OPINIÓN de Emilio Marín
La Argentina política avanza a mucha velocidad. Antes que la presidenta asuma su segundo mandato, ya tuvo varias definiciones que van provocando realineamientos políticos y gremiales.
Como se dijo aquí, Argentina no es Suiza. No es tan pulcra, puntual y previsible como su relojería (su banca, no tiene esa limpieza). La cambiante política doméstica se corroborado en la coyuntura, especialmente por algunas decisiones demoradas por la presidenta y lanzadas al ruedo en los últimos días.
Un tema que hizo mucho ruido y muchas nueces, fue el del cese de los subsidios del Estado en las tarifas de luz, gas y agua, comenzando por barrios y sectores sociales más ricos. Esto causó un pequeño terremoto político cuya onda aún continúa, alimentado por la falta de precisiones gubernamentales. Las aguas se encresparon y se confundieron.
El debate se hizo intenso también por la condena presidencial al proyecto de Héctor Recalde, de distribución de un diez por ciento de las ganancias empresarias entre los trabajadores. Esta polémica provocó una disputa pública entre la presidenta y el secretario de la CGT; es una diferencia profunda que aún no ha podido encaminarse hacia una solución tranquila. El contrapunto se realimentó con las medidas de protesta de algunos gremios aeronáuticos, frente a drásticos discursos y medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Por último hubo entredichos alrededor de la inflación, de si existe o no y de cómo tratarla para que no afecte el nivel de actividad económica y sobre todo la capacidad adquisitiva del salario.
En toda esta madeja mal ovillada, quizás los nudos más díficiles de desatar sean los de la relación Cristina Fernández-Hugo Moyano. La presidenta tuvo conceptos muy duros contra la propuesta del jefe sindical sobre distribución de ganancias durante su discurso ante las colmadas mesas de la 17º Conferencia Industrial de la UIA.
Hay circunstancias más importantes que la letra de ese discurso, de por sí muy significativo. Ese fue el rol de la reunión previa de la presidenta con ocho popes del empresariado, antes de comparecer ante el conjunto. José I. De Mendiguren, Daniel Funes de Rioja, Cristiano Rattazzi, Federico Nicholson y Paolo Rocca, entre otros, tuvieron allí la primicia de que la jefa de Estado iba a tapar con diarios el cadáver de la ley Recalde. Después CFK lo dijo con todas las letras: que las cosas de ese tipo (económicas y sociales) no se pueden arreglar con una ley y que mejor será que los gremios lo negocien por separado con los empresarios en las paritarias. La platea empresaria aplaudió a rabiar.
Curioso concepto presidencial de que estas cosas no pueden salir del Congreso. Así dichas hasta rozaron una concepción antidemocrática pues el parlamento está precisamente o debería estarlo, para aprobar leyes que mejoren la vida de la mayoría de los argentinos. La feroz resistencia monopolista, que se negó incluso a concurrir a Diputados para dar su aporte a la iniciativa legal de la CGT, demuestra la necesidad de que el conjunto de la sociedad tome partido en la discusión, saldándola a favor de los asalariados. Con el criterio del PEN, habría hecho mal el peronismo en promover la legislación obrera sobre convenios, previsión social, etc.
¿Desde dónde habla Cristina?
Todo un sector kirchnerista que había visto con simpatía la propuesta del diputado Recalde, ahora dio varios pasos hacia atrás y los costados, luego de la clara toma de posición de la presidenta. Respaldándola, ahora argumentan que mejor el reparto será por gremios, como en Brasil, o como en nuestro país tienen sindicatos como el del neumático (Sutna).
Pero una corriente importante del gremialismo, expresado por el jefe de camioneros, ha ratificado que insistirá con la demanda de distribución de ganancias. Esto en principio puede ser una postura política e ideológica más que práctica, pues resulta difícil pensar que pueda prosperar en la futura legislatura con esa negativa de una presidenta respaldada por el 54 por ciento de los votos el 23 de octubre pasado.
Si Cristina Fernández mantiene su negativa a esa iniciativa azopardista, como es de prever, la pregunta es qué hará Moyano y los gremialistas. ¿Se subordinarán a lo dispuesto en forma irrevocable por CFK? ¿O por el contrario, van a profundizar la diferencia?
Los interrogantes hoy no pueden ser respondidos categóricamente. Deberá pasar un cierto tiempo hasta poder dar una respuesta.
Hay más todavía. Cuando la CGT pide tener participación en las ganancias, resulta que el Estado le dice, por medio de la máxima autoridad, que no y que semejante asunto deber ser tratado por las partes.
