El Foro de Organizaciones de Periodistas presenta su manifiesto el próximo 26 de octubre en un acto que será presidido por Federico Mayor Zaragoza
EL MERCURIO DIGITAL
El próximo viernes 26 de octubre a las 19 horas, en el Ateneo de Madrid, el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) dará conocer su “Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía” elaborado por el Foro de Organizaciones de Periodistas.
El documento llama a “todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones representativas de los medios privados para que contribuyan con responsabilidad a preservar el derecho de la ciudadanía a disponer de información de calidad y salvaguardar un valor esencial de la democracia.”
Las organizaciones firmantes de este manifiesto consideran, dado el grave estado de la información y la comunicación, “imprescindible la constitución de una mesa sectorial de diálogo que esté integrada por las autoridades de la Administración vinculadas a la comunicación, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales y sindicales de este mismo ámbito.”
El acto de presentación lo presidirá Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz; junto a Ana Isabel Segovia, socia fundadora de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España) e integrante de la comunidad universitaria que lanzó en febrero último el “Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo”; y el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales.
El FOP está integrado por: Agrupación de Periodistas de CCOO, Agrupación General de Periodistas de UGT, Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y Sindicat de la Imatge-UPIFC.
Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía
Ante la gravísima situación de la profesión periodística y los medios de
comunicación, las organizaciones abajo firmantes llamamos a todas las fuerzas
políticas, administraciones públicas y asociaciones representativas de los medios
privados para que contribuyan con responsabilidad a preservar el derecho de la
ciudadanía a disponer de información de calidad y salvaguardar un valor esencial
de la democracia.
Si bien es cierto que todos los sectores de la producción y profesionales
atraviesan momentos difíciles, los medios de comunicación suman a los factores
comunes que tienen con otros sectores la característica particular de trabajar con
un material que influye de forma directa en bienes fundamentales de la sociedad.
Los derechos a la Información y a la Comunicación de la ciudadanía son
reconocidos como Derechos Humanos y como tales merecen un tratamiento
específico con el fin de preservar la dignidad y la libertad de la ciudadanía.
Los despidos, el empeoramiento de las condiciones laborales, las ofertas de
trabajo esclavistas y los cierres de medios en los últimos años están causando un
grave deterioro de la calidad informativa, limitan la independencia de los
periodistas, debilitan el compromiso de la prensa con las libertades, el respeto a la
intimidad y el honor de las personas, el pluralismo y atentan contra el derecho a
un trabajo digno que garantiza la Constitución.
Por tanto, instamos al Gobierno a que tome conciencia de que el hundimiento de
la prensa afecta directamente a los cimientos de la democracia, a cuya
construcción en nuestro país han contribuido con ejemplaridad los medios de
comunicación y sus trabajadores.
Preservar los medios públicos de comunicación
Es sumamente preocupante el cierre, debilitamiento o externalización de funciones
de las televisiones y radios públicas estatales, autonómicas o locales. No se les
debe analizar desde la visión de la rentabilidad económica sino de la rentabilidad
social que deben dar y nos oponemos rotundamente a que, bajo la etiqueta de
"medios públicos igual a despilfarro", se trate de acabar con un sector que da
empleo a miles de periodistas y que contribuye de forma importante al desarrollo
democrático y al debate plural.
Defendemos unos medios públicos gestionados con rigor y dedicados a difundir
información basada en la objetividad, la imparcialidad y la veracidad.
Pedimos a los ciudadanos que no olviden el grado de responsabilidad de los
políticos en el deterioro de la credibilidad de los medios públicos con sus
estrategias de control de la información y con el nombramiento de representantes
en los consejos que no responden a los exigibles perfiles de independencia que
marca la ley.
Los gobernantes no pueden olvidar su obligación de informar y explicar a sus
gobernados de sus actuaciones y la mejor forma de hacerlo es a través de los
medios públicos si se hace de manera veraz, plural e independiente.
