OPINIÓN de Bartolomé Clavero
¿Qué es prevaricar? Un delito que consiste en adoptar una decisión injusta a sabiendas. Lo comete presumiblemente el Tribunal Constitucional peruano por cuanto ignora el derecho indígena -tanto nativo como campesino- a la consulta teniendo a la vista, dados sus propios precedentes jurisprudenciales, la constancia de que así actúa contra normas de rango supralegal. Los precedentes en principio podría revisarlos, pero no lo hace pues carece notoriamente de base para cambiarlos razonadamente. “Es lamentable la conducta sinuosa del TC para escamotear los temas de fondo en relación con los derechos de los pueblos indígenas”, concluye un constitucionalista peruano. Efectivamente, hasta el punto de que, ahora que hay una Ley de Consulta en vigor, el Tribunal Constitucional va dejando caer distorsiones tales del ordenamiento de rango constitucional como que la práctica de la consulta a los pueblos indígenas es discrecional para el Gobierno o como que la misma no es factible sin reglamentación, con lo que ya está mostrándose dispuesto a condonar, como la misma Ley pretende, todos los efectos enormemente lesivos para los pueblos indígenas del incumplimiento del deber de consulta por el Estado durante los más de quince años que lleva vigente en el Perú el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, una norma de rango constitucional según resulta de la propia jurisprudencia de este Tribunal Constitucional cuya trayectoria al propósito es bien difícil de explicar humanamente si no es en términos de prevaricación recalcitrante.
¿Qué es prevaricar? Un delito que consiste en adoptar una decisión injusta a sabiendas. Lo comete presumiblemente el Tribunal Constitucional peruano por cuanto ignora el derecho indígena -tanto nativo como campesino- a la consulta teniendo a la vista, dados sus propios precedentes jurisprudenciales, la constancia de que así actúa contra normas de rango supralegal. Los precedentes en principio podría revisarlos, pero no lo hace pues carece notoriamente de base para cambiarlos razonadamente. “Es lamentable la conducta sinuosa del TC para escamotear los temas de fondo en relación con los derechos de los pueblos indígenas”, concluye un constitucionalista peruano. Efectivamente, hasta el punto de que, ahora que hay una Ley de Consulta en vigor, el Tribunal Constitucional va dejando caer distorsiones tales del ordenamiento de rango constitucional como que la práctica de la consulta a los pueblos indígenas es discrecional para el Gobierno o como que la misma no es factible sin reglamentación, con lo que ya está mostrándose dispuesto a condonar, como la misma Ley pretende, todos los efectos enormemente lesivos para los pueblos indígenas del incumplimiento del deber de consulta por el Estado durante los más de quince años que lleva vigente en el Perú el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, una norma de rango constitucional según resulta de la propia jurisprudencia de este Tribunal Constitucional cuya trayectoria al propósito es bien difícil de explicar humanamente si no es en términos de prevaricación recalcitrante.
