Organizaciones de DDHH: Con la reforma sanitaria entra en vigor una nueva violación de derechos humanos
AGENCIAS.- Desde este sábado, día 1 de septiembre, las personas inmigrantes en situación irregular no tendrán asistencia sanitaria gratuita. Hoy entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.
La medida forma parte de la reforma sanitaria impulsada por el departamento de Ana Mato, que esta semana aseguraba que no se trata de una "cuestión de ajuste económico" sino que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.
Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades como Andalucía o País Vasco (que han anunciado que "desobedecerán" la norma y seguirán atendiendo "como antes" a los 'sin papeles') y los profesionales sanitarios.
El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto y forma parte de la reforma sanitaria de Ana Mato, regula la condición de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.
Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condición de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.
Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España; pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o que sean de un país distinto de los anteriores y tengan autorización para residir en territorio español.
De este modo, quedan fuera de la condición de asegurado los inmigrantes que están en situación irregular o 'sin papeles', unos 153.000 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hasta ahora sólo necesitaban estar empadronados en algún municipio español para poder ser titulares de una tarjeta sanitaria.
A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, una cobertura de la que el departamento de Mato presume al ser "más amplia que la de la mayoría de los países europeos, y que la que reciben los españoles cuando viajan a terceros países".
En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora".
No obstante, las mismas fuentes reconocen que esto son sólo unos "mínimos" que las comunidades pueden ampliar como estimen oportuno siempre que no les den una tarjeta sanitaria del SNS, "ya que no tienen derecho a tenerla". "Si quieren darle una cobertura especial, están en su derecho, pero con tarjetas alternativas".
Pese a ello, algunas comunidades como País Vasco o Andalucía ya han avisado que van a aplicar "exactamente el mismo protocolo" de asistencia que seguían hasta ahora con los inmigrantes irregulares. Otras como Cataluña también lo harán, pero crearán una tarjeta 'alternativa' para este colectivo que podrán adquirir cuando lleven al menos tres meses empadronados en la comunidad.
Pero algunas comunidades gobernadas por el PP también han suavizado el impacto de la norma impulsada por Mato, caso de Galicia, que ha puesto en marcha un programa de protección social para mantener la asistencia sanitaria de este colectivo en los centros de salud.
En cambio, otras como Castilla y León intentarán cobrar la factura de la asistencia a los países de origen (en caso de que España tenga algún convenio de colaboración bilateral) antes de "en último término" facturar el coste a los propios 'sin papeles'; algo que hará sin dilaciones o al menos "intentará" La Rioja, bien después de la consulta o a través de un seguro.
No obstante, el Ministerio garantiza que "en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención, que se le pasará a sus país de origen en caso de que haya convenio de colaboración bilateral con España.
De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.
Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".
Por otro lado, el departamento de Ana Mato también da la posibilidad a las comunidades de formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria para que las personas no aseguradas ni beneficiarias puedan acceder a la sanidad pública, que tendrán un coste de 710,4 euros al año (59,2 euros mensuales) o de 1.864,8 euros (155,4 euros mensuales) si el interesado tiene más de 65 años.
No obstante, fuentes del Ministerio reconocen a Europa Press que dichas pólizas no están pensadas para los 'sin papeles' sino para aquellos ciudadanos extranjeros con recursos que establecen su residencia en España para ser atendidos por el SNS, lo que se conoce como el turismo sanitario.
La medida ha sido rechazada por la mayoría de los profesionales sanitarios ya que, como ha asegurado el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar, "a medio y largo plazo", problemas económicos e infecciosos.
Además, este experto ha reconocido que se trata de una medida que va en contra de su "deber deontológico" de atender "a cualquier ciudadano", algo que también ha defendido la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que ha abierto una página web para que los profesionales sanitarios declaren su intención de recurrir a la objeción de conciencia para atender a los 'sin papeles'. De hecho, hasta la entrada en vigor de la norma ya ha conseguido más de 1.700 adhesiones.
En cambio, el Consejo General de Enfermería ha advertido a los enfermeros sobre la "inviabilidad jurídica" de la figura de la objeción de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en España.
De hecho, ha recordado que puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisión" con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva.
DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC exigen que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria
Cuando mañana entre en vigor la reforma sanitaria, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.
Las organizaciones firmantes vienen denunciando que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.
Las personas con enfermedades crónicas o mentales serán algunas de las más afectadas por la reforma sanitaria. Como María, una mujer boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja en el servicio doméstico sin contrato. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico, proporcionado por su médico de familia. A partir de mañana no podrá seguir con su tratamiento, cuya medicación no se vende sin receta.
