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Después del veto, Macri busca el voto de los jubilados

OPINIÓN de Emilio Marín, Argentina.- Con decisión digna de mejor causa, el presidente Macri vetó una modesta ley anti despidos. Eso le provocó un costo político, aunque la burocracia sindical lo ayudó a aminorarlo. Ahora quiere ganar el voto de los jubilados, para 2017.Mauricio Macri siempre adoptó poses republicanas, amplificadas por los medios hegemónicos. Según él era el gobierno anterior el que violentaba la separación de poderes, colonizaba al Poder Judicial y convertía al Congreso en una “escribanía”. Este relato macrista demostró ser muy alejado de la realidad. Otra vez se cumple aquello de “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.

El veto del presidente a la ley anti despidos fue muy poco republicano, porque de un plumazo borró una norma sancionada con el voto del 75 por ciento de los senadores y el 60 por ciento de los diputados. El trámite había sido impecable, con dictamen de comisiones, audiencias con involucrados y debate profundo. La ley no era revolucionaria: apenas suspendía los despidos por 180 días y no era retroactiva a diciembre, cuando comenzó la pesadilla laboral.

El jefe del Ejecutivo no tuvo piedad con la norma legal. Con una firma le cortó la cabeza, garantizando que empresas de diferente tamaño y capitales pudieran proseguir con su achique de personal sin siquiera abonar doble indemnización. Según el Centro de Estudios Políticos, CEPA, incluyendo abril, las cesantías superaban las 154.000. La entidad y Roberto Navarro (“Economía Política” por C5N), citando a las Aseguradoras del Riesgo del Trabajo, indicaron que éstas tenían 108.000 empleados registrados menos. Si se le añaden los trabajadores en negro que perdieron el empleo, la cifra mencionada en primer término quedaba desactualizada.

Esa situación económico-social provoca muchas críticas al gobierno. Si el repudio no se plasmó hasta ahora en un paro general fue primordialmente por el freno de las tres CGT, de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló. Con el aumento del sueldo mínimo y sobre todo la promesa oficial de pagarles 2.700 millones de pesos que el Estado adeuda a las obras sociales –la deuda total ascendería a 30.000 millones-, MM logró que esa cúpula burocrática apenas hiciera una moderada declaración a los medios.

Sólo los dirigentes de ambas CTA, encabezadas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, han mantenido su palabra. Ante el veto convocaron a una marcha de trabajadores para el 2 de junio a Plaza de Mayo, con asambleas, actos y algunos abandonos de trabajo. Es la eterna división del sindicalismo entre el colaboracionismo y la resistencia. Hoy en día los que dan treguas son mayoría a nivel de conducciones, pero posiblemente esa correlación de fuerzas no es la que impera a nivel de bases.

No sólo el plasma…


El pez por la boca muere. Y en el caso de políticos y economistas al servicio de las clases dominantes, cuando hablan suelen dejar caer algunas verdades, a despecho de sus intenciones, con lo cual no mueren pero al menos se desgastan y cachetean conciencias antes adormecidas.

El economista neoliberal Javier González Fraga, ex funcionario menemista del Banco Central y asesor de Alfonso Prat-Gay en Hacienda, declaró que “venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal, donde hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.

Su intención, obvia, fue adoctrinar a los trabajadores de ingresos altos, medios y bajos de que lo anterior fue un despilfarro y una locura del consumo. Y que de aquí en más deberán ajustarse el cinturón, o como decía el capitán ingeniero, “hay que pasar el invierno”.

Es muy difícil, por no decir imposible, pasar esta temporada invernal con tarifas del gas aumentadas al 500 o más por ciento, lo mismo que la luz y el agua; el transporte mucho más caro, como la nafta; con el pan a 45 pesos, los alquileres por las nubes, los intereses de créditos incursionando en la usura, etc.

Algo de eso tuvo que escuchar, pese a su voluntad, la comitiva macrista en el Tedeum del 25 de mayo por boca del cardenal Mario Poli. Se le dijo que las promesas no deben ser defraudadas y hay que atender a la pobreza; también se urgió un diálogo político donde los distintos sectores no se levanten de la mesa hasta llegar a acuerdos básicos, etc. Lo primero se entendió como un tirón de orejas al rumbo antisocial. Y lo último sonó a crítica al asesor Durán Barba, quien en la mesa de la casi nonagenaria Legrand (¿no tendría que jubilarse como Carlos Fayt?) dijo que el consenso era enemigo de la democracia.