Medios doblemente necesarios en una sociedad donde mucha información de los
medios privados responde exclusivamente a sus intereses comerciales.
Minimizar los medios públicos está incrementando de manera significativa la
desocupación; lo que no encaja con la intención manifestada de reducir el paro.
Es necesaria una reformulación de los medios públicos estatales, autonómicos y
locales para que no se conviertan en entes sobredimensionados y con fines
partidistas. Se ha de apostar por la producción propia y por contenidos que
respondan a una información veraz e independiente, con criterios de cercanía
territorial y difusión de valores culturales y de servicio social.
Erradicar la precariedad laboral de los periodistas
Nunca la situación laboral de los periodistas había llegado a tal grado de deterioro;
pero a esta situación no la ha llevado solo la actual crisis económica. Esta sí ha
mostrado las lacras de una profesión que durante décadas se ha deteriorado a
causa de cambios laborales en los distintos convenios de los sectores afectados y
de una política de desregularización laboral propiciada por los empresarios; sin
que los sucesivos gobiernos de la democracia hayan hecho nada para evitarlo.
En estos últimos años ha sido evidente la dualidad laboral que se ha creado en la
mayoría de empresas. Por un lado se han pagado grandes sueldos a periodistas y
presentadores con firma y rango de estrella y por el otro se ha labrado la más
intensa precariedad en los niveles inferiores de la profesión.
Los ajustes en las redacciones se han venido haciendo desde hace años; bien por
la vía directa del despido como por las políticas de convergencia estratégica para
el aprovechamiento de supuestas sinergias entre las distintas plataformas o de la
polivalencia profesional para aprovechar las nuevas tecnologías de la
comunicación.
Estas prácticas solo han servido para recortar costes; mientras que en nada han
servido para mejorar la calidad de los medios, como puede apreciarse.
Durante los largos años de bonanza, la casi totalidad de las empresas de medios
españoles ha negado, como siguen negando, a miles de trabajadores de la
información el contrato laboral al que tienen derecho. Hablamos de un
permanente fraude a la Seguridad Social, reiteradamente denunciado ante
distintas administraciones, que no se ha sabido corregir y que hoy maximiza los
efectos de la crisis.
Miles de periodistas que han trabajado durante años en esas condiciones, hoy no
solo han perdido sus puestos de trabajo sino que tampoco han recibido
indemnización alguna ni accedido al seguro de desempleo.
Esos trabajadores, excluidos de los convenios del sector, han visto recortadas sus
colaboraciones o rebajado drásticamente el precio de ellas de manera unilateral.
Es fundamental un gran pacto entre todos los actores implicados que erradique el
intrusismo y sea escrupuloso con la adecuada remuneración y la categoría
profesional de los distintos trabajadores de los medios de comunicación.
Asimismo, rechazamos la oferta de prácticas no remuneradas y la utilización de
estudiantes y becarios para cubrir puestos estructurales.
Al tiempo que reclamamos que, ha llegado la hora de que se reconozcan los
derechos de autor de los periodistas y que este principio se recoja en la reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual".
Fortalecer la independencia profesional de los periodistas
Esta precariedad e inseguridad laboral está impidiendo que los informadores
puedan desarrollar con independencia de criterios su labor de mediadores de la
información veraz a la que tiene derecho la ciudadanía.
Las redacciones, diezmadas, se ven incapaces de atender las necesidades
informativas del buen periodismo; gran parte de las informaciones que hoy reciben
los ciudadanos son aportadas por fuentes interesadas cuya veracidad no es
contrastada.
Así, el periodismo se está convirtiendo en un mero transmisor de publicidad o
propagandas encubiertas, sin tiempo para reflejar la realidad social ni investigar a
favor de los intereses de los ciudadanos.
Ante esta calidad informativa plana, distante e indiferenciada, no resulta extraña la
perdida de lectores que sufren los medios y el descrédito social creciente de los
medios y de los periodistas que reflejan los estudios desde hace algunos años.
