OPINIÓN de Ramón Cotarelo/ Palinuro.- El punto de ebullición a que se ha llegado empieza a sacudir letargos y suscitar alarmas. La "cuestión catalana" escala puestos en el índice de preocupación de los españoles. Ya era hora. Hasta sectores y personalidades que hasta ayer ignoraban el problema o lo despachaban irresponsablemente cargando toda la culpa sobre el soberanismo catalán, urgen hoy sosiego, tranquilidad, diálogo, entendimiento, búsqueda de soluciones al alimón. Ya lo señaló Palinuro hace un par de fechas. Buena señal porque esta actitud indica disponibilidad a escuchar a los demás, aquilatar sus razones y, mira por dónde, quizá llegar a la conclusión de que tengan algo de validez.
En este punto estamos porque el nacionalismo español, tan seguro de sí mismo que dice no ser nacionalismo, muestra una incomprensión absoluta del nacionalismo catalán que sí se admite como tal. Cito dos momentos clave, el de ciclo largo y el de ciclo corto. El largo: creyóse resuelta la cuestión con el título VIII de la Constitución en cuyo fondo latía la idea de diferenciar tres regiones especiales y las de régimen común. Pero ya en su enunciado el título contenía la semilla de su destrucción, al admitir que todas fuesen especiales a través de la doctrina del "café para todos" en un Estado autonómico del que casi nadie tiene ya algo bueno que decir, basado en una ignorancia evidente de los hechos diferenciales. El corto: el accidentado periplo del nuevo Estatuto de autonomía, desde su propuesta por una Generalitat socialista hasta su modulación a manos de Tribunal Constitucional, pasando por dos aprobaciones parlamentarias y una en referéndum. En esos cuatro años se acumularon agravios al nacionalismo catalán hasta culminar en la sentencia del Tribunal Constitucional, negando a Cataluña la condición de nación, agravios que luego se desbordaron en los cuatro siguientes en forma de una movilización popular sostenida y creciente que nos ha traído aquí. El grado de ignorancia, desconocimiento y, me temo, desprecio del nacionalismo español por el catalán se condensa en un juicio de Rajoy que Palinuro cita a menudo por creerlo muy significativo. Preguntado el presidente por su opinión sobre una gigantesca Diada independentista en 2012, creo recordar, dijo que el país no estaba para algarabías.
La crispada, tensa y amenazadora comparecencia de Rajoy ayer en La Moncloa a leer la declaración institucional, mantiene la posición sabida: las normas sobre la consulta, ipso facto al Tribunal Constitucional en virtud del 161,2 de la Constitución. Suspensión inmediata y margen de cinco meses para decidir. El gobierno se atiene a su deber: hace cumplir la ley. Atiende al aspecto jurídico ya que no lo hay político. Y aquí está la trampa: siempre hay un aspecto, una faceta política que activar antes de llegar a la ilegalidad. Pero es preciso querer. Y el gobierno no quiere; pretende reducir el asunto a uno de legalidad porque carece de margen político de negociación. No propone nada porque no se le ocurre nada. Y no se le ocurre nada porque no entiende el problema.
Hasta Rajoy sabe que, con el precedente de Escocia, es imposible sostener un veto a la consulta basado en una triquiñuela legal como es todo el asunto de la interpretación de la soberanía, su titular y alcance, que no puede ser una armadura, sino un constructo flexible que pueda adaptarse a circunstancias cambiantes. Eso sin contar con que la consulta, que no es vinculante, trata de ser un medio para conocer el estado de la opinión pública catalana respecto a un asunto que le importa sobremanera.
De "hechos consumados" habla el gobierno a fin de justificar su incapacidad para evitar que un conflicto institucional llegara hasta aquí. Hechos en sentido estricto aún no se ha producido ninguno, sino decisiones que serán más o menos oportunas o legales pero solo anuncian intenciones. No hay hechos consumados; hay falta de voluntad para entenderse con el nacionalismo catalán, en buena medida por ignorancia de su carácter actual, su fuerza, sus apoyos y sus pretensiones.
