CICR
•elmercuriodigital ▫ Tyler Bridges.- Patricio Bustos cuenta que cuando estuvo detenido en los años setenta, las visitas de los delegados del CICR probablemente le salvaron la vida. Hoy, como director del Servicio Médico Legal de Chile, trabaja, con la ayuda del CICR, para resolver uno de los misterios más grandes del país: ¿qué pasó con los desaparecidos durante los años del régimen militar en Chile? |
| Familiares entierran el cuerpo de Luis Alfonso Moreno después de que sus restos fueron identificados positivamente por el Servicio Médico Legal de Chile utilizando muestras de ADN. Moreno, de 35 años, era guardia de seguridad y militante socialista; fue detenido y asesinado por el régimen militar en 1973. Fotografía: ©Héctor González de Cunco/Federación Internacional - See more at: http://www.redcross.int/ES/mag/magazine2015_1/24-28.html#sthash.GRqXyTc6.dpuf |
“Sí, me acuerdo”, dice tranquilamente.
Bustos es el director del Servicio Médico Legal de Chile, es decir la persona encargada de encontrar respuestas cuando el gobierno necesita saber cómo, por qué o cuándo alguien murió, o descubrir la identidad de una persona en los casos en que los restos mortales no pueden ser identificados fácilmente. Uno de los casos más importantes que investiga, con la asistencia del CICR, es la búsqueda de respuestas sobre las personas que fueron asesinadas o ejecutadas, o que simplemente desaparecieron, durante los años del régimen militar en Chile (1973-1990).
Hoy, casi 40 años después, Bustos, de 64 años, realiza un viaje personal, regresa a una dolorosa etapa de su vida.
En 1976, fue la última vez que Bustos vio ese patio en circunstancias muy diferentes. Entonces, era un joven médico de tendencia marxista que fue arrestado por su activa resistencia contra el régimen militar de Chile. El lugar, conocido con el nombre de Cuatro Álamos, era un centro de detención en Santiago a cargo de la policía secreta de Chile. Solo la policía secreta sabía que él estaba allí.
Bustos, que no había vuelto al lugar desde su liberación en 1976, va y viene por un estrecho pasillo, buscando en su memoria. Luego, se detiene delante de una puerta, por encima de la cual está pintado el número 2. “Esta fue mi celda”, recuerda, alzándose sobre la punta de los pies para mirar por encima de la puerta.
Bustos camina hasta el final del pasillo, gira a la izquierda y entra en un cuarto con azulejos de cerámica blanca y seis cabezales de ducha. “Aquí es donde golpeaban a los presos”, cuenta con total naturalidad. “Aquí es donde me golpearon.”
Permaneció solo un minuto. Hay otro lugar que quiere visitar. Se trata de una sala rectangular con barras de hierro en las ventanas que era la sala común de Cuatro Álamos. Mientras estuvo preso, Bustos fue convocado allí un día para entrevistarse con tres hombres que llevaban insignias de color rojo y blanco.
Esa reunión y otras conversaciones privadas similares con estos hombres en los meses siguientes son casi con seguridad lo que impidió que lo dieran por desaparecido. “Aquí es donde me reunía con los delegados del CICR”, dice sin estridencia, de pie en medio de la habitación. “Aquí es donde me reunía con ellos.”
Los desaparecidos
Bustos llegó a Cuatro Álamos más de dos años después de los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 1973, cuando los tanques salieron a la calle y la fuerza aérea bombardeó el palacio presidencial. El Presidente Salvador Allende y decenas de sus partidarios murieron ese día. El general Augusto Pinochet anunció esa noche, por televisión, que los militares habían tomado el poder en nombre de la patria.
Las detenciones comenzaron inmediatamente y no pararon. El 12 de octubre, 26 simpatizantes de izquierda fueron detenidos por personal militar en la ciudad de Calama y mantenidos en calidad de incomunicados. Ocho días después, las autoridades emitieron un comunicado: todos los hombres fueron muertos a tiros el día anterior cuando intentaban escapar después de que el camión que los trasladaba a otra cárcel sufriera una falla mecánica. No se proporcionaron más detalles y tampoco se devolvieron los cuerpos.
Fueron tantos los cuerpos no encontrados en todo el territorio, que para designarlos se acuñó una expresión: los desaparecidos.
Las familias de las personas que desaparecieron en menos de un mes en Calama y en otras 15 ciudades del país buscaron más información durante años. Tras restablecerse en 1990 la democracia en Chile, consiguieron finalmente algunas respuestas. Los militares habían torturado y luego ejecutado a 96 personas, entre ellas a los 26 hombres de Calama, como parte de una campaña infame denominada “caravana de la muerte”.
