OPINIÓN de Ollantay Itzamná, Guatemala.- Las estadísticas oficiales, y la retórica gubernamental, evidencian lo que casi nadie quiere ver o admitir. Guatemala subsiste en una desintegración social violenta producto del fracaso del proyecto de Estado nación que no pudo garantizar el cumplimiento de los básicos derechos fundamentales para su población.
Esta realidad incómoda es percibida, de forma creciente, por un pequeño porcentaje de la población urbana y rural, pero casi nadie se anima, con seriedad, a proponer y emprender procesos de transformaciones estructurales en el país. Más, por el contrario, algunos con ingenuidad, otros con alevosía, agotan su atención en la “lucha contra la corrupción” promovida por la Embajada norteamericana y “parches legales al sistema neoliberal”.
¿Quién agendó y por qué la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La corrupción pública, como práctica de la utilización del aparato estatal para el enriquecimiento económico de particulares o sectores, fue y es la hermana siamesa de la República de Guatemala. Es decir, la corrupción pública es un hábito casi bicentenaria como lo es el mismo Estado ladinocéntrico.
Es más, las historias inconclusas de Guatemala, están empedradas por momentos o gobiernos más corruptos que otros. Sólo por mencionar algunos casos: todos los procesos del desmantelamiento de las tierras colectivas indígenas para el florecimiento de la propiedad individual y el feudalismo cafetalero del siglo XIX, y todas las dictaduras militares del siguiente siglo que transfirieron ingentes cantidades de tierras y capitales públicos para que emergiera la rústica oligarquía nacional actual, fueron iguales o peores corruptos que el gobierno del defenestrado Otto Pérez Molina.
La persistente oscuridad radiante del sistema neoliberal, implantado luego de las eficaces dictaduras militares en Guatemala, se instauró y se sostiene gracias a la utilización del aparato estatal y del erario público en beneficio del empresariado nacional y transnacional. El privatizador gobierno neoliberal de Álvaro Arzú fue uno de los gobiernos más corruptos en esta triste noche historia neoliberal.
Pero, ahora, quienes prohijaron y promovieron la corrupción pública como una “virtud” en la administración pública del país, emprenden una “lucha sin cuartel” en contra de la corrupción. Incluso arrastrando a la anémica clase media nacional movilizada a hacer el papelón de “estúpidos” en esta guerra ajena pintada como propia.
El gobierno de los EEUU, ante el avance contagioso de los gobiernos progresistas posneoliberales de América del Sur, y la desaparición de la “amenaza comunista” en Centro América, procedió a ensayar la “creación” del monstruo de la corrupción pública (como enemigo y causante de la miseria nacional), en el imaginario colectivo de Guatemala.
La geopolítica norteamericana ideó la visibilización de la lacerante corrupción pública y la implacable guerra mediática contra algunos corruptos con las siguientes finalidades: Desactivar a las crecientes y persistentes resistencias comunitarias indígenas y campesinas ante la invasión empresarial en los territorios, concentrar la atención de la clase media insatisfecha (con los impactos negativos del sistema neoliberal) en el “ataque frontal contra los corruptos” que desviaban sus impuestos, y reestabilizar la vigencia del sistema neoliberal en el país. Y bien que sí lo está logrando.
Los caballitos de batalla que operan en la lucha contra la corrupción son la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG, creado en 2006) y el Ministerio Público (MP). La primera promovida, financiada y dirigida por la Embajada norteamericana, en buena medida.
Los “chivos expiatorios” de esta falsa y ajena guerra “nacional” son el binomio de ex gobernantes (Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti) y sus secuaces, ahora, encarcelados y procesados penalmente, para salvar al sistema neoliberal y sus agentes. Este ritual de sacrificio expiatorio está logrando reestabilizar en el país al sistema neoliberal, mientras los principales corruptores aplauden desde el podio la “caza de corruptos”.
El teatro de operaciones de esta guerra de cuarta generación fueron los tradicionales medios de información masiva y las redes sociales desde donde se convocó a las protestas contra la corrupción, y desde donde se hipnotiza a la población con la “caza de corruptos”.
Concluida aquella eufórica “revolución de colores” con la captura y encarcelamiento de los “tremendos” corruptos. Ahora, el Embajador norteamericano, la CICIG, el MP, los partidos políticos de derecha e izquierda neoliberal, proponen reformas al sistema político y sistema judicial para salvar a la excluyente y corrupta democracia representativa y al sistema económico vigentes.
En la segunda mitad del siglo pasado fue el comunismo, ahora, es la corrupción pública
Todavía por los intersticios de la amnesia colectiva se cuelan vagos recuerdos sobre los grandes objetivos y emprendimientos de la primavera revolucionaria que apenas duró una década en Guatemala, en el pasado siglo.