Garantizar una información de calidad
Ante esta situación de la información, que está siendo rechazada por gran parte
de la sociedad, y la crisis particular del sector que va más allá de lo puramente
económico; consideramos que todos los actores sociales del ámbito de la
comunicación y el propio Gobierno de España deben reaccionar de manera
inteligente, si no se quiere acabar con una de los pilares de una sociedad
democrática.
En este contexto, rechazamos que se pretenda someter la deontología profesional
a las leyes del mercado y recordamos que sin periodistas no hay periodismo, un
lema que puede parecer una proclamación pretenciosa pero que no lo es cuando
comprobamos que algunos editores están sustituyendo a periodistas por otros
perfiles “técnicos”.
La ciudadanía necesita que urgentemente se pongan en juego mecanismos
eficaces para garantizarle el acceso a una información veraz, plural y completa; en
suma, que tengan realmente posibilidades de ejercer su derecho fundamental a la
información y a la comunicación.
La práctica de ruedas de prensa sin preguntas debe ser reprobada desde todos
los ámbitos profesionales.
Ayudas a los medios
Consideramos urgente un plan de ayudas a la prensa, que debe estar
condicionado al mantenimiento del empleo; un plan destinado a impulsar
proyectos innovadores, no una vía de financiación de recortes laborales y
salariales.
Instamos a los medios a que retiren la publicidad sexual por ser contraria a la
ética, atentar contra la dignidad de la mujer y haberse demostrado en varias
operaciones policiales que suelen ser utilizados por las bandas mafiosas
dedicadas a la prostitución para captar clientes.
En esa línea, estimamos que cualquier plan de ayudas públicas no puede tener
como destinatarios a medios que publican anuncios sexuales.
Igualmente, consideramos que ante la convocatoria de concursos públicos de
concesión de licencias de emisoras de radio y televisión, las administraciones
deben exigir en sus pliegos de condiciones proyectos solventes -y no basados en
intereses políticos- que creen empleo, garanticen la calidad de la información y
dinamicen las sociedad donde surgen.
Constituir una mesa sectorial de diálogo
Por todo lo expuesto las organizaciones firmantes de este manifiesto,
consideramos imprescindible la constitución de una mesa sectorial de diálogo
que esté integrada por las autoridades de la Administración vinculadas a la
comunicación, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales
y sindicales de este mismo ámbito.
El objetivo de la misma es facilitar al Gobierno una visión amplia y pormenorizada
de la actual situación del periodismo en España para que pueda impulsar una
acción firme y reflexiva para la recuperación del sector, más allá de los
presupuestos puramente economicistas, aunque contando con ellos.
Entendemos que la acción de esta mesa sectorial debe abordar el tratamiento y
formular propuestas sobre estos tres puntos básicos.
-Examinar cuidadosamente todos los expedientes de regulación de
empleo del sector de la comunicación que se presenten: Que estén bien
tramitados, basados en el diálogo y acuerdo de las partes, con especial atención a
que las empresas que los impulsen no estén disfrutando de ayudas especiales de
la administración o gestionen dinero que procedan del presupuesto general.
Asimismo, fijar criterios para que todas las ayudas que los medios reciban de las
administraciones estén vinculadas a proyectos de viabilidad que contemplen el
compromiso de consolidación de los puestos de trabajo.
-Reconsiderar los recortes de presupuestos aplicados o que se
piensen aplicar que lesionen la calidad los medios, especialmente en los de
titularidad pública o semipública de ámbitos locales. Espacios en los cuales
los medios privados no satisfacen las necesidades informativa ni culturales. En
esos casos, poner en marcha acciones eficaces ante las autoridades con
responsabilidad directa sobre estos medios -presidentes de las diputaciones,
consejos comarcales y alcaldes- o sobre las empresas productoras para preservar
su continuidad.
