OPINIÓN de Jorge Zavaleta Alegre
Modernizar el Estado para atender la integración social es una de las tareas más difíciles de un gobierno que tiene interés en el desarrollo descentralizado. Este propósito implica conseguir la participación de los gobiernos regionales y locales desde las más pequeñas poblaciones de un país multilingüe, multicultural y con una geografía muy agreste.
El área social demanda una atención orgánica, porque en las dos o tres últimas décadas la masiva migración de los pobladores del ande a la costa ha creado necesidades de espacios públicos y servicios sociales nunca previstos.
Recién desde el 20 de enero de este año, existe una nueva estructura del Estado para abordar la inclusión social, dando prioridad a los menos favorecidos por el crecimiento económico nacional.
Modernizar el Estado para atender la integración social es una de las tareas más difíciles de un gobierno que tiene interés en el desarrollo descentralizado. Este propósito implica conseguir la participación de los gobiernos regionales y locales desde las más pequeñas poblaciones de un país multilingüe, multicultural y con una geografía muy agreste.
El área social demanda una atención orgánica, porque en las dos o tres últimas décadas la masiva migración de los pobladores del ande a la costa ha creado necesidades de espacios públicos y servicios sociales nunca previstos.
Recién desde el 20 de enero de este año, existe una nueva estructura del Estado para abordar la inclusión social, dando prioridad a los menos favorecidos por el crecimiento económico nacional.
El Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, liderado por la abogada Ana Jara, cuenta con programas especializados para proteger el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que se encuentran en situación de riego y/o vulnerabilidad.
En este propósito se inscribe el Instituto Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, el Programa de Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia – PAR y otros para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables, como forma de contribuir a la reducción de la extrema pobreza.
El sociólogo Julio Rojas, viceministro de Población Vulnerable, considera que el Estado para superar las diversas formas de inequidad, exclusión y violencia social, debe impulsar un Sistema Descentralizado de Garantías para el Desarrollo Humano y Social que articule los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el sector privado, tomando como punto de partida los gobiernos locales. El desarrollo local es la clave. El acuerdo entre el Gobierno Regional de Moquegua y la municipalidad provincial de Moquegua para poner en marcha un centro de atención residencial para menos en situación de abandono, es un buen referente.
Los Programas Sociales, en este horizonte deben disponer de financiamiento, monitoreo, articulación y ejecución con una gerencia social transparente, éticamente reconocida y por resultados. Las familias peruanas, por las crisis económicas, políticas y morales que hemos pasado, son el principal núcleo que se disuelve y por lo tanto el más vulnerable.
El INABIF es una institución especializada en el fortalecimiento de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social que coordina, supervisa y evalúa la gestión de las Sociedades de Beneficencia transferidas, de las Juntas de Participación Social con establecimientos que en número siempre serán insuficientes dada la demanda.
La Directora Ejecutiva del INABIF, Nancy Tolentino, considera que la colaboración de los medios de comunicación es valiosa para promover los valores y la autoestima de la población vulnerable. En este sentido contempla la formalización de acuerdos con las universidades, especialmente con las facultades de comunicación, para dar a conocer buenas noticias, sobre cómo muchos seres humanos logran su integración social y el ejercicio pleno de sus derechos gracias a los Educadores de Calles, la investigación tutelar, la promoción familiar y la protección integral.
En este propósito se inscribe el Instituto Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, el Programa de Repoblamiento y Desarrollo de Zonas de Emergencia – PAR y otros para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables, como forma de contribuir a la reducción de la extrema pobreza.
El sociólogo Julio Rojas, viceministro de Población Vulnerable, considera que el Estado para superar las diversas formas de inequidad, exclusión y violencia social, debe impulsar un Sistema Descentralizado de Garantías para el Desarrollo Humano y Social que articule los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y el sector privado, tomando como punto de partida los gobiernos locales. El desarrollo local es la clave. El acuerdo entre el Gobierno Regional de Moquegua y la municipalidad provincial de Moquegua para poner en marcha un centro de atención residencial para menos en situación de abandono, es un buen referente.
Los Programas Sociales, en este horizonte deben disponer de financiamiento, monitoreo, articulación y ejecución con una gerencia social transparente, éticamente reconocida y por resultados. Las familias peruanas, por las crisis económicas, políticas y morales que hemos pasado, son el principal núcleo que se disuelve y por lo tanto el más vulnerable.
El INABIF es una institución especializada en el fortalecimiento de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social que coordina, supervisa y evalúa la gestión de las Sociedades de Beneficencia transferidas, de las Juntas de Participación Social con establecimientos que en número siempre serán insuficientes dada la demanda.
La Directora Ejecutiva del INABIF, Nancy Tolentino, considera que la colaboración de los medios de comunicación es valiosa para promover los valores y la autoestima de la población vulnerable. En este sentido contempla la formalización de acuerdos con las universidades, especialmente con las facultades de comunicación, para dar a conocer buenas noticias, sobre cómo muchos seres humanos logran su integración social y el ejercicio pleno de sus derechos gracias a los Educadores de Calles, la investigación tutelar, la promoción familiar y la protección integral.