Dicha Revoluciona Nacional (1944-1954), nucleada por estudiantes, sectores de la clase media y militares, tenía como objetivo saldar la deuda histórica del país redistribuyendo las tierras a los campesinos y ampliando los derechos y oportunidades socioeconómicas para las grandes mayorías.
En apenas una década, las condiciones de vida para las grandes mayorías rurales del país habían mejorado considerablemente. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra había sido democratizada en parte. Obras y proyectos grandes de infraestructura caminera, de salud, de educación y otros servicios se habían emprendido con la finalidad de incluir en el proyecto de nación ladina a las grandes mayorías de excluidos.
Pero, infelizmente dicho proyecto liberal de bienestar para el país fue violentamente truncado por la intervención del gobierno norteamericano que pergeñó y financió el golpe militar contra revolucionario que destruyó los avances de aquel loable y digno proyecto político, en 1954. Desde entonces, las añoranzas de lo que pudo ser Guatemala, algunas veces son más evidentes en el imaginario colectivo de algunos sectores del país de hoy.
Si en la actualidad la Embajada norteamericana a creado al monstruo de la corrupción nacional, exacerbando el hábitus permanente de la administración pública, para frenar/desactivar la articulación del nuevo sujeto sociopolítico capaz de disputar el poder a los privilegiados desde las comunidades en resistencia, y así evitar en Guatemala el contagio de los vientos progresistas (posneoliberales) sureñas. Hace más de 60 años la misma Embajada, mediante la CIA y las iglesias, creó el mito diabólico de la amenaza/presencia comunista en Guatemala. Y, en consecuencia, alarmó y movilizó a todos los nichos sociales que pudo para enfrentar militar y civilmente a dicho “enemigo interno” del país. Por más que este “enemigo” era benigno en sus resultados.
En aquella época, el teatro de la lucha anticomunista fue para salvar o reponer los intereses afectados de la empresa norteamericana United Fruit Company por los programas de democratización de la tierra por la Revolución Nacional. En la actualidad, el teatro de la lucha anticorrupción es para salvaguardar los intereses de las empresas y corporaciones que despojan y destruyen los pocos bienes comunes que quedan en el país.
El problema mayor no es tanto el intervencionismo norteamericano, sino la predisposición de la población nacional de continuar creyendo y gustando del veneno norteamericano que tanto daño le hace al país. Aquí, la gente es cada vez más empobrecido y despajado gracias al sistemático intervencionismo norteamericano, pero también son más creyentes de la benignidad de dicha intervención.
En pleno siglo XXI, al igual que en el siglo pasado, diferentes sectores del país salen a las calles presurosos a protestar cuando la Embajada norteamericana los convoca a defender los “intereses nacionales”. Pero, casi nadie se atreve a sospechar con sentido histórico de “quién es el que dirige el gran teatro de las protestas o marchas”.
De forma desvergonzada el Embajador norteamericano, Todd D. Robinson, hace unas semanas atrás dijo en una conferencia de prensa: “No importa la soberanía de Guatemala”. Pero, incluso ante semejante cinismo la fe en este actor es casi ciego. Este mismo actor, que calla ante la sistemática criminalización y asesinatos selectivos de defensores comunitarios indígenas y campesinos en resistencia, promueve la reforma del sistema judicial e impulsa algunas leyes para reformar el sistema político de Guatemala, pero casi nadie se pregunta qué intereses y para beneficio de quién se promueven dichas reformas al Estado colonial.
Embajada norteamericana instaló sus intereses en el imaginario colectivo
Esta vulnerabilidad de la voluntad colectiva a los intereses y diseños geopolíticos de los agentes imperiales de turno no es un síndrome privativo del pueblo de Guatemala. Es una conducta social que materializa las condiciones de colonialidad política, cultural y económica que permea a los pueblos enajenados.
Los agentes del gobierno norteamericano saben que en los diferentes nichos sociales de Guatemala los valores e intereses gringos han sido suficientemente instalados como verdades infalibles. Al grado que quien piense o actúe en sentido contrario es y será censurado y castigado socialmente por los mismos colonizados creyentes.
En estas condiciones de colonialidad, el colonizador ya no necesita más de agentes externos para sostener su hegemonía cultural, política y económica. Sobra y basta con la gendarmería cultural, moral y espiritual conformado por los mismo colonizados que censuran y premian las conductas y pensamientos en función a los intereses del colonizador.
Por eso el gobierno norteamericano, mediante su Embajada y su agencia de cooperación USAID, decide y hace como mejor sea útil para sus intereses en Guatemala.
Ricos y empobrecidos, gobernantes o súbditos no sólo se esfuerzan por practicar vicios y malas costumbres yanquis como virtudes o modelos de vida, sino que tienen como su Meca, su destino aunque sea por instantes, al país de los EEUU. De allí que para los colonizados el mayor castigo posible sea la suspensión de la visa norteamericana. La visa gringa vale más que la ciudadanía guatemalteca.