-Estudiar en profundidad medidas viables, no sólo de carácter
económico, que ayuden a superar este déficit democrático, cultural y de
cohesión social que ha agravado la actual crisis, pero que responden a
modelos y prácticas nocivas de larga trayectoria.
En momentos tan graves para el sector de la comunicación, pensar que estamos
solo ante un problema de financiación de las empresas y confiarlo todo a la
recuperación de la dinámica del mercado sería un suicidio social.
No podemos equivocarnos creyendo que las leyes del mercado pueden estar por
encima de principios fundamentales como los derechos a la Información y la
Comunicación, que solo se pueden sustentar ante un auténtico pluralismo de los
medios que aleje el peligro de la concentración de la información y de los recursos
para financiarla en pocas manos. Solo de esa manera se garantizará el pluralismo
de nuestra sociedad.
Con la misma intención se debería prestar especial atención a la creación de
normas de estímulo para facilitar a todo los grupos sociales el acceso y utilización
de las modernas herramientas de comunicación. Estos medios comunitarios
imprescindibles para hacer cierta la libertad de expresión, también pueden servir
para dinamizar la ocupación laboral de los periodistas.
Es imprescindible que el Gobierno y a los grupos parlamentarios aprueben de una
vez por todas una ley de transparencia y acceso a la información pública, un
derecho fundamental que reclama la sociedad civil y que reforzaría la calidad de
nuestra democracia.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto entendemos que los medios de
comunicación deben ser el canal de expresión de nuestro pluralismo social y los
profesionales del periodismo quienes, con independencia y honestidad, deben
estar en condiciones de garantizar la veracidad y la oferta plural de contenidos de
interés ciudadano y de calidad que transmitan estos medios.
El Foro de Organizaciones de Periodistas lo integran: Agrupación de Periodistas
de CCOO, Agrupación General de Periodistas de UGT, Asociación Nacional de
Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Colexio Profesional de Xornalistas
de Galicia, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Federación de Sindicatos de
Periodistas (FeSP) y Sindicat de la Imatge-UPIFC.
EL MERCURIO DIGITAL
El próximo viernes 26 de octubre a las 19 horas, en el Ateneo de Madrid, el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) dará conocer su “Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía” elaborado por el Foro de Organizaciones de Periodistas.
El documento llama a “todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones representativas de los medios privados para que contribuyan con responsabilidad a preservar el derecho de la ciudadanía a disponer de información de calidad y salvaguardar un valor esencial de la democracia.”
Las organizaciones firmantes de este manifiesto consideran, dado el grave estado de la información y la comunicación, “imprescindible la constitución de una mesa sectorial de diálogo que esté integrada por las autoridades de la Administración vinculadas a la comunicación, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales y sindicales de este mismo ámbito.”
El acto de presentación lo presidirá Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz; junto a Ana Isabel Segovia, socia fundadora de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC-España) e integrante de la comunidad universitaria que lanzó en febrero último el “Manifiesto por el cambio cultural y comunicativo”; y el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales.
El FOP está integrado por: Agrupación de Periodistas de CCOO, Agrupación General de Periodistas de UGT, Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y Sindicat de la Imatge-UPIFC.
Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía
Ante la gravísima situación de la profesión periodística y los medios de
comunicación, las organizaciones abajo firmantes llamamos a todas las fuerzas
políticas, administraciones públicas y asociaciones representativas de los medios
privados para que contribuyan con responsabilidad a preservar el derecho de la
ciudadanía a disponer de información de calidad y salvaguardar un valor esencial
de la democracia.
Si bien es cierto que todos los sectores de la producción y profesionales
atraviesan momentos difíciles, los medios de comunicación suman a los factores
comunes que tienen con otros sectores la característica particular de trabajar con
un material que influye de forma directa en bienes fundamentales de la sociedad.
Los derechos a la Información y a la Comunicación de la ciudadanía son
reconocidos como Derechos Humanos y como tales merecen un tratamiento
específico con el fin de preservar la dignidad y la libertad de la ciudadanía.
