Las autoridades iran铆es deben anular urgentemente la condena a muerte impuesta al empleado de una tienda que fue juzgado sin las debidas garant铆as por cargos relacionados con las drogas, ha declarado Amnist铆a Internacional, ante el temor de que la ejecuci贸n se lleve a cabo de forma inminente.
El 1 de agosto, Saeed Sedeghi fue trasladado del centro de detenci贸n de Kahrizak en Teher谩n a la prisi贸n de Ghezel Hesar en Karaj, 50 km al oeste de la capital.
El traslado se produjo unos d铆as despu茅s de comparecer ante el Tribunal Revolucionario de Teher谩n —sin la presencia de un abogado— donde lo obligaron a firmar un documento en el que se le informaba de que su condena a muerte se llevar铆a a la pr谩ctica.
“Al trasladar a Saeed Sedeghi con tanta premura despu茅s de informarlo de la intenci贸n de llevar a cabo su condena a muerte, nos tememos que las autoridades iran铆es se est茅n preparando para ejecutarlo”, ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de 脕frica de Amnist铆a Internacional.
“Su condena a muerte debe anularse de inmediato y se le debe volver a juzgar de total acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.”
Antes de su traslado desde la capital, Sedeghi hab铆a solicitado el indulto a la Comisi贸n de Amnist铆a e Indulto de Ir谩n, pero nunca recibi贸 respuesta sobre el resultado.
El 2 de junio de 2012, el Tribunal Revolucionario lo hab铆a condenado a muerte por la adquisici贸n —junto con otros tres hombres— y la posesi贸n de 512 kg de metanfetamina (o “cristal”).
Adem谩s de la ejecuci贸n, el tribunal impuso a Sedeghi una multa de 2 millones de riales (unos 163 d贸lares estadounidenses) y lo conden贸 a recibir 20 latigazos por posesi贸n individual de 21 gramos de opio y marihuana.
Las sentencias condenatorias fueron dictadas despu茅s de que el empleado fuese sometido a un juicio injusto en el que no mantuvo contacto alguno con el abogado de oficio antes de comparecer ante el tribunal.
Cont贸 a su familia que mientras estuvo en el centro de detenci贸n de Kahrizak lo torturaron y sometieron a otros malos tratos, llegando incluso a perder varios dientes a manos de funcionarios del centro.
Seg煤n los informes, el centro de detenci贸n de Kahrizak fue clausurado en 2009 por orden del L铆der Supremo tras recibir denuncias de torturas que provocaron la muerte de varias personas mientras se encontraban bajo custodia.
Posteriormente, se ha informado de la apertura de un nuevo centro en el mismo lugar con otro nombre —Soroush 111—, aunque los habitantes de esta zona de Ir谩n se siguen refiriendo al centro como Kahrizak.
La inmensa mayor铆a de las ejecuciones llevadas a cabo en Ir谩n en los 煤ltimos a帽os se han debido a delitos relacionados con las drogas, pese a no existir indicios claros de que la pena de muerte sirva para disuadir de forma efectiva de cometer tales delitos —el pa铆s tiene una de las tasas de drogadicci贸n m谩s altas del mundo—.
Con arreglo a la Ley Antinarc贸ticos de Ir谩n, la pena de muerte es obligatoria en casos de posesi贸n o tr谩fico de m谩s de una cantidad espec铆fica de diversas drogas. En diciembre de 2010, el 谩mbito de la ley se ampli贸 al objeto de incluir una variedad m谩s amplia de drogas ilegales, entre otras la metanfetamina.
Seg煤n el art铆culo 32 de la Ley, las condenas a muerte impuestas por tribunales de primera instancia est谩n sujetas a confirmaci贸n por el presidente del Tribunal Supremo o el fiscal general, y al parecer a las personas condenadas a muerte no se les concede permiso para apelar, en incumplimiento de la legislaci贸n iran铆 y el derecho internacional.
Ir谩n est谩 s贸lo por detr谩s de China por lo que se refiere al volumen de condenas a muerte llevadas a cabo anualmente. Muchas de las m谩s de 600 ejecuciones que se cree que han tenido lugar en 2011 se llevaron a cabo rodeadas de secretismo.
Se cree que antes de la tercera semana de julio de 2012 las autoridades iran铆es han ejecutado al menos a 272 personas, entre las que se incluyen 98 ejecuciones que no han sido anunciadas por las autoridades. M谩s del 65 por ciento de todas las ejecuciones llevadas a cabo este a帽o ten铆an que ver con el tr谩fico de drogas.
Las normas internacionales proh铆ben el uso de la pena de muerte excepto para “delitos con la intenci贸n de matar que tuvieron por consecuencia la p茅rdida de vida”, y el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU ha considerado en numerosas ocasiones que los delitos relacionados con las drogas no cumplen este criterio.
“Los delitos relacionados con las drogas, como los delitos de los que fue declarado culpable Saeed Sedeghi, no cumplen el requisito de los "m谩s graves delitos" prescrito para el uso de la pena de muerte”, ha se帽alado Ann Harrison.
“Instamos a las autoridades iran铆es a revisar con urgencia la Ley Antinarc贸ticos a fin de eliminar la pena de muerte como posible castigo, y conmutar las condenas a muerte de todos los presos que est谩n actualmente a la espera de ser ejecutados.”
