IU: La supresión de oposiciones docentes incrementa el desempleo y atenta contra la educación pública
IU denuncia que la supresión de oposiciones docentes en 2012 incrementará el desempleo y contribuirá a degradar la calidad de la educación pública, gravemente afectada por importantes recortes presupuestarios, a pesar de que su alumnado se ha incrementado en más de 500.000 estudiantes.
El Ministro Wert, en su primera reunión con los Consejeros de Educación de las CCAA, les ha “recomendado” que congelen las oposiciones docentes este año, siguiendo las directrices del Gobierno de Rajoy, que ha impuesto una “tasa de reposición” del 10%, como máximo, en el servicio público educativo.
Izquierda Unida manifiesta su total rechazo a este enésimo recorte antisocial, que generará más desempleo y supone un nuevo ataque a la educación pública, al privarla del personal docente necesario para mantener, cuando menos, la calidad en la atención educativa que precisan nuestros escolares. La congelación de las oposiciones es una medida más que viene a profundizar las políticas educativas llevadas a cabo en distintas CCAA, sobre todo en las gobernadas por el PP: drásticos recortes en la educación pública y eliminación de la oferta de empleo público docente. Y todo ello cuando se ha incrementado el número de estudiantes en más de 500.000 y se ha reducido el profesorado interino encargado de su formación.
La decisión de no convocar plazas docentes se ha convertido en un subterfugio para empeorar las condiciones laborales del profesorado, para no reponer los efectivos docentes, para no cubrir las bajas por enfermedad y desatender programas que están formando al alumnado en nuevas tecnologías y atendiendo al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.
Por todo ello, IU rechaza frontalmente la congelación de las oposiciones docentes y denunciamos que, simultáneamente a estos recortes, se están implantando ventajas fiscales para quienes deciden matricular a sus hijos en centros privados de élite, y se ha incrementado la inversión en conciertos educativos, mientras que la inversión en enseñanza pública ha caído cerca de un 50%.
Para IU, detrás de la medida de supresión de oposiciones docentes hay una estrategia política clara: reducir personal educativo, como se ha hecho en sanidad, para degradar y empeorar la calidad de la educación pública, de modo que muchas familias se vean obligadas a “elegir” centros privados (concertados o no) para la educación de sus hijos e hijas, fomentando así el negocio educativo. Se trata de un ataque a la igualdad, a la cohesión social, a que todos y todas tengan las mismas oportunidades educativas.
Estos recortes sociales se justifican como medidas de ahorro aprovechando la excusa de la crisis. Pero en realidad lo que hay detrás es una decisión política e ideológica, puesto que sí ha habido miles de millones de euros para rescatar a Bancos y Cajas. El problema no es la crisis: son las prioridades de gasto, a qué se destina prioritariamente el dinero de nuestros impuestos.
Este tipo de medidas ya se han ensayado en diferentes países, donde las políticas de ajuste estructural, impuestas por el Fondo Monetario Internacional han producido un progresivo desmantelamiento de la educación pública y un auge simultáneo del negocio privado de la educación. Y el resultado de tales políticas ha sido desastroso: incremento del analfabetismo, aumento de la segregación social, enormes índices de abandono escolar y el consiguiente aumento de la desigualdad social.
Las declaraciones de las organizaciones patronales y medios de comunicación afines, afirmando que “sobran” funcionarios, que el sector público está “sobredimensionado”, no se sostienen. Informes internacionales, estudios e investigaciones en nuestro país, así como los datos de los organismos oficiales, señalan que el porcentaje de personas que trabajan en el sector público en España es sólo del 9%, mientras que la media europea de empleados públicos es del 16%, y en países como Dinamarca asciende al 26%, o en Suecia al 22% y en Finlandia al 19%. Por tanto, nuestro problema no es que el sector público esté sobredimensionado, sino que es deficitario. Y la medida de suprimir las oposiciones docentes profundiza ese déficit.
Cuando desde todos los ámbitos institucionales se proclama que la educación es la mejor inversión, como instrumento imprescindible para combatir los peores efectos de la actual crisis económica, imponer nuevos recortes es una total incoherencia y una muestra más de que tales proclamas son pura retórica, de que la educación pública no es una prioridad política para este Gobierno.
