Destinó 700 millones para mejorar la situación de personas refugiadas y solicitantes de asilo
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| Migrantes en la valla que divide España de Marruecos, en Melilla © AP Photo/Santi Palacios |
El coste humano de la Fortaleza Europa. Violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas muestra cómo las políticas migratorias de la UE y sus prácticas de control de fronteras impiden a las personas refugiadas acceder al asilo en la UE y las obliga a poner sus vidas en peligro en travesías cada vez más peligrosas.
“La eficacia de las medidas de la UE para contener la afluencia de personas refugiadas y migrantes en situación irregular es, como mínimo, cuestionable. Mientras, el coste en vidas humanas y sufrimiento es incalculable y lo pagan personas que se encuentran entre las más vulnerables del mundo", ha dicho John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Control de fronteras
La política migratoria de la UE cuesta miles de millones de euros, que los Estados miembros gastan cada año en construir vallas, aplicar avanzados sistemas de vigilancia y patrullar sus fronteras.
Un indicador que revela su orden de prioridades es que la UE gastó casi dos mil millones de euros en proteger sus fronteras externas entre 2007 y 2013, y sólo dedicó 700 millones a mejorar la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en su territorio durante el mismo periodo.
La UE y sus Estados miembros también financian y cooperan con países vecinos –como Turquía, Marruecos y Libia– para crear una zona de contención en torno a la UE e intentar detener a personas refugiadas y migrantes incluso antes de que lleguen a las fronteras de Europa. Al mismo tiempo, hacen la vista gorda ante los abusos contra los derechos humanos que sufren las personas refugiadas y migrantes en estos países.
"Básicamente, los países de la UE están pagando a sus vecinos para que vigilen sus fronteras por ellos. El problema es que muchos de estos países con frecuencia son incapaces de garantizar los derechos de las personas refugiadas y migrantes que están atrapadas en ellos, muchas de las cuales terminan en la indigencia, explotadas, acosadas y sin poder acceder a procedimientos de asilo."
“Los Estados miembros de la UE no pueden eludir su obligación en materia de derechos humanos hacia quienes tratan de entrar en su territorio a base de externalizar su control de la migración a terceros países. Es preciso que tal cooperación termine."
Devoluciones ilegales
Las personas refugiadas y migrantes que consiguen traspasar las fronteras de Europa se arriesgan a ser devueltas en cuanto pisan suelo europeo. Amnistía Internacional ha documentado “devoluciones en caliente” efectuados por guardias de fronteras en Bulgaria y especialmente en Grecia, donde se trata de una práctica muy extendida. Las “devoluciones en caliente” son ilegales, niegan a las personas el derecho a solicitar asilo, suelen implicar violencia y en ocasiones incluso ponen vidas en peligro.
"Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el número de personas desplazadas que hay en la actualidad es el mayor desde el final de la segunda Guerra Mundial. Sorprendentemente, la respuesta de la Unión Europea a esta crisis humanitaria ha sido agravarla".
"Casi la mitad de las personas que tratan de entrar irregularmente en la UE huyen del conflicto o la persecución en países como Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia. Es preciso proporcionar a las personas refugiadas otras formas de entrar de manera segura y legal en la UE para que no se vean obligadas a emprender peligrosos viajes."
Vidas perdidas en el mar
Ante el aumento constante de los obstáculos para llegar a Europa por tierra, cada vez son más las personas refugiadas y migrantes que optan por las rutas marítimas, más peligrosas, para llegar a Grecia e Italia. Cada año cientos de personas mueren intentando alcanzar las costas europeas.
Tras las tragedias ante las costas de la isla italiana de Lampedusa, en las que perdieron la vida más de 400 personas en 2013, Italia lanzó una iniciativa de búsqueda y rescate denominada "Operación Mare Nostrum". Desde el inicio de esta operación, en octubre de 2013, han sido rescatadas más de 50.000 personas.
Pero no es suficiente. Sólo en los primeros seis meses de 2014, más de 200 personas han perdido la vida en el Mediterráneo y el Egeo, y cientos más han desaparecido y se teme que hayan muerto. Muchas eran personas que huían claramente de situaciones de violencia y persecución.
"La responsabilidad de la muerte de las personas que tratan de llegar a la UE es colectiva. Otros Estados miembros de la UE pueden y deben seguir la pauta de Italia e impedir que las personas perezcan ahogadas en el mar redoblando los esfuerzos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo y el Egeo", ha dicho John Dalhuisen.
"Las tragedias humanas que se desarrollan diariamente ante las costas europeas no son inevitables ni están fuera del control de la UE. Muchas están creadas por la propia UE. Los Estados miembros deben comenzar, por fin, a poner a las personas por delante de las fronteras".
La situación en España
España es uno de los países en Europa en que la diferencia entre el presupuesto destinado para el control de fronteras y el que se dirige a mejorar la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo es mayor: 289.394.768,35 euros frente a 9.342.834,5 euros entre los años 2007 y 2013.
Amnistía Internacional también ha mostrado su preocupación por el hecho de que España ha llevado a cabo devoluciones en caliente. En febrero de 2014, la Guardia Civil española efectuó disparos de fogueo y lanzó pelotas de goma contra unos 250 migrantes y refugiados que trataban de llegar a nado desde Marruecos a la playa de Ceuta, enclave español del norte de África. En el incidente murieron 14 personas, y las 23 que lograron alcanzar la playa fueron devueltas inmediatamente, al parecer sin permitirles acceder a ningún procedimiento oficial de asilo.
La organización ha puesto en marcha una ciberacción para pedir al Presidente, Mariano Rajoy, que proteja la vida y los derechos de las personas a lo largo de las fronteras de Europa.
