OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- Mariano Rajoy ha salido reforzado políticamente tras las últimas elecciones, tanto en el ámbito interno de su partido como ante la sociedad española. El consenso es absoluto sobre este particular. Nadie lo discute.
Por lo tanto, en buena lógica democrática, Mariano Rajoy es aquel a quien las urnas han designado como candidato preferente para presidir el próximo gobierno. No obstante, siguiendo con la misma lógica impecable, no es menos cierto que para conseguir ser investido el hombre necesita que la Cámara de Diputados lo apoye, ya sea en primera o en segunda votación. Y eso no va a ser fácil.
El dirigente conservador genera tanto rechazo entre los votantes de las otras fuerzas políticas que ―en teoría― pudieran pactar con él o, cuanto menos, abstenerse, que aquellos que decidan apoyarlo deberán cargarse de razones para explicar a quienes les dieron su voto que han colaborado por activa o por pasiva, por acción o por omisión en la reelección de un hombre que representa lo peor la derecha española y es el responsable del austericidio.
Rajoy es la cabeza visible de un partido, el Popular, que ha sido calificado en sede judicial como organización criminal. Un partido en el que la corrupción es el resultado de una concepción del poder que no distingue sino que mezcla lo público con lo privado, especialmente en el campo de las relaciones entre las administraciones y las empresas concesionarias de éstas. Los negocios son los negocios, así que la idea de que los dineros públicos pueden ir a los bolsillos privados de los amigos políticos es un axioma. También las arcas del partido han recibido recursos económicos bastardos para mantener engrasada la máquina. Las muchas cajas B existentes, prácticamente en todas las secciones territoriales del partido, han permitido sufragar campañas electorales, incluso eludiendo los límites de gasto permitidos por la ley, reforzar los jornales de cargos electos, comprar voluntades, construir o remodelar sedes partidarias…, cualquier cosa que les haya beneficiado y que haya hecho que la maquinaria continuará funcionando.
Ahora que la Unión Europea estudia multar al Reino de España por el incumplimiento del déficit, se recuerda que el Gobierno Rajoy decretó una rebaja fiscal en vísperas electorales de 2015, con un objetivo tan obscenamente electoralista que sólo engañó a los desinformados. En este momento, cuando llega la factura, la opinión pública debiera penalizar a ese partido y a ese dirigente que ha actuado y actúa poniendo siempre por delante sus intereses, los de su partido y los de sus amigos políticos.
El ministro Fernández Díaz, que detenta la cartera de Interior, hombre de la mayor confianza de Rajoy, ha sido y es el responsable de uno de los capítulos más censurables, vergonzosos y preocupantes por lo que hace a la utilización de los recursos del Estado de manera infame. Una supuesta policía patriótica [una especie de brigadilla con algunos elementos de la cúpula policial al mando] se dedicaba a recabar información ―o a inventarla y filtrarla a medios de comunicación afines― perjudicial para líderes políticos contrarios [especialmente los independentistas catalanes] o contra otros partidos [la persecución contra Podemos ha sido tan inquisitorial como sustentada en bases falsas e inventadas, como ha dejado claro el Tribunal Supremo hasta en cinco ocasiones]. Fernández Díaz no dimitió ni fue cesado por Rajoy cuando se hicieron públicas las grabaciones de la conjura que el ministro urdía con el director de la oficina antifraude de Cataluña, y sigue en su puesto. Parece que existen cuatro horas más de grabaciones de conversaciones sensibles que no se sabe cuánto juego pueden dar. En cualquier caso, Fernández Díaz está ya inhabilitado para seguir en el gobierno, en el caso de que Rajoy consiga la investidura, y se habla de hacerlo embajador en el Vaticano. Son las formas de Rajoy, y repetirían lo que ya se hizo con Federico Trillo, a quien se mandó de embajador a Londres: a un correligionario carbonizado se le premia con una buena embajada. A otros se les premia con un buen cargo en organismos internacionales, como se ha hecho con otros dos ex ministros: Ana Mato y José Manuel Soria.
Las formas de Rajoy, no obstante, brillan en todo su esplendor con el manejo de los tiempos políticos. Entre diciembre de 2015 y junio de 2016, entre un proceso electoral y el otro, Rajoy se mimetizó con el terreno, casi desapareció, y ahora quiere hacer lo mismo. Ni hace ni dice, ni sube ni baja, ni entra ni sale. Ignora cualquier tipo de responsabilidad que le cupiera por el importante factor de ser el responsable del partido más votado, y espera que los demás hagan, digan, propongan o, llegado el caso, se cuezan solos en su propia salsa.
Tras el 26J, Rajoy afirmó que iba a hablar con todos los partidos, pero no lo ha hecho. Él y sus lugartenientes transmiten de forma tan machacona como inmoral que el Partido Socialista debe facilitar su apoyo para la investidura. Sólo utilizan un argumento: es la forma de evitar unas terceras elecciones. Ni un programa explícito de mínimos, ni propuestas de acercamiento entre los programas de gobierno con otros partidos a los que seducir, ni compromisos de revisión del marco legal impuesto por el rodillo del Partido Popular durante la legislatura anterior [reforma laboral, reforma educativa, la llamada Ley mordaza, etc., etc.], ni propuestas de acuerdo para atacar la brecha de desigualdad abierta por el austericidio, ni reformas institucionales… Nada. Rajoy se limita a repetir a diario que él debe ser el presidente. Y los demás deben apoyarle o abstenerse. Y no tiene nada más que decir.