La reducción del problema a uno de legalidad plantea el problema de qué autoridad tenga un gobieno cuya relación con la legalidad deja todo que desear en todos los aspectos. Invocar una Constitución que los dos partidos dinásticos cambiaron en 24 horas en una noche de verano teutónico implica invocar un instrumento de la voluntad de esos dos partidos. Ya no es la Constitución de todos los españoles. No todos los españoles pueden reformarla. Los catalanes, como catalanes o los vascos como vascos jamás reunirán los requisitos exigidos para reformar la Constitución. Invitarlos a hacerlo como alternativa a cualquier otra acción es un ejercicio de mala fe.
Lo mismo que la remisión al Tribunal Constitucional. Se trata de pasarle la patata política caliente para escudarse detrás de su decisión. Es verdad que el Tribunal es un órgano político, pero no le gusta que se lo recuerden. Prefiere rodear sus decisiones de aureola judicial. Ha tardado menos de una hora en admitir a trámite los recurso del gobierno y suspender la consulta. Puede parecer una falta de tacto o de diplomacia, una ofensa incluso tanto a los recurrentes como a la parte recurrida. Y una falta de tacto por unanimidad. Pero es que obviamente, ya se descuenta el resultado a la vista de la composición del órgano. Seguramente lo descuentan hasta sus miembros. Un resultado que añadirá más agravios al conflicto porque nacerá no ya del desconocimiento del instante actual del nacionalismo catalán (la "algarabía") sino de su planteamiento de fondo.
Dice el presidente que queda margen para enderezar la cosas. Bueno, pues empiece ya.
Palinuro reitera una propuesta de días pasados, mejorada, a reserva de otra más puesta en razón:
a) El gobierno acepta la consulta a cambio de que la Generalitat la aplace a una fecha comúnmente acordada y acepte asimismo negociar la pregunta.
b) Ambas partes obtienen la correspondiente autorización parlamentaria para esas negociaciones que, llegado el caso, refrendarán las cámaras.
c) Una vez celebrada la consulta y, a la vista de los resultados, volverá a buscarse una solución negociada.
Último comentario: vistos los dos presidentes en menos de veinticuatro horas, el uno con Ana Pastor y el otro a palo seco, no hay ni color.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
En este punto estamos porque el nacionalismo español, tan seguro de sí mismo que dice no ser nacionalismo, muestra una incomprensión absoluta del nacionalismo catalán que sí se admite como tal. Cito dos momentos clave, el de ciclo largo y el de ciclo corto. El largo: creyóse resuelta la cuestión con el título VIII de la Constitución en cuyo fondo latía la idea de diferenciar tres regiones especiales y las de régimen común. Pero ya en su enunciado el título contenía la semilla de su destrucción, al admitir que todas fuesen especiales a través de la doctrina del "café para todos" en un Estado autonómico del que casi nadie tiene ya algo bueno que decir, basado en una ignorancia evidente de los hechos diferenciales. El corto: el accidentado periplo del nuevo Estatuto de autonomía, desde su propuesta por una Generalitat socialista hasta su modulación a manos de Tribunal Constitucional, pasando por dos aprobaciones parlamentarias y una en referéndum. En esos cuatro años se acumularon agravios al nacionalismo catalán hasta culminar en la sentencia del Tribunal Constitucional, negando a Cataluña la condición de nación, agravios que luego se desbordaron en los cuatro siguientes en forma de una movilización popular sostenida y creciente que nos ha traído aquí. El grado de ignorancia, desconocimiento y, me temo, desprecio del nacionalismo español por el catalán se condensa en un juicio de Rajoy que Palinuro cita a menudo por creerlo muy significativo. Preguntado el presidente por su opinión sobre una gigantesca Diada independentista en 2012, creo recordar, dijo que el país no estaba para algarabías.
