EL MERCURIO DIGITAL
En una decisi贸n hist贸rica adoptada esta semana, el presidente uruguayo Jos茅 Mujica promulg贸 una ley que despenaliza los abortos practicados durante las primeras 12 semanas de gestaci贸n siempre que se cumplan ciertos procedimientos, y en las primeras 14 semanas para casos de violaci贸n sexual.
Seg煤n la organizaci贸n Human Rights Watch, la ley supone un avance notable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y la prevenci贸n de abortos inseguros y clandestinos en la regi贸n.
“Esta ley es un paso adelante en la prevenci贸n del aborto clandestino y los riesgos que esa pr谩ctica supone para la vida”, afirm贸 Amanda Klasing, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Los pa铆ses vecinos de Uruguay deber铆an tener en cuenta este avance. M谩s all谩 de que el aborto sea un tema delicado, los gobiernos pueden y deben sancionar leyes que permitan salvar la vida de mujeres”.
Los pa铆ses latinoamericanos presentan algunas de las pol铆ticas m谩s restrictivas de todo el mundo en materia de aborto. En varios pa铆ses, como Chile, El Salvador y Nicaragua, existe una prohibici贸n absoluta del aborto, que no contempla ning煤n tipo de excepci贸n. Estas leyes sumamente restrictivas favorecen la pr谩ctica de abortos clandestinos e inseguros y ponen en riesgo la vida de las mujeres. La Organizaci贸n Mundial de la Salud de las Naciones Unidas estima que cerca del 13 por ciento de las muertes maternas registradas en la regi贸n se producen a causa de abortos practicados en condiciones inseguras.
En diciembre de 2011, el presidente Mujica hab铆a prometido ratificar la norma aprobada por el Senado que despenalizaba el aborto con tan s贸lo algunas restricciones. Sin embargo, reci茅n en septiembre de 2012 el proyecto consigui贸 aprobaci贸n en la C谩mara de Diputados de Uruguay. La C谩mara baja efectu贸 modificaciones importantes al proyecto del Senado, e incorpor贸 una serie de requisitos que deber谩n ser cumplidos por las mujeres que soliciten abortos. El proyecto se aprob贸 con una diferencia de tan s贸lo un voto, con 50 diputados a favor y 49 en contra. En octubre, la C谩mara de Senadores ratific贸 la versi贸n del proyecto legislativo aprobada en Diputados, y allan贸 as铆 el camino para la refrenda presidencial. La versi贸n definitiva contin煤a tipificando al aborto como un delito en el C贸digo Penal, pero prev茅 la exenci贸n de la pena.
La ley exige que las mujeres que soliciten un aborto informen a un m茅dico en qu茅 circunstancias se produjo el embarazo y cu谩les son las dificultades econ贸micas, sociales o familiares que les impedir铆an continuarlo. Ese mismo d铆a o el siguiente, el m茅dico deber谩 consultar a un equipo interdisciplinario integrado por un m铆nimo de tres profesionales, incluido al menos un ginec贸logo, un profesional de salud mental y un especialista en asistencia social. El equipo interdisciplinario debe reunirse con la mujer para brindarle informaci贸n acerca de la ley, el procedimiento de aborto, y cualquier riesgo inherente a este. Tambi茅n se le informar谩 sobre alternativas al aborto y se le ofrecer谩 apoyo psicosocial e informaci贸n.
Despu茅s de esta reuni贸n con el equipo, la ley establece un per铆odo de espera de cinco d铆as para que la mujer pueda reflexionar antes de confirmar su decisi贸n de llevar adelante el aborto. Una vez que la mujer brinda su consentimiento informado, un m茅dico podr谩 llevar a cabo el procedimiento. Solamente la mujer interviene en la decisi贸n de realizar el aborto. Estos requisitos no se aplican cuando se trata de v铆ctimas de violaci贸n sexual o incesto. En estos casos, la 煤nica condici贸n es haber radicado una denuncia penal.
Si bien la nueva ley representa un avance en la regi贸n, las disposiciones respecto del proceso que se debe completar —en particular, el per铆odo de reflexi贸n de cinco d铆as y la consulta con el equipo de profesionales— podr铆an constituir un obst谩culo arbitrario para el acceso a los servicios de aborto. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud ha se帽alado que las restricciones legales pueden provocar que el aborto legal resulte inaccesible. Algunos ejemplos sobre restricciones al aborto que fueron criticadas por el Relator en un informe de 2011 son “asesoramiento y plazos de espera obligatorios para las mujeres que desean interrumpir un embarazo” y “la obligaci贸n de obtener la aprobaci贸n de m谩s de un profesional de la salud”.
El Ministerio de Salud P煤blica de Uruguay deber谩 ahora formular las reglamentaciones necesarias para la implementaci贸n de la ley. Estas reglamentaciones deben asegurar que ninguna mujer que solicite un aborto dentro del plazo legal se vea privada de esta posibilidad debido a demoras causadas por los requisitos establecidos en la ley para el procedimiento. Las organizaciones de la sociedad civil deben tener la posibilidad de participar en el desarrollo de tales reglamentaciones.
“Despu茅s de haber dado este paso positivo, Uruguay debe asegurar que, en la pr谩ctica, las mujeres que solicitan este servicio m茅dico esencial puedan obtenerlo sin interferencias arbitrarias”, se帽al贸 Klasing.
