OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave, México.- Si no nos falla la memoria, antes se acostumbra ante cualquier desacato de los gobiernos de los Estados, simplemente desaparecer los poderes que para eso el Ejecutivo federal tenía un Congreso a modo.
Hoy las reglas han cambiado y para bien; ante la falta de cumplimiento u omisiones a la Reforma Constitucional Educativa en varios Estados, el presidente, Enrique Peña Nieto, por algo es abogado, se decidió por interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas controversias constitucionales.
El Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, fueron los encargados de informar sobre la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto.
Desde luego que no faltarán las voces críticas que afirmen que con estas acciones se violenta la soberanía de los estados; nada más fuera de la realidad, en primer lugar todos los estados forman parte inalterable del Pacto federal que nos rige, además de que la Reforma Constitucional Educativa, para ser Reforma Constitucional tuvo que ser aprobada por el Congreso Constituyente Permanente, es decir el Congreso de la Unión y la mayoría de los Congresos locales.
Los funcionarios explicaron que en cumplimiento de sus responsabilidades, el Ejecutivo Federal analizó las legislaciones que distintos Congresos Estatales han emitido en la materia, con la finalidad de constatar que se ajusten estrictamente a lo dispuesto por la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.
Derivado de este análisis es que se interpusieron controversias constitucionales en los casos de los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora.
En los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora, se promovió controversia constitucional porque la legislación local invade atribuciones federales o viola los contenidos de la Reforma Educativa. En el caso de Chiapas se impugnaron 8 artículos; en el de Michoacán 4 y en el de Sonora 27, informó.
Humberto Castillejos Cervantes explicó que respecto de Oaxaca, las controversias constitucionales se plantean en contra del poder Legislativo estatal, y se basan en la omisión total de cumplir con el mandato establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente de armonizar su legislación a la Reforma Educativa.
“La intención es que, de considerar la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicha controversia es fundada, se obligue al Legislativo Estatal a emitir la legislación respectiva”, afirmó.
No necesitamos ser adivinos, para saber que son los propios maestros de esas entidades, acostumbrados por años a gozar de toda clases de canonjías, los que en última instancia se han impuesto a los gobiernos estatales.
Tenemos que esperar las resoluciones de la Corte; sin embargo estamos ciertos que el máximo tribunal de la nación no puede ir en contra de la calidad de la educación, que desde siempre se le ha quedado a deber a las generaciones.
