Marvin Lee Wilson tiene una discapacidad intelectual y no deber铆a ser ejecutado de acuerdo con la legislaci贸n de Estados Unidos. Texas est谩 eludiendo la prohibici贸n constitucional del castigo cruel e inusualAntonio Ginatta, director de Incidencia para Estados Unidos
Las autoridades de Texas han ejecutado a un condenado por homicidio pero que presentaba evidente retraso mental.
Marvin Wilson, de 54 a帽os, muri贸 este martes por inyecci贸n letal en la prisi贸n sure帽a de Huntsville. La sentencia fue consumada luego que la Corte Suprema de Justicia rechaz贸 una 煤ltima apelaci贸n de la defensa.
Los fiscales acusatorios desestimaron un examen de coeficiente de inteligencia que reflej贸 para Wilson en el a帽o 1998 un nivel de 61, el indicativo normal es alrededor de 90.
Un tribunal tejano concluy贸 que esa prueba m茅dica no garantiz贸 "un m铆nimo de competencia profesional psicol贸gica" y el convicto ten铆a que pagar por el asesinato del informante policial Jerry Williams, un hecho ocurrido en Beaumont en 1992.
Por el mismo delito y en calidad de c贸mplice, el reo Andrew Lewis, de 46 a帽os, fue condenado a cadena perpetua.
En 2002, en el caso Atkins v. Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibi贸 la ejecuci贸n de personas con discapacidad intelectual, y concluy贸 que dicha pr谩ctica viola la prohibici贸n de la pena cruel e inusual contemplada en la Constituci贸n de Estados Unidos. Aunque la mayor铆a de los estados utilizan un examen cl铆nico para determinar la discapacidad intelectual, Texas permite la ejecuci贸n de personas cuyo diagn贸stico cl铆nico ha determinado que poseen una discapacidad intelectual si cumplen ciertos criterios sociales vagos, denominados los “factores Brise帽o”. Los abogados de Wilson hab铆an agotado las posibles apelaciones al sistema de tribunales de Texas y han solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que retrase la ejecuci贸n y examine el caso con base en el asunto Atkins.
“Marvin Lee Wilson tiene una discapacidad intelectual y no deber铆a haber sido ejecutado de acuerdo con la legislaci贸n de Estados Unidos”, dijo Antonio Ginatta, director de Incidencia para Estados Unidos de Human Rights Watch. “Texas elude la prohibici贸n constitucional del castigo cruel e inusual”.
Los “factores Brise帽o”, que deben su nombre al fallo judicial que los describe, consisten en siete “factores probatorios” que Texas considera indicativos de la discapacidad intelectual. Entre estos componentes est谩n el hecho de que el acusado pueda formular y llevar a cabo planes, demostrar liderazgo, mentir u ocultar efectivamente hechos para proteger sus intereses personales, y responder de manera apropiada y coherente. Al parecer, Texas permite las ejecuciones con que se cumpla solamente uno de los factores Brise帽o.
Las pruebas revelaron que Wilson tiene un coeficiente intelectual de 61, bastante por debajo de la norma legal y el rango de diagn贸stico de 70 estipulados en el caso Atkins. Durante el proceso de apelaci贸n, un neuropsic贸logo diagnostic贸 cl铆nicamente la discapacidad intelectual de Wilson. Varios familiares y amigos tambi茅n firmaron testimonios confirmando una conducta social indicativa de discapacidad intelectual.
Sin embargo, al usar los factores Brise帽o, los tribunales del estado de Texas han determinado en dos ocasiones que Wilson puede ser ejecutado. Para demostrar que su ejecuci贸n es permisible, los tribunales mencionaron el hecho de que Wilson est谩 casado y tiene un hijo, y que minti贸 a la polic铆a para protegerse.
“Parece que los tribunales de Texas piensan que las personas con discapacidad intelectual no deber铆an poder casarse, tener hijos y ni siquiera mentir”, dijo Ginatta. “La base de los factores Brise帽o es tanto infundada como discriminatoria”.
La American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, que ha establecido los criterios citados por la Corte Suprema para determinar la discapacidad intelectual, declar贸 en un reciente escrito amicus curiae (“amigo del tribunal”) que los factores Brise帽o “se basan en estereotipos falsos… que excluyen en la pr谩ctica a todas las personas salvo las m谩s seriamente discapacitadas”.Adem谩s de la Constituci贸n federal, Estados Unidos ha contra铆do la obligaci贸n en virtud del derecho internacional de derechos humanos de no ejecutar a personas con discapacidad intelectual. En 2011, durante el proceso de Examen Peri贸dico Universal de Estados Unidos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Estados Unidos apoy贸 una recomendaci贸n contra la ejecuci贸n de personas con “ciertas discapacidades intelectuales”.
En sus observaciones finales de 2006 sobre Estados Unidos, el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos (PIDCP), declar贸 que “celebra la decisi贸n de Tribunal Supremo en la causa Atkins v. Virginia (2002), que decret贸 que la ejecuci贸n de delincuentes con retraso mental constitu铆a un castigo cruel e inusual”. Al permitir que los estados tengan un amplio margen para determinar la discapacidad intelectual, Estados Unidos est谩 violando sus obligaciones internacionales y permitiendo que los estados ejecuten a personas con discapacidad intelectual, se帽al贸 Human Rights Watch. Al formar parte de un Gobierno federal, Texas sigue teniendo la obligaci贸n de cumplir el PIDCP “sin limitaciones ni excepciones”.
Human Rights Watch se opone a la pena capital en todas las circunstancias debido a que la dignidad inherente de la persona es incompatible con la pena de muerte. Este tipo de castigo se distingue por su crueldad y finalidad, y est谩 inevitable y universalmente plagado de arbitrariedad, perjuicios y errores.
Desde 1973, 140 personas condenadas a ser ejecutadas en Estados Unidos se salvaron del corredor de la muerte despu茅s que fueron reconocidas como inocentes sobre todo gracias a investigaciones forenses relacionadas con el ADN mitocondrial.
Una encuesta de la agencia Gallup reflej贸 que el 64 por ciento del p煤blico estadounidense defiende la sentencia capital, el nivel m谩s bajo de respaldo en los 煤ltimos 18 a帽os. Una anterior pesquisa de 1994 proyect贸 un apoyo del 80 por ciento.
Tenemos un sistema judicial que comete desaciertos. Debemos estar preparados para la eventualidad de que algunos ser谩n sentenciados por cr铆menes ajenos, coment贸 Thomas Hill, destacado abogado de Ohio.
Luego de una investigaci贸n exhaustiva que abarc贸 m谩s de una d茅cada, peritos concluyeron que el estado de Texas habr铆a matado a un hombre inocente en 1993.
Se trata del caso del hispano Ruben Cantu, procesado por homicidio a los 17 a帽os de edad y ejecutado, pese a que se carec铆a de evidencia material que lo vinculara con el crimen.
California es actualmente el departamento con m谩s reos condenados a morir (723), seguido de Florida (402) y Texas (312).