Pero cuando una parte gremial aeronáutica tiene un conflicto con su patronal de Aerolíneas Argentinas, embozado o no, como se le imputó a APTA, el Estado toma la decisión de intervenir la personería de ese sindicato.
Ricardo Cirielli dice defender los derechos de los trabajadores, y al margen de su encuadramiento con la CGT de Luis Barrionuevo, algo de razón puede tener. Son muchos los que opinan que no debería intervenirse sindicatos por diferencias con medidas adoptadas por su dirección o su base.
La presidenta, a su turno, tuvo razón cuando recordó todo el esfuerzo e inversión estatal que hizo su gobierno para recuperar la aerolínea de bandera. También lo suyo fue razonable cuando puso el proyecto nacional por encima de los intereses sectoriales o de un gremio en particular. Delicado asunto este de combinar y resolver las contradicciones entre un gobierno y las organizaciones sociales, fijando las fronteras entre el legítimo interés de un sector y la sociedad.
Claro que esas verdades cristinistas se relativizan cuando es enunciado desde la tribuna de la Unión Industrial, con los empresarios que más ganan, como los de Tenaris-Techint, Fiat, Ledesma, Repsol, Alpargatas, Banco de Galicia, Arcor, Banco Patagonia, Macro, etc. Hasta Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, aplaudió de pie el discurso de la presidenta.
Otras cámaras patronales del establishment, como la AEA, además de la UIA, dieron apoyo a la otra medida gubernamental ya mencionada, referida a la eliminación de subsidios del Estado a los servicios públicos privatizados. Si esa poda queda limitada a los sectores de mayores recursos o si llegará casi hasta el hueso de la ciudadanía de a pie, es todavía una duda. Por ahora los que quedan a salvo del ajuste de tarifas son los segmentos más sumergidos, que cobran planes sociales o la jubilación mínima.
El resto tendrá que ponerse. De allí entonces la duda sobre la supuesta condición política más general desde la que pontifica la presidenta.
¿Posibilidad de laborismo?
El alboroto dentro del justicialismo, entre la línea política y la sindical, genera dudas sobre si esta última no pondrá proa hacia la conformación de un movimiento político propio, en el futuro. Una suerte de laborismo. Aún es pronto para saberlo pero no se puede negar de plano esa evolución, en un mediano plazo.
Allí radica la diferencia entre la JP Regionales de los ´70 y la actual agrupación La Cámpora. Aquella tenía más fuerza propia porque había acumulado con luchas y organización independiente de la dirección del general Perón, aún declamándose como su rama juvenil. Con ese capital se atrevieron a discutir con el viejo líder. La Cámpora, en cambio, es una creación del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina; su militancia no es muy numerosa y sus dirigentes fueron casi todos promovidos a puestos de gobierno, en el Congreso y en Aerolíneas, AFIP y otros directorios. No están en condiciones de discutir ni una coma de lo que decida la presidenta de la Nación.
Moyano y la corriente mayoritaria de la CGT Azopardo, en cambio, es un segmento con poder de fuego dentro del justicialismo. Con todo lo burocrático que sean muchos de esos dirigentes, sus bases son asalariados organizados y están disconformes con ciertos puntos dispuestos por el gobierno, como el cobro de impuestos al salario.
En política cada quien atiende su juego. La presidenta juzga conveniente conciliar un cierto acuerdo con los capitanes de la industria nucleados en la UIA, aunque eso perjudique la tradicional relación con el sindicalismo. El tiempo dirá si fue una buena elección.
Por su parte Mauricio Macri ha evaluado retardar el traspaso del Subte a su jurisdicción, lo que aceptaría recién en 2017. Semejante contradicción fue bien marcada por CFK en la conferencia industrial, tratando de erosionar los vínculos de la entidad con el jefe del PRO y aceitar los propios.
De todas maneras la presidenta argentina, cabe subrayarlo, no se ha convertido en una émula de Juan Manuel Santos ni Sebastián Piñera. En los próximos días ella viajará a Caracas para participar de la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
El cristinismo tampoco abandona su relación con los organismos de Derechos Humanos, reconfortados por el procesamiento de los represores Videla y Menéndez en la causa por el asesinato del obispo Enrique Angelelli. En ese ambiente de DD HH se sintió alivio y alegría ante la noticia del fallecimiento del general Antonio D. Bussi. “Viva Tucumán menos uno”, cantaba siempre Mercedes Sosa cuando entonaba una zambita tucumana.