La crispada, tensa y amenazadora comparecencia de Rajoy ayer en La Moncloa a leer la declaración institucional, mantiene la posición sabida: las normas sobre la consulta, ipso facto al Tribunal Constitucional en virtud del 161,2 de la Constitución. Suspensión inmediata y margen de cinco meses para decidir. El gobierno se atiene a su deber: hace cumplir la ley. Atiende al aspecto jurídico ya que no lo hay político. Y aquí está la trampa: siempre hay un aspecto, una faceta política que activar antes de llegar a la ilegalidad. Pero es preciso querer. Y el gobierno no quiere; pretende reducir el asunto a uno de legalidad porque carece de margen político de negociación. No propone nada porque no se le ocurre nada. Y no se le ocurre nada porque no entiende el problema.
Hasta Rajoy sabe que, con el precedente de Escocia, es imposible sostener un veto a la consulta basado en una triquiñuela legal como es todo el asunto de la interpretación de la soberanía, su titular y alcance, que no puede ser una armadura, sino un constructo flexible que pueda adaptarse a circunstancias cambiantes. Eso sin contar con que la consulta, que no es vinculante, trata de ser un medio para conocer el estado de la opinión pública catalana respecto a un asunto que le importa sobremanera.
De "hechos consumados" habla el gobierno a fin de justificar su incapacidad para evitar que un conflicto institucional llegara hasta aquí. Hechos en sentido estricto aún no se ha producido ninguno, sino decisiones que serán más o menos oportunas o legales pero solo anuncian intenciones. No hay hechos consumados; hay falta de voluntad para entenderse con el nacionalismo catalán, en buena medida por ignorancia de su carácter actual, su fuerza, sus apoyos y sus pretensiones.
La reducción del problema a uno de legalidad plantea el problema de qué autoridad tenga un gobieno cuya relación con la legalidad deja todo que desear en todos los aspectos. Invocar una Constitución que los dos partidos dinásticos cambiaron en 24 horas en una noche de verano teutónico implica invocar un instrumento de la voluntad de esos dos partidos. Ya no es la Constitución de todos los españoles. No todos los españoles pueden reformarla. Los catalanes, como catalanes o los vascos como vascos jamás reunirán los requisitos exigidos para reformar la Constitución. Invitarlos a hacerlo como alternativa a cualquier otra acción es un ejercicio de mala fe.
Lo mismo que la remisión al Tribunal Constitucional. Se trata de pasarle la patata política caliente para escudarse detrás de su decisión. Es verdad que el Tribunal es un órgano político, pero no le gusta que se lo recuerden. Prefiere rodear sus decisiones de aureola judicial. Ha tardado menos de una hora en admitir a trámite los recurso del gobierno y suspender la consulta. Puede parecer una falta de tacto o de diplomacia, una ofensa incluso tanto a los recurrentes como a la parte recurrida. Y una falta de tacto por unanimidad. Pero es que obviamente, ya se descuenta el resultado a la vista de la composición del órgano. Seguramente lo descuentan hasta sus miembros. Un resultado que añadirá más agravios al conflicto porque nacerá no ya del desconocimiento del instante actual del nacionalismo catalán (la "algarabía") sino de su planteamiento de fondo.
Dice el presidente que queda margen para enderezar la cosas. Bueno, pues empiece ya.
Palinuro reitera una propuesta de días pasados, mejorada, a reserva de otra más puesta en razón:
a) El gobierno acepta la consulta a cambio de que la Generalitat la aplace a una fecha comúnmente acordada y acepte asimismo negociar la pregunta.
b) Ambas partes obtienen la correspondiente autorización parlamentaria para esas negociaciones que, llegado el caso, refrendarán las cámaras.
c) Una vez celebrada la consulta y, a la vista de los resultados, volverá a buscarse una solución negociada.
Último comentario: vistos los dos presidentes en menos de veinticuatro horas, el uno con Ana Pastor y el otro a palo seco, no hay ni color.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
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