Pero ¿qué paso con los restos? ¿Adónde fueron a parar?
Uno de los 96 era Luis Alfonso Moreno, un guardia de seguridad de 30 años, militante del Partido Socialista. Los investigadores llamaron a su familia en enero de 2014. Habían encontrado fragmentos de su cuerpo en el desierto y los identificaron de manera concluyente.
La familia realizó una ceremonia en el Cementerio General de Santiago, para la cual cubrieron con la bandera chilena la urna que contenía sus huesos. Al lado de la urna se colocó una fotografía en blanco y negro del día de su boda en 1969.
Sus deudos contaron historias que provocaron risas y lágrimas. Alguien tocó la guitarra y cantaron sus canciones preferidas, lo que produjo más recuerdos. Moreno fue enterrado en una tumba donde yacían los restos de otras víctimas del régimen de Pinochet.
“Habíamos perdido la esperanza”, confiesa Luis Alfonso Moreno, que tenía 3 años cuando desapareció su padre. “Pensamos que imperaría la impunidad. Ahora está con sus compañeros.”
Errores de identificación
La identificación de Moreno la llevó a cabo el Servicio Médico Legal (SML), organismo forense de Chile, que dirige actualmente Patricio Bustos. El SML ha ido adquiriendo prestigio y se dice que puede servir de modelo para organismos similares durante o después de un conflicto o de un desastre natural.
Pero no siempre fue así. Hace solo unos años, antes de que Bustos pasara a ser director, el SML entregó identidades equivocadas de decenas de personas que habían desaparecido después de que Pinochet y los militares tomaran el poder. El episodio se recuerda como los errores del “Patio 29”, en referencia a una zona del Cementerio General, donde fueron enterradas las víctimas. Entre 1994 y 2002, el SML afirmó haber identificado 98 cuerpos del Patio 29 y entregado los restos a las familias para su sepultura. Pero en decenas de casos, el SML indicó más tarde a las familias que había cometido errores de identificación.
Los familiares de las 1.200 víctimas cuyos restos no habían sido identificados estaban realmente indignados. “Ya no teníamos confianza en el SML”, señala Alicia Lira, que encabeza la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Sin Entrega de Restos.
Cuando el director del SML de la época renunció, Bustos, que ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Salud, se presentó y consiguió el puesto. Bustos procedió de inmediato a hacer cambios. En su segundo día, se reunió con varios familiares de desaparecidos y les dijo que iba a establecer normas más estrictas para poner fin a los errores de identificación, estar más accesible a sus requerimientos y asegurar que su institución tratara a las familias en forma más humanitaria.
La sangre: una pista
En 2007, continuó el esfuerzo por recuperar la confianza de los familiares y el Gobierno de Chile creó un centro de muestras de ADN que permitió a los científicos forenses cotejar el ADN de los huesos encontrados con el de los familiares vivos de los desaparecidos. La institución también concertó acuerdos con laboratorios extranjeros de análisis genético acreditados y comenzó a cooperar más estrechamente con el CICR, que tiene una dilatada experiencia en la identificación de restos mortales.
Dos años más tarde, el SML inició su primera campaña pública invitando a los familiares de los desaparecidos a donar sangre para ver si su ADN correspondía con los restos no identificados que ya se habían hallado o que podían descubrirse. El SML recolectó más de 3.500 muestras.
La colecta de sangre es una tarea sencilla. Sin embargo, para muchos familiares, el proceso despierta recuerdos dolorosos. “Cuando un familiar da una muestra de sangre, inevitablemente se emociona porque sabe que existe la posibilidad de encontrar algún día a su ser querido”, explica Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El año pasado, el SML dio un paso más al poner en marcha un nuevo programa, llamado “Una gota de tu sangre por la verdad y la justicia”, cuyo objetivo es llegar no solo a los familiares de los desaparecidos sino también a otras personas que creen que su familiar también pudo haber sido víctima del régimen militar.
Desde 2007, el SML ha identificado definitivamente 138 restos, lo que significa que 138 familias tienen ahora un lugar para visitar a sus seres queridos. De ellos, 58 se encontraban entre los que previamente se habían identificado mal.
A pesar de los logros, aún queda mucho por hacer. Bustos observa que el SML todavía tiene trabajo por delante para ganarse la confianza de los que perdieron a sus seres queridos; el problema no ha sido lograr que los familiares donen muestras de sangre sino hallar los restos de los desaparecidos.
