EMD/ AGENCIAS.- Después de 10 años de su apertura y tras tres años de mandato de Obama, que prometió su cierre, la prisión de Guantánamo continúa abierta.La prisión, abierta cuatro meses después de los atentados del 11 de septiembre, permanece hoy invisible desde la mayor parte de las zonas habitadas. Al descender la población carcelaria, la prisión cerró los tres campamentos donde se alojaban a los detenidos de Afganistán y Pakistán, en un área conocida por sus celdas estrechas y salas de interrogatorios vejatorios, según el testimonio de la mayoría de los que han sido liberados.
Cuando llegaron los primeros detenidos a la base estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld dijo que la prisión albergaría a "lo peor de lo peor".
La mayoría de los 779 hombres que pasaron por esas instalaciones en los últimos 10 años está en la actualidad en libertad o cumple condena en sus países. Pero todavía no se sabe qué hacer con los detenidos que permanecen en custodia.
598 detenidos fueron transferidos a otros países. Alrededor del 25% de los transferidos están "confirmados o sospechados de retomar sus actividades terroristas o insurgentes", indica el Pentágono. De ese 25%, 13 fueron ultimados, 54 se encuentran en prisión y 83 permanecen libres.
171 hombres, de 20 países, permanecen encerrados en Guantánamo de acuerdo a cifras de mayo de 2011. Cerca de la mitad de ellos son yemeníes, con otros detenidos de Afganistán, Argelia y Arabia Saudita.
89 detenidos en Guantánamo están "aprobados para ser transferidos" pero siguen allí porque no se encuentra un destino, la mayoría son yemeníes. El presidente Barack Obama impuso una moratoria a las transferencias en enero de 2010.
Seis chinos musulmanes de la etnia uigur fueron aprobados para la liberación pero siguen en la base al no hallárseles destino y viven en un régimen de semi libertad en el campamento Iguana, un pequeño complejo dentro de las instalaciones.
48 detenidos no recibieron aprobación para ser transferidos. Pese a que no pueden ser enjuiciados por falta de evidencia, son considerados muy peligrosos. De estos hay 14 de "alto valor", mantenidos en el Campo 7 de Guantánamo.
Seis detenidos fueron enjuiciados y condenados en cortes militares. Dos de ellos fueron transferidos a su país de origen porque se declararon culpables y un tercero, el canadiense Omar Khadr, será transferido en breve.
Un juez federal sentenció el año pasado a cadena perpetua al tanzano Ahmed al-Ghailani por su participación en los ataques contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia en 1998.
Siete detenidos, incluyendo el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, Khalid Sheij Muhamad, y otros cuatro acusados de estar detrás de esos ataques fueron referidos a un tribunal militar especial.
Abd al-Rahim al-Nashiri, un saudí que habría organizado el ataque contra el navío estadounidense "USS Cole", en octubre 2000, espera el mismo destino.
Seis de esos siete detenidos enfrentan la pena de muerte y han sido objeto de abusos en prisión, de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional.
FAMILIARES
Los familiares de los últimos prisioneros árabes están hastiados de esperar su liberación, que tarda en llegar a pesar de las promesas estadounidenses de cerrar ese centro de detención.
"Mi hijo podría permanecer encarcelado durante toda su vida", dijo Jaled al Odah, presidente del comité de familiares de detenidos y padre de Fawzi al Odah, quien junto con Fayez al Kandari es uno de los dos últimos prisioneros kuwaitíes en Guantánamo.
"Después de haber prometido liberar a Fayez y a Fawzi, el gobierno estadounidense se retractó y consideró que eran demasiado peligrosos", agregó.
Estos dos hombres, que actualmente tienen 34 y 35 años, fueron arrestados a fines de 2001 en el norte de Pakistán por hombres de las tribus y entregados al ejército paquistaní, que a su vez los puso en manos de Estados Unidos. "Ambos efectuaban misiones de caridad y jamás combatieron", sostiene Odah.
