OPINIÓN de Carlos Tena
No basta que las colas en las oficinas del INEM sean tan largas como las que se dan ante las taquillas de un estadio cuando hay un partido de fútbol de los llamados clásicos; no basta con las manifestaciones en calles y plazas de toda la península y las islas, como también parecen inútiles las concentraciones y protestas ante los infame desalojos y desahucios de miles de ciudadanos.
La clase política del PPSOE decidió entregar el estado al capitalismo salvaje de la banca privada y el empresariado. Tanto es así, que hasta la Defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, ha puesto de manifiesto que el Banco de España centra sus actuaciones en la supervisión de los mercados financieros y deja en “un segundo plano" la protección debida al consumidor.
El número de ciudadanos que se hallan en la pobreza aumenta de forma alarmante, sin que las medidas previstas por el ejecutivo popular contemplen la forma de evitar el tercermundismo latente que se observa en decenas de capitales del estado.
Pongamos como ejemplo el último Estudio sobre la Pobreza elaborado por el Instituto Aragonés de Estadística. Aragón tiene más de 140.000 personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Este umbral estadístico engloba a aquellos que viven con menos del 60 por ciento de la media de ingresos por unidad de consumo de los habitantes españoles.
Pues bien, hace un año ya había 177.296 personas sumergidas en la pobreza. Y en el conjunto del estado, el porcentaje se ha elevado paralelamente al del paro. En ambos casos, la cifra del 23 por ciento revela que cinco millones de personas que hoy se acercan con una mínima esperanza a las oficinas del INEM, pasarán a formar parte de un ejército de seres humanos abandonados a su suerte, que roza ya los 10 millones.
No es de recibo imaginar que con los recortes de salarios, aumentos del horario en la jornada laboral, congelación de pensiones y contratos basura, la dramática situación que vive el país tenga visos de mejorar.
Solo existe una solución al esperpento: que los más ricos paguen más impuestos, que las grandes fortunas abonen a Hacienda lo que en otras naciones aún se exige, que quienes más dinero obtienen tengan que ceder parte de esas ganancias al estado en beneficio de la población, que se nacionalicen los servicios más elementales e imprescindibles (agua, energía eléctrica, transportes, comunicaciones, educación, vivienda y sanidad) que se prohiban por decreto los sueldos millonarios incluso en las empresas privadas, porque si existe un salario mínimo es lógico que haya un techo para un salario descomunal.
La crisis económica, por así decirlo, ha «socializado» la pobreza, con mayor o con menor severidad, la ha extendido a hogares que hace pocos años ni se podían imaginar verse en esta situación.
No existe democracia donde no existe la justicia, porque el capitalismo es el mayor enemigo del gobierno del pueblo y para el pueblo.
No basta que las colas en las oficinas del INEM sean tan largas como las que se dan ante las taquillas de un estadio cuando hay un partido de fútbol de los llamados clásicos; no basta con las manifestaciones en calles y plazas de toda la península y las islas, como también parecen inútiles las concentraciones y protestas ante los infame desalojos y desahucios de miles de ciudadanos.
La clase política del PPSOE decidió entregar el estado al capitalismo salvaje de la banca privada y el empresariado. Tanto es así, que hasta la Defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, ha puesto de manifiesto que el Banco de España centra sus actuaciones en la supervisión de los mercados financieros y deja en “un segundo plano" la protección debida al consumidor.
El número de ciudadanos que se hallan en la pobreza aumenta de forma alarmante, sin que las medidas previstas por el ejecutivo popular contemplen la forma de evitar el tercermundismo latente que se observa en decenas de capitales del estado.
Pongamos como ejemplo el último Estudio sobre la Pobreza elaborado por el Instituto Aragonés de Estadística. Aragón tiene más de 140.000 personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Este umbral estadístico engloba a aquellos que viven con menos del 60 por ciento de la media de ingresos por unidad de consumo de los habitantes españoles.
Pues bien, hace un año ya había 177.296 personas sumergidas en la pobreza. Y en el conjunto del estado, el porcentaje se ha elevado paralelamente al del paro. En ambos casos, la cifra del 23 por ciento revela que cinco millones de personas que hoy se acercan con una mínima esperanza a las oficinas del INEM, pasarán a formar parte de un ejército de seres humanos abandonados a su suerte, que roza ya los 10 millones.
No es de recibo imaginar que con los recortes de salarios, aumentos del horario en la jornada laboral, congelación de pensiones y contratos basura, la dramática situación que vive el país tenga visos de mejorar.
Solo existe una solución al esperpento: que los más ricos paguen más impuestos, que las grandes fortunas abonen a Hacienda lo que en otras naciones aún se exige, que quienes más dinero obtienen tengan que ceder parte de esas ganancias al estado en beneficio de la población, que se nacionalicen los servicios más elementales e imprescindibles (agua, energía eléctrica, transportes, comunicaciones, educación, vivienda y sanidad) que se prohiban por decreto los sueldos millonarios incluso en las empresas privadas, porque si existe un salario mínimo es lógico que haya un techo para un salario descomunal.
La crisis económica, por así decirlo, ha «socializado» la pobreza, con mayor o con menor severidad, la ha extendido a hogares que hace pocos años ni se podían imaginar verse en esta situación.
No existe democracia donde no existe la justicia, porque el capitalismo es el mayor enemigo del gobierno del pueblo y para el pueblo.