Los despidos, el empeoramiento de las condiciones laborales, las ofertas de
trabajo esclavistas y los cierres de medios en los últimos años están causando un
grave deterioro de la calidad informativa, limitan la independencia de los
periodistas, debilitan el compromiso de la prensa con las libertades, el respeto a la
intimidad y el honor de las personas, el pluralismo y atentan contra el derecho a
un trabajo digno que garantiza la Constitución.
Por tanto, instamos al Gobierno a que tome conciencia de que el hundimiento de
la prensa afecta directamente a los cimientos de la democracia, a cuya
construcción en nuestro país han contribuido con ejemplaridad los medios de
comunicación y sus trabajadores.
Preservar los medios públicos de comunicación
Es sumamente preocupante el cierre, debilitamiento o externalización de funciones
de las televisiones y radios públicas estatales, autonómicas o locales. No se les
debe analizar desde la visión de la rentabilidad económica sino de la rentabilidad
social que deben dar y nos oponemos rotundamente a que, bajo la etiqueta de
"medios públicos igual a despilfarro", se trate de acabar con un sector que da
empleo a miles de periodistas y que contribuye de forma importante al desarrollo
democrático y al debate plural.
Defendemos unos medios públicos gestionados con rigor y dedicados a difundir
información basada en la objetividad, la imparcialidad y la veracidad.
Pedimos a los ciudadanos que no olviden el grado de responsabilidad de los
políticos en el deterioro de la credibilidad de los medios públicos con sus
estrategias de control de la información y con el nombramiento de representantes
en los consejos que no responden a los exigibles perfiles de independencia que
marca la ley.
Los gobernantes no pueden olvidar su obligación de informar y explicar a sus
gobernados de sus actuaciones y la mejor forma de hacerlo es a través de los
medios públicos si se hace de manera veraz, plural e independiente.
Medios doblemente necesarios en una sociedad donde mucha información de los
medios privados responde exclusivamente a sus intereses comerciales.
Minimizar los medios públicos está incrementando de manera significativa la
desocupación; lo que no encaja con la intención manifestada de reducir el paro.
Es necesaria una reformulación de los medios públicos estatales, autonómicos y
locales para que no se conviertan en entes sobredimensionados y con fines
partidistas. Se ha de apostar por la producción propia y por contenidos que
respondan a una información veraz e independiente, con criterios de cercanía
territorial y difusión de valores culturales y de servicio social.
Erradicar la precariedad laboral de los periodistas
Nunca la situación laboral de los periodistas había llegado a tal grado de deterioro;
pero a esta situación no la ha llevado solo la actual crisis económica. Esta sí ha
mostrado las lacras de una profesión que durante décadas se ha deteriorado a
causa de cambios laborales en los distintos convenios de los sectores afectados y
de una política de desregularización laboral propiciada por los empresarios; sin
que los sucesivos gobiernos de la democracia hayan hecho nada para evitarlo.
En estos últimos años ha sido evidente la dualidad laboral que se ha creado en la
mayoría de empresas. Por un lado se han pagado grandes sueldos a periodistas y
presentadores con firma y rango de estrella y por el otro se ha labrado la más
intensa precariedad en los niveles inferiores de la profesión.
Los ajustes en las redacciones se han venido haciendo desde hace años; bien por
la vía directa del despido como por las políticas de convergencia estratégica para
el aprovechamiento de supuestas sinergias entre las distintas plataformas o de la
polivalencia profesional para aprovechar las nuevas tecnologías de la
comunicación.
Estas prácticas solo han servido para recortar costes; mientras que en nada han
servido para mejorar la calidad de los medios, como puede apreciarse.
Durante los largos años de bonanza, la casi totalidad de las empresas de medios
españoles ha negado, como siguen negando, a miles de trabajadores de la
información el contrato laboral al que tienen derecho. Hablamos de un
permanente fraude a la Seguridad Social, reiteradamente denunciado ante
distintas administraciones, que no se ha sabido corregir y que hoy maximiza los
efectos de la crisis.
