Gabriela Ramirez Galindo, RIO DE JANEIRO, Brasil.- A pesar de la gran variedad de reformas de tenencia realizadas los 煤ltimos 20 a帽os que han abierto canales legales a las comunidades, permiti茅ndoles obtener derechos sobre sus bosques, la distribuci贸n justa de las responsabilidades del manejo forestal entre la poblaci贸n local y los gobiernos contin煤a siendo un gran problema, asegura un nuevo estudio de CIFOR.
“Nuestro estudio muestra c贸mo la transferencia de derechos ha sido generalmente incompleta, de manera que las reformas que hubieran facilitado la participaci贸n legal de las comunidades en el sector forestal se ven limitadas por complicadas normativas y costos iniciales que en realidad crean barreras a la participaci贸n comunitaria,” dijo Peter Cronkleton, cient铆fico del Centro para la Investigaci贸n Forestal Internacional y coautor del estudio, publicado en la revista Conservation and Society.
“Si los grupos comunitarios est谩n tratando de usar los recursos forestales de manera sostenible, los gobiernos deber铆an apoyar estos esfuerzos en lugar de crear obst谩culos o imponer engorrosos tr谩mites”.
Las comunidades estudiadas en Bolivia, Filipinas, India y Guatemala operan en el marco de diferentes modelos de cogesti贸n, en donde las responsabilidades as铆 como los beneficios obtenidos de la gesti贸n de los recursos forestales se comparten entre el Estado y otros actores y, donde en teor铆a, la experiencia t茅cnica de las entidades gubernamentales se combina con el conocimiento ind铆gena de la poblaci贸n local para mejorar la gesti贸n y fortalecer la gobernanza forestal.
Cronkleton observ贸 que, a pesar de que las comunidades hab铆an tenido 茅xito al obtener derechos legales sobre sus recursos forestales, el peso de las normas regulatorias vinculadas a estos arreglos de cogesti贸n, como por ejemplo renovar autorizaciones o demostrar que se satisfacen estrictos est谩ndares t茅cnicos, por lo general recaen en forma desproporcionada sobre los residentes de las comunidades forestales.
“Si los grupos comunitarios est谩n tratando de usar los recursos forestales de manera sostenible, los gobiernos deber铆an apoyar estos esfuerzos en lugar de crear obst谩culos o imponer engorrosos tr谩mites”
El estudio destaca la lucha del pueblo guarayo en las tierras bajas de Bolivia, uno de los grupos ind铆genas m谩s importantes de la regi贸n amaz贸nica del pa铆s. Despu茅s de la reforma de tenencia de 1996, el gobierno boliviano reconoci贸 la demanda presentada por los guarayo otorg谩ndoles una superficie de 1.3 millones de hect谩reas de propiedad comunal. Algunas comunidades ind铆genas guarayo vieron en la gesti贸n forestal una oportunidad para generar ingresos y tambi茅n aumentar el control sobre su territorio. No obstante, debido a que los bosques a煤n son propiedad del Estado, ellos deb铆an presentarle planes de manejo para su aprobaci贸n.
Despu茅s de una importante inversi贸n en t茅rminos de tiempo y dinero para demarcar las 谩reas de manejo forestal, llevar a cabo inventarios y censos de madera con valor comercial, as铆 como inscribir a las organizaciones comunitarias para satisfacer los requisitos t茅cnicos estipulados por el gobierno, los guarayo tuvieron que soportar largas y repetidas demoras del gobierno para aprobar sus planes de manejo. Al mismo tiempo, las entidades gubernamentales responsables de este proceso fueron muy d茅biles al defender los bosques ind铆genas de los madereros ilegales. Para poder convencer a las autoridades respectivas de cumplir con sus actividades de fiscalizaci贸n en el campo, las comunidades deb铆an por lo general asumir los gastos generados por dicha visita.
Aunque siete comunidades guarayo obtuvieron la aprobaci贸n de sus planes de manejo forestal, representando apenas 11 % de la tierra demandada por la comunidad, la mayor parte se sinti贸 desalentada con todo el proceso y decidi贸 abandonar estos esfuerzos; muchas comunidades vecinas incluso decidieron no adoptar planes similares.
Cuando los gobiernos imponen barreras que, en efecto, restringen la capacidad de las comunidades de ejercer sus derechos y no pueden cumplir con sus responsabilidades para facilitar la participaci贸n comunitaria, la carga que implican los requisitos de la cogesti贸n en realidad supera los beneficios,” dijo Cronkleton.
Generalmente, la cogesti贸n surge como parte de un proceso de reforma de tenencia forestal en el que los gobiernos reconocen los derechos que la poblaci贸n local tiene a los recursos forestales. Sin embargo, en lugar de un solo derecho, los derechos otorgados a la poblaci贸n deber铆an entenderse como un conjunto de derechos diferentes, como el derecho a manejar los recursos, de excluir a otros de ese recurso o incluso de vender derechos a otros, explic贸 Cronkleton.
En ocasiones, los gobiernos retienen ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a transferir la propiedad a otros cuando quieren saber qui茅n es el responsable de conservar los bosques. Aunque los gobiernos con frecuencia otorgan el derecho de manejar los recursos forestales a grupos comunitarios y a individuos, el Estado retiene la propiedad de los bosques para poder controlar la forma en que se lleva a cabo la gesti贸n.
“Si bien la cogesti贸n puede aumentar los beneficios percibidos por los grupos comunitarios, generalmente implica mayores responsabilidades y obligaciones. En la pr谩ctica, cuando el Estado otorga derechos de manejo de forma parcial, impone tambi茅n barreras, importantes y prolongadas, a la adopci贸n de la silvicultura comunitaria y, con frecuencia, limita los beneficios de los participantes locales”.
