OPINIÓN de Raúl Wiener
Por lo que he podido oír al presidente y al primer ministro en estos últimos días, la celebración de los primeros 100 días del nuevo gobierno traería novedades, de ningún modo conmocionantes como ya advirtió Salomón Lerner, pero tampoco cualquier cosa, lo que ha sido la tónica desde 28 de julio. Evidentemente se nos quiere acostumbrar a un ritmo de transformaciones lentas y medidas que no afecten las hasta ahora buenas relaciones con el capital lo que puede resumirse en algunas frases que se han hecho casi definitorias: “estamos negociando sin patear el tablero”, “no queremos pelearnos con las grandes empresas, pero que paguen sus impuestos”.
Este talante conciliador pero que insiste en la necesidad de volver a negociar sin pelearse, es una marca clara de los 100 días y por lo que puede entenderse de las declaraciones de más alto nivel del régimen, la pretensión es que sea la verdadera hoja de ruta de los cinco años. Claro que eso supone que los capitales sigan aceptando volver cada tanto a la mesa y ceder algo, como se hace en toda negociación. Los casos que se judicializan o recurren al arbitraje internacional, podrían terminar escapando al parámetro general, como estaría ocurriendo con la deuda tributaria de Telefónica, que está provocando una tensión con el gobierno.
No hay duda que si Ollanta termina dando la impresión que se doblega ante la gran empresa, caerá perpendicularmente en la expectativa de la población. En el caso del llamado gravamen minero la imagen sigue siendo que sacó cosas que las empresas no querían dar, y esa idea no ha sido mellada por los estudios más acuciosos que han descubierto después que el monto a recibir es menor que el anunciado y que probablemente el MEF metió la mano para salvarle algunos cientos de millones a sus compadres de la minería. Lo que es verdad es que hacía veinte años que no había un gobierno dispuesto a sentar a los mayores inversionistas para revisar sus contratos. Y eso alimenta las expectativas.
Pero al otro lado hay que preguntarse si para los votantes de Ollanta, especialmente el 31% de la primera vuelta que le ha sido fiel en dos elecciones y que debería ser el más dispuesto a batirse por él en los momentos difíciles de los próximos cinco años, la idea de los cambios ralentizados, recortados y focalizados (para el caso de los programas sociales) va a permitir les una adhesión sólida y de largo plazo. A 100 días se escuchan descontentos por lo que se hace y lo que no se hace, especialmente por lo que se percibe como confianzas excesivas en la tecnocracia que dirige la economía y que es la misma del pasado (con sus títulos y conocimientos traídos de los Estados Unidos) y la burocracia de “confianza” que administra aún muchas porciones del Estado.
En realidad los cien días dejan un sinsabor para quienes todavía recuerdan el mensaje original de Ollanta sobre la traición de los políticos que luego de echar a la dictadura fujimorista dejaron intacta casi toda la herencia del viejo régimen: constitución, contratos, instituciones, política económica, etc., y una relativa tranquilidad en los que más bien imaginaban que el “cambio” en el candidato podía no ser sino un maquillaje. Mi amigo, Ricardo Vásquez Kunze que seguramente está en este segundo grupo dijo, sin embargo el otro día, que está bien que Ollanta nos haya convencido de que no será el radical que se temía, pero ya es tiempo que apriete un poco el acelerador. Esto ya no sólo se lo reclama la izquierda del gobierno, sino algunos de sus aliados de derecha.
Por lo que he podido oír al presidente y al primer ministro en estos últimos días, la celebración de los primeros 100 días del nuevo gobierno traería novedades, de ningún modo conmocionantes como ya advirtió Salomón Lerner, pero tampoco cualquier cosa, lo que ha sido la tónica desde 28 de julio. Evidentemente se nos quiere acostumbrar a un ritmo de transformaciones lentas y medidas que no afecten las hasta ahora buenas relaciones con el capital lo que puede resumirse en algunas frases que se han hecho casi definitorias: “estamos negociando sin patear el tablero”, “no queremos pelearnos con las grandes empresas, pero que paguen sus impuestos”.
Este talante conciliador pero que insiste en la necesidad de volver a negociar sin pelearse, es una marca clara de los 100 días y por lo que puede entenderse de las declaraciones de más alto nivel del régimen, la pretensión es que sea la verdadera hoja de ruta de los cinco años. Claro que eso supone que los capitales sigan aceptando volver cada tanto a la mesa y ceder algo, como se hace en toda negociación. Los casos que se judicializan o recurren al arbitraje internacional, podrían terminar escapando al parámetro general, como estaría ocurriendo con la deuda tributaria de Telefónica, que está provocando una tensión con el gobierno.
No hay duda que si Ollanta termina dando la impresión que se doblega ante la gran empresa, caerá perpendicularmente en la expectativa de la población. En el caso del llamado gravamen minero la imagen sigue siendo que sacó cosas que las empresas no querían dar, y esa idea no ha sido mellada por los estudios más acuciosos que han descubierto después que el monto a recibir es menor que el anunciado y que probablemente el MEF metió la mano para salvarle algunos cientos de millones a sus compadres de la minería. Lo que es verdad es que hacía veinte años que no había un gobierno dispuesto a sentar a los mayores inversionistas para revisar sus contratos. Y eso alimenta las expectativas.
Pero al otro lado hay que preguntarse si para los votantes de Ollanta, especialmente el 31% de la primera vuelta que le ha sido fiel en dos elecciones y que debería ser el más dispuesto a batirse por él en los momentos difíciles de los próximos cinco años, la idea de los cambios ralentizados, recortados y focalizados (para el caso de los programas sociales) va a permitir les una adhesión sólida y de largo plazo. A 100 días se escuchan descontentos por lo que se hace y lo que no se hace, especialmente por lo que se percibe como confianzas excesivas en la tecnocracia que dirige la economía y que es la misma del pasado (con sus títulos y conocimientos traídos de los Estados Unidos) y la burocracia de “confianza” que administra aún muchas porciones del Estado.
En realidad los cien días dejan un sinsabor para quienes todavía recuerdan el mensaje original de Ollanta sobre la traición de los políticos que luego de echar a la dictadura fujimorista dejaron intacta casi toda la herencia del viejo régimen: constitución, contratos, instituciones, política económica, etc., y una relativa tranquilidad en los que más bien imaginaban que el “cambio” en el candidato podía no ser sino un maquillaje. Mi amigo, Ricardo Vásquez Kunze que seguramente está en este segundo grupo dijo, sin embargo el otro día, que está bien que Ollanta nos haya convencido de que no será el radical que se temía, pero ya es tiempo que apriete un poco el acelerador. Esto ya no sólo se lo reclama la izquierda del gobierno, sino algunos de sus aliados de derecha.
