OPINIÓN de Marco A. Gandásegui, h., Panamá.- En 2015 Panamá tiene una estructura de poder que descansa sobre el sistema financiero y los servicios logísticos del Canal de Panamá y, en menor medida, los puertos marítimos y aéreos. Además, cuenta con una fuerte actividad comercial concentrada en la ruta de tránsito. Las finanzas y el comercio se relacionan para hacer posible transacciones internacionales, tanto lícitas como ilícitas. En esta actividad hay una fuerte influencia militar norteamericana.
Sectores que antes jugaban un papel importante en la correlación de fuerzas – como la industria, la agro-industria y la ganadería – han perdido su alto perfil de antaño. El sector financiero ha asumido el liderazgo (hegemonía) bajo la conducción de un grupo de familias tradicionales que moldean las creencias de la mayoría de los panameños.
Son familias que se remontan a la fundación de la República (1903) e, incluso, a la independencia de España (1821). Entre éstas se destacan las familias Arosemena, Arias Feraud, Arango, De la Guardia y Boyd. En 1903, estas familias manejaban los negocios relacionados con la ruta de tránsito, el comercio y la propiedad inmueble urbana. En 2015, sus descendientes manejan las entidades financieras y los negocios relacionados con la logística.
La presencia de estas familias fue notoria en la conspiración que separó al istmo de Panamá de Bogotá. Ocuparon también los cargos claves en los gobiernos que se sucedieron a lo largo del siglo XX. Perdieron su hegemonía – pero no fueron despojados de sus intereses dominantes – durante los gobiernos de Porras (1912-1924) y Torrijos (1970-1981)
En la actualidad, los descendientes de Pablo Arosemena, Ricardo, Tomás y Raúl Arias, Santiago de la Guardia, Federico Boyd y J. Agustín Arango dirigen el país desde los mandos financieros y políticos. Después de la invasión militar norteamericana de 1989, el nepotismo se agudizó. Los profesores Filiberto Morales y Edilcia Agudo en su folleto Nepotismo y oligarquía, publicado en 1990, describen el asalto de las familias tradicionales a los aparatos gubernamentales de aquella fecha.
La oligarquía se blindó en tres sectores claves: Por un lado, el Ejecutivo del gobierno, por el otro, el sector financiero y, por último, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La legislación impulsada por el presidente Pérez Balladares le entregó el monopolio de la confección y ejecución del presupuesto nacional al recién creado Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). A su vez, la legislación le entregó carta blanca al sector financiero para emprender actividades económicas con los recursos de la nación. Un nuevo capítulo de la Constitución Política (reformada en 1994) ‘blindó’ a la ACP para ‘administrar’ la fuente de ingresos más importante del país.
Entre 1989 y 2009 – 20 años – este grupo perfeccionó su dominio sobre la sociedad panameña. Los cuatro gobiernos que se sucedieron lograron hacer los ajustes políticos, económicos e, incluso, ideológicos que consolidaron el poder del pequeño grupo de familias. La hegemonía oligarca fue retada a fines de la década de 1990 por una fracción comercial encabezada políticamente por Ricardo Martinelli. Pérez Balladares le entregó lo que siempre se ha considerado un botín, la Caja de Seguro Social (CSS). Después la presidente Mireya Moscoso lo tranquilizó con el Ministerio de Asuntos del Canal. La sed del sector comercial impulsó a Martinelli a aspirar por mucho más, hasta llegar a la Presidencia de la República en 2009.
Instalado en el Palacio de las Garzas, Martinelli se propuso desbancar a la oligarquía. No aprovechó, como era tradicional, la oportunidad para consolidar su nicho en la estructura de poder existente. Pensó que podía desplazar a las familias oligarcas. La declaración de guerra fue reciprocada inmediatamente por las viejas familias y sus extensas ramificaciones. El reto a las familias que Hernán Porras llamó ‘blancos capitalinos’ fue respondido con fuerza y contundencia. La figura de Martinelli y sus asociados es fustigada por los medios de comunicación y la red económica que pretendió levantar es desbaratada en los corredores de las fiscalías.
Las familias tradicionales abren sus puertas a nuevos miembros pero no pierde el control sobre la economía. Tampoco pierde lo que considera sus relaciones de clase ‘especiales’ con la potencia de turno: EEUU. El nepotismo se expresa a través de los vínculos familiares de quienes controlan el poder económico y los resortes políticos así como culturales. Acabar con el nepotismo implica consolidar un proyecto de nación que incluya a todos los panameños.
*Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
