OPINIÓN de Beatriz Gimeno.-
Hace un par de semanas nos enteramos de que el asesino de Yolanda González, Emilio Hellín, iba a declarar como perito en el juicio en el que se juzga a José Bretón por el asesinato de sus hijos. Esto ha vuelto a revolver las tripas que ya se nos habían revuelto cuando supimos que este personaje trabajaba habitualmente para la policía. Naturalmente en todo este tiempo no ha habido una sola palabra condenando esta situación por parte de personas, asociaciones o partidos especializados en sacar réditos electorales del terrorismo, siempre que sea el de ETA , y que no dejan pasar una ocasión para condenar cualquier intento de un exterrorista de llevar una vida normal.
Hellín Moro asesinó a Yolanda González, una chica de 19 años, a sangre fría por motivos políticos, porque ella era una estudiante comprometida en la lucha contra el fascismo y él era un fascista. A Yolanda la sacaron de su casa de noche, la llevaron a un descampado, le pegaron dos tiros en la cabeza, luego el tiro de gracia y después la dejaron tirada. Emilio Hellín fue el autor de los dos primeros tiros. ¿Imaginan si eso lo hace ETA y años después el estado contrata al asesino para formar a la policía?
Y eso que ni la familia ni nadie del entorno de Yolanda ha dicho nunca que se oponga a que Hellín Moro viva su vida. Nosotros creemos (yo lo creo y la familia así lo ha manifestado) que todo el mundo –incluso los peores asesinos- tiene derecho a cambiar y a reinsertarse. Tanto la familia como las personas que quisieron y acompañaron a Yolanda durante su breve vida creen en la posibilidad de reinserción de los delincuentes y no en la venganza. Pero una cosa es que los culpables puedan rehacer su vida y vivir en paz y otra muy distinta es que el estado les contrate para impartir formación a la policía. Eso es una inmoralidad y un insulto a la memoria de Yolanda y a su familia. Es una manera también de dejar bien claro que para el estado no todos los terroristas son iguales y desde luego no lo son tampoco las víctimas, que son más o menos víctimas en función de quienes sean sus verdugos, como ya hemos tenido ocasión de sobra de comprobar a raíz de los atentados del 11M.
Pero, sobre todo, la contratación de Hellín Moro por parte de la policía acrecienta las sospechas que siempre se tuvieron respecto a aquel crimen, respecto a su investigación y la posterior huida del asesino a Paraguay: que la policía o los servicios secretos estuvieron implicados de alguna manera o bien en la planificación del asesinato, o bien en la protección posterior del asesino. El de entonces era un aparato policial y político completamente permeado por elementos franquistas, había una enorme ansiedad por acabar con las protestas sociales que se extendían y se buscaba alguna manera de atemorizar a la población y dar un escarmiento. Hellín pudo en su momento escapar de España porque alguien le ayudó; y alguien le siguió ayudando mucho después a borrar su pasado y a introducirse en los círculos policiales, alguien se cuidó de que a Hellín no le faltase trabajo, un buen trabajo. Alguien sigue pagando favores; quizá personas que fueron ideólogos de aquel crimen.
Es imposible creerse que la policía desconocía el pasado de Hellín cuando le contrató; a la policía no se le pasan esas cosas. Así que o bien alguien debería dar explicaciones porque desde dentro de la propia policía se haya ayudado y contratado a un terrorista para labores sensibles relacionadas con la seguridad, o bien alguien tendría que dar explicaciones por el hecho de que la policía no se haya enterado de que contrataba a una persona con un pasado criminal más pesado que una losa y que puede encontrarse en cualquier archivo periodístico. En este segundo improbable caso, una vez desvelado por los medios de comunicación el asunto, el ministro del interior debería informar de las gestiones que se están haciendo para que Emilio Hellín no vuelva a cobrar dinero público. Naturalmente, el ministro no dice nada, nadie dice nada, Emilio Hellín testifica como perito y seguirá instruyendo policías porque este es un país infestado de franquistas nostálgicos y cómplices del franquismo, que además ahora están en el poder.
Yo conocí a Yolanda cuando ambas éramos representantes de nuestros respectivos institutos públicos en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, en pie de guerra entonces contra la LAU. Es imposible no recordar y pensar en los muertos, en los que siempre ganan y en los que siempre pierden; en la represión de entonces, en la de ahora. Y es imposible no pararse a pensar en la lucha que mantuvimos los estudiantes de entonces contra la LAU y los de ahora contra la LOMCE. Ambas leyes contaron con el repudio de toda la comunidad educativa, ambas fueron fuertemente contestadas y aun así se aprobaron. Recuerdo que entonces la Coordinadora mantenía que la LAU era la puerta que se abría a la privatización de la enseñanza. 33 años después si aquella ley fue la puerta que se abría, la LOMCE pretende ser la puerta que se cierra, la que cierra el ciclo, la encargada de separar a los alumnos y alumnas según su origen social, la encargada de que las barreras sociales sean aún más infranqueables de lo que ya lo son. Y ahora, cuando la lucha por la educación pública se recrudece, aparece de nuevo el asesino de Yolanda como una persona honorable que sigue trabajando para la policía, quizá como entonces, quién sabe.
Las víctimas y sus familias no se cansan de repetir “Memoria, Dignidad, Verdad y Justicia” pero está claro que no se refieren a todas las víctimas, sino sólo a las suyas. Yolanda también fue asesinada en un acto terrorista pero no se guarda su memoria, se pisotea su dignidad y la de su familia, no se hizo nunca justicia y mucho menos se busca la verdad o la reparación. El franquismo sigue vivo.
