OPINIÓN de Juanita Vélez, Colombia.- El impulso que le da el Acuerdo con las Farc a las zonas de reserva campesina ha sido bienvenido por organizaciones sociales en las regiones más tocadas por la guerra, pero volvió a despertar duras críticas de políticos de derecha contra esas zonas y algunos de sus líderes han sido asesinados desde el cese bilateral del 26 de agosto. Todo eso muestra que el fantasma de que sean “pequeños caguancitos” sigue vivo y que no va a ser tan fácil aterrizar ese punto del Acuerdo.
Esas zonas buscan garantizar que los pequeños campesinos mantengan sus formas de vida. Dentro de ellas los campesinos hacen sus propios planes de desarrollo y formulan proyectos agrosostenibles y, sobre todo, queda limitada la cantidad de tierra que puede tener una familia dentro de ellas.
Por eso, cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aprueba una nueva zona, también recibe la función de comprar o expropiar predios que superen esos topes. Y desde ese momento nadie puede comprar tierra por encima de ese límite.
Aunque existen por ley desde 1994 y según ANT hay 29 solicitudes de constitución represadas, solo hay seis constituidas y siete están en proceso de constitución. Ese trancón es el que puede acabar el Acuerdo.
Esa cantidad de solicitudes que no avanzan se debe a que que desde que se crearon han cargado con el estigma de ser zonas de las Farc y especialmente a que durante el gobierno de Álvaro Uribe, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias intentó que solo se pudieran hacer donde había baldíos con su ley de Estatuto de Desarrollo Rural de 2007, que tumbó la Corte en 2009 por falta de consulta previa.
El estigma
Las zonas de reserva campesina han sido muy criticadas, sobre todo por el uribismo.
El expresidente Uribe las ha tildado de “emporios del terrorismo”, de “enclaves de las Farc” y ha dicho que funcionan como la antesala de la llegada del castrochavismo.
Además, en su página oficial publicó una columna que las equipara a los soviets, los consejos obreros que constituían los fundamentos del Estado soviético en sus primeros años, y que desde su título alude de nuevo al comunismo.
Esas críticas han ganado fuerza porque en cuatro de las seis zonas de reserva que existen (la de Cabrera, en Cundinamarca; El Pato, en Caquetá; Calamar, en el Guaviare, y el valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio antioqueño y bolivarense) las Farc han hecho presencia desde hace décadas. Por eso no ha sido fácil quitarse de encima ese estigma, incluso para las otras dos.
En parte en respuesta a ese estigma y en parte debido a la falta de voluntad política para ponerlas a andar, las seis zonas que existen se asociaron en el 2000 en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc.
Esa asociación ha reinvindicado a las organizaciones campesinas que pelean por constituir esas zonas, y se ha ido convirtiendo en un actor importante del movimiento social organizado en la Cumbre Agraria y que ha compartido posiciones con las Farc.
De hecho, al inicio de las negociaciones de La Habana esa guerrilla quería que las zonas tuvieran casi la misma autonomía que un resguardo indígena. El Gobierno se opuso y al final quedó acordado que habrá un impulso del Estado para que finalmente apoye los planes de desarrollo de esas zonas, pero que no tendrán la autonomía que pedían las Farc.
En concreto, en el Acuerdo de La Habana el Gobierno se compromete a promover el acceso a la tierra en las zonas, a hacer efectivo el apoyo estatal e sus planes de desarrollo y a concertar con los campesinos las áreas de las nuevas zonas de concentración que se creen según las normas que ya existen. Aunque no es un compromiso de crear necesariamente nuevas zonas, el movimiento campesino que promueve las zonas lo ha recibido como un espaldarazo, como contó La Silla Santandereana.
Sin embargo, la lucha por crearlas y sostenerlas no ha dejado de ser un peligro para su líderes. Prueba de eso es que varios de los líderes sociales asesinados este año eran de organizaciones que venían trabajando de tiempo atrás por crear o defender zonas de reserva.
