OPINIÓN de David García Martín
Jorge, auxiliar administrativo de 34 años, recorre 30 kilómetros cada fin de semana para ver a sus padres, en España. La razón no es su amor al ciclismo, además del amor que le profesa a su familia, sino la imposibilidad de hacer frente al pago del billete del transporte público.
El gobierno español aplica, en estos momentos, la política de recortes económicos más agresiva que se recuerda. Los gobiernos – central, autonómico y local- “meten la tijera” allá donde puedan ahorrar unos euros. El Estado de Bienestar cae en picado y las administraciones no dudan en subir impuestos y precios, mientras bajan los sueldos, o los congelan. Para algunos jóvenes, hablar de mileurismo ya es una quimera. Jorge, este ciclista por obligación más que por afición, tiene un sueldo de 600 euros. Con el aumento del 29% que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha aplicado, viajar en transporte público para ir a ver a sus padres los fines de semana se ha convertido en un lujo fuera de su alcance.
Al igual que Jorge, muchas otras personas padecen la crisis de una manera flagrante. A esta falta de oportunidades y de empeoramiento económico, hay que sumarle las “medidas de austeridad” que los gobiernos adoptan y que perjudican a los más desprotegidos. Es decir, la crisis ha deteriorado las economías familiares, pero las medidas del gobierno, en vez de crear políticas para contrarrestar ese efecto, han acentuado ese empobrecimiento.
Se cierran centros sanitarios y colegios. Disminuyen las ayudas a las becas e incrementan las tasas de las matrículas universitarias un 25%. Se implanta el mal llamado copago –la sanidad española la pagan los ciudadanos con sus impuestos, no se financia de la nada- en la sanidad y se discrimina a los inmigrantes que viven de manera “irregular” en España. Se encarecen más de 400 medicamentos. Aumentan el precio de la gasolina y la luz. La lista sigue, es larga, mientras las ayudas al sector bancario y financiero siguen su curso. Pero estas medidas no son suficientes, el ejecutivo ya ha anunciado otro ajuste con “medidas difíciles”, después de que la troika –BCE, FMI y UE- haya dado el visto bueno con una trampa de más de 100 mil millones de euros. Hacía tiempo que los gobernantes no estaban tan alejados de los problemas de los ciudadanos.
Pero al margen de ese cuento de hadas de miles de millones, la sociedad ve cómo cada día es más difícil llegar a fin de mes. Es el caso de familias que tienen que llevar a sus hijos a la guardería. En la Comunidad de Madrid, las familias con ingresos inferiores a 5.485 euros por miembro al año, tendrán que pagar un 175% más por escolarizar a aquellos niños con menos de un año. “A esta escuela traen sus hijos padres que ganan 400 y 600 euros. ¿De dónde van a sacar 234 euros?”, señala Mayte Cabello, directora de una escuela infantil en la Comunidad de Madrid.
A pesar de lo que los políticos quieren hacer creer a la sociedad, el gasto social en España está por debajo de la media europea. Al igual que la recaudación fiscal. España obtiene 6,7 puntos menos que la media de la Unión Europea, 10,8 menos que lo que recauda Francia, o 9,7 menos que Italia en proporción con el PIB, según datos del Eurostat. Lo que indica que si se ajustara de manera equilibrada el sistema fiscal, el grueso de la sociedad no tendría que andar de allá para acá con la soga al cuello.
El gobierno de España ha apostado por dar la espalda a la ciudadanía y embarcarse en una política agresiva de recortes. Ha preferido pagar las facturas de las empresas privadas y reducir servicios esenciales como educación, sanidad y dependencia. Pero son medidas que no contentan de manera alguna a los mercados. Es como ofrendar parcelas del Estado del Bienestar a unos dioses inmorales, asesinos y voraces: cuantas más les das, más quieren. Como en un cuento: el día que menos se lo espere, igual hasta al gobierno se come.
Jorge, auxiliar administrativo de 34 años, recorre 30 kilómetros cada fin de semana para ver a sus padres, en España. La razón no es su amor al ciclismo, además del amor que le profesa a su familia, sino la imposibilidad de hacer frente al pago del billete del transporte público.
El gobierno español aplica, en estos momentos, la política de recortes económicos más agresiva que se recuerda. Los gobiernos – central, autonómico y local- “meten la tijera” allá donde puedan ahorrar unos euros. El Estado de Bienestar cae en picado y las administraciones no dudan en subir impuestos y precios, mientras bajan los sueldos, o los congelan. Para algunos jóvenes, hablar de mileurismo ya es una quimera. Jorge, este ciclista por obligación más que por afición, tiene un sueldo de 600 euros. Con el aumento del 29% que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha aplicado, viajar en transporte público para ir a ver a sus padres los fines de semana se ha convertido en un lujo fuera de su alcance.
Al igual que Jorge, muchas otras personas padecen la crisis de una manera flagrante. A esta falta de oportunidades y de empeoramiento económico, hay que sumarle las “medidas de austeridad” que los gobiernos adoptan y que perjudican a los más desprotegidos. Es decir, la crisis ha deteriorado las economías familiares, pero las medidas del gobierno, en vez de crear políticas para contrarrestar ese efecto, han acentuado ese empobrecimiento.
Se cierran centros sanitarios y colegios. Disminuyen las ayudas a las becas e incrementan las tasas de las matrículas universitarias un 25%. Se implanta el mal llamado copago –la sanidad española la pagan los ciudadanos con sus impuestos, no se financia de la nada- en la sanidad y se discrimina a los inmigrantes que viven de manera “irregular” en España. Se encarecen más de 400 medicamentos. Aumentan el precio de la gasolina y la luz. La lista sigue, es larga, mientras las ayudas al sector bancario y financiero siguen su curso. Pero estas medidas no son suficientes, el ejecutivo ya ha anunciado otro ajuste con “medidas difíciles”, después de que la troika –BCE, FMI y UE- haya dado el visto bueno con una trampa de más de 100 mil millones de euros. Hacía tiempo que los gobernantes no estaban tan alejados de los problemas de los ciudadanos.
Pero al margen de ese cuento de hadas de miles de millones, la sociedad ve cómo cada día es más difícil llegar a fin de mes. Es el caso de familias que tienen que llevar a sus hijos a la guardería. En la Comunidad de Madrid, las familias con ingresos inferiores a 5.485 euros por miembro al año, tendrán que pagar un 175% más por escolarizar a aquellos niños con menos de un año. “A esta escuela traen sus hijos padres que ganan 400 y 600 euros. ¿De dónde van a sacar 234 euros?”, señala Mayte Cabello, directora de una escuela infantil en la Comunidad de Madrid.
A pesar de lo que los políticos quieren hacer creer a la sociedad, el gasto social en España está por debajo de la media europea. Al igual que la recaudación fiscal. España obtiene 6,7 puntos menos que la media de la Unión Europea, 10,8 menos que lo que recauda Francia, o 9,7 menos que Italia en proporción con el PIB, según datos del Eurostat. Lo que indica que si se ajustara de manera equilibrada el sistema fiscal, el grueso de la sociedad no tendría que andar de allá para acá con la soga al cuello.
El gobierno de España ha apostado por dar la espalda a la ciudadanía y embarcarse en una política agresiva de recortes. Ha preferido pagar las facturas de las empresas privadas y reducir servicios esenciales como educación, sanidad y dependencia. Pero son medidas que no contentan de manera alguna a los mercados. Es como ofrendar parcelas del Estado del Bienestar a unos dioses inmorales, asesinos y voraces: cuantas más les das, más quieren. Como en un cuento: el día que menos se lo espere, igual hasta al gobierno se come.