Es una anomalía democrática este señor. Cabría decidir si es una anormalidad o una malformación, pero lo más relevante es que ha sido revalidado en las urnas hace tan sólo unos días. Y es esto mismo lo que constituye un indicador de cómo de baja es la calidad de la democracia española.
En el Reino Unido se ha hecho público el Informe Chilcot, que ha dejado negro sobre blanco que la invasión de Irak no respondió a la amenaza de la tenencia de armas de destrucción masiva, como aseguraron Bush, Blair y Aznar [que fue quien ungió a Rajoy para sucederle], sino a la voluntad de servilismo a la Casa Blanca por parte de los dos mandatarios europeos. Lluís Bassets le decía a Pepa Bueno en la SER que Blair era el caniche de Bush y Ansar [como lo llamaba el presidente norteamericano, incapaz de memorizar el apellido Aznar] no pasó de ser el caniche del caniche. Pues bien, Aznar sigue sin disculparse, sin siquiera lamentar que aquella invasión haya tenido las terribles consecuencias que cada día constatamos. La baja calidad de la democracia española permite que, incluso, una canallada de Lesa Humanidad, como fue el apoyo del Gobierno Aznar a la invasión de Irak [en contra del 90 por ciento de la opinión pública española] pueda quedar impune. Veremos qué pasa con este asunto cuando se constituya el próximo Parlamento en Madrid.
De momento, Rajoy no tiene todavía los votos necesarios. La anomalía que representa debiera ser corregida. Hacen falta luz, taquígrafos y voluntad política suficiente como para jubilar políticamente a Mariano Rajoy y a todo lo que representa. Antonio Gutiérrez ―antiguo líder de CCOO, ex diputado socialista y hombre cabal― proponía hace unos días, y no es el único, un gobierno a tres bandas entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ninguno de los tres puede votar por investir presidente a Rajoy [en el caso de los de Rivera sólo al precio de desdecirse, de decir Diego donde decían digo], así que si Rajoy fracasa y no consigue una mayoría suficiente, no debieran eludir su responsabilidad aceptando unas nuevas elecciones, ni absteniéndose para evitarlas. Se podría eliminar así una anomalía, una anormalidad como Rajoy, al tiempo que se mejoraba el indicador de la calidad de la democracia española.
Por lo tanto, en buena lógica democrática, Mariano Rajoy es aquel a quien las urnas han designado como candidato preferente para presidir el próximo gobierno. No obstante, siguiendo con la misma lógica impecable, no es menos cierto que para conseguir ser investido el hombre necesita que la Cámara de Diputados lo apoye, ya sea en primera o en segunda votación. Y eso no va a ser fácil.
El dirigente conservador genera tanto rechazo entre los votantes de las otras fuerzas políticas que ―en teoría― pudieran pactar con él o, cuanto menos, abstenerse, que aquellos que decidan apoyarlo deberán cargarse de razones para explicar a quienes les dieron su voto que han colaborado por activa o por pasiva, por acción o por omisión en la reelección de un hombre que representa lo peor la derecha española y es el responsable del austericidio.
Rajoy es la cabeza visible de un partido, el Popular, que ha sido calificado en sede judicial como organización criminal. Un partido en el que la corrupción es el resultado de una concepción del poder que no distingue sino que mezcla lo público con lo privado, especialmente en el campo de las relaciones entre las administraciones y las empresas concesionarias de éstas. Los negocios son los negocios, así que la idea de que los dineros públicos pueden ir a los bolsillos privados de los amigos políticos es un axioma. También las arcas del partido han recibido recursos económicos bastardos para mantener engrasada la máquina. Las muchas cajas B existentes, prácticamente en todas las secciones territoriales del partido, han permitido sufragar campañas electorales, incluso eludiendo los límites de gasto permitidos por la ley, reforzar los jornales de cargos electos, comprar voluntades, construir o remodelar sedes partidarias…, cualquier cosa que les haya beneficiado y que haya hecho que la maquinaria continuará funcionando.
Ahora que la Unión Europea estudia multar al Reino de España por el incumplimiento del déficit, se recuerda que el Gobierno Rajoy decretó una rebaja fiscal en vísperas electorales de 2015, con un objetivo tan obscenamente electoralista que sólo engañó a los desinformados. En este momento, cuando llega la factura, la opinión pública debiera penalizar a ese partido y a ese dirigente que ha actuado y actúa poniendo siempre por delante sus intereses, los de su partido y los de sus amigos políticos.
