EL MERCURIO DIGITAL.- La organizaci贸n Amnist铆a Internacional ha pedido a las autoridades de Gambia que retiren los cargos presentados contra dos periodistas detenidos tras solicitar permiso para celebrar una protesta pac铆fica contra la ejecuci贸n de nueve reclusos condenados a muerte.
Baboucarr Ceesay, vicepresidente primero del Sindicato de Prensa de Gambia (GPU), y Abubacarr Saidykhan, periodista independiente por cuenta propia, fueron acusados formalmente el 10 de septiembre de conspiraci贸n para cometer un delito grave.
Los dos periodistas quedaron en libertad bajo fianza ayer y deben presentarse en las dependencias policiales el lunes 17 de septiembre.
Los hab铆an detenido tres d铆as antes, tras solicitar permiso a la polic铆a gambiana para manifestarse pac铆ficamente contra la ejecuci贸n en agosto de nueve reclusos condenados a muerte.
“Se trata de un ejemplo m谩s de la total intolerancia del gobierno de Gambia hacia las cr铆ticas”, ha afirmado Lisa Sherman-Nikolaus, investigadora de Amnist铆a Internacional para 脕frica Occidental.
La carta que motiv贸 la detenci贸n de los periodistas, dirigida al inspector general de la Polic铆a, llevaba como t铆tulo “Solicitud de permiso para celebrar una manifestaci贸n pac铆fica”.
En la carta se afirmaba: “Seremos fieles a nuestro principio de no violencia durante todo el proceso [de la manifestaci贸n]. Queremos manifestarnos porque tememos que si nos quedamos sin hacer nada podr铆a haber otra ejecuci贸n”.
“Las autoridades de Gambia deben retirar de manera inmediata y sin condiciones los cargos presentados contra Babourcarr Ceesay y Abubacarr Saidykhan, contra quienes se ha actuado 煤nicamente porque intentaron ejercer su derecho a la libertad de expresi贸n y de reuni贸n pac铆fica”, ha afirmado Sherman-Nikolaus.
El 6 de septiembre, los dos periodistas entregaron una carta a la polic铆a gambiana en la que solicitaban permiso para celebrar una manifestaci贸n pac铆fica el d铆a siguiente. Sin embargo, los detuvieron el mismo jueves por la noche, tras personarse en una comisar铆a de polic铆a a petici贸n de las autoridades policiales, han informado a Amnist铆a Internacional algunas fuentes.
El 7 de septiembre los llevaron a sus respectivos domicilios, donde la polic铆a practic贸 registros. Tras su detenci贸n, estuvieron recluidos todo el fin de semana, durante un periodo que sobrepas贸 el l铆mite m谩ximo de 72 horas de detenci贸n sin cargos que especifica la Constituci贸n de Gambia. Los intentos de su abogado y del Sindicato de Prensa de Gambia de visitarlos mientras estaban detenidos fueron bloqueados.
Amnist铆a Internacional ha intentado reiteradamente confirmar los detalles de su detenci贸n con la polic铆a gambiana, pero la polic铆a no ha facilitado informaci贸n alguna. La fianza en cada caso qued贸 fijada en 250.000 dalasi (unos 8.000 d贸lares estadounidenses).
“Las autoridades de Gambia deben proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresi贸n y reuni贸n, y garantizar que periodistas y activistas de los derechos humanos pueden llevar a cabo su labor sin injerencias del gobierno”, ha afirmado Sherman-Nikolaus.
Algunos de los reclusos en espera de ejecuci贸n en Gambia son ex funcionarios y militares de alto rango que fueron detenidos por traici贸n.
Amnist铆a Internacional y otras 66 organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil de 脕frica Occidental han expresado su indignaci贸n por las ejecuciones que tuvieron lugar el 23 de agosto, que se llevaron a cabo en secreto y sin notificaci贸n a las personas ejecutadas o a sus familias.
Baboucarr Ceesay, vicepresidente primero del Sindicato de Prensa de Gambia (GPU), y Abubacarr Saidykhan, periodista independiente por cuenta propia, fueron acusados formalmente el 10 de septiembre de conspiraci贸n para cometer un delito grave.
Los dos periodistas quedaron en libertad bajo fianza ayer y deben presentarse en las dependencias policiales el lunes 17 de septiembre.
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| Baboucarr Ceesay |
“Se trata de un ejemplo m谩s de la total intolerancia del gobierno de Gambia hacia las cr铆ticas”, ha afirmado Lisa Sherman-Nikolaus, investigadora de Amnist铆a Internacional para 脕frica Occidental.
La carta que motiv贸 la detenci贸n de los periodistas, dirigida al inspector general de la Polic铆a, llevaba como t铆tulo “Solicitud de permiso para celebrar una manifestaci贸n pac铆fica”.
En la carta se afirmaba: “Seremos fieles a nuestro principio de no violencia durante todo el proceso [de la manifestaci贸n]. Queremos manifestarnos porque tememos que si nos quedamos sin hacer nada podr铆a haber otra ejecuci贸n”.
“Las autoridades de Gambia deben retirar de manera inmediata y sin condiciones los cargos presentados contra Babourcarr Ceesay y Abubacarr Saidykhan, contra quienes se ha actuado 煤nicamente porque intentaron ejercer su derecho a la libertad de expresi贸n y de reuni贸n pac铆fica”, ha afirmado Sherman-Nikolaus.
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| D铆a de Acci贸n por Gambia 2011 © Amnesty International |
El 7 de septiembre los llevaron a sus respectivos domicilios, donde la polic铆a practic贸 registros. Tras su detenci贸n, estuvieron recluidos todo el fin de semana, durante un periodo que sobrepas贸 el l铆mite m谩ximo de 72 horas de detenci贸n sin cargos que especifica la Constituci贸n de Gambia. Los intentos de su abogado y del Sindicato de Prensa de Gambia de visitarlos mientras estaban detenidos fueron bloqueados.
Amnist铆a Internacional ha intentado reiteradamente confirmar los detalles de su detenci贸n con la polic铆a gambiana, pero la polic铆a no ha facilitado informaci贸n alguna. La fianza en cada caso qued贸 fijada en 250.000 dalasi (unos 8.000 d贸lares estadounidenses).
“Las autoridades de Gambia deben proteger a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresi贸n y reuni贸n, y garantizar que periodistas y activistas de los derechos humanos pueden llevar a cabo su labor sin injerencias del gobierno”, ha afirmado Sherman-Nikolaus.
Algunos de los reclusos en espera de ejecuci贸n en Gambia son ex funcionarios y militares de alto rango que fueron detenidos por traici贸n.
Amnist铆a Internacional y otras 66 organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil de 脕frica Occidental han expresado su indignaci贸n por las ejecuciones que tuvieron lugar el 23 de agosto, que se llevaron a cabo en secreto y sin notificaci贸n a las personas ejecutadas o a sus familias.