Izquierda Unida une su voz a la de muchos representantes del ámbito escolar y hace un llamamiento a los sindicatos del profesorado y al conjunto de la comunidad educativa para que se movilicen contra este nuevo ataque a la educación pública.
El Ministro Wert, en su primera reunión con los Consejeros de Educación de las CCAA, les ha “recomendado” que congelen las oposiciones docentes este año, siguiendo las directrices del Gobierno de Rajoy, que ha impuesto una “tasa de reposición” del 10%, como máximo, en el servicio público educativo.
Izquierda Unida manifiesta su total rechazo a este enésimo recorte antisocial, que generará más desempleo y supone un nuevo ataque a la educación pública, al privarla del personal docente necesario para mantener, cuando menos, la calidad en la atención educativa que precisan nuestros escolares. La congelación de las oposiciones es una medida más que viene a profundizar las políticas educativas llevadas a cabo en distintas CCAA, sobre todo en las gobernadas por el PP: drásticos recortes en la educación pública y eliminación de la oferta de empleo público docente. Y todo ello cuando se ha incrementado el número de estudiantes en más de 500.000 y se ha reducido el profesorado interino encargado de su formación.
La decisión de no convocar plazas docentes se ha convertido en un subterfugio para empeorar las condiciones laborales del profesorado, para no reponer los efectivos docentes, para no cubrir las bajas por enfermedad y desatender programas que están formando al alumnado en nuevas tecnologías y atendiendo al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje.
Por todo ello, IU rechaza frontalmente la congelación de las oposiciones docentes y denunciamos que, simultáneamente a estos recortes, se están implantando ventajas fiscales para quienes deciden matricular a sus hijos en centros privados de élite, y se ha incrementado la inversión en conciertos educativos, mientras que la inversión en enseñanza pública ha caído cerca de un 50%.
Para IU, detrás de la medida de supresión de oposiciones docentes hay una estrategia política clara: reducir personal educativo, como se ha hecho en sanidad, para degradar y empeorar la calidad de la educación pública, de modo que muchas familias se vean obligadas a “elegir” centros privados (concertados o no) para la educación de sus hijos e hijas, fomentando así el negocio educativo. Se trata de un ataque a la igualdad, a la cohesión social, a que todos y todas tengan las mismas oportunidades educativas.
Estos recortes sociales se justifican como medidas de ahorro aprovechando la excusa de la crisis. Pero en realidad lo que hay detrás es una decisión política e ideológica, puesto que sí ha habido miles de millones de euros para rescatar a Bancos y Cajas. El problema no es la crisis: son las prioridades de gasto, a qué se destina prioritariamente el dinero de nuestros impuestos.
Este tipo de medidas ya se han ensayado en diferentes países, donde las políticas de ajuste estructural, impuestas por el Fondo Monetario Internacional han producido un progresivo desmantelamiento de la educación pública y un auge simultáneo del negocio privado de la educación. Y el resultado de tales políticas ha sido desastroso: incremento del analfabetismo, aumento de la segregación social, enormes índices de abandono escolar y el consiguiente aumento de la desigualdad social.
Las declaraciones de las organizaciones patronales y medios de comunicación afines, afirmando que “sobran” funcionarios, que el sector público está “sobredimensionado”, no se sostienen. Informes internacionales, estudios e investigaciones en nuestro país, así como los datos de los organismos oficiales, señalan que el porcentaje de personas que trabajan en el sector público en España es sólo del 9%, mientras que la media europea de empleados públicos es del 16%, y en países como Dinamarca asciende al 26%, o en Suecia al 22% y en Finlandia al 19%. Por tanto, nuestro problema no es que el sector público esté sobredimensionado, sino que es deficitario. Y la medida de suprimir las oposiciones docentes profundiza ese déficit.
Cuando desde todos los ámbitos institucionales se proclama que la educación es la mejor inversión, como instrumento imprescindible para combatir los peores efectos de la actual crisis económica, imponer nuevos recortes es una total incoherencia y una muestra más de que tales proclamas son pura retórica, de que la educación pública no es una prioridad política para este Gobierno.
Izquierda Unida une su voz a la de muchos representantes del ámbito escolar y hace un llamamiento a los sindicatos del profesorado y al conjunto de la comunidad educativa para que se movilicen contra este nuevo ataque a la educación pública.
