OPINIÓN de Adolfo Ferrera Martínez/ El Mirador.-
De nuevo las buenas noticias nos llegan de los gobiernos de izquierdas de Latinoamérica. En este caso desde Bolivia: Evo Morales anunció este sábado la nacionalización de las distribuidoras de electricidad filiales de Iberdrola. El presidente boliviano explicó que el objetivo de esta medida era garantizar "el derecho humanitario de los ciudadanos que viven en el área rural, precautelando su economía. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servivio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad del servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el área urbana". Como vemos hay vida más allá de las privatizaciones de empresas y servicios públicos y de las políticas neoliberales impuestas en Europa y en España. Hay otra forma de hacer política, gobernando pensando en los ciudadanos y no en el lucro de las grandes empresas.
Y al igual que ocurrió en abril de 2012 cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández anunció la nacionalización de YPF, filial de Repsol, los medios de comunicación ponen el grito en el cielo y salen en defensa de las "ejemplares" empresas españolas. Patriotismo de salón y de clase. Se vuelve a hablar de ataque a España, de hostilidad contra los españoles, o de agresión a "nuestros" intereses. ¿Nuestros intereses o los intereses de los accionistas de esas grandes empresas? El gobierno de Bolivia, al contrario que el gobierno español, está defendiendo los intereses de sus ciudadanos, sobretodo de aquellos con menos recursos, garantizando un servicio que es un derecho básico de las personas. Antes está el interés general y los derechos de los ciudadanos que los beneficios de los dueños de esas empresas privadas. Este principio que aplica el gobierno de Evo Morales debería ser de obligado cumplimiento para todos los gobiernos, incluido el de España. La Constitución Española así lo refleja en su artículo 128.1: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Los gobiernos del PSOE y del PP que han gobernado siempre este país, no sólo no han cumplido jamás este artículo, sino que han modificado el artículo 135 de la Constitución para revertir este principio: primero los intereses privados, lo último el interés general. Es normal que a este tipo de políticos, periodistas, y a muchos ciudadanos que les apoyan les parezca una aberración este tipo de medidas y de políticas que colocan al ser humano por delante de los beneficios privados. No les cabe en la cabeza que los recursos naturales y estratégicos de Bolivia son de los bolivianos, de todos y para todos, y no son propiedad de una minoría que los utiliza arbitrariamente para lucrarse sin pensar en las necesidades de la población boliviana. Bolivia, al igual que Venezuela, Ecuador, Argentina,... y el resto de países que están nacionalizando sus empresas tienen toda la legitimidad y el derecho a recuperar el control de sus recursos naturales para ponerlos al servicio de la mayoría, de las clases populares y trabajadoras de sus países.
En España, en lugar de estar ejerciendo este patético patriotismo de clase defendiendo a la oligarquía empresarial en lugar de defender a las clases populares sean de donde sean, y al que asistimos cada vez que un gobierno soberano y digno decide nacionalizar una empresa española, deberíamos estar reclamando la nacionalización de nuestros sectores económicos estratégicos para ponerlos al servicio de todos los ciudadanos y no al beneficio de unos pocos, las grandes empresas y corporaciones, que además de crear muy poco empleo en España, no pagan sus impuestos en la misma proporción que el resto de los ciudadanos de este país, además de cometer junto a los Bancos el 72% de todo el fraude fiscal que se comete en España. Ya saben, la "Marca España" que tanto defienden en los medios de comunicación de su propiedad.
Las empresas eléctricas en España presentan unos beneficios de 6.000 millones de euros al año pese a que en los dos últimos años la demanda cayó un 8%. A pesar de estos enormes beneficios, a partir de enero de 2013 la factura de la luz les costará a las familias españolas un 3% más que este año, que ya subió un 11%. No ha parado de subir desde que en 1997 se "liberalizara" el sector eléctrico. Desde entonces la luz ha subido un 70% (datos de Eurostat), mientras que en la UE la subida fue de un 19,9% y en la eurozona del 13,1%. Además de pagar muy cara nuestra electricidad, todos los españoles le "debemos" a las empresas eléctricas lo que se denomina déficit tarifario. De nuestros impuestos les hemos "regalado" a las compañías eléctricas, sólo en los dos últimos años, 24.000 millones de euros en 2011 y 28.000 millones en 2012, para que sus accionistas y los políticos que ocupan un sillón en sus consejos de administración se lleven sueldos millonarios. Oigan, a la vista de estos datos, teniendo en cuenta el expolio público al que estamos siendo sometidos por estas compañías y por los políticos que están a su sueldo, ¿debemos criticar al gobierno de Evo Morales por nacionalizar estas empresas eléctricas o por el contrario debemos exigir que aquí también se nacionalicen estas empresas y sea el Estado el que gestione la energía y garantice este derecho a un precio asumible por todas las familias y ajustado a la realidad?
Una vez más, como ocurre con el tema de los desahucios o la privatización de la Sanidad pública, queda en evidencia la supremacía del capital sobre los seres humanos. Los derechos de los ciudadanos, lo derechos humanos, están por detrás de los intereses privados de una oligarquía financiera y empresarial que somete a los gobiernos a sus dictados. Unos gobiernos corruptos totalmente vendidos a ese gran capital y que actúan en contra de los intereses de sus ciudadanos. Desde esta perversa lógica capitalista, es comprensible que los medios de comunicación y las élites políticas ataquen a otros gobiernos como el de Evo Morales - y al resto de gobiernos de izquierdas de América Latina - cuando deciden ponerse del lado de las personas más humildes y en frente de la burguesía que los empobrece.