El ejército y la policía secreta ocultaron deliberadamente los restos de muchas víctimas, según los registros revelados durante varias investigaciones sobre el régimen militar. En una famosa operación, cuyo nombre en clave era “Retiro de Televisores”, el ejército desenterró y trasladó restos mortales a fin de ocultar pruebas. Algunos de estos restos fueron exhumados de fosas secretas, subidos a aviones militares y lanzados al mar.
Pero cuando se descubren restos mortales, las muestras de sangre de familiares aumentan considerablemente las posibilidades de un cotejo definitivo. Utilizar el ADN puede ser importante, asegura Olga Barragán, asesora forense de la delegación regional del CICR en Brasilia, que abarca Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Pero el ADN es tan solo una pieza del rompecabezas.
“Uno trata de obtener la mayor cantidad de información posible de las familias”, añade Barragán. “El color de los ojos, la piel, el sexo, el peso y la altura, los antecedentes dentales, las cirugías, los implantes o las radiografías. En la región, la ciencia forense han hecho grandes avances en los últimos años, no solo porque la tecnología ha mejorado, sino también porque los trabajadores forenses están mejor preparados y tienen una visión humanitaria holística. Por consiguiente, obtienen cada vez mejores resultados.”
Ahora bien, el trabajo forense del CICR en Chile no se limita a los desaparecidos. También ayudó al SML después del terremoto de 2010, que se cobró la vida de más de 500 personas, y del incendio en una prisión, también en 2010, en el que fallecieron 81 reclusos.
Y en otros dos casos muy sonados, el CICR actuó como observador neutral después de que las autoridades judiciales chilenas ordenaran la exhumación del poeta chileno Pablo Neruda y del ex presidente chileno Salvador Allende, a fin de determinar definitivamente las causas de su muerte. El papel del CICR en la exhumación de Neruda, llevada a cabo por el servicio forense de Chile, con la ayuda de otros expertos chilenos e internacionales, fue el de velar por que la exhumación se atuviera a las normas internacionales y por que todas las partes involucradas en la diligencia respetaran los derechos y la dignidad de las personas fallecidas y la de sus familiares.
De las fichas a las muestras de ADN
A finales del año pasado, el CICR se convirtió en una de las cuatro instituciones garantes del almacenamiento en Ginebra (Suiza) en forma permanente de muestras de ADN de desaparecidos de Chile, lo que da a su cometido una nueva dimensión. “Es la primera vez que el CICR recibe muestras de ADN para su uso futuro en la identificación de restos mortales con fines estrictamente humanitarios”, declara Morris Tidball-Binz, director de la Unidad de Servicios Forenses del CICR, con sede en Ginebra (Suiza).
Desde la Primera Guerra Mundial, el CICR ha utilizado la información personal para restablecer el contacto entre familiares separados por un conflicto. Hace cien años, dicha información se anotaba en fichas ordenadas en archivadores que se almacenaban en las bodegas. Más tarde, los registros pasaron a hacerse en las redes informáticas. El almacenamiento de muestras de ADN no tiene precedentes.
Para Pizarro, este acuerdo con una organización internacional muestra que las familias de los desaparecidos en Chile “no están solas”, y que la búsqueda de respuestas es una responsabilidad mundial. “La esperanza es que, aunque transcurran cientos de años, vamos a tener un lugar adonde volver a fin de identificar a nuestros seres queridos”, explica.
La Torre
Encontrar respuestas en nombre de los desaparecidos es, para Bustos, una motivación profunda que se apoya en su propia experiencia personal que comenzó el 10 de septiembre de 1975, cuando militaba en la oposición clandestina y salía de su trabajo en Santiago. Tres agentes lo agarraron, lo tiraron contra la pared, lo esposaron, lo amordazaron y le vendaron los ojos, luego lo empujaron dentro de un coche que estaba esperando. Lo golpearon durante 30 minutos hasta que llegaron a su destino: la Villa Grimaldi, el principal centro de tortura de la policía secreta.
La policía secreta había estado buscando a Bustos durante meses y estuvo a punto de apresarlo varias veces, pero él cambiaba de domicilio constantemente, sirviéndose de ocho seudónimos.
En el momento del golpe, Bustos era presidente del centro de estudiantes de medicina de la Universidad de Concepción, un semillero de militantes de izquierda. Después del golpe, el gobierno militar lo expulsó de la universidad. Bustos se fue a Santiago para unirse al movimiento de resistencia clandestino y pronto dirigió un equipo médico móvil que se ocupaba de la gente que también estaba en la clandestinidad.
