elmercuriodigital.es: Comunicado La Voz de los de Abajo

EL MERCURIO DIGITAL Honduras.- La delegación de observadores de derechos humanos La voz de los de Abajo con sede en Chicago, Illinois, Estados Unidos, responde al comunicado emitido el miércoles 19 de septiembre por la Corporación Dinant en la que expone su versión de los hechos ocurridos el 13 de septiembre en la Fina Los Laureles, donde los defensores y defensoras de derechos humanos denunciaron que fueron víctimas de agresiones verbales y hasta de un disparo de escopeta (existe un video en youtube) por parte de uno de los guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé.

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.(Artículo 3 y 4 de la declaración universal de los derechos humanos).
Respuesta al comunicado de la Corporación Dinant del Señor Miguel Facussé, en relación al incidente ocurrido, el día 13 de septiembre de 2012, cuando nuestra delegación investigaba violaciones de derechos humanos relacionadas al desalojo ejecutado en la finca los Laureles, ubicado en el barrio Aurora, en Tocoa, Colon.
Nuestra delegación de observadores y observadoras de derechos humanos que visitó varias regiones de Honduras del 6 al 16 de septiembre, compuesta por 9 personas de diversas organizaciones de los Estados Unidos (EEUU), al igual que otras delegación que hemos organizado, tienen como propósito fundamental documentar y denunciar la sistemática represión ejercida desde el gobierno a través del ejercito, la policía nacional y los “grupos de seguridad” de los terratenientes.
Nuestras visitas tienen como fin denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se dan contra la Sociedad Civil Organizada, comprometidos con la Justicia Social y en particular contra los campesinos/as que reclaman un pedazo de tierra para ellos y sus familias en Honduras.
En el punto numero 1. La corporación Dinant cita lo siguiente: “Ante la actitud irresponsable del “grupo de Derechos humanos” que difunde el video, el cual irrumpe la propiedad privada…”
Nuestra organización “La Voz de los de Abajo-Chicago” se encontraba en plena vía pública en el momento cuando se dio la amenaza con lenguaje agresivo y en el instante en que se disparó con una escopeta. Nuestra delegación estaba en plena vía pública tomando fotos y entrevistando a los vecinos que nos narraban cómo fueron aterrorizados por casi 500 efectivos de la policía, el ejército y los guardias de Miguel Facussé. Repetimos, nos encontrábamos en plena vía pública, como lo muestra el video tomado y las fotos. Sería irresponsable de nuestra parte dejar de documentar todo aquello que tenga que ver con las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en el Aguan. Por lo tanto: Estábamos haciendo nuestro trabajo. Estábamos haciendo lo que teníamos que hacer como observadores de derechos humanos.
En el punto numero 7. dice: “ Es importante destacar que nuestra empresa contrata guardias de una empresa legalmente constituida para tal efecto y no contratamos paramilitares o tenemos relación o conocimiento de existencia de grupos de esta naturaleza”.
Definición de Paramilitar o paramilitarismo; “se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura y disciplina similar a la de un ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Las organizaciones paramilitares, pueden o no, servir a los intereses del Estado y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar fuerzas policiales, mercenarios, integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados”.
Cuando nos amenazaron y nos dispararon, notamos que casi todos los “guardias de seguridad” tenían los rostros encapuchados, excepto dos que se encontraban bien atrás cubiertos por las palmas, éstos guardias tenían armas de grueso calibre o de asalto que el ejército utiliza, como se puede evidenciar en una de las fotos que tomamos. Es debido a estas características que hacemos uso del concepto “paramilitar”, puesto que a nuestro juicio describe muy bien el actuar y proceder de este tipo de grupos de “Guardias de Seguridad”.
En el punto numero 8. Dice; “ Por este medio aseguramos a la opinión publica, que una vez que la Fiscalía llame a declarar a los guardias por la denuncia presentada por los “ofendidos”, los guardias se presentaran a dar la versión real de los hechos, quedando claramente establecido quiénes realmente realizaron acciones al margen de la ley al entrar a instalaciones privadas sin permiso y conocimiento de sus legítimos dueños, quienes se reservan el derecho de proceder legalmente contra quienes realmente fueron los que actuaron al margen de la ley”.
“se presentaran a dar la versión real de los hechos”. Esta versión que se difunde en los medios hondureños como la verdad oficial, contrasta con las versiones de los diversos organismos defensores de derechos humanos y con la propia legislación hondureña que deja establecido que nadie puede hacer uso de la ley por su propia mano y nadie puede por su cuenta decidir sobre la vida y el futuro de una persona fuera de lo establecido en la Constitución de la República y sus leyes generales. Sin embargo, los “guardias de seguridad” actúan como si ellos fuesen la ley misma, a tal grado que nuestra delegación recibió el testimonio de un policía quien textualmente dijo que “ni nosotros mismos podemos entrar a esa finca para investigar”.
Durante nuestra visita comprendida entre el 6 al 16 de septiembre visitamos a 16 comunidades campesinas localizadas en La Paz, Puerto Cortés, El Progreso, Atlántida, y Colon. Todos/as coincidieron en expresar la alarmante escalada represiva desatada contra el campesinado hondureño y todos mostraron una profunda preocupación por el ambiente de zozobra en que se encuentran sus comunidades. Nos hablaron de sus angustias por temor de sus vidas y las de sus familias.
Es preciso destacar que en el Aguán han aparecido decenas de campesinos muertos, y los principales sospechosos son los “guardias de seguridad” de Miguel Facussé. Sin embargo, no se ha realizado una investigación que esclarezca los crímenes y menos que ponga en marcha un proceso judicial para dictar sentencia condenatoria a los responsables materiales e intelectuales de dichos crímenes.
Nuestra Organización lamenta la muerte de cualquier ser humano, especialmente cuando hemos escuchado tantas voces que con desesperación claman justicia. Especialmente cuando hemos constatado una vez más, que el irrespeto a la vida y a la impunidad reinan en Honduras. Especialmente cuando hemos confirmado por medio de organizaciones de derechos humanos, lideres de organizaciones sociales y campesinas, que la realidad política, social y económica es cada vez mas crítica. Especialmente cuando hemos constatado una evidente y profunda ausencia de una verdadera política agraria en el país, raíz del actual conflicto agrario que hoy enluta a todos los hondureños/as y hemos presenciado cómo una elite económica y política de empresarios, se empecina en convertir a Honduras en una fosa común para enterrar a quienes afectan sus intereses.
Por todo lo anterior, reiteramos que seguiremos con nuestras demandas. En primer lugar, al gobierno de Estados Unidos, que cese la ayuda militar dirigida al Ejercito y a la Policía Nacional, al tiempo que cancele las operaciones conjuntas que militares y agentes antidrogas de la DEA realizan con policías y militares hondureños porque han provocado graves violaciones a los derechos humanos, han cobrado muchas victimas y han violentado la soberanía nacional de Honduras.
En segundo lugar, demandamos la inmediata liberación de los presos políticos que guardan prisión por su lucha legitima de la tierra: José Isabel Morales, preso en la cárcel de La Ceiba, José León Galeas, Cesar Bardales García, Santos Isaías Rodríguez, Selvin Noeli Rodriguez, privados de su libertad en el presidio de La Paz.
En tercer lugar, demandamos castigo para los autores materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad en Honduras. En cuarto lugar, demandamos una autentica política agraria en el país, incluyente y justa, así como el cese de la represión, la persecución política y la impunidad.