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La doble identidad del Estado: autoritarismo y anomia en México

OPINIÓN de Franco Gamboa Rocabado.- El actual gobierno de Enrique Peña Nieto está enfrentando un terrible escándalo con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en octubre de 2014. El hecho ha sido espeluznante porque se cree que estos estudiantes fueron quemados vivos. Las decapitaciones, descuartizamientos y cientos de asesinatos horrorosos superan con creces las acciones violentas del Estado Islámico. Lo que sucede en México es una crisis estatal que está golpeando muy duro en toda América Latina.

Se trata de una degeneración institucional y política donde es muy difícil recuperar la capacidad para controlar tres ámbitos de suma importancia en el siglo XXI: a) la policía; b) las Fuerzas Armadas; y c) el Poder Judicial. En estas tres esferas, la violencia contra los derechos humanos y la penetración del crimen organizado hicieron que el Estado tropiece con una crisis de legitimidad, sin poder revertir una serie de incentivos a la impunidad y la corrupción. Así, se socavan constantemente las débiles estructuras institucionales que la democracia trató de desarrollar los últimos treinta años.

México arrastra una ola de violencia donde sorprende la existencia de 60 mil muertos, solamente en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), junto a otros 26 mil desaparecidos en los mimos seis años. Todo esto a consecuencia de la guerra contra las drogas y la imposibilidad de brindar seguridad interna a la sociedad civil. La cantidad de asesinatos y desapariciones en diferentes gobiernos democráticos de México supera la cifra de muertos durante las dictaduras más sangrientas en Chile (1973-1988) y Argentina (1976-1982).

Una vez más, las desapariciones en México ponen al descubierto la relación peligrosa entre el poder político y diversas bandas de sicarios en la ciudad de Iguala, relación avalada inclusive por la gobernación del Estado de Guerrero. La sociedad mexicana está fuertemente indignada por estos crímenes y se organizó para afrontar los abusos del crimen organizado; sin embargo, el remedio parece ser peor que la enfermedad, debido a la irrupción incontrolable de anomia estatal. Cuando la sociedad desconoce la autoridad del Estado, aparecen múltiples distorsiones donde algunas personas tratan de hacer justicia por mano propia, lo cual agiganta la violencia por medio de múltiples linchamientos colectivos. Las brigadas de autodefensa provenientes de la sociedad civil también rompen con la estabilidad estatal, llevando hacia otros extremos la descomposición del orden político.

Existe un aspecto descuidado en las ciencias sociales latinoamericanas: la incapacidad del Estado para reformarse como burocracia (eficiencia) y referente de orden político (principio de autoridad y soberanía). Hasta el momento, algunas instituciones estatales mexicanas no logran tener una identidad democrática para enfrentar a los retos económicos de la globalización, y a la protección interna de los derechos humanos en condiciones de seguridad.

De cara hacia el sistema internacional, se trata de mostrar un Estado fuerte, con vocación de autoridad. Es decir, mostrar un Estado como Leviatán seguro de sí mismo porque las redes de interdependencia de la globalización exigen un tipo de actor estatal con plena potestad. Empero, hacia adentro de México, la realidad presenta otro tipo de identidad más frágil y desestructurada, de manera que hay una constante contradicción entre lo que es capaz de ofrecer el Estado hacia el orden interno y otros desafíos por fuera: hacia la globalización que se transforma en una influencia sumamente riesgosa.

El Estado en México es enormemente inseguro debido a la escalada de violencia e impunidad que predomina en el país. La policía, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial construyeron una cultura institucional paralela que es vulnerable a la incursión del crimen organizado en las más altas esferas políticas. Asimismo, existe una peligrosa tendencia en la sociedad civil donde se está naturalizando todo tipo de anomia estatal, lo cual también se complementa con el hecho de que el Estado anómico viene desenvolviéndose en medio de la realización de elecciones periódicas. La sociedad elige gobiernos en las urnas pero no puede encontrar una salida para la violencia y la decadencia de las instituciones estatales.

Existen vacíos en las ciencias sociales mexicanas porque son pocas las investigaciones que analizan cómo funcionan sus Estados. Los especialistas en políticas públicas tampoco intentaron comprender cómo el Estados de México se relacionan con otros actores, específicamente las relaciones con grupos empresariales, carteles de narcotraficantes, con la policía, con las redes que ésta tiene en sectores informales de la economía y la política, con las Fuerzas Armadas y con el Poder Judicial que obstaculiza el acceso igualitario a la justicia y los debidos procesos.

El Estado anómico de México vende una imagen externa, asumiendo la identidad de Leviatán autoritario con el fin de mostrar que es apto para racionalizar la actividad económica basada en el libre mercado y exponerse así a la globalización. Ésta requiere de seguridad jurídica y previsibilidad estatal que debe ser brindada a todos los agentes económicos. Sin embargo, esta identidad es ficticia porque se producen varios conflictos, los cuales muchas veces no pueden ser resueltos por las instancias judiciales donde está ausente la imparcialidad, debido a que el Estado tiende constantemente a estar corporativizado.

En el orden interno, el Estado mexicano ha desarrollado los llamados códigos paralelos (o informales) que rigen la conducta cotidiana de numerosos jueces, empleados del Poder Judicial y fiscales. Estas pautas normativas de comportamiento conforman una compacta cultura institucional que no está codificada por escrito pero regula una parte importante de la vida diaria del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas y la policía, donde se violan abiertamente los derechos, deteriorándose la eficacia del Estado como ley.

La ley tiende a ser cumplida, únicamente para quien tiene más dinero, mayor poder o mayor capacidad para amenazar al Estado que va perdiendo el monopolio de la coerción y el uso legítimo de la violencia. El horizonte prospectivo es catastrófico porque demuestra que las reformas del Estado, y todo tipo de esfuerzo para mejorar la calidad institucional de la democracia, habrían fracasado, precisamente debido a los efectos profundamente negativos que desarrolla aquella cultura de códigos ocultos.




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