La Guardia Civil cree que el presidente de Murcia acordó pagar 32.000 euros a la Púnica para progresar en política
La contratación no se llegó a materializar por la operación de la Guardia Civil que estalló en octubre de 2014
"El nexo de unión entre ambas tramas, la del Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación de Murcia, fue Pilar Barreiro"
MADRID, 31 (EUROPA PRESS).- La Guardia Civil atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública que habría cometido al acordar el pago de 32.000 euros para que las empresas del supuesto 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, mejoraran su imagen y poder progresar así en su "carrera política".
Según consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press, la contratación no se llegó a materializar gracias a la operación policial que estalló en octubre de 2014, "si bien los indicios apuntan a que sí se materializó el concierto para la adjudicación, a través de las distintas reuniones y contactos entre las partes".
La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se incautó en el registro de la empresa de De Pedro, Eico-Madiva, de la hoja de pedido, en la que se desgrana que los servicios contratados se prolongarían desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015 por un precio total de 32.200 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros mensuales.
"No son prestaciones que responsan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero --Sánchez era entonces titular de Educación-- para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y poder progresar en su carrera política", destaca el informe, fechado el pasado 13 de mayo.
La UCO considera así que el actual presidente murciano habría realizado en su etapa como consejero de Educación "supuestos trabajos reputacionales sufragados indiciariamente con fondos públicos", todo ello enmascarado como un "un eventual contrato en materia de formación".
Los investigadores consideran también que la ex senadora del PP por esta región, Pilar Barreiro, --que repite como candidata a la Cámara Alta en las listas 'populares' para las próximas generales-- pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su etapa como alcaldesa de Cartagena y exdiputada nacional.
En concreto, el delito estaría relacionado con la contratación por parte del Ayuntamiento de Cartagena de una supuesta campaña de publicidad institucional, que, en realidad, encubría la contratación de un periodista para la difusión de noticias favorables a Barreiro en un diario online de De Pedro, así como el concierto para el pago de los servicios reputacionales a través de un plan de medios.
Los agentes atribuyen delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, quien "tenía una trayectoria personal y política que le daba la posibilidad de acceder a cargos de la Administración y comercializar de forma ventajosa los servicios de reputación online de las empresas de De Pedro, así como de acceder a cualquier otro contrato público que quedara a su alcance".
PILAR BARREIRO, EL "NEXO DE UNIÓN"
El caso se remonta al año 2014 cuando, tras la dimisión del antiguo presidente Ramón Luis Válcárcel, se abrió una "carrera" en el seno del partido entre los entonces candidatos a la región de Murcia, Juan Carlos Ruiz y Pedro Antonio Sánchez. De Pedro se concertó con Jose Antonio Alonso Conesa --que fue exalcalde de Cartagena con el PSOE-- para conseguir contratos públicos que sirvieran para mejorar la reputación online de Ruiz.
De igual modo, Pedro Antonio Sánchez tenía "premura" por iniciar cuanto antes este tipo de servicios al tener "temores a las consecuencias reputacionales de una nueva posible imputación". "El nexo de unión entre ambas tramas, la del Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación de Murcia, fue Pilar Barreiro", expone el informe.
MADRID, 31 (EUROPA PRESS).- La Guardia Civil atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, un supuesto delito de fraude en materia de contratación pública que habría cometido al acordar el pago de 32.000 euros para que las empresas del supuesto 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, mejoraran su imagen y poder progresar así en su "carrera política".
Según consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press, la contratación no se llegó a materializar gracias a la operación policial que estalló en octubre de 2014, "si bien los indicios apuntan a que sí se materializó el concierto para la adjudicación, a través de las distintas reuniones y contactos entre las partes".
La Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se incautó en el registro de la empresa de De Pedro, Eico-Madiva, de la hoja de pedido, en la que se desgrana que los servicios contratados se prolongarían desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de mayo de 2015 por un precio total de 32.200 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros mensuales.
"No son prestaciones que responsan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero --Sánchez era entonces titular de Educación-- para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y poder progresar en su carrera política", destaca el informe, fechado el pasado 13 de mayo.
La UCO considera así que el actual presidente murciano habría realizado en su etapa como consejero de Educación "supuestos trabajos reputacionales sufragados indiciariamente con fondos públicos", todo ello enmascarado como un "un eventual contrato en materia de formación".
Los investigadores consideran también que la ex senadora del PP por esta región, Pilar Barreiro, --que repite como candidata a la Cámara Alta en las listas 'populares' para las próximas generales-- pudo incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias en su etapa como alcaldesa de Cartagena y exdiputada nacional.
En concreto, el delito estaría relacionado con la contratación por parte del Ayuntamiento de Cartagena de una supuesta campaña de publicidad institucional, que, en realidad, encubría la contratación de un periodista para la difusión de noticias favorables a Barreiro en un diario online de De Pedro, así como el concierto para el pago de los servicios reputacionales a través de un plan de medios.
Los agentes atribuyen delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, quien "tenía una trayectoria personal y política que le daba la posibilidad de acceder a cargos de la Administración y comercializar de forma ventajosa los servicios de reputación online de las empresas de De Pedro, así como de acceder a cualquier otro contrato público que quedara a su alcance".
PILAR BARREIRO, EL "NEXO DE UNIÓN"
El caso se remonta al año 2014 cuando, tras la dimisión del antiguo presidente Ramón Luis Válcárcel, se abrió una "carrera" en el seno del partido entre los entonces candidatos a la región de Murcia, Juan Carlos Ruiz y Pedro Antonio Sánchez. De Pedro se concertó con Jose Antonio Alonso Conesa --que fue exalcalde de Cartagena con el PSOE-- para conseguir contratos públicos que sirvieran para mejorar la reputación online de Ruiz.
De igual modo, Pedro Antonio Sánchez tenía "premura" por iniciar cuanto antes este tipo de servicios al tener "temores a las consecuencias reputacionales de una nueva posible imputación". "El nexo de unión entre ambas tramas, la del Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Educación de Murcia, fue Pilar Barreiro", expone el informe.
