La caricatura, que representa a un grupo de hombres discutiendo sobre el papel de las mujeres en la sociedad, apareció en un cartel electoral del Partido Nacional Libio
•elmercuriodigital ▫ Cuando se dicte su sentencia el domingo 2 de marzo, dos políticos podrían ser condenados a muerte por una caricatura considerada ofensiva con el islam. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, al tiempo que ha pedido que los cargos contra ellos se retiren de inmediato.La caricatura, que representa a un grupo de hombres discutiendo sobre el papel de las mujeres en la sociedad, apareció en un cartel electoral del Partido Nacional Libio en las principales calles de las ciudades libias en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de 2012.
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| © MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images |
“Resulta aterrador que dos políticos puedan ser fusilados por una caricatura que se publicó en un cartel de campaña electoral. Nadie debe ser procesado por expresar libremente sus opiniones en público, por muy ofensivas que esas opiniones puedan parecerles a otros”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La población libia debe tener libertad para decir lo que piensa, independientemente de si esas opiniones se expresan verbalmente o aparecen plasmadas en un cartel, un poema o un artículo de periódico. Es ridículo que manifestar tus opiniones pueda ser considerado un delito punible con la muerte."
La caricatura provocó una oleada de indignación porque, de manera no intencionada, contenía el mismo personaje utilizado para representar al profeta Mahoma en una tira cómica anti islámica publicada por la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Sin embargo, el cartel libio no hacía ninguna referencia al islam o al profeta Mahoma.
Ali Tekbali y Fathi Sager, ambos miembros del Partido Nacional Libio, fueron acusados hace casi un año de una serie de delitos, entre ellos “promover y poseer dibujos satíricos ofensivos con el Islam y el Profeta” e “instigar a la discordia” entre la población libia por la publicación de la caricatura. Las oficinas del partido, un partido político moderado, fueron asaltadas en noviembre de 2012 por una milicia afiliada al gobierno, y desde entonces permanecen cerradas por orden de la fiscalía.
“Los cargos contra ellos son absurdos. El cartel no hace ninguna referencia a la religión. El hecho de que este caso no haya sido desestimado desde el principio transmite el escalofriante mensaje de que la libertad de expresión está seriamente amenazada en Libia”, ha manifestado Said Boumedouha.
Fathi Sager dijo la semana pasada a Amnistía Internacional que esperaba que todo se resolviera bien, y que confiaba en el hecho de que “algunos jueces de los tribunales libios son lo suficientemente justos y valientes como para hacer lo correcto”.
Ali Tekbali dijo a Amnistía Internacional que había confiado en que el cartel hiciera frente a los estereotipos que sobre las mujeres mantienen algunos grupos en Libia. La población libia está en estos momentos en proceso de dar forma al futuro de la Libia posterior a Gadafi. La semana pasada, entre noticias de violencia y protestas en algunas zonas, se celebraron elecciones para una asamblea que redacte una nueva constitución. Ayer se celebró una segunda votación en los colegios electorales en los que la violencia impidió votar.
“Libia se encuentra en una coyuntura crítica. Una vez elegida, la asamblea constituyente tendrá la responsabilidad de salvaguardar la libertad de expresión y consagrar en la nueva constitución los derechos de las mujeres y otros principios de derechos humanos, para prevenir futuros intentos de reprimir las libertades”, ha manifestado Said Boumedouha.
“En semejante clima de cambio, el debate abierto y la diversidad de opiniones son algo que se debe fomentar, no acallarse y esconderse bajo la alfombra.”
En los últimos meses, las autoridades libias han intensificado la represión de la libertad de expresión en todo el país, con una serie de medidas introducidas para acallarla. Hace tres semanas, para proteger la “Revolución del 17 de febrero”, se recuperó y reformó una ley de la época de Gadafi que prohíbe los insultos al gobierno. Antes de eso se habían prohibido las emisoras por satélite que retransmitan opiniones consideradas hostiles a la “Revolución del 17 de febrero”.
“Las leyes libias deben ser sometidas a una revisión radical y modificadas para hacerlas conformes con las normas internacionales de derechos humanos. Toda cláusula que prescriba la pena de muerte y penalice la libertad de expresión debe ser eliminada de inmediato”, ha manifestado Said Boumedouha.
En otro caso que ilustra la represión de la libertad de expresión, Amara al Khattabi, director del periódico Al Umma, se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión por publicar una lista de 84 jueces a los que acusa de ser corruptos. Se espera que su juicio se reanude el 2 de marzo, y Amnistía Internacional pide que se retiren todos los cargos contra él.
Artículos problemáticos del Código Penal libio
Fathi Sager y Ali Tekbali están siendo procesados por cargos formulados en virtud de los artículos 203, 207 y 291 del Código Penal, todos los cuales establecen restricciones indebidas a la libertad de expresión y contravienen tanto las obligaciones internacionales contraídas por Libia en materia de derechos humanos como la declaración constitucional adoptada el 3 de agosto de 2011, que garantiza la libertad de expresión.
El artículo 203 del Código Penal establece la pena de muerte para todo acto “cuyo objetivo sea iniciar una guerra civil en el país, o fragmentar la unidad nacional, o intentar causar discordia” entre la población libia.
El artículo 207 prescribe la pena de muerte por promover “teorías o principios” dirigidos a “modificar los principios fundamentales de la Constitución o las estructuras del sistema social”, o a “derrocar los sistemas político, social y económico del Estado”.
El artículo 291 penaliza la blasfemia y prescribe una pena de dos años de prisión por insultar al islam, “al ser Divino”, al profeta o a otros profetas.
Los dos políticos también fueron acusados indebidamente en virtud del artículo 318 del Código Penal, que prescribe una pena de un año de prisión y una multa para todo aquel que “instigue públicamente al odio o el desprecio” de una comunidad religiosa de manera tal que amenace la seguridad pública.
En virtud del derecho internacional, las restricciones a la libertad de expresión únicamente se permiten por motivos específicos, como proteger la seguridad nacional, el orden público o los derechos de otras personas. Esas restricciones sólo se pueden imponer si son absolutamente necesarias. Amnistía Internacional considera que el encarcelamiento es en todos los casos una medida desproporcionada.
