OPINIÓN de Ileana Alamilla.- El objetivo de la política es la toma o conservación del poder. Debería buscar ejercer el mando, imponer autoridad, defender soberanía, con el propósito de alcanzar el bien común. Eso es en el plano ideal, en el ejercicio de la política como ciencia y como arte de lo posible. Lo posible no para beneficios personales, sino para definir el rumbo del desarrollo de un país, encontrando la mejor forma de equilibrar las desigualdades sociales, por respeto a la dignidad humana.
En nuestros remedos de democracia eso no ha sido así. Es dramático el caso de la dirigencia del anterior partido que hizo gobierno y hoy está encarcelada, casi hacinada en las cárceles improvisadas que la han alojado mientras llega a su siguiente morada, que probablemente será la prisión definitiva, si se prueban, en un juicio imparcial, las imputaciones que se les han hecho.
Muchos de los implicados en los hechos de corrupción prefirieron las cuantiosas riquezas que el buen nombre. Ahora ya no las van a poder disfrutar. Deshonraron a sus familias y defraudaron a las personas que votaron y creyeron en ellos. Están, además, bajo el escrutinio público, que resulta más lapidario que la propia justicia y causaron un daño irreparable al país y a la población.
Los políticos en el Congreso siguen siendo señalados, imputados y detenidos. Y en relación con las numerosas denuncias de plazas fantasmas, también se espera que no se aplique el doble rasero y que no se vaya a encubrir a los “otros”, los que gozaron de ese privilegio, trabajando en otro lado y ganando en el Congreso.
Ahora bien, es importante tener presente que todavía no son todos los que, por años, disfrutaron del jolgorio a costa del erario público y no los ha alcanzado aún el brazo de la justicia. Se consideran con suerte que no existía la Cicig o que los titulares anteriores tenían otros intereses.
Lo que está sucediendo goza del consiguiente regocijo y beneplácito de la población. Sin embargo, hay que reconocer diferencias, por ejemplo los casos en los que personas, como las enfermeras, resultaron implicadas en el proceso del IGSS, cuya participación en los hechos es debatible, pero que siguen privadas de su libertad, esperando que avance el juicio para que se determine el grado de su responsabilidad. Es decir que no todos los casos son iguales y, aunque no somos nosotros quienes tenemos la facultad de juzgar, hay aspectos humanos que no pueden ser soslayados y que están a la vista.
Convivir en un estado de Derecho es complicado y es una gran aspiración a la que tenemos que poner enorme empeño. En primer lugar, porque supone la subordinación de gobernantes y gobernados a imperio de la ley, es decir que las autoridades y la población se rijan por un derecho vigente, aspecto que en la práctica es permanentemente violentado. En segundo lugar, porque esa “ley” o norma jurídica no es conocida por la mayoría, sobre todo con lo profuso del ordenamiento jurídico en nuestro país, ante el cual no puede alegarse ignorancia, desuso o práctica en contrario.
Aspiramos los guatemaltecos (as) a que la política se ajuste al estado de Derecho, pretensión que se ve fortalecida con las acciones tomadas por el MP y la Cicig y ojalá por los justos fallos del OJ. Hay que sentar precedentes que establezcan una ruptura con la práctica existente durante tantos años que llegó a establecer como normal el aprovechamiento privado en el ejercicio del poder público.
El Estado tiene como finalidad la protección a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. El ejercicio perverso de la política nos ha alejado de ese noble objetivo. Tenemos el reto de reivindicar la política y de ajustarla al derecho, para que quienes la ejerzan sean personas con ética, responsabilidad y comprometidas con el bienestar social.
En nuestros remedos de democracia eso no ha sido así. Es dramático el caso de la dirigencia del anterior partido que hizo gobierno y hoy está encarcelada, casi hacinada en las cárceles improvisadas que la han alojado mientras llega a su siguiente morada, que probablemente será la prisión definitiva, si se prueban, en un juicio imparcial, las imputaciones que se les han hecho.
Muchos de los implicados en los hechos de corrupción prefirieron las cuantiosas riquezas que el buen nombre. Ahora ya no las van a poder disfrutar. Deshonraron a sus familias y defraudaron a las personas que votaron y creyeron en ellos. Están, además, bajo el escrutinio público, que resulta más lapidario que la propia justicia y causaron un daño irreparable al país y a la población.
Los políticos en el Congreso siguen siendo señalados, imputados y detenidos. Y en relación con las numerosas denuncias de plazas fantasmas, también se espera que no se aplique el doble rasero y que no se vaya a encubrir a los “otros”, los que gozaron de ese privilegio, trabajando en otro lado y ganando en el Congreso.
Ahora bien, es importante tener presente que todavía no son todos los que, por años, disfrutaron del jolgorio a costa del erario público y no los ha alcanzado aún el brazo de la justicia. Se consideran con suerte que no existía la Cicig o que los titulares anteriores tenían otros intereses.
Lo que está sucediendo goza del consiguiente regocijo y beneplácito de la población. Sin embargo, hay que reconocer diferencias, por ejemplo los casos en los que personas, como las enfermeras, resultaron implicadas en el proceso del IGSS, cuya participación en los hechos es debatible, pero que siguen privadas de su libertad, esperando que avance el juicio para que se determine el grado de su responsabilidad. Es decir que no todos los casos son iguales y, aunque no somos nosotros quienes tenemos la facultad de juzgar, hay aspectos humanos que no pueden ser soslayados y que están a la vista.
Convivir en un estado de Derecho es complicado y es una gran aspiración a la que tenemos que poner enorme empeño. En primer lugar, porque supone la subordinación de gobernantes y gobernados a imperio de la ley, es decir que las autoridades y la población se rijan por un derecho vigente, aspecto que en la práctica es permanentemente violentado. En segundo lugar, porque esa “ley” o norma jurídica no es conocida por la mayoría, sobre todo con lo profuso del ordenamiento jurídico en nuestro país, ante el cual no puede alegarse ignorancia, desuso o práctica en contrario.
Aspiramos los guatemaltecos (as) a que la política se ajuste al estado de Derecho, pretensión que se ve fortalecida con las acciones tomadas por el MP y la Cicig y ojalá por los justos fallos del OJ. Hay que sentar precedentes que establezcan una ruptura con la práctica existente durante tantos años que llegó a establecer como normal el aprovechamiento privado en el ejercicio del poder público.
El Estado tiene como finalidad la protección a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. El ejercicio perverso de la política nos ha alejado de ese noble objetivo. Tenemos el reto de reivindicar la política y de ajustarla al derecho, para que quienes la ejerzan sean personas con ética, responsabilidad y comprometidas con el bienestar social.