Hace un par de semanas nos enteramos de que el asesino de Yolanda González, Emilio Hellín, iba a declarar como perito en el juicio en el que se juzga a José Bretón por el asesinato de sus hijos. Esto ha vuelto a revolver las tripas que ya se nos habían revuelto cuando supimos que este personaje trabajaba habitualmente para la policía. Naturalmente en todo este tiempo no ha habido una sola palabra condenando esta situación por parte de personas, asociaciones o partidos especializados en sacar réditos electorales del terrorismo, siempre que sea el de ETA , y que no dejan pasar una ocasión para condenar cualquier intento de un exterrorista de llevar una vida normal.
Hellín Moro asesinó a Yolanda González, una chica de 19 años, a sangre fría por motivos políticos, porque ella era una estudiante comprometida en la lucha contra el fascismo y él era un fascista. A Yolanda la sacaron de su casa de noche, la llevaron a un descampado, le pegaron dos tiros en la cabeza, luego el tiro de gracia y después la dejaron tirada. Emilio Hellín fue el autor de los dos primeros tiros. ¿Imaginan si eso lo hace ETA y años después el estado contrata al asesino para formar a la policía?
Y eso que ni la familia ni nadie del entorno de Yolanda ha dicho nunca que se oponga a que Hellín Moro viva su vida. Nosotros creemos (yo lo creo y la familia así lo ha manifestado) que todo el mundo –incluso los peores asesinos- tiene derecho a cambiar y a reinsertarse. Tanto la familia como las personas que quisieron y acompañaron a Yolanda durante su breve vida creen en la posibilidad de reinserción de los delincuentes y no en la venganza. Pero una cosa es que los culpables puedan rehacer su vida y vivir en paz y otra muy distinta es que el estado les contrate para impartir formación a la policía. Eso es una inmoralidad y un insulto a la memoria de Yolanda y a su familia. Es una manera también de dejar bien claro que para el estado no todos los terroristas son iguales y desde luego no lo son tampoco las víctimas, que son más o menos víctimas en función de quienes sean sus verdugos, como ya hemos tenido ocasión de sobra de comprobar a raíz de los atentados del 11M.
Pero, sobre todo, la contratación de Hellín Moro por parte de la policía acrecienta las sospechas que siempre se tuvieron respecto a aquel crimen, respecto a su investigación y la posterior huida del asesino a Paraguay: que la policía o los servicios secretos estuvieron implicados de alguna manera o bien en la planificación del asesinato, o bien en la protección posterior del asesino. El de entonces era un aparato policial y político completamente permeado por elementos franquistas, había una enorme ansiedad por acabar con las protestas sociales que se extendían y se buscaba alguna manera de atemorizar a la población y dar un escarmiento. Hellín pudo en su momento escapar de España porque alguien le ayudó; y alguien le siguió ayudando mucho después a borrar su pasado y a introducirse en los círculos policiales, alguien se cuidó de que a Hellín no le faltase trabajo, un buen trabajo. Alguien sigue pagando favores; quizá personas que fueron ideólogos de aquel crimen.
Es imposible creerse que la policía desconocía el pasado de Hellín cuando le contrató; a la policía no se le pasan esas cosas. Así que o bien alguien debería dar explicaciones porque desde dentro de la propia policía se haya ayudado y contratado a un terrorista para labores sensibles relacionadas con la seguridad, o bien alguien tendría que dar explicaciones por el hecho de que la policía no se haya enterado de que contrataba a una persona con un pasado criminal más pesado que una losa y que puede encontrarse en cualquier archivo periodístico. En este segundo improbable caso, una vez desvelado por los medios de comunicación el asunto, el ministro del interior debería informar de las gestiones que se están haciendo para que Emilio Hellín no vuelva a cobrar dinero público. Naturalmente, el ministro no dice nada, nadie dice nada, Emilio Hellín testifica como perito y seguirá instruyendo policías porque este es un país infestado de franquistas nostálgicos y cómplices del franquismo, que además ahora están en el poder.
Yo conocí a Yolanda cuando ambas éramos representantes de nuestros respectivos institutos públicos en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, en pie de guerra entonces contra la LAU. Es imposible no recordar y pensar en los muertos, en los que siempre ganan y en los que siempre pierden; en la represión de entonces, en la de ahora. Y es imposible no pararse a pensar en la lucha que mantuvimos los estudiantes de entonces contra la LAU y los de ahora contra la LOMCE. Ambas leyes contaron con el repudio de toda la comunidad educativa, ambas fueron fuertemente contestadas y aun así se aprobaron. Recuerdo que entonces la Coordinadora mantenía que la LAU era la puerta que se abría a la privatización de la enseñanza. 33 años después si aquella ley fue la puerta que se abría, la LOMCE pretende ser la puerta que se cierra, la que cierra el ciclo, la encargada de separar a los alumnos y alumnas según su origen social, la encargada de que las barreras sociales sean aún más infranqueables de lo que ya lo son. Y ahora, cuando la lucha por la educación pública se recrudece, aparece de nuevo el asesino de Yolanda como una persona honorable que sigue trabajando para la policía, quizá como entonces, quién sabe.
Las víctimas y sus familias no se cansan de repetir “Memoria, Dignidad, Verdad y Justicia” pero está claro que no se refieren a todas las víctimas, sino sólo a las suyas. Yolanda también fue asesinada en un acto terrorista pero no se guarda su memoria, se pisotea su dignidad y la de su familia, no se hizo nunca justicia y mucho menos se busca la verdad o la reparación. El franquismo sigue vivo.