Los casos
De las 31 historias de los líderes asesinados desde el cese bilateral del 26 de agosto que La Silla reconstruyó hace tres semanas, cuatro eran de líderes campesinos que luchaban por constituir zonas de reserva.
Uno de esos procesos es el de la zona de reserva entre los ríos Losada y Guayabero,en La Macarena, Meta, donde desconocidos asesinaron a Erley Monroy y Didier Losada, líderes de a la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero, Ascal-G, que lidera esa constitución.
Esa asociación la crearon hace veinte años campesinos y ganaderos de 67 veredas de La Macarena para pelear por la defensa de los recursos naturales en su territorio.
Monroy fue presidente de Ascal - G y de la junta de acción comunal de Puerto Losada. Uno de sus últimos eventos públicos, según dos personas de la región con las que habló La Silla, fue participar en la audiencia para constituir la zona de reserva que es uno de los pasos previos para que la Agencia Nacional de Tierras saque la resolución para crearla formalmente.
“Erley era el impulsor de esa zona y la situación estaba complicada porque comenzaron a decir que todo era para que fuera un condominio de las Farc luego de entregar las armas”, dijo a La Silla una persona que hace parte de una red de organizaciones sociales de San Vicente del Caguán.
No es la primera ni la última vez que Ascal-G ha sido tildada de tener vínculos con esa guerrilla, algo que nunca se ha podido confirmar pero que refuerza o muestra el estigma de las ZRC.
Ese señalamiento se despertó en julio, cuando comenzó a circular un manual de convivencia de Ascal-G para los habitantes de la futura la zrc, y el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, le dijo a Noticias Rcn, que ese manual “era de las Farc”.
Otro caso es el de Caloto, Cauca, donde hay una zona de reserva “de hecho”, es decir, que existe, pero no legalmente.
Allá fueron asesinados en noviembre Jhon Jairo Rodríguez Torres y José Antonio Velasco, miembros de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución de Zonas de Reserva Campesina, adscrita al movimiento Marcha Patriótica y que lleva varios años presionando para que les den el título.
Las razones del estigma
Hay por lo menos cuatro razones que explican por qué las zonas de reserva campesina son tan amenazantes.
La primera son los recursos naturales que hay en esos territorios: como al crearse se prohíben actividades que perjudiquen la economía campesina, eso puede incluir la minería o la industria petrolera. Y eso puede interferir en proyectos de ese tipo.
Por ejemplo, justo donde los de Ascal-G quieren constituir la zona de reserva queda el bloque petrolero Serranía. La petrolera Hupecol obtuvo los derechos a explorarlo en la Ronda Colombia 2014 que organizó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en abril de este año obtuvo una licencia ambiental de la Anla para hacerlo y finalmente fue revocada.
Ascal-G, según dos fuentes de La Macarena con las que habló La Silla, fue la organización que más se movió para evitar que Hupecol entrara y Monroy, el líder asesinado, habló en todos los medios que podía criticando ese proyecto. Es decir, una zona aún no constituida logró frenar una explotación petrolera, un poder que seguramente sería mayor de haber estado constituida.
La segunda razón, según otro experto en tierras, es que al crear una Zona de Reserva los acumuladores de tierras la tienen mucho más difícil. Para ellos es más fácil entenderse con pequeños propietarios diseminados, como ha ocurrido en los Llanos, que desbaratar una zona de reserva campesina ya constituida.
Y no solo por los obstáculos jurídicos para tumbar una decisión del Estado, sino porque significa enfrentarse a organizaciones sociales arraigadas, como las que se conforman en una zona de reserva, que probablemente le harían oposición a esa iniciativa.
A esas razones, que existen desde hace años, se suman dos nuevas con los Acuerdos.
Una es que promueve el empoderamiento de organizaciones sociales, todo en las regiones más afectadas por el conflicto.
