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IPPDH y ACNUR firman la Carta de Intención para cooperar en materia de protección de personas refugiadas, desplazadas y apátridas

 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR

•elmercuriodigital ▫ UENOS AIRES, Argentina, (ACNUR) – La Directora Regional para las Américas y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Renata Dubini, y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR, Paulo Abrão, firmaron una Carta de Intención para cooperar en materia de protección de personas refugiadas, desplazadas y apátridas en el contexto de América del Sur. 


Foto B. Fontana. ACNUR
A finales del 2014, los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron la Declaración y Plan de Acción de Brasil que constituyen una hoja de ruta común para fortalecer la protección y promover soluciones para personas refugiadas, desplazadas y apátridas en un marco de cooperación y solidaridad. En este contexto, la presente Carta de Intención constituye un primer paso para fortalecer la alianza estratégica entre el IPPDH y ACNUR con el fin de consolidar el espacio regional de protección para personas refugiadas y apátridas en América del Sur. Además de asegurar el apoyo técnico a los Estados miembros y asociados del MERCOSUR, se espera desarrollar una serie de iniciativas regionales conjuntas para fomentar la armonización de políticas y procedimientos en materia de protección internacional, así como actividades de capacitación, diseminación, investigación y de enlace entre instituciones del Estado y de la sociedad civil sobre temas de derechos humanos y de protección de refugiados y apátridas. Igualmente, esta Carta de Intención permitirá articular esfuerzos de cooperación entre el MERCOSUR y otras regiones que tienen que enfrentar crisis humanitarias complejas. 
“En los últimos 30 años, la región de América Latina y el Caribe ha hecho avances significativos en materia de refugiados, destacándose por sus altos estándares de protección internacional en sus legislaciones, con un sólido marco normativo. Sin embargo, todavía existen desafíos y es fundamental seguir avanzando para lograr sistemas de asilo de calidad armonizados a nivel regional, para hacer frente a los movimientos migratorios mixtos cada vez más complejos. Este acuerdo confirma el compromiso de incorporar en los procesos de integración regional, temas relacionados a la protección y búsqueda de soluciones para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas”, destacó Dubini, quien visita por primera vez la región desde que asumió su cargo en Ginebra. 
“Los derechos humanos de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas y sus condiciones de plena integración social son prioridad de la agenda nacional y regional en cuanto a promoción de políticas nacionales, estrategias de cooperación regional y para la adhesión a nuevos procesos y mecanismos internacionales como la Declaración y Plan de Acción de Brasil. Nuestra región ha comprendido que los derechos humanos de estas personas son una condición de posibilidad para el desarrollo global. En este sentido, consideramos fundamental, este acuerdo de cooperación de dos instancias que colaboran con los Estados en la promoción de políticas públicas de derechos humanos, aprovechando los mecanismos ya existentes para avanzar a nivel regional”, concluyó Paulo Abrão. 
Tras la firma del acuerdo, ambas instituciones definirán un plan de trabajo en el cual detallarán los productos, responsabilidades y plazos para el desarrollo de las actividades acordadas. 
ACNUR fue creado en 1950 para brindar protección y asistencia a los refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. En el Sur de América Latina, donde la Oficina Regional de ACNUR tiene una presencia ininterrumpida de 50 años (1965-2015), viven actualmente alrededor de 10.000 personas refugiadas. 
El IPPDH se creó en 2009 por decisión del Consejo de Mercado Común con el objeto de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho en los países que integran el bloque, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en derechos humanos, y de consolidar los derechos humanos como un eje fundamental de la identidad y desarrollo del MERCOSUR.




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