La Argentina política avanza a mucha velocidad. Antes que la presidenta asuma su segundo mandato, ya tuvo varias definiciones que van provocando realineamientos políticos y gremiales.
Como se dijo aquí, Argentina no es Suiza. No es tan pulcra, puntual y previsible como su relojería (su banca, no tiene esa limpieza). La cambiante política doméstica se corroborado en la coyuntura, especialmente por algunas decisiones demoradas por la presidenta y lanzadas al ruedo en los últimos días.
Un tema que hizo mucho ruido y muchas nueces, fue el del cese de los subsidios del Estado en las tarifas de luz, gas y agua, comenzando por barrios y sectores sociales más ricos. Esto causó un pequeño terremoto político cuya onda aún continúa, alimentado por la falta de precisiones gubernamentales. Las aguas se encresparon y se confundieron.
El debate se hizo intenso también por la condena presidencial al proyecto de Héctor Recalde, de distribución de un diez por ciento de las ganancias empresarias entre los trabajadores. Esta polémica provocó una disputa pública entre la presidenta y el secretario de la CGT; es una diferencia profunda que aún no ha podido encaminarse hacia una solución tranquila. El contrapunto se realimentó con las medidas de protesta de algunos gremios aeronáuticos, frente a drásticos discursos y medidas adoptadas por el Ejecutivo.
Por último hubo entredichos alrededor de la inflación, de si existe o no y de cómo tratarla para que no afecte el nivel de actividad económica y sobre todo la capacidad adquisitiva del salario.
En toda esta madeja mal ovillada, quizás los nudos más díficiles de desatar sean los de la relación Cristina Fernández-Hugo Moyano. La presidenta tuvo conceptos muy duros contra la propuesta del jefe sindical sobre distribución de ganancias durante su discurso ante las colmadas mesas de la 17º Conferencia Industrial de la UIA.
Hay circunstancias más importantes que la letra de ese discurso, de por sí muy significativo. Ese fue el rol de la reunión previa de la presidenta con ocho popes del empresariado, antes de comparecer ante el conjunto. José I. De Mendiguren, Daniel Funes de Rioja, Cristiano Rattazzi, Federico Nicholson y Paolo Rocca, entre otros, tuvieron allí la primicia de que la jefa de Estado iba a tapar con diarios el cadáver de la ley Recalde. Después CFK lo dijo con todas las letras: que las cosas de ese tipo (económicas y sociales) no se pueden arreglar con una ley y que mejor será que los gremios lo negocien por separado con los empresarios en las paritarias. La platea empresaria aplaudió a rabiar.
Curioso concepto presidencial de que estas cosas no pueden salir del Congreso. Así dichas hasta rozaron una concepción antidemocrática pues el parlamento está precisamente o debería estarlo, para aprobar leyes que mejoren la vida de la mayoría de los argentinos. La feroz resistencia monopolista, que se negó incluso a concurrir a Diputados para dar su aporte a la iniciativa legal de la CGT, demuestra la necesidad de que el conjunto de la sociedad tome partido en la discusión, saldándola a favor de los asalariados. Con el criterio del PEN, habría hecho mal el peronismo en promover la legislación obrera sobre convenios, previsión social, etc.
¿Desde dónde habla Cristina?
Todo un sector kirchnerista que había visto con simpatía la propuesta del diputado Recalde, ahora dio varios pasos hacia atrás y los costados, luego de la clara toma de posición de la presidenta. Respaldándola, ahora argumentan que mejor el reparto será por gremios, como en Brasil, o como en nuestro país tienen sindicatos como el del neumático (Sutna).
Pero una corriente importante del gremialismo, expresado por el jefe de camioneros, ha ratificado que insistirá con la demanda de distribución de ganancias. Esto en principio puede ser una postura política e ideológica más que práctica, pues resulta difícil pensar que pueda prosperar en la futura legislatura con esa negativa de una presidenta respaldada por el 54 por ciento de los votos el 23 de octubre pasado.
Si Cristina Fernández mantiene su negativa a esa iniciativa azopardista, como es de prever, la pregunta es qué hará Moyano y los gremialistas. ¿Se subordinarán a lo dispuesto en forma irrevocable por CFK? ¿O por el contrario, van a profundizar la diferencia?
Los interrogantes hoy no pueden ser respondidos categóricamente. Deberá pasar un cierto tiempo hasta poder dar una respuesta.
Hay más todavía. Cuando la CGT pide tener participación en las ganancias, resulta que el Estado le dice, por medio de la máxima autoridad, que no y que semejante asunto deber ser tratado por las partes.