En una decisi贸n hist贸rica adoptada esta semana, el presidente uruguayo Jos茅 Mujica promulg贸 una ley que despenaliza los abortos practicados durante las primeras 12 semanas de gestaci贸n siempre que se cumplan ciertos procedimientos, y en las primeras 14 semanas para casos de violaci贸n sexual.
Seg煤n la organizaci贸n Human Rights Watch, la ley supone un avance notable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres y la prevenci贸n de abortos inseguros y clandestinos en la regi贸n.
“Esta ley es un paso adelante en la prevenci贸n del aborto clandestino y los riesgos que esa pr谩ctica supone para la vida”, afirm贸 Amanda Klasing, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Los pa铆ses vecinos de Uruguay deber铆an tener en cuenta este avance. M谩s all谩 de que el aborto sea un tema delicado, los gobiernos pueden y deben sancionar leyes que permitan salvar la vida de mujeres”.
Los pa铆ses latinoamericanos presentan algunas de las pol铆ticas m谩s restrictivas de todo el mundo en materia de aborto. En varios pa铆ses, como Chile, El Salvador y Nicaragua, existe una prohibici贸n absoluta del aborto, que no contempla ning煤n tipo de excepci贸n. Estas leyes sumamente restrictivas favorecen la pr谩ctica de abortos clandestinos e inseguros y ponen en riesgo la vida de las mujeres. La Organizaci贸n Mundial de la Salud de las Naciones Unidas estima que cerca del 13 por ciento de las muertes maternas registradas en la regi贸n se producen a causa de abortos practicados en condiciones inseguras.
En diciembre de 2011, el presidente Mujica hab铆a prometido ratificar la norma aprobada por el Senado que despenalizaba el aborto con tan s贸lo algunas restricciones. Sin embargo, reci茅n en septiembre de 2012 el proyecto consigui贸 aprobaci贸n en la C谩mara de Diputados de Uruguay. La C谩mara baja efectu贸 modificaciones importantes al proyecto del Senado, e incorpor贸 una serie de requisitos que deber谩n ser cumplidos por las mujeres que soliciten abortos. El proyecto se aprob贸 con una diferencia de tan s贸lo un voto, con 50 diputados a favor y 49 en contra. En octubre, la C谩mara de Senadores ratific贸 la versi贸n del proyecto legislativo aprobada en Diputados, y allan贸 as铆 el camino para la refrenda presidencial. La versi贸n definitiva contin煤a tipificando al aborto como un delito en el C贸digo Penal, pero prev茅 la exenci贸n de la pena.
La ley exige que las mujeres que soliciten un aborto informen a un m茅dico en qu茅 circunstancias se produjo el embarazo y cu谩les son las dificultades econ贸micas, sociales o familiares que les impedir铆an continuarlo. Ese mismo d铆a o el siguiente, el m茅dico deber谩 consultar a un equipo interdisciplinario integrado por un m铆nimo de tres profesionales, incluido al menos un ginec贸logo, un profesional de salud mental y un especialista en asistencia social. El equipo interdisciplinario debe reunirse con la mujer para brindarle informaci贸n acerca de la ley, el procedimiento de aborto, y cualquier riesgo inherente a este. Tambi茅n se le informar谩 sobre alternativas al aborto y se le ofrecer谩 apoyo psicosocial e informaci贸n.
Despu茅s de esta reuni贸n con el equipo, la ley establece un per铆odo de espera de cinco d铆as para que la mujer pueda reflexionar antes de confirmar su decisi贸n de llevar adelante el aborto. Una vez que la mujer brinda su consentimiento informado, un m茅dico podr谩 llevar a cabo el procedimiento. Solamente la mujer interviene en la decisi贸n de realizar el aborto. Estos requisitos no se aplican cuando se trata de v铆ctimas de violaci贸n sexual o incesto. En estos casos, la 煤nica condici贸n es haber radicado una denuncia penal.
Si bien la nueva ley representa un avance en la regi贸n, las disposiciones respecto del proceso que se debe completar —en particular, el per铆odo de reflexi贸n de cinco d铆as y la consulta con el equipo de profesionales— podr铆an constituir un obst谩culo arbitrario para el acceso a los servicios de aborto. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud ha se帽alado que las restricciones legales pueden provocar que el aborto legal resulte inaccesible. Algunos ejemplos sobre restricciones al aborto que fueron criticadas por el Relator en un informe de 2011 son “asesoramiento y plazos de espera obligatorios para las mujeres que desean interrumpir un embarazo” y “la obligaci贸n de obtener la aprobaci贸n de m谩s de un profesional de la salud”.
El Ministerio de Salud P煤blica de Uruguay deber谩 ahora formular las reglamentaciones necesarias para la implementaci贸n de la ley. Estas reglamentaciones deben asegurar que ninguna mujer que solicite un aborto dentro del plazo legal se vea privada de esta posibilidad debido a demoras causadas por los requisitos establecidos en la ley para el procedimiento. Las organizaciones de la sociedad civil deben tener la posibilidad de participar en el desarrollo de tales reglamentaciones.
“Despu茅s de haber dado este paso positivo, Uruguay debe asegurar que, en la pr谩ctica, las mujeres que solicitan este servicio m茅dico esencial puedan obtenerlo sin interferencias arbitrarias”, se帽al贸 Klasing.