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Guatemala: Un tribunal condena a cinco paramilitares por una masacre de 1982

Cinco guatemaltecos han sido condenados a sendas penas de casi 8.000 a帽os de prisi贸n por su intervenci贸n en una masacre de ind铆genas de 1982, en una sentencia que Amnist铆a Internacional ha saludado como una victoria para las v铆ctimas.

Los cinco hombres formaban parte de una patrulla civil entrenada por el ej茅rcito que rode贸 y mat贸 a 268 ind铆genas maya ach铆 en Plan de S谩nchez, cerca de la poblaci贸n de Rabinal —a 100 kil贸metros al norte de la capital— en julio de 1982. El fallo de culpabilidad —dictado por una corte penal de la ciudad de Guatemala— es el 煤ltimo de un serie de sentencias recientes que abordan decenas de homicidios masivos y otros cr铆menes de lesa humanidad cometidos en poblaciones ind铆genas y rurales durante los 36 a帽os de conflicto armado interno que sufri贸 el pa铆s.

“Lentamente, pero con paso firme, la justicia empieza a prevalecer en estos terribles cr铆menes que se ciernen sobre la sociedad guatemalteca desde hace tres d茅cadas”, declar贸 Sebastian Elgueta, investigador sobre Centroam茅rica de Amnist铆a Internacional.

“Cada nuevo fallo erosiona la impunidad arraigada desde hace tanto tiempo en el pa铆s, y las autoridades deben seguir garantizando que las miles de v铆ctimas y sus familias tienen acceso a la justicia y a una reparaci贸n completa, as铆 como a la verdad sobre lo ocurrido.”

Los condenados —Eusebio Grace, Juli谩n y Mario Acoj, Santos Rosales y Lucas Tec煤— se enfrentan a penas de 7.710 a帽os de prisi贸n cada uno por su intervenci贸n en el ataque contra Plan de S谩nchez.

En aquel momento, los cinco pertenec铆an a las Patrullas de Autodefensa Civil, unidades paramilitares creadas por las fuerzas armadas guatemaltecas para realizar labores en el contexto de lo que las autoridades calificaban de pol铆tica militar de “tierra quemada”.

Los sobrevivientes del ataque contra Plan de S谩nchez —uno de los m谩s sangrientos del conflicto— declararon ante el tribunal que los hombres violaron y torturaron a veintenas de lugare帽os antes de matarlos.

En la madrugada del 18 de julio de 1982, dos granadas de mortero cayeron sobre Plan de S谩nchez cuando los campesinos se dirig铆an al mercado de Rabinal. Esa tarde, unos 60 hombres vestidos con uniformes del ej茅rcito y armados con rifles de asalto entraron en el pueblo y empezaron a rodear a sus habitantes, ind铆genas maya ach铆.

Los asaltantes llevaron a unas 20 muchachas de entre 12 y 20 a帽os a una casa donde las sometieron a abusos, las violaron y las mataron. Otros ni帽os murieron a golpes, mientras algunos adultos fueron encerrados en una casa donde las tropas dispararon indiscriminadamente contra ellos y les atacaron con granadas de mano.

Algunos lugare帽os fueron llevados a chozas de paja donde los rociaron con gasolina y les prendieron fuego; sus cad谩veres fueron arrojados despu茅s a fosas comunes.

Adem谩s de las penas de prisi贸n —cuya duraci贸n es simb贸lica, para reflejar el car谩cter horrendo de los cr铆menes de lesa humanidad cometidos—, la corte orden贸 a los ministerios de Educaci贸n y de Cultura de Guatemala que encargaran la realizaci贸n de documentales para honrar a las v铆ctimas.

Acusados de genocidio

Varios militares de alto rango, incluido el jefe de Estado de facto en el momento de la masacre, el general ahora retirado Jos茅 Efra铆n R铆os Montt, est谩n acusados formalmente de genocidio.

El viernes se cumplir谩n 30 a帽os desde que, en 1982, R铆os Montt asumi贸, en un golpe de Estado, el poder en Guatemala, que ocup贸 hasta agosto de 1983, cuando fue derrocado por otro golpe de Estado. La mitad de todas las violaciones de derechos humanos documentadas del conflicto armado interno de Guatemala se cometieron en esos a帽os.

Una comisi贸n de la verdad auspiciada por la ONU concluy贸 en 1999 que durante los 36 a帽os de conflicto armado interno de Guatemala perdieron la vida o desaparecieron alrededor de 200.000 personas y que las fuerzas de seguridad cometieron m谩s de 600 masacres, sobre todo en comunidades rurales e ind铆genas.

Amnist铆a Internacional sigue pidiendo que se ponga fin a la impunidad para todas las personas responsables de cr铆menes de guerra y cr铆menes de lesa humanidad cometidos durante este periodo.

“Seguimos pidiendo a las autoridades guatemaltecas que investiguen y hagan rendir cuentas a toda la cadena de mando de funcionarios por su intervenci贸n en los cr铆menes de guerra y cr铆menes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil de Guatemala”, afirm贸 Sebastian Elgueta.

“La justicia, la verdad y la reparaci贸n son esenciales para transmitir el mensaje de que nunca deben volverse a cometer estas violaciones generalizadas de derechos humanos.”

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