Pero cuando una parte gremial aeronáutica tiene un conflicto con su patronal de Aerolíneas Argentinas, embozado o no, como se le imputó a APTA, el Estado toma la decisión de intervenir la personería de ese sindicato.
Ricardo Cirielli dice defender los derechos de los trabajadores, y al margen de su encuadramiento con la CGT de Luis Barrionuevo, algo de razón puede tener. Son muchos los que opinan que no debería intervenirse sindicatos por diferencias con medidas adoptadas por su dirección o su base.
La presidenta, a su turno, tuvo razón cuando recordó todo el esfuerzo e inversión estatal que hizo su gobierno para recuperar la aerolínea de bandera. También lo suyo fue razonable cuando puso el proyecto nacional por encima de los intereses sectoriales o de un gremio en particular. Delicado asunto este de combinar y resolver las contradicciones entre un gobierno y las organizaciones sociales, fijando las fronteras entre el legítimo interés de un sector y la sociedad.
Claro que esas verdades cristinistas se relativizan cuando es enunciado desde la tribuna de la Unión Industrial, con los empresarios que más ganan, como los de Tenaris-Techint, Fiat, Ledesma, Repsol, Alpargatas, Banco de Galicia, Arcor, Banco Patagonia, Macro, etc. Hasta Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, aplaudió de pie el discurso de la presidenta.
Otras cámaras patronales del establishment, como la AEA, además de la UIA, dieron apoyo a la otra medida gubernamental ya mencionada, referida a la eliminación de subsidios del Estado a los servicios públicos privatizados. Si esa poda queda limitada a los sectores de mayores recursos o si llegará casi hasta el hueso de la ciudadanía de a pie, es todavía una duda. Por ahora los que quedan a salvo del ajuste de tarifas son los segmentos más sumergidos, que cobran planes sociales o la jubilación mínima.
El resto tendrá que ponerse. De allí entonces la duda sobre la supuesta condición política más general desde la que pontifica la presidenta.
¿Posibilidad de laborismo?
El alboroto dentro del justicialismo, entre la línea política y la sindical, genera dudas sobre si esta última no pondrá proa hacia la conformación de un movimiento político propio, en el futuro. Una suerte de laborismo. Aún es pronto para saberlo pero no se puede negar de plano esa evolución, en un mediano plazo.
Allí radica la diferencia entre la JP Regionales de los ´70 y la actual agrupación La Cámpora. Aquella tenía más fuerza propia porque había acumulado con luchas y organización independiente de la dirección del general Perón, aún declamándose como su rama juvenil. Con ese capital se atrevieron a discutir con el viejo líder. La Cámpora, en cambio, es una creación del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina; su militancia no es muy numerosa y sus dirigentes fueron casi todos promovidos a puestos de gobierno, en el Congreso y en Aerolíneas, AFIP y otros directorios. No están en condiciones de discutir ni una coma de lo que decida la presidenta de la Nación.
Moyano y la corriente mayoritaria de la CGT Azopardo, en cambio, es un segmento con poder de fuego dentro del justicialismo. Con todo lo burocrático que sean muchos de esos dirigentes, sus bases son asalariados organizados y están disconformes con ciertos puntos dispuestos por el gobierno, como el cobro de impuestos al salario.
En política cada quien atiende su juego. La presidenta juzga conveniente conciliar un cierto acuerdo con los capitanes de la industria nucleados en la UIA, aunque eso perjudique la tradicional relación con el sindicalismo. El tiempo dirá si fue una buena elección.
Por su parte Mauricio Macri ha evaluado retardar el traspaso del Subte a su jurisdicción, lo que aceptaría recién en 2017. Semejante contradicción fue bien marcada por CFK en la conferencia industrial, tratando de erosionar los vínculos de la entidad con el jefe del PRO y aceitar los propios.
De todas maneras la presidenta argentina, cabe subrayarlo, no se ha convertido en una émula de Juan Manuel Santos ni Sebastián Piñera. En los próximos días ella viajará a Caracas para participar de la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
El cristinismo tampoco abandona su relación con los organismos de Derechos Humanos, reconfortados por el procesamiento de los represores Videla y Menéndez en la causa por el asesinato del obispo Enrique Angelelli. En ese ambiente de DD HH se sintió alivio y alegría ante la noticia del fallecimiento del general Antonio D. Bussi. “Viva Tucumán menos uno”, cantaba siempre Mercedes Sosa cuando entonaba una zambita tucumana.
