OPINIÓN de Raúl Wiener, Perú.- A Martha Meier le parece que el regalo que les hace el gobierno a las empresas al bajarles el impuesto a la renta, es un tocamiento indebido ya que contiene una contraparte que hace que si el dinero del impuesto recortado se usa para repartirse entre los socios, se incremente automáticamente el impuesto a los dividendos. Asalto, grita la zarina, que seguramente está viendo que la corporación a la que pertenece no tiene donde reinvertir (salvo que se compre otro diario). Si quieren un modelo de lo imposible que es que el gobierno nos saque del actual estancamiento entregando la manija económica y sus recursos a las grandes empresas, aquí tiene un testimonio firmado de uno de los poderes económicos nacionales.
Pero Bullard no va atrás. Tomando como justificación lo que describe como un acto arbitrario del Sindicato de Estibadores de Puerto Salaverry, que se habría opuesto a que la empresa administradora capacite nuevo personal para las tareas portuarias (imagino que como reemplazos), el genio neoliberal concluye que se trata de una fenómeno general, ya que los sindicatos sería cárteles para unir trabajadores (un colectivo de individualidades) contra una patronal que sería única. Algo así como una posición de dominio del mercado, de donde no saca ninguna propuesta, pero presenta al sindicalismo en general como opuesto a la libertad de los demás. Se presumía que el neoliberalismo iba minando los sindicatos sin decir que lo hacía, para fortalecer la posición del capital sobre el trabajo. Es lo que hizo Fujimori durante diez años. Pero pocas veces se había visto a un defensor de lo individual llegar tan lejos como para no discernir que la posición de fuerza en las empresas está en manos del empleador y que la lucha por el salario y el trabajo decente, no son afectaciones al consumidor sino una exigencia de participación en la renta empresarial.
Finalmente, como para coronar la sección de opinión del último sábado, aparece un artículo de un señor Juan Diego Ugaz que se presenta como abogado, para en la semana de la no violencia contra la mujer, lanzar un brulote que apunta a derogar la ley contra el feminicidio. La idea es que hay una sobrepenalización de este delito y que es muy difícil probar que la pareja, la expareja, o pretendiente, cometieron un crimen de este tipo por razón de dominio, creyendo tener un derecho de propiedad sobre la vida y la integridad de las mujeres. Ugaz opina que como estamos hablando de muertos, no hay como demostrar el origen inmediato de la violencia, más allá de los contextos: falta de motivación económica, antecedentes de violencia, testigos y la propia confesión de los agresores que argumenta infidelidades, celos y otras cosas que creen que les otorgan “derechos”. La ley del feminicidio es un signo de civilización, como lo son los sindicatos y los impuestos a los que más ganan. Pero El Comercio va en el sentido opuesto a la historia.