Petru tiene la misma edad que María. Es natural de Rumanía y padece tuberculosis pulmonar con multirresistencia. Fue atendido en un hospital de Mallorca y sometido a aislamiento respiratorio. No cuenta con recursos económicos para continuar con su tratamiento, ni para combatir la tuberculosis, ni para comprar la insulina que necesita para su diabetes. Esta situación puede implicar además un problema de salud pública por el riesgo de transmisión de esta enfermedad.
Orden ministerial
A pesar de que mañana entra en vigor la reforma sanitaria, el gobierno todavía no ha hecho pública la anunciada orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para atender a las personas migrantes, mediante los que se condicionaría el acceso a la salud al pago de una cantidad económica y al hecho de estar un año inscrito en el padrón municipal. Por las informaciones publicadas en los medios de comunicación, las entidades firmantes temen que esta orden establezca barreras económicas que pongan en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más vulnerables.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU exige la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud y afirma: “Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos (…) incluidos los grupos socialmente desfavorecidos”.
En los mismos términos se ha manifestado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien ha solicitado a los Estados que eliminen “los honorarios elevados de los servicios de atención médica“, identificándolos como uno de los “obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a esta atención.
Estas peticiones internacionales contrastan con declaraciones como las de José Antonio Monago, presidente de Extremadura, que afirmó ante los medios de comunicación que el cobro de una cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria "no es una cuestión de humanidad sino de presupuesto", Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) afirman que la cuestión es, en realidad, de derechos humanos y de cumplir o no con la legislación internacional y las exigencias de la ética profesional.
Otros gobierno autonómicos, sin embargo, han manifestado desde el principio su oposición a dejar sin tarjetas sanitarias (y, por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y la atención de especialistas) a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
Según se desprende del estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Inmigrantes en situación irregular: acceso a la asistencia sanitaria en 10 estados miembro de la Unión Europea, España junto con Francia, Bélgica e Italia contaban con sistemas más garantistas que el resto de países europeos en lo que se refiere a asistencia sanitaria para inmigrantes en situación administrativa irregular. En España, a través de la tarjeta sanitaria, se tenía acceso a todos los servicios prestados por el sistema nacional de salud. Con las actuales reformas, esas garantías se transforman en desprotección.
Postura del personal sanitario
En relación al movimiento de objeción de conciencia que se ha generado en el sector de la salud con respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, las entidades que suscriben este comunicado consideran que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos. Por ello, solicitan al gobierno que no adopte represalias ante el ejercicio por parte de estos profesionales de acciones orientadas a cumplir obligaciones internacionales de derechos humanos, tal y como destaca el artículo 17 de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU.
Los miembros de este sector que han anunciado su intención de seguir atendiendo a los enfermos que queden fuera del sistema sanitario público serán considerados “defensores y defensoras de derechos humanos”, en tanto que “promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos”, tal y como refleja la Declaración anteriormente citada.
Efectos sobre las personas más vulnerables
Las organizaciones advierten de las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo para la salud de toda la población. Recuerdan asimismo que los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.
En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de irregularidad, se da la circunstancia de que su centro de salud, adonde suelen acudir tras recibir las agresiones, se convierte en punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas. Especialmente grave puede ser la situación de las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/SIDA, enfermedad crónica que si no es tratada adecuadamente produce la muerte.
Solicitantes de asilo y víctimas de trata
Las entidades promotoras acogen con satisfacción la inclusión en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, de dos colectivos vulnerables como son los solicitantes de protección internacional y las mujeres víctimas de trata. Sin embargo, con respecto a las víctimas de trata, la asistencia sanitaria se limita a las mujeres en periodo de restablecimiento y reflexión, cuando en realidad son muy pocas a las que se les concede esta opción.
La propia Fiscalía General del Estado reconoce en su memoria del 2011 que en las operaciones policiales en lugares donde se realizaba la prostitución se detectaron 15.075 personas en situación de riesgo, de las cuales solo fueron identificadas como víctimas de explotación sexual y trata 1.641. Y únicamente a 43 de ellas se les ofreció el periodo de reflexión.
Además, la atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas, como destaca el “Protocolo Marco de Protección de Víctimas de seres humanos”, adoptado por el gobierno en 2011.
Cumplimiento de las obligaciones internacionales
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC exigen al gobierno el cumplimiento íntegro de sus obligaciones internacionales. Así lo hizo ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que advirtió a España de que la reforma sanitaria no debe limitar el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. Por tanto, el gobierno debe revisar de manera urgente los reales decretos 16/2012 y 1192/2012.
AGENCIAS.- Desde este sábado, día 1 de septiembre, las personas inmigrantes en situación irregular no tendrán asistencia sanitaria gratuita. Hoy entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.