Miles de periodistas que han trabajado durante años en esas condiciones, hoy no
solo han perdido sus puestos de trabajo sino que tampoco han recibido
indemnización alguna ni accedido al seguro de desempleo.
Esos trabajadores, excluidos de los convenios del sector, han visto recortadas sus
colaboraciones o rebajado drásticamente el precio de ellas de manera unilateral.
Es fundamental un gran pacto entre todos los actores implicados que erradique el
intrusismo y sea escrupuloso con la adecuada remuneración y la categoría
profesional de los distintos trabajadores de los medios de comunicación.
Asimismo, rechazamos la oferta de prácticas no remuneradas y la utilización de
estudiantes y becarios para cubrir puestos estructurales.
Al tiempo que reclamamos que, ha llegado la hora de que se reconozcan los
derechos de autor de los periodistas y que este principio se recoja en la reforma
de la Ley de Propiedad Intelectual".
Fortalecer la independencia profesional de los periodistas
Esta precariedad e inseguridad laboral está impidiendo que los informadores
puedan desarrollar con independencia de criterios su labor de mediadores de la
información veraz a la que tiene derecho la ciudadanía.
Las redacciones, diezmadas, se ven incapaces de atender las necesidades
informativas del buen periodismo; gran parte de las informaciones que hoy reciben
los ciudadanos son aportadas por fuentes interesadas cuya veracidad no es
contrastada.
Así, el periodismo se está convirtiendo en un mero transmisor de publicidad o
propagandas encubiertas, sin tiempo para reflejar la realidad social ni investigar a
favor de los intereses de los ciudadanos.
Ante esta calidad informativa plana, distante e indiferenciada, no resulta extraña la
perdida de lectores que sufren los medios y el descrédito social creciente de los
medios y de los periodistas que reflejan los estudios desde hace algunos años.
Garantizar una información de calidad
Ante esta situación de la información, que está siendo rechazada por gran parte
de la sociedad, y la crisis particular del sector que va más allá de lo puramente
económico; consideramos que todos los actores sociales del ámbito de la
comunicación y el propio Gobierno de España deben reaccionar de manera
inteligente, si no se quiere acabar con una de los pilares de una sociedad
democrática.
En este contexto, rechazamos que se pretenda someter la deontología profesional
a las leyes del mercado y recordamos que sin periodistas no hay periodismo, un
lema que puede parecer una proclamación pretenciosa pero que no lo es cuando
comprobamos que algunos editores están sustituyendo a periodistas por otros
perfiles “técnicos”.
La ciudadanía necesita que urgentemente se pongan en juego mecanismos
eficaces para garantizarle el acceso a una información veraz, plural y completa; en
suma, que tengan realmente posibilidades de ejercer su derecho fundamental a la
información y a la comunicación.
La práctica de ruedas de prensa sin preguntas debe ser reprobada desde todos
los ámbitos profesionales.
Ayudas a los medios
Consideramos urgente un plan de ayudas a la prensa, que debe estar
condicionado al mantenimiento del empleo; un plan destinado a impulsar
proyectos innovadores, no una vía de financiación de recortes laborales y
salariales.
Instamos a los medios a que retiren la publicidad sexual por ser contraria a la
ética, atentar contra la dignidad de la mujer y haberse demostrado en varias
operaciones policiales que suelen ser utilizados por las bandas mafiosas
dedicadas a la prostitución para captar clientes.
En esa línea, estimamos que cualquier plan de ayudas públicas no puede tener
como destinatarios a medios que publican anuncios sexuales.
Igualmente, consideramos que ante la convocatoria de concursos públicos de
concesión de licencias de emisoras de radio y televisión, las administraciones
deben exigir en sus pliegos de condiciones proyectos solventes -y no basados en
intereses políticos- que creen empleo, garanticen la calidad de la información y
dinamicen las sociedad donde surgen.