El ministro Fernández Díaz, que detenta la cartera de Interior, hombre de la mayor confianza de Rajoy, ha sido y es el responsable de uno de los capítulos más censurables, vergonzosos y preocupantes por lo que hace a la utilización de los recursos del Estado de manera infame. Una supuesta policía patriótica [una especie de brigadilla con algunos elementos de la cúpula policial al mando] se dedicaba a recabar información ―o a inventarla y filtrarla a medios de comunicación afines― perjudicial para líderes políticos contrarios [especialmente los independentistas catalanes] o contra otros partidos [la persecución contra Podemos ha sido tan inquisitorial como sustentada en bases falsas e inventadas, como ha dejado claro el Tribunal Supremo hasta en cinco ocasiones]. Fernández Díaz no dimitió ni fue cesado por Rajoy cuando se hicieron públicas las grabaciones de la conjura que el ministro urdía con el director de la oficina antifraude de Cataluña, y sigue en su puesto. Parece que existen cuatro horas más de grabaciones de conversaciones sensibles que no se sabe cuánto juego pueden dar. En cualquier caso, Fernández Díaz está ya inhabilitado para seguir en el gobierno, en el caso de que Rajoy consiga la investidura, y se habla de hacerlo embajador en el Vaticano. Son las formas de Rajoy, y repetirían lo que ya se hizo con Federico Trillo, a quien se mandó de embajador a Londres: a un correligionario carbonizado se le premia con una buena embajada. A otros se les premia con un buen cargo en organismos internacionales, como se ha hecho con otros dos ex ministros: Ana Mato y José Manuel Soria.
Las formas de Rajoy, no obstante, brillan en todo su esplendor con el manejo de los tiempos políticos. Entre diciembre de 2015 y junio de 2016, entre un proceso electoral y el otro, Rajoy se mimetizó con el terreno, casi desapareció, y ahora quiere hacer lo mismo. Ni hace ni dice, ni sube ni baja, ni entra ni sale. Ignora cualquier tipo de responsabilidad que le cupiera por el importante factor de ser el responsable del partido más votado, y espera que los demás hagan, digan, propongan o, llegado el caso, se cuezan solos en su propia salsa.
Tras el 26J, Rajoy afirmó que iba a hablar con todos los partidos, pero no lo ha hecho. Él y sus lugartenientes transmiten de forma tan machacona como inmoral que el Partido Socialista debe facilitar su apoyo para la investidura. Sólo utilizan un argumento: es la forma de evitar unas terceras elecciones. Ni un programa explícito de mínimos, ni propuestas de acercamiento entre los programas de gobierno con otros partidos a los que seducir, ni compromisos de revisión del marco legal impuesto por el rodillo del Partido Popular durante la legislatura anterior [reforma laboral, reforma educativa, la llamada Ley mordaza, etc., etc.], ni propuestas de acuerdo para atacar la brecha de desigualdad abierta por el austericidio, ni reformas institucionales… Nada. Rajoy se limita a repetir a diario que él debe ser el presidente. Y los demás deben apoyarle o abstenerse. Y no tiene nada más que decir.
Es una anomalía democrática este señor. Cabría decidir si es una anormalidad o una malformación, pero lo más relevante es que ha sido revalidado en las urnas hace tan sólo unos días. Y es esto mismo lo que constituye un indicador de cómo de baja es la calidad de la democracia española.
En el Reino Unido se ha hecho público el Informe Chilcot, que ha dejado negro sobre blanco que la invasión de Irak no respondió a la amenaza de la tenencia de armas de destrucción masiva, como aseguraron Bush, Blair y Aznar [que fue quien ungió a Rajoy para sucederle], sino a la voluntad de servilismo a la Casa Blanca por parte de los dos mandatarios europeos. Lluís Bassets le decía a Pepa Bueno en la SER que Blair era el caniche de Bush y Ansar [como lo llamaba el presidente norteamericano, incapaz de memorizar el apellido Aznar] no pasó de ser el caniche del caniche. Pues bien, Aznar sigue sin disculparse, sin siquiera lamentar que aquella invasión haya tenido las terribles consecuencias que cada día constatamos. La baja calidad de la democracia española permite que, incluso, una canallada de Lesa Humanidad, como fue el apoyo del Gobierno Aznar a la invasión de Irak [en contra del 90 por ciento de la opinión pública española] pueda quedar impune. Veremos qué pasa con este asunto cuando se constituya el próximo Parlamento en Madrid.
De momento, Rajoy no tiene todavía los votos necesarios. La anomalía que representa debiera ser corregida. Hacen falta luz, taquígrafos y voluntad política suficiente como para jubilar políticamente a Mariano Rajoy y a todo lo que representa. Antonio Gutiérrez ―antiguo líder de CCOO, ex diputado socialista y hombre cabal― proponía hace unos días, y no es el único, un gobierno a tres bandas entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ninguno de los tres puede votar por investir presidente a Rajoy [en el caso de los de Rivera sólo al precio de desdecirse, de decir Diego donde decían digo], así que si Rajoy fracasa y no consigue una mayoría suficiente, no debieran eludir su responsabilidad aceptando unas nuevas elecciones, ni absteniéndose para evitarlas. Se podría eliminar así una anomalía, una anormalidad como Rajoy, al tiempo que se mejoraba el indicador de la calidad de la democracia española.