De nuevo las buenas noticias nos llegan de los gobiernos de izquierdas de Latinoamérica. En este caso desde Bolivia: Evo Morales anunció este sábado la nacionalización de las distribuidoras de electricidad filiales de Iberdrola. El presidente boliviano explicó que el objetivo de esta medida era garantizar "el derecho humanitario de los ciudadanos que viven en el área rural, precautelando su economía. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servivio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad del servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el área urbana". Como vemos hay vida más allá de las privatizaciones de empresas y servicios públicos y de las políticas neoliberales impuestas en Europa y en España. Hay otra forma de hacer política, gobernando pensando en los ciudadanos y no en el lucro de las grandes empresas.
Y al igual que ocurrió en abril de 2012 cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández anunció la nacionalización de YPF, filial de Repsol, los medios de comunicación ponen el grito en el cielo y salen en defensa de las "ejemplares" empresas españolas. Patriotismo de salón y de clase. Se vuelve a hablar de ataque a España, de hostilidad contra los españoles, o de agresión a "nuestros" intereses. ¿Nuestros intereses o los intereses de los accionistas de esas grandes empresas? El gobierno de Bolivia, al contrario que el gobierno español, está defendiendo los intereses de sus ciudadanos, sobretodo de aquellos con menos recursos, garantizando un servicio que es un derecho básico de las personas. Antes está el interés general y los derechos de los ciudadanos que los beneficios de los dueños de esas empresas privadas. Este principio que aplica el gobierno de Evo Morales debería ser de obligado cumplimiento para todos los gobiernos, incluido el de España. La Constitución Española así lo refleja en su artículo 128.1: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Los gobiernos del PSOE y del PP que han gobernado siempre este país, no sólo no han cumplido jamás este artículo, sino que han modificado el artículo 135 de la Constitución para revertir este principio: primero los intereses privados, lo último el interés general. Es normal que a este tipo de políticos, periodistas, y a muchos ciudadanos que les apoyan les parezca una aberración este tipo de medidas y de políticas que colocan al ser humano por delante de los beneficios privados. No les cabe en la cabeza que los recursos naturales y estratégicos de Bolivia son de los bolivianos, de todos y para todos, y no son propiedad de una minoría que los utiliza arbitrariamente para lucrarse sin pensar en las necesidades de la población boliviana. Bolivia, al igual que Venezuela, Ecuador, Argentina,... y el resto de países que están nacionalizando sus empresas tienen toda la legitimidad y el derecho a recuperar el control de sus recursos naturales para ponerlos al servicio de la mayoría, de las clases populares y trabajadoras de sus países.
En España, en lugar de estar ejerciendo este patético patriotismo de clase defendiendo a la oligarquía empresarial en lugar de defender a las clases populares sean de donde sean, y al que asistimos cada vez que un gobierno soberano y digno decide nacionalizar una empresa española, deberíamos estar reclamando la nacionalización de nuestros sectores económicos estratégicos para ponerlos al servicio de todos los ciudadanos y no al beneficio de unos pocos, las grandes empresas y corporaciones, que además de crear muy poco empleo en España, no pagan sus impuestos en la misma proporción que el resto de los ciudadanos de este país, además de cometer junto a los Bancos el 72% de todo el fraude fiscal que se comete en España. Ya saben, la "Marca España" que tanto defienden en los medios de comunicación de su propiedad.
Las empresas eléctricas en España presentan unos beneficios de 6.000 millones de euros al año pese a que en los dos últimos años la demanda cayó un 8%. A pesar de estos enormes beneficios, a partir de enero de 2013 la factura de la luz les costará a las familias españolas un 3% más que este año, que ya subió un 11%. No ha parado de subir desde que en 1997 se "liberalizara" el sector eléctrico. Desde entonces la luz ha subido un 70% (datos de Eurostat), mientras que en la UE la subida fue de un 19,9% y en la eurozona del 13,1%. Además de pagar muy cara nuestra electricidad, todos los españoles le "debemos" a las empresas eléctricas lo que se denomina déficit tarifario. De nuestros impuestos les hemos "regalado" a las compañías eléctricas, sólo en los dos últimos años, 24.000 millones de euros en 2011 y 28.000 millones en 2012, para que sus accionistas y los políticos que ocupan un sillón en sus consejos de administración se lleven sueldos millonarios. Oigan, a la vista de estos datos, teniendo en cuenta el expolio público al que estamos siendo sometidos por estas compañías y por los políticos que están a su sueldo, ¿debemos criticar al gobierno de Evo Morales por nacionalizar estas empresas eléctricas o por el contrario debemos exigir que aquí también se nacionalicen estas empresas y sea el Estado el que gestione la energía y garantice este derecho a un precio asumible por todas las familias y ajustado a la realidad?
Una vez más, como ocurre con el tema de los desahucios o la privatización de la Sanidad pública, queda en evidencia la supremacía del capital sobre los seres humanos. Los derechos de los ciudadanos, lo derechos humanos, están por detrás de los intereses privados de una oligarquía financiera y empresarial que somete a los gobiernos a sus dictados. Unos gobiernos corruptos totalmente vendidos a ese gran capital y que actúan en contra de los intereses de sus ciudadanos. Desde esta perversa lógica capitalista, es comprensible que los medios de comunicación y las élites políticas ataquen a otros gobiernos como el de Evo Morales - y al resto de gobiernos de izquierdas de América Latina - cuando deciden ponerse del lado de las personas más humildes y en frente de la burguesía que los empobrece.