Otros diez kuwaitíes estuvieron detenidos en Guantánamo y luego fueron repatriados, aunque dos de ellos tuvieron que pasar por un centro de rehabilitación. Actualmente tienen una vida normal, se casaron y tuvieron hijos, exceptuando a uno solo, Mohamad al Ajmi, que desapareció, según Odah.
De acuerdo con las autoridades norteamericanas e iraquíes, Mohamad al Ajmi llevó a cabo un atentado suicida en el norte de Irak hace algunos años, pero su esposa todavía espera una confirmación de su deceso.
En total, 171 hombres permanecen detenidos en Guantánamo. Los yemenitas representan más de la mitad del contingente, y una dificultad adicional para el gobierno norteamericano, que en enero de 2010 declaró una moratoria sobre sus traslados, pues muchos de los 66 ex prisioneros yemenitas repatriados se unieron nuevamente a la yihad.
"Estoy envejeciendo y tengo miedo de no ver nunca más a mi hijo", declaró Abdel Kader Baghauita, interrogado por teléfono en Mukalla (sudeste de Yemen). Su hijo Ahmed fue arrestado hace diez años en Pakistán, cuando tenía 17 años.
"El abogado nos informó que podía ser liberado, pero seguimos esperándolo", agrega este yemenita, que cada dos meses viaja a Saná, a 1.200 km de su hogar, para hablar con su hijo por videoconferencia.
De los 130 sauditas que había en Guantánamo sólo quedan diez en esa prisión, según Kateb al Shamari, abogado de las familias de los prisioneros sauditas.
"Nosotros pedimos un proceso civil justo, o que sean entregados a Arabia Saudita", insiste este abogado, agregando que las familias "no saben cuáles son los criterios aplicados por los norteamericanos para la liberación de los prisioneros".
"Creo que el retraso en la liberación de los últimos detenidos se debe a que algunos de los prisioneros liberados se unieron a Al Qaida en Yemen", donde las ramas saudita y yemenita se fusionaron para crear Al Qaida en la Península Arábiga, reconoció.
Arabia Saudita creó un programa de rehabilitación para sus ciudadanos que vuelven de Guantánamo, pero según un responsable del ministerio saudita del Interior, en junio de 2010 más de uno de cada cinco participantes había reanudado sus vínculos con los militantes islamistas.
AI
El centro de detención estadounidense en Bahía Guantánamo es el símbolo de una política que no respeta los derechos humanos, subrayó Amnistía Internacional (AI).
En una entrevista con la agencia alemana de prensa DPA, el asesor jurídico de AI, Matthew Pollard, habló sobre el significado de ese centro de detención creado el 11 de enero de 2002 en la base estadounidense que Estados Unidos mantiene en Cuba y que había prometido cerrar el presidente Barack Obama.
"Guantánamo es un símbolo de los principales errores que Estados Unidos cometió ya en el inicio, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Entonces se decía: Estados Unidos está ahora en una lucha global contra el terrorismo, y en un caso así, los derechos humanos no son vinculantes”, explicó Pollard.
“Cerrar Guantánamo -donde todavía hay 171 detenidos- es también necesario para que Estados Unidos vuelva por fin a reconocer de manera inequívoca en su política la defensa de los derechos humanos. Otros países sienten que también pueden violar los derechos humanos cuando se trata de terrorismo. Pero los fundamentos jurídicos son claros: las bases de los derechos humanos existen siempre y valen para todos", subrayó.
Pollard admitió que "algunos de los detenidos en Guantánamo seguro que deben ser llevados ante la justicia. Pero deberían ser los tribunales penales regulares. Desde el primer día, estos tribunales estaban dispuestos a tomar esos casos. El hecho de que Estados Unidos haya elegido ese principio de una guerra global, condujo a que hasta los familiares de las víctimas del 11-S no obtuvieron hasta ahora ninguna justicia, ni vieron a los atacantes ante la Justicia".