Constituir una mesa sectorial de diálogo
Por todo lo expuesto las organizaciones firmantes de este manifiesto,
consideramos imprescindible la constitución de una mesa sectorial de diálogo
que esté integrada por las autoridades de la Administración vinculadas a la
comunicación, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales
y sindicales de este mismo ámbito.
El objetivo de la misma es facilitar al Gobierno una visión amplia y pormenorizada
de la actual situación del periodismo en España para que pueda impulsar una
acción firme y reflexiva para la recuperación del sector, más allá de los
presupuestos puramente economicistas, aunque contando con ellos.
Entendemos que la acción de esta mesa sectorial debe abordar el tratamiento y
formular propuestas sobre estos tres puntos básicos.
-Examinar cuidadosamente todos los expedientes de regulación de
empleo del sector de la comunicación que se presenten: Que estén bien
tramitados, basados en el diálogo y acuerdo de las partes, con especial atención a
que las empresas que los impulsen no estén disfrutando de ayudas especiales de
la administración o gestionen dinero que procedan del presupuesto general.
Asimismo, fijar criterios para que todas las ayudas que los medios reciban de las
administraciones estén vinculadas a proyectos de viabilidad que contemplen el
compromiso de consolidación de los puestos de trabajo.
-Reconsiderar los recortes de presupuestos aplicados o que se
piensen aplicar que lesionen la calidad los medios, especialmente en los de
titularidad pública o semipública de ámbitos locales. Espacios en los cuales
los medios privados no satisfacen las necesidades informativa ni culturales. En
esos casos, poner en marcha acciones eficaces ante las autoridades con
responsabilidad directa sobre estos medios -presidentes de las diputaciones,
consejos comarcales y alcaldes- o sobre las empresas productoras para preservar
su continuidad.
-Estudiar en profundidad medidas viables, no sólo de carácter
económico, que ayuden a superar este déficit democrático, cultural y de
cohesión social que ha agravado la actual crisis, pero que responden a
modelos y prácticas nocivas de larga trayectoria.
En momentos tan graves para el sector de la comunicación, pensar que estamos
solo ante un problema de financiación de las empresas y confiarlo todo a la
recuperación de la dinámica del mercado sería un suicidio social.
No podemos equivocarnos creyendo que las leyes del mercado pueden estar por
encima de principios fundamentales como los derechos a la Información y la
Comunicación, que solo se pueden sustentar ante un auténtico pluralismo de los
medios que aleje el peligro de la concentración de la información y de los recursos
para financiarla en pocas manos. Solo de esa manera se garantizará el pluralismo
de nuestra sociedad.
Con la misma intención se debería prestar especial atención a la creación de
normas de estímulo para facilitar a todo los grupos sociales el acceso y utilización
de las modernas herramientas de comunicación. Estos medios comunitarios
imprescindibles para hacer cierta la libertad de expresión, también pueden servir
para dinamizar la ocupación laboral de los periodistas.
Es imprescindible que el Gobierno y a los grupos parlamentarios aprueben de una
vez por todas una ley de transparencia y acceso a la información pública, un
derecho fundamental que reclama la sociedad civil y que reforzaría la calidad de
nuestra democracia.
Las organizaciones firmantes de este manifiesto entendemos que los medios de
comunicación deben ser el canal de expresión de nuestro pluralismo social y los
profesionales del periodismo quienes, con independencia y honestidad, deben
estar en condiciones de garantizar la veracidad y la oferta plural de contenidos de
interés ciudadano y de calidad que transmitan estos medios.
El Foro de Organizaciones de Periodistas lo integran: Agrupación de Periodistas
de CCOO, Agrupación General de Periodistas de UGT, Asociación Nacional de
Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Colexio Profesional de Xornalistas
de Galicia, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Federación de Sindicatos de
Periodistas (FeSP) y Sindicat de la Imatge-UPIFC.