Esta realidad incómoda es percibida, de forma creciente, por un pequeño porcentaje de la población urbana y rural, pero casi nadie se anima, con seriedad, a proponer y emprender procesos de transformaciones estructurales en el país. Más, por el contrario, algunos con ingenuidad, otros con alevosía, agotan su atención en la “lucha contra la corrupción” promovida por la Embajada norteamericana y “parches legales al sistema neoliberal”.
¿Quién agendó y por qué la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La corrupción pública, como práctica de la utilización del aparato estatal para el enriquecimiento económico de particulares o sectores, fue y es la hermana siamesa de la República de Guatemala. Es decir, la corrupción pública es un hábito casi bicentenaria como lo es el mismo Estado ladinocéntrico.
Es más, las historias inconclusas de Guatemala, están empedradas por momentos o gobiernos más corruptos que otros. Sólo por mencionar algunos casos: todos los procesos del desmantelamiento de las tierras colectivas indígenas para el florecimiento de la propiedad individual y el feudalismo cafetalero del siglo XIX, y todas las dictaduras militares del siguiente siglo que transfirieron ingentes cantidades de tierras y capitales públicos para que emergiera la rústica oligarquía nacional actual, fueron iguales o peores corruptos que el gobierno del defenestrado Otto Pérez Molina.
La persistente oscuridad radiante del sistema neoliberal, implantado luego de las eficaces dictaduras militares en Guatemala, se instauró y se sostiene gracias a la utilización del aparato estatal y del erario público en beneficio del empresariado nacional y transnacional. El privatizador gobierno neoliberal de Álvaro Arzú fue uno de los gobiernos más corruptos en esta triste noche historia neoliberal.
Pero, ahora, quienes prohijaron y promovieron la corrupción pública como una “virtud” en la administración pública del país, emprenden una “lucha sin cuartel” en contra de la corrupción. Incluso arrastrando a la anémica clase media nacional movilizada a hacer el papelón de “estúpidos” en esta guerra ajena pintada como propia.
El gobierno de los EEUU, ante el avance contagioso de los gobiernos progresistas posneoliberales de América del Sur, y la desaparición de la “amenaza comunista” en Centro América, procedió a ensayar la “creación” del monstruo de la corrupción pública (como enemigo y causante de la miseria nacional), en el imaginario colectivo de Guatemala.
La geopolítica norteamericana ideó la visibilización de la lacerante corrupción pública y la implacable guerra mediática contra algunos corruptos con las siguientes finalidades: Desactivar a las crecientes y persistentes resistencias comunitarias indígenas y campesinas ante la invasión empresarial en los territorios, concentrar la atención de la clase media insatisfecha (con los impactos negativos del sistema neoliberal) en el “ataque frontal contra los corruptos” que desviaban sus impuestos, y reestabilizar la vigencia del sistema neoliberal en el país. Y bien que sí lo está logrando.
Los caballitos de batalla que operan en la lucha contra la corrupción son la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG, creado en 2006) y el Ministerio Público (MP). La primera promovida, financiada y dirigida por la Embajada norteamericana, en buena medida.
Los “chivos expiatorios” de esta falsa y ajena guerra “nacional” son el binomio de ex gobernantes (Otto Pérez Molina y Rosana Baldetti) y sus secuaces, ahora, encarcelados y procesados penalmente, para salvar al sistema neoliberal y sus agentes. Este ritual de sacrificio expiatorio está logrando reestabilizar en el país al sistema neoliberal, mientras los principales corruptores aplauden desde el podio la “caza de corruptos”.
El teatro de operaciones de esta guerra de cuarta generación fueron los tradicionales medios de información masiva y las redes sociales desde donde se convocó a las protestas contra la corrupción, y desde donde se hipnotiza a la población con la “caza de corruptos”.
Concluida aquella eufórica “revolución de colores” con la captura y encarcelamiento de los “tremendos” corruptos. Ahora, el Embajador norteamericano, la CICIG, el MP, los partidos políticos de derecha e izquierda neoliberal, proponen reformas al sistema político y sistema judicial para salvar a la excluyente y corrupta democracia representativa y al sistema económico vigentes.
En la segunda mitad del siglo pasado fue el comunismo, ahora, es la corrupción pública
Todavía por los intersticios de la amnesia colectiva se cuelan vagos recuerdos sobre los grandes objetivos y emprendimientos de la primavera revolucionaria que apenas duró una década en Guatemala, en el pasado siglo.
Dicha Revoluciona Nacional (1944-1954), nucleada por estudiantes, sectores de la clase media y militares, tenía como objetivo saldar la deuda histórica del país redistribuyendo las tierras a los campesinos y ampliando los derechos y oportunidades socioeconómicas para las grandes mayorías.