La medida forma parte de la reforma sanitaria impulsada por el departamento de Ana Mato, que esta semana aseguraba que no se trata de una "cuestión de ajuste económico" sino que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.
Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades como Andalucía o País Vasco (que han anunciado que "desobedecerán" la norma y seguirán atendiendo "como antes" a los 'sin papeles') y los profesionales sanitarios.
El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto y forma parte de la reforma sanitaria de Ana Mato, regula la condición de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.
Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condición de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.
Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España; pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o que sean de un país distinto de los anteriores y tengan autorización para residir en territorio español.
De este modo, quedan fuera de la condición de asegurado los inmigrantes que están en situación irregular o 'sin papeles', unos 153.000 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hasta ahora sólo necesitaban estar empadronados en algún municipio español para poder ser titulares de una tarjeta sanitaria.
A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, una cobertura de la que el departamento de Mato presume al ser "más amplia que la de la mayoría de los países europeos, y que la que reciben los españoles cuando viajan a terceros países".
En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora".
No obstante, las mismas fuentes reconocen que esto son sólo unos "mínimos" que las comunidades pueden ampliar como estimen oportuno siempre que no les den una tarjeta sanitaria del SNS, "ya que no tienen derecho a tenerla". "Si quieren darle una cobertura especial, están en su derecho, pero con tarjetas alternativas".
Pese a ello, algunas comunidades como País Vasco o Andalucía ya han avisado que van a aplicar "exactamente el mismo protocolo" de asistencia que seguían hasta ahora con los inmigrantes irregulares. Otras como Cataluña también lo harán, pero crearán una tarjeta 'alternativa' para este colectivo que podrán adquirir cuando lleven al menos tres meses empadronados en la comunidad.
Pero algunas comunidades gobernadas por el PP también han suavizado el impacto de la norma impulsada por Mato, caso de Galicia, que ha puesto en marcha un programa de protección social para mantener la asistencia sanitaria de este colectivo en los centros de salud.
En cambio, otras como Castilla y León intentarán cobrar la factura de la asistencia a los países de origen (en caso de que España tenga algún convenio de colaboración bilateral) antes de "en último término" facturar el coste a los propios 'sin papeles'; algo que hará sin dilaciones o al menos "intentará" La Rioja, bien después de la consulta o a través de un seguro.
No obstante, el Ministerio garantiza que "en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención, que se le pasará a sus país de origen en caso de que haya convenio de colaboración bilateral con España.
De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.
Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".
Por otro lado, el departamento de Ana Mato también da la posibilidad a las comunidades de formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria para que las personas no aseguradas ni beneficiarias puedan acceder a la sanidad pública, que tendrán un coste de 710,4 euros al año (59,2 euros mensuales) o de 1.864,8 euros (155,4 euros mensuales) si el interesado tiene más de 65 años.
No obstante, fuentes del Ministerio reconocen a Europa Press que dichas pólizas no están pensadas para los 'sin papeles' sino para aquellos ciudadanos extranjeros con recursos que establecen su residencia en España para ser atendidos por el SNS, lo que se conoce como el turismo sanitario.La medida ha sido rechazada por la mayoría de los profesionales sanitarios ya que, como ha asegurado el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar, "a medio y largo plazo", problemas económicos e infecciosos.
Además, este experto ha reconocido que se trata de una medida que va en contra de su "deber deontológico" de atender "a cualquier ciudadano", algo que también ha defendido la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que ha abierto una página web para que los profesionales sanitarios declaren su intención de recurrir a la objeción de conciencia para atender a los 'sin papeles'. De hecho, hasta la entrada en vigor de la norma ya ha conseguido más de 1.700 adhesiones.
En cambio, el Consejo General de Enfermería ha advertido a los enfermeros sobre la "inviabilidad jurídica" de la figura de la objeción de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en España.
De hecho, ha recordado que puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisión" con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva.
DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y semFYC exigen que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria
Cuando mañana entre en vigor la reforma sanitaria, España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España.
Las organizaciones firmantes vienen denunciando que la no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.
Las personas con enfermedades crónicas o mentales serán algunas de las más afectadas por la reforma sanitaria. Como María, una mujer boliviana de 32 años que dejó a sus hijos en su país y trabaja en el servicio doméstico sin contrato. Al enterarse de que su hijo mayor estaba gravemente enfermo, cayó en una profunda depresión con ideas suicidas, que requiere tratamiento farmacológico, proporcionado por su médico de familia. A partir de mañana no podrá seguir con su tratamiento, cuya medicación no se vende sin receta.
