Organizaciones ecologistas denuncian la falta de transparencia ante la posible reapertura de Garoña hasta 2031
ESPAÑA - Greenpeace y Ecologistas en Acción piden una reunión extraordinaria con el Consejo de Seguridad Nuclear
Reclaman un Estudio de Impacto Ambiental ante la solicitud de ampliación de la vida útil de Garoña
Las organizaciones ecologistas subrayan que el CSN debe atender su solicitud en virtud del Convenio de Aarhus y la Directiva europea de seguridad nuclear, que establecen el derecho a la información y participación de la ciudadanía en procesos como el de Garoña. Recuerdan que el propio artículo 45 del Estatuto del CSN permite al mencionado Comité Asesor recabar la información que considere necesaria para mejorar la transparencia del organismo nuclear e incentivar el acceso a la información y la participación ciudadana.
"Como miembros del Comité Asesor del CSN exigimos una reunión extraordinaria para velar por la transparencia en el proceso de reapertura de Garoña", ha declarado Francisco Castejón, Ecologistas en Acción. "El Comité Asesor tiene como función fundamental orientar al CSN en tareas de comunicación y transparencia, y qué mejor ocasión que la del estudio de las exigencias a Garoña, que genera una enorme expectación social, para actuar".
La solicitud de Endesa e Iberdrola para ampliar la vida útil de Garoña hasta el 2 de marzo de 2031 significaría conceder a la nuclear 20 años más de vida útil a una central diseñada para una explotación comercial de 40 años, cumplida en 2011. Las organizaciones ecologistas recuerdan que la decisión de reapertura implicaría una extensión de las actividades que puede tener graves efectos sobre el medio ambiente.
Por ello, Greenpeace y Ecologistas en Acción ya han solicitado al Ministerio de Industria y al Ministerio de Medio Ambiente la información relativa al trámite de información pública, así como un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la posible prolongación del ciclo de vida de Garoña.
El Estudio de Impacto Ambiental debe tener en cuenta el contexto transfronterizo de acuerdo con el Convenio de Espoo, ya que la decisión significaría un cambio sustancial en el proyecto inicial de la nuclear, con efectos potencialmente graves sobre el medio ambiente también fuera de las fronteras españolas. A esto se suma la circunstancia de que los miembros de este Convenio acordaron en junio que todas las centrales nucleares envejecidas en Europa deberán ser sometidas a una evaluación de impacto ambiental antes de una renovación de la licencia o una revisión periódica de la seguridad.
"El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental exige, entre otras cosas, que se comparen alternativas. Garoña no podrá demostrar que es una alternativa limpia, segura y más barata que las energías renovables", ha concluido Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.
La central nuclear de Garoña es ya hoy la más vieja de la Unión Europea y la quinta más vieja del mundo. Su posible reapertura supone unos riesgos de gran envergadura que bien merecen ser conocidos por la ciudadanía antes de que los organismos oficiales decidan prolongar su vida útil.