En apenas una década, las condiciones de vida para las grandes mayorías rurales del país habían mejorado considerablemente. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra había sido democratizada en parte. Obras y proyectos grandes de infraestructura caminera, de salud, de educación y otros servicios se habían emprendido con la finalidad de incluir en el proyecto de nación ladina a las grandes mayorías de excluidos.
Pero, infelizmente dicho proyecto liberal de bienestar para el país fue violentamente truncado por la intervención del gobierno norteamericano que pergeñó y financió el golpe militar contra revolucionario que destruyó los avances de aquel loable y digno proyecto político, en 1954. Desde entonces, las añoranzas de lo que pudo ser Guatemala, algunas veces son más evidentes en el imaginario colectivo de algunos sectores del país de hoy.
Si en la actualidad la Embajada norteamericana a creado al monstruo de la corrupción nacional, exacerbando el hábitus permanente de la administración pública, para frenar/desactivar la articulación del nuevo sujeto sociopolítico capaz de disputar el poder a los privilegiados desde las comunidades en resistencia, y así evitar en Guatemala el contagio de los vientos progresistas (posneoliberales) sureñas. Hace más de 60 años la misma Embajada, mediante la CIA y las iglesias, creó el mito diabólico de la amenaza/presencia comunista en Guatemala. Y, en consecuencia, alarmó y movilizó a todos los nichos sociales que pudo para enfrentar militar y civilmente a dicho “enemigo interno” del país. Por más que este “enemigo” era benigno en sus resultados.
En aquella época, el teatro de la lucha anticomunista fue para salvar o reponer los intereses afectados de la empresa norteamericana United Fruit Company por los programas de democratización de la tierra por la Revolución Nacional. En la actualidad, el teatro de la lucha anticorrupción es para salvaguardar los intereses de las empresas y corporaciones que despojan y destruyen los pocos bienes comunes que quedan en el país.
El problema mayor no es tanto el intervencionismo norteamericano, sino la predisposición de la población nacional de continuar creyendo y gustando del veneno norteamericano que tanto daño le hace al país. Aquí, la gente es cada vez más empobrecido y despajado gracias al sistemático intervencionismo norteamericano, pero también son más creyentes de la benignidad de dicha intervención.
En pleno siglo XXI, al igual que en el siglo pasado, diferentes sectores del país salen a las calles presurosos a protestar cuando la Embajada norteamericana los convoca a defender los “intereses nacionales”. Pero, casi nadie se atreve a sospechar con sentido histórico de “quién es el que dirige el gran teatro de las protestas o marchas”.
De forma desvergonzada el Embajador norteamericano, Todd D. Robinson, hace unas semanas atrás dijo en una conferencia de prensa: “No importa la soberanía de Guatemala”. Pero, incluso ante semejante cinismo la fe en este actor es casi ciego. Este mismo actor, que calla ante la sistemática criminalización y asesinatos selectivos de defensores comunitarios indígenas y campesinos en resistencia, promueve la reforma del sistema judicial e impulsa algunas leyes para reformar el sistema político de Guatemala, pero casi nadie se pregunta qué intereses y para beneficio de quién se promueven dichas reformas al Estado colonial.
Embajada norteamericana instaló sus intereses en el imaginario colectivo
Esta vulnerabilidad de la voluntad colectiva a los intereses y diseños geopolíticos de los agentes imperiales de turno no es un síndrome privativo del pueblo de Guatemala. Es una conducta social que materializa las condiciones de colonialidad política, cultural y económica que permea a los pueblos enajenados.
Los agentes del gobierno norteamericano saben que en los diferentes nichos sociales de Guatemala los valores e intereses gringos han sido suficientemente instalados como verdades infalibles. Al grado que quien piense o actúe en sentido contrario es y será censurado y castigado socialmente por los mismos colonizados creyentes.
En estas condiciones de colonialidad, el colonizador ya no necesita más de agentes externos para sostener su hegemonía cultural, política y económica. Sobra y basta con la gendarmería cultural, moral y espiritual conformado por los mismo colonizados que censuran y premian las conductas y pensamientos en función a los intereses del colonizador.
Por eso el gobierno norteamericano, mediante su Embajada y su agencia de cooperación USAID, decide y hace como mejor sea útil para sus intereses en Guatemala.
Ricos y empobrecidos, gobernantes o súbditos no sólo se esfuerzan por practicar vicios y malas costumbres yanquis como virtudes o modelos de vida, sino que tienen como su Meca, su destino aunque sea por instantes, al país de los EEUU. De allí que para los colonizados el mayor castigo posible sea la suspensión de la visa norteamericana. La visa gringa vale más que la ciudadanía guatemalteca.