Petru tiene la misma edad que María. Es natural de Rumanía y padece tuberculosis pulmonar con multirresistencia. Fue atendido en un hospital de Mallorca y sometido a aislamiento respiratorio. No cuenta con recursos económicos para continuar con su tratamiento, ni para combatir la tuberculosis, ni para comprar la insulina que necesita para su diabetes. Esta situación puede implicar además un problema de salud pública por el riesgo de transmisión de esta enfermedad.
Orden ministerial
A pesar de que mañana entra en vigor la reforma sanitaria, el gobierno todavía no ha hecho pública la anunciada orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para atender a las personas migrantes, mediante los que se condicionaría el acceso a la salud al pago de una cantidad económica y al hecho de estar un año inscrito en el padrón municipal. Por las informaciones publicadas en los medios de comunicación, las entidades firmantes temen que esta orden establezca barreras económicas que pongan en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más vulnerables.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU exige la accesibilidad económica como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud y afirma: “Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos (…) incluidos los grupos socialmente desfavorecidos”.
En los mismos términos se ha manifestado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien ha solicitado a los Estados que eliminen “los honorarios elevados de los servicios de atención médica“, identificándolos como uno de los “obstáculos con que tropieza la mujer para acceder a esta atención.
Estas peticiones internacionales contrastan con declaraciones como las de José Antonio Monago, presidente de Extremadura, que afirmó ante los medios de comunicación que el cobro de una cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria "no es una cuestión de humanidad sino de presupuesto", Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) afirman que la cuestión es, en realidad, de derechos humanos y de cumplir o no con la legislación internacional y las exigencias de la ética profesional.
Otros gobierno autonómicos, sin embargo, han manifestado desde el principio su oposición a dejar sin tarjetas sanitarias (y, por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y la atención de especialistas) a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
Según se desprende del estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Inmigrantes en situación irregular: acceso a la asistencia sanitaria en 10 estados miembro de la Unión Europea, España junto con Francia, Bélgica e Italia contaban con sistemas más garantistas que el resto de países europeos en lo que se refiere a asistencia sanitaria para inmigrantes en situación administrativa irregular. En España, a través de la tarjeta sanitaria, se tenía acceso a todos los servicios prestados por el sistema nacional de salud. Con las actuales reformas, esas garantías se transforman en desprotección.
Postura del personal sanitario
En relación al movimiento de objeción de conciencia que se ha generado en el sector de la salud con respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, las entidades que suscriben este comunicado consideran que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos. Por ello, solicitan al gobierno que no adopte represalias ante el ejercicio por parte de estos profesionales de acciones orientadas a cumplir obligaciones internacionales de derechos humanos, tal y como destaca el artículo 17 de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU.
Los miembros de este sector que han anunciado su intención de seguir atendiendo a los enfermos que queden fuera del sistema sanitario público serán considerados “defensores y defensoras de derechos humanos”, en tanto que “promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos”, tal y como refleja la Declaración anteriormente citada.
Efectos sobre las personas más vulnerables
Las organizaciones advierten de las graves consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo para la salud de toda la población. Recuerdan asimismo que los Estados tienen la obligación de proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos esfuerzos.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha subrayado que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar, incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.
En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género en situación de irregularidad, se da la circunstancia de que su centro de salud, adonde suelen acudir tras recibir las agresiones, se convierte en punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas. Especialmente grave puede ser la situación de las personas enfermas de tuberculosis o de VIH/SIDA, enfermedad crónica que si no es tratada adecuadamente produce la muerte.
Solicitantes de asilo y víctimas de trata
Las entidades promotoras acogen con satisfacción la inclusión en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, de dos colectivos vulnerables como son los solicitantes de protección internacional y las mujeres víctimas de trata. Sin embargo, con respecto a las víctimas de trata, la asistencia sanitaria se limita a las mujeres en periodo de restablecimiento y reflexión, cuando en realidad son muy pocas a las que se les concede esta opción.
La propia Fiscalía General del Estado reconoce en su memoria del 2011 que en las operaciones policiales en lugares donde se realizaba la prostitución se detectaron 15.075 personas en situación de riesgo, de las cuales solo fueron identificadas como víctimas de explotación sexual y trata 1.641. Y únicamente a 43 de ellas se les ofreció el periodo de reflexión.
Además, la atención sanitaria es una de las vías por las que se detecta a posibles víctimas, como destaca el “Protocolo Marco de Protección de Víctimas de seres humanos”, adoptado por el gobierno en 2011.
Cumplimiento de las obligaciones internacionales
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y SEMFYC exigen al gobierno el cumplimiento íntegro de sus obligaciones internacionales. Así lo hizo ya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que advirtió a España de que la reforma sanitaria no debe limitar el acceso de las personas a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. Por tanto, el gobierno debe revisar de manera urgente los reales decretos 16/2012 y 1192/2012.