Aquellas declaraciones de González Fraga pueden ser vistas como un elogio a la gestión anterior, que posibilitó un mayor ingreso e inclusión social, con más consumo y mejor nivel de vida para mucha gente, aunque sin llegar a una verdadera justicia social. Si el 10 por ciento más rico ganaba 25 veces lo que el 10 por ciento más pobre, aquello no era el paraíso, pero para el banquero neoliberal parece que sí lo era. Y que estaba mal.

¿Acaso es un “delito populista” que una familia tenga celular táctil, un tele de plasma o LED y viaje por el país o aún al extranjero, destino éste que no fue masivo?

Cada mes se visualiza mejor que con Macri y asesores como el referido, se reafirma un modelo donde aquellas compras y viajes quedarán reservados sólo para argentinos de muy buenos ingresos y franjas minoritarias. Las capas medias y bajas, apenas podrán vivir modestamente, y un amplio sector pasará muchas más necesidades. No sólo no podrán comprar un plasma…Si hasta Rogelio Frigerio admitió que hay un 30 por ciento de pobres y de éstos un 10 que se va dormir con hambre. La diferencia no pasa tanto por las cifras, que deben ser más elevadas que las meneadas por el ministro, sino saber qué se hace para atender al problema. La política del oficialismo lo viene agudizando hasta convertirlo en drama.

Voto de jubilados

El gobierno de MM es consciente de que el ajuste y polarización social le está erosionando su imagen pública y reduciendo su base electoral. Esto último le resulta peligroso, pensando en las elecciones de 2017, decisivas para llegar sin tantas crisis a la pulseada presidencial, dos años más tarde.

Y entonces, junto con leves limitaciones al rigor de los tarifazos, como un tope del 400 de aumento para las boletas del gas en zona patagónica y el citado aumento del salario mínimo, el gabinete hizo algunos anuncios enderezados a la problemática social.

Se enviará al Congreso, para que se trate en tiempo récord, un proyecto para saldar las deudas con los jubilados que tienen fallos favorables en la justicia o bien en trámite, con pago de retroactivos con un máximo de cuatro años. Las mejoras de estos ingresos también alcanzarían a buena parte de los abuelos, aunque no tuvieran fallos ni trámites judiciales en curso. Según la óptica de la abuelita de Heidi serán beneficiados 2.4 millón de jubilados, un tercio del total.

El trámite insumirá dos o tres años y el anuncio en esta fecha tan aciaga para el macrismo trató de cargar algo de combustible en sus tanques semivacíos. Según cálculos de las autoridades de Anses, la mejora en las jubilaciones llegaría al 45 por ciento, lo que sería positivo aunque faltan detalles concretos de fecha y forma de pago para saber la importancia de la mejora. Puede ser un ingreso sustancial o apenas una zanahoria electoral para comer en un par de años…

Además, tratándose del gobierno de Macri, aún lo bueno puede estar asociado a otras medidas que tienen un costado negativo. Esa mejora a los abuelos y pensionados se financiaría en parte con los saldos de un blanqueo de capitales impulsado por Prat-Gay, una decisión siempre vidriosa por la posibilidad de beneficiar a capitales fugados, oscuros o aún producto de delitos.

La novedad sorprendió a Elisa Carrió, habitual crítica de los blanqueos del kirchnerismo, cuando lo hacía a dúo con el actual ministro de Hacienda. Ahora éste lo propicia y aquella dice que en principio no está de acuerdo. Son diferencias al interior del macrismo que, aunque no dan pie a fracturas inmediatas, tienen un significado positivo. “Si dos ladrones se pelean, sale ganando la gente honrada” decía un tal Uliánov.

El gobierno admite que si le faltan fondos para pagar esta reforma en los haberes jubilatorios, unos 75.000 millones de pesos anuales durante un quinquenio, podrá apelar a las ganancias que deja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea las acciones de empresas, títulos públicos y depósitos en manos de la Anses desde la recuperación previsional propuesta por Amado Boudou.

Y si estos fondos no son suficientes, pondrán a la venta las acciones de empresas en poder de Anses, lo que abrirá un proceso de privatizaciones. Tal operación fue admitida por Emilio Basavilbaso, titular de aquélla, aunque no la planteó en términos inmediatos.

Con el macrismo todo es así. Aún las causas más nobles, como mejoras a los jubilados, esconden negocios para pocos. Así ocurrió el 25 de mayo, sin Plaza de Mayo para una multitud y un locro sólo para amigos en Olivos, según afinidad partidaria. Eso no tiene un sentido de Patria sino de secta, liderada por quien en un año aumentó su patrimonio 108 por ciento. Ahora acumula 110 millones de pesos, incluso 18 millones en las Bahamas, adonde antes decía haber ido sólo de vacaciones.

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Sergio Ortiz
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