Bustos relata que, en la Villa Grimaldi, lo colocaron desnudo sobre los resortes de una cama conocida como “la parrilla”. Allí, lo interrogaron y le aplicaron descargas eléctricas.
Fue arrastrado luego hasta una estrecha edificación de 40 metros de altura, conocida como “la Torre”. Allí, fue suspendido a una barra metálica colocada detrás de las rodillas con las muñecas y los tobillos atados y la cabeza colgando. Lo mantuvieron en esa posición, llamada el “pau de arara”, durante horas.
Bustos cuenta que, durante los dos meses siguientes, en varias ocasiones fue sometido al “pau de arara” y a “la parrilla”, a veces junto a su esposa, que era dentista y también estaba en la clandestinidad hasta que la detuvieron.
En noviembre de 1975, Bustos fue trasladado a Cuatro Álamos, donde la policía secreta a menudo encerraba a los presos políticos para que se recuperaran de las torturas antes de decidir su destino final. Allí conoció a José Zalaquett, abogado especialista en derechos humanos que también había sido arrestado. “Sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas”, recuerda Zalaquett, porque dada la importancia de Bustos para el movimiento de resistencia suponía un peligro para el régimen militar.
Hombres con insignias de color rojo y blanco
La noticia de la existencia de Cuatro Álamos se filtró. La persona que se enteró fue Sergio Nessi, delegado general del CICR para América Latina. Decidido a visitarlo, solicitó un permiso para hacerlo, documento que le dieron a regañadientes. Era la primera vez que se autorizaba a una persona ajena a visitar el lugar.
Nessi y otros dos delegados del CICR —Rolf Jenny y Willy Corthay— entraron a Cuatro Álamos el 9 de diciembre de 1975. Allí, se entrevistaron con Bustos y otros presos políticos en la sala común.
Nessi y Jenny registraron los nombres de cada hombre y Corthay examinó sus heridas, especialmente las de Bustos. Apenas podía caminar. Los delegados del CICR pasaron unos 90 minutos con los detenidos y regresaron al día siguiente con medicamentos para Bustos y suministros para los otros detenidos.
Sin embargo, lo más importante era que el CICR estaba en conocimiento de la existencia de los presos y podía exigir su protección. “Una vez que el CICR registró sus datos, su vida se encontraba a salvo dentro de lo que era posible”, observa Zalaquett, que más tarde formó parte de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile en 1991.
Deudas pendientes
Finalmente, en diciembre de 1976, Bustos fue liberado y expulsado a Italia. Allí reconstruyó su vida mientras ejercía como médico. En 1991, tras el restablecimiento de la democracia, regresó a Chile. Para entonces, había buscado a Nessi en Europa para darle las gracias personalmente.
“El CICR fue un factor importante para salvar mi vida”, afirma Bustos. También lo atribuye a su familia y a otros presos políticos, que después de haber sido liberados hicieron correr la voz sobre su paradero.
En una reciente visita a la Villa Grimaldi, que ahora es un centro de la memoria, se sentó en los escalones en frente de la Torre. “Es difícil estar aquí, pero encuentro la forma de hacerlo”, explica, y agrega que visita la Villa Grimaldi varias veces al año en memoria de los que murieron o desaparecieron allí.
Bustos dice que siente una profunda sensación de tranquilidad cuando el SML identifica los restos de una víctima desaparecida. Casi siempre asiste a la ceremonia en la que se hace entrega de los restos a una familia, asegurándose de que los funcionarios del organismo expliquen la prueba con todo detalle. Pero le duele que hayan podido identificar solo el 10 por ciento de las personas que aún están desaparecidas.
Marta Vega es una de las personas que sigue buscando a un familiar. Su padre Juan, un activista del Partido Comunista, desapareció en 1976, cuando ella tenía 17 años: “No tenemos idea de dónde está”, señala.
Marta, sus hermanos y primos han dado sangre al SML. “Estoy tranquila pues si sus restos aparecieran mañana por casualidad, tenemos las muestras para identificarlo”, dice, y agrega: “Bustos ha hecho un buen trabajo. Cualquier necesidad o preocupación que tengamos, él se ocupa de solucionarla.”
Bustos dice que no congratula a la familia cuando, en los días buenos, el SML puede entregar los restos de una víctima desaparecida junto con una prueba definitiva. “Es un gesto humanitario —afirma—, algo que el país tiene que hacer, algo que el SML tiene que hacer, para que haya justicia. Es importante recordar que, como sociedad, todavía tenemos deudas pendientes.”
Tyler Bridges
Periodista radicado en Lima (Perú).
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