Para el asesor jurídico de AI, "en los dos últimos años hubo un cambio. Actualmente uno encuentra sólo unas pocas personas en el Congreso de Estados Unidos que están en contra de Guantánamo”.
El motivo, agregó, “es una política del miedo, que se encuentra en todas partes. La opinión dominante es que Estados Unidos sigue amenazada por terroristas y que el único camino para reaccionar es militar. Esto vale para el Congreso, las cortes y la administración. Para Obama es un gran desafío avanzar contra estas limitaciones, que vienen de esos sitios".
10 AÑOS, Por Stefano de Paolis. NUEVA YORK, (ANSA)
Los primeros presuntos “terroristas” capturados en Afganistán arribaban en enero de 2002 a la prisión de la base militar estadounidense de Guantánamo y una década más tarde, pese a las promesas electorales, el presidente Barack Obama no clausuró el penal que carga con reiteradas denuncias por torturas.
Los prisioneros llegaron entonces a la prisión encadenados de pies y manos, enfundados en trajes enterizos de color naranja y con capuchas blancas sobre sus cabezas, en un aniversario que hoy muy pocos quieren recordar en Estados Unidos.
Entre ellos, el propio presidente Obama, que como prometió devolvió a casa en esta Navidad a los últimos soldados estadounidenses destinados en Irak, pero que luego de tres años de mandato no cumplió su promesa de clausurar la prisión de Guantánamo.
Un compromiso electoral tomado en el curso de la triunfal campaña que lo llevó a la Casa Blanca y que ahora le es reclamado, bajo una estela de infinitas polémicas y acusaciones de organismos por los derechos humanos y organizaciones internacionales. Esos organismos acusan a Washington, de manera más o menos documentada, de sistemáticos abusos consumados en Guantánamo, en nombre de la guerra contra el terrorismo lanzada por el predecesor de Obama, George W. Bush.
Por ejemplo, la organización no gubernamental “Justice Campaign” denuncia a los militares norteamericanos por privación del sueño, aislamiento, ejecuciones simuladas, ahogamientos, agresiones acústicas, humillaciones sexuales, empleo de canes entrenados y diversos otros métodos abusivos empleados para debilitar las defensas psicológicas de los detenidos.
Como uno de sus primeros actos de gobierno en actos oficiales, apenas ingresado al Salón Oval, el 22 de enero de 2008, Obama firmó una orden ejecutiva que disponía la clausura del centro de detención “en el lapso de un año”. Allí, anunció solemnemente: “respetaremos la regla de que nosotros no torturamos”.
Desde entonces, sin embargo, se enfrentó a formidables obstáculos. Apenas a una semana de su anuncio, un juez militar rechazó aplicar la orden de suspensión de los juicios militares para los detenidos en Guantánamo. Algunos meses después, el Congreso aprobó una enmienda para bloquear los fondos necesarios para la transferencia de los detenidos hacia otros centros penitenciarios.
En enero de 2011 Obama refrendó una ley que impedía la transferencia de los detenidos en suelo nacional o en otros países, renunciando a su derecho a veto. Tampoco vetó en diciembre de 2011 una ley pasada al Congreso que en el ámbito financiero incluye la autorización a militares para detener por tiempo indeterminado a presuntos terroristas extranjeros y prolonga la prohibición de usar fondos del Pentágono para construir estructuras carcelarias en suelo nacional destinadas a los detenidos de Guantánamo. La Casa Blanca hizo saber después que el proyecto de cerrar “Gitmo”, como se bautizó popularmente al centro de detención cubano, sigue adelante, pero no está claro con cuantas esperanzas.
Mientras tanto permanece incierta la suerte de cerca de 170 detenidos, que le cuestan a los contribuyentes 800 mil dólares anuales por cada uno, contra 25 mil dólares gastados por servicios similares en las cárceles federales.
