OPINIÓN de Raúl Wiener, Perú.- La huelga del Poder Judicial ha creado una situación absurda en relación al siguiente paso que debería darse después de la resolución del juez Velásquez, referida a la supuesta nulidad de lo actuado por la Megacomisión en la investigación de Alan García, que permanece sin ser notificada a las partes, y que aunque todos saben su contenido, no tiene aún ningún efecto legal.
Eso, seguro, lo tiene desconcertado al almirante Tubino, que hace rato quiere correrse de sus propios votos y declararse vencido por un juez de primera instancia, y que ha dicho que si el documento no llega podría incluso enviarse a un mensajero a recogerlo, como si esto fuera un trato entre dos comandos.
Pero no es sólo que el Congreso no ha recibido la tramposa segunda sentencia del juez de García que la hace aparecer como una “ejecución” de la anterior cuando resuelve sobre cosas nuevas, sino que hay muchos otros fallos que están en suspenso, a pesar de que se puede leer su contenido en la web del Poder Judicial, porque no han cumplido aún el requisito de notificación.
Uno de ellos, por ejemplo, que ordena bajo fuerte apercibimiento que el Contralor pague lo adeudado a los jubilados de su institución que se les debe desde la década de los 90 y sobre lo que hay sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, y Khoury contesta que no ha sido notificado.
Nadie puede decir además que se trata de un asunto de forma, si es que García y sus abogados están trabando la investigación y sanción de gravísimos delitos de corrupción con rebuscados mecanismos procedimentales (no le gusta como lo citan) y con eso mantenerse en la impunidad.
Más aún, ya sabemos, que si de formas se trata, es el juez Velásquez el que más se ha salido de la caja, al anular lo que el mismo había exigido en su sentencia (que se haga nueva citación) y lo que nadie le había pedido (los informes que nunca fueron enviados a su despacho), y al usar expresiones despectivas contra la demandada (Megacomisión) y llamar, aunque sea por error, “nuestro patrocinado”, a Alan García.
Por todo lo dicho, no resulta coherente que el Congreso permanezca paralizado por un fallo que legalmente no existe y que por tanto no impide llegar al pleno para el debate de los informes que es el momento que el expresidente trata desesperadamente de eludir. Aquí de lo que se trata es que el ego colosal explique los narcoindultos, la interferencia ante el caso BTR, los decretos de urgencia, las obras no realizadas y su patrimonio actual, ante el país, y que los peruanos se formen una opinión propia sobre el personaje que nos malgobernó por dos períodos.
Después de eso hasta se puede decir que será secundario si lo inhabilitan o lo denuncian penalmente. Lo más importante será la sanción moral.