“Para que la cogesti贸n alcance todo su potencial, los gobiernos necesitan ser m谩s flexibles, deben aprender lo que funciona y lo que no y adaptar las normas t茅cnicas as铆 como las pol铆ticas para apoyar una mayor participaci贸n de las comunidades en los programas, garantizando as铆 sistemas de manejo m谩s equitativos y efectivos,” a帽adi贸.
Editado por Michelle Kovacevic.
“Nuestro estudio muestra c贸mo la transferencia de derechos ha sido generalmente incompleta, de manera que las reformas que hubieran facilitado la participaci贸n legal de las comunidades en el sector forestal se ven limitadas por complicadas normativas y costos iniciales que en realidad crean barreras a la participaci贸n comunitaria,” dijo Peter Cronkleton, cient铆fico del Centro para la Investigaci贸n Forestal Internacional y coautor del estudio, publicado en la revista Conservation and Society.
“Si los grupos comunitarios est谩n tratando de usar los recursos forestales de manera sostenible, los gobiernos deber铆an apoyar estos esfuerzos en lugar de crear obst谩culos o imponer engorrosos tr谩mites”.
Las comunidades estudiadas en Bolivia, Filipinas, India y Guatemala operan en el marco de diferentes modelos de cogesti贸n, en donde las responsabilidades as铆 como los beneficios obtenidos de la gesti贸n de los recursos forestales se comparten entre el Estado y otros actores y, donde en teor铆a, la experiencia t茅cnica de las entidades gubernamentales se combina con el conocimiento ind铆gena de la poblaci贸n local para mejorar la gesti贸n y fortalecer la gobernanza forestal.
Cronkleton observ贸 que, a pesar de que las comunidades hab铆an tenido 茅xito al obtener derechos legales sobre sus recursos forestales, el peso de las normas regulatorias vinculadas a estos arreglos de cogesti贸n, como por ejemplo renovar autorizaciones o demostrar que se satisfacen estrictos est谩ndares t茅cnicos, por lo general recaen en forma desproporcionada sobre los residentes de las comunidades forestales.
“Si los grupos comunitarios est谩n tratando de usar los recursos forestales de manera sostenible, los gobiernos deber铆an apoyar estos esfuerzos en lugar de crear obst谩culos o imponer engorrosos tr谩mites”
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| Agricultora dedicada a la siembra de arroz en Guarayos, Santa Cruz, Bolivia. Fotograf铆a de Neil Palmer/CIAT |
Despu茅s de una importante inversi贸n en t茅rminos de tiempo y dinero para demarcar las 谩reas de manejo forestal, llevar a cabo inventarios y censos de madera con valor comercial, as铆 como inscribir a las organizaciones comunitarias para satisfacer los requisitos t茅cnicos estipulados por el gobierno, los guarayo tuvieron que soportar largas y repetidas demoras del gobierno para aprobar sus planes de manejo. Al mismo tiempo, las entidades gubernamentales responsables de este proceso fueron muy d茅biles al defender los bosques ind铆genas de los madereros ilegales. Para poder convencer a las autoridades respectivas de cumplir con sus actividades de fiscalizaci贸n en el campo, las comunidades deb铆an por lo general asumir los gastos generados por dicha visita.
Aunque siete comunidades guarayo obtuvieron la aprobaci贸n de sus planes de manejo forestal, representando apenas 11 % de la tierra demandada por la comunidad, la mayor parte se sinti贸 desalentada con todo el proceso y decidi贸 abandonar estos esfuerzos; muchas comunidades vecinas incluso decidieron no adoptar planes similares.
Cuando los gobiernos imponen barreras que, en efecto, restringen la capacidad de las comunidades de ejercer sus derechos y no pueden cumplir con sus responsabilidades para facilitar la participaci贸n comunitaria, la carga que implican los requisitos de la cogesti贸n en realidad supera los beneficios,” dijo Cronkleton.
Generalmente, la cogesti贸n surge como parte de un proceso de reforma de tenencia forestal en el que los gobiernos reconocen los derechos que la poblaci贸n local tiene a los recursos forestales. Sin embargo, en lugar de un solo derecho, los derechos otorgados a la poblaci贸n deber铆an entenderse como un conjunto de derechos diferentes, como el derecho a manejar los recursos, de excluir a otros de ese recurso o incluso de vender derechos a otros, explic贸 Cronkleton.
En ocasiones, los gobiernos retienen ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a transferir la propiedad a otros cuando quieren saber qui茅n es el responsable de conservar los bosques. Aunque los gobiernos con frecuencia otorgan el derecho de manejar los recursos forestales a grupos comunitarios y a individuos, el Estado retiene la propiedad de los bosques para poder controlar la forma en que se lleva a cabo la gesti贸n.
“Si bien la cogesti贸n puede aumentar los beneficios percibidos por los grupos comunitarios, generalmente implica mayores responsabilidades y obligaciones. En la pr谩ctica, cuando el Estado otorga derechos de manejo de forma parcial, impone tambi茅n barreras, importantes y prolongadas, a la adopci贸n de la silvicultura comunitaria y, con frecuencia, limita los beneficios de los participantes locales”.
“Para que la cogesti贸n alcance todo su potencial, los gobiernos necesitan ser m谩s flexibles, deben aprender lo que funciona y lo que no y adaptar las normas t茅cnicas as铆 como las pol铆ticas para apoyar una mayor participaci贸n de las comunidades en los programas, garantizando as铆 sistemas de manejo m谩s equitativos y efectivos,” a帽adi贸.
Editado por Michelle Kovacevic.