Amnist铆a Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla la forma m谩s extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violaci贸n de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos.
El 1 de agosto, Saeed Sedeghi fue trasladado del centro de detenci贸n de Kahrizak en Teher谩n a la prisi贸n de Ghezel Hesar en Karaj, 50 km al oeste de la capital.
El traslado se produjo unos d铆as despu茅s de comparecer ante el Tribunal Revolucionario de Teher谩n —sin la presencia de un abogado— donde lo obligaron a firmar un documento en el que se le informaba de que su condena a muerte se llevar铆a a la pr谩ctica.
“Al trasladar a Saeed Sedeghi con tanta premura despu茅s de informarlo de la intenci贸n de llevar a cabo su condena a muerte, nos tememos que las autoridades iran铆es se est茅n preparando para ejecutarlo”, ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de 脕frica de Amnist铆a Internacional.
“Su condena a muerte debe anularse de inmediato y se le debe volver a juzgar de total acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.”
Antes de su traslado desde la capital, Sedeghi hab铆a solicitado el indulto a la Comisi贸n de Amnist铆a e Indulto de Ir谩n, pero nunca recibi贸 respuesta sobre el resultado.
El 2 de junio de 2012, el Tribunal Revolucionario lo hab铆a condenado a muerte por la adquisici贸n —junto con otros tres hombres— y la posesi贸n de 512 kg de metanfetamina (o “cristal”).
Adem谩s de la ejecuci贸n, el tribunal impuso a Sedeghi una multa de 2 millones de riales (unos 163 d贸lares estadounidenses) y lo conden贸 a recibir 20 latigazos por posesi贸n individual de 21 gramos de opio y marihuana.
Las sentencias condenatorias fueron dictadas despu茅s de que el empleado fuese sometido a un juicio injusto en el que no mantuvo contacto alguno con el abogado de oficio antes de comparecer ante el tribunal.
Cont贸 a su familia que mientras estuvo en el centro de detenci贸n de Kahrizak lo torturaron y sometieron a otros malos tratos, llegando incluso a perder varios dientes a manos de funcionarios del centro.
Seg煤n los informes, el centro de detenci贸n de Kahrizak fue clausurado en 2009 por orden del L铆der Supremo tras recibir denuncias de torturas que provocaron la muerte de varias personas mientras se encontraban bajo custodia.
Posteriormente, se ha informado de la apertura de un nuevo centro en el mismo lugar con otro nombre —Soroush 111—, aunque los habitantes de esta zona de Ir谩n se siguen refiriendo al centro como Kahrizak.
La inmensa mayor铆a de las ejecuciones llevadas a cabo en Ir谩n en los 煤ltimos a帽os se han debido a delitos relacionados con las drogas, pese a no existir indicios claros de que la pena de muerte sirva para disuadir de forma efectiva de cometer tales delitos —el pa铆s tiene una de las tasas de drogadicci贸n m谩s altas del mundo—.
Con arreglo a la Ley Antinarc贸ticos de Ir谩n, la pena de muerte es obligatoria en casos de posesi贸n o tr谩fico de m谩s de una cantidad espec铆fica de diversas drogas. En diciembre de 2010, el 谩mbito de la ley se ampli贸 al objeto de incluir una variedad m谩s amplia de drogas ilegales, entre otras la metanfetamina.
Seg煤n el art铆culo 32 de la Ley, las condenas a muerte impuestas por tribunales de primera instancia est谩n sujetas a confirmaci贸n por el presidente del Tribunal Supremo o el fiscal general, y al parecer a las personas condenadas a muerte no se les concede permiso para apelar, en incumplimiento de la legislaci贸n iran铆 y el derecho internacional.
Ir谩n est谩 s贸lo por detr谩s de China por lo que se refiere al volumen de condenas a muerte llevadas a cabo anualmente. Muchas de las m谩s de 600 ejecuciones que se cree que han tenido lugar en 2011 se llevaron a cabo rodeadas de secretismo.
Se cree que antes de la tercera semana de julio de 2012 las autoridades iran铆es han ejecutado al menos a 272 personas, entre las que se incluyen 98 ejecuciones que no han sido anunciadas por las autoridades. M谩s del 65 por ciento de todas las ejecuciones llevadas a cabo este a帽o ten铆an que ver con el tr谩fico de drogas.
Las normas internacionales proh铆ben el uso de la pena de muerte excepto para “delitos con la intenci贸n de matar que tuvieron por consecuencia la p茅rdida de vida”, y el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU ha considerado en numerosas ocasiones que los delitos relacionados con las drogas no cumplen este criterio.
“Los delitos relacionados con las drogas, como los delitos de los que fue declarado culpable Saeed Sedeghi, no cumplen el requisito de los "m谩s graves delitos" prescrito para el uso de la pena de muerte”, ha se帽alado Ann Harrison.
“Instamos a las autoridades iran铆es a revisar con urgencia la Ley Antinarc贸ticos a fin de eliminar la pena de muerte como posible castigo, y conmutar las condenas a muerte de todos los presos que est谩n actualmente a la espera de ser ejecutados.”
Amnist铆a Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla la forma m谩s extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violaci贸n de la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos.