labor periodística, fue violentamente bajada y le confiscaron tanto la cámara como su carnet de corresponsal, a Elia Hernández igualmente le confiscaron su carnet y su cámara fotográfica.
En un comunicado, organizaciones de mujeres del país centroamericano manifestaron su solidaridad con las comunicadoras y repudiaron la resolución judicial, a la que calificaron como “un golpe a la libertad de expresión, a la comunicación popular, y al derecho a informar y ser informado”.
En Honduras las y los comunicadores ya no pueden ejercer su trabajo a la luz pública por que se convierten en blanco perfecto de la persecución y encarcelamiento por parte de la policía y la gente con poder en el país, sentenciaron las activistas.
Elia Hernández y Elba Rubio fueron detenidas el pasado 15 de diciembre por la policía preventiva y la fuerza naval hondureñas, cuando cubrían el desalojo de una familia que habitaba en un terreno codiciado por el magnate de los combustibles, Miguel Facussé Barjum, ubicado en la comunidad de Coyolito, de la Isla de Zacate Grande, al sur de Honduras.
A pesar de que las también feministas portaban sus identificaciones de prensa fueron detenidas y golpeadas, junto con otras 12 personas que se solidarizaron con la familia desalojada. Todas y todos fueron acusados por sedición y desobediencia.