Como en varias de ellas hay zonas de reserva (como, por ejemplo, en Cabrera, el municipio de Cundinamarca que es vecino de La Macarena) o hay iniciativas para constituirlas (como en el Catatumbo), ese empoderamiento puede ayudar a que crezcan liderazgos que entrarían a competirle a las élites locales.
“Las zonas de reserva promueven la organización política campesina porque para constituirlas los campesinos tienen que ponerse de acuerdo en unas reglas, en unos tiempos. De esa organización pueden salir liderazgos que para políticos de carrera representan competencia”, explicó a La Silla una experta en tierras.
Por ejemplo, eso pasó con personajes como Andrés Gil, que fue uno de los fundadores de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Acvc, una de las primeras del país y que representa a más de 30 mil campesinos.
Gracias a ese liderazgo Gil logró un protagonismo nacional y hoy, es uno de los líderes más visibles de la Marcha Patriótica.
O César Jeréz que siendo dirigente de Anzorc, se ha vuelto un intercolutor clave para el Gobierno.
Si esos liderazgos se crearon antes del acuerdo, ahora puede ser más fácil para otros lograrlo.
La última razón es que, al ser zonas de presencia histórica de las Farc y al estar esta guerrilla en proceso de desmovilizarse, quedará un vacío de poder que pueden ocupar las organizaciones campesinas que las lideran.
Ese empoderamiento ya se está viendo: Anzorc le está apostando a crear guardias campesinas a la imagen de la guardia indígena del Cauca.
La idea es que esos grupos, armados con bastones de mando, sirvan como mediadores de conflictos y creen una red de informantes para evitar que tras la salida de las Farc, otros grupos lleguen a sus territorios.
Si se cristaliza esa idea, las zonas no solo estarían saliendo del congelamiento actual para multiplicarse, sino que ganarían más fuerza y autonomía. Algo que, paradójicamente, podría reforzar el estigma. Por eso, aunque el Acuerdo de La Habana les cambia el panorama, no significa que vaya a ser fácil que las peticiones que están andando se conviertan en más zonas.
Juanita Vélez es periodista.
http://lasillavacia.com/historia/zonas-de-reserva-campesina-entre-el-estigma-y-la-oportunidad-59199
Esas zonas buscan garantizar que los pequeños campesinos mantengan sus formas de vida. Dentro de ellas los campesinos hacen sus propios planes de desarrollo y formulan proyectos agrosostenibles y, sobre todo, queda limitada la cantidad de tierra que puede tener una familia dentro de ellas.
Por eso, cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) aprueba una nueva zona, también recibe la función de comprar o expropiar predios que superen esos topes. Y desde ese momento nadie puede comprar tierra por encima de ese límite.
Aunque existen por ley desde 1994 y según ANT hay 29 solicitudes de constitución represadas, solo hay seis constituidas y siete están en proceso de constitución. Ese trancón es el que puede acabar el Acuerdo.
Esa cantidad de solicitudes que no avanzan se debe a que que desde que se crearon han cargado con el estigma de ser zonas de las Farc y especialmente a que durante el gobierno de Álvaro Uribe, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias intentó que solo se pudieran hacer donde había baldíos con su ley de Estatuto de Desarrollo Rural de 2007, que tumbó la Corte en 2009 por falta de consulta previa.
El estigma
Las zonas de reserva campesina han sido muy criticadas, sobre todo por el uribismo.
El expresidente Uribe las ha tildado de “emporios del terrorismo”, de “enclaves de las Farc” y ha dicho que funcionan como la antesala de la llegada del castrochavismo.
Además, en su página oficial publicó una columna que las equipara a los soviets, los consejos obreros que constituían los fundamentos del Estado soviético en sus primeros años, y que desde su título alude de nuevo al comunismo.
Esas críticas han ganado fuerza porque en cuatro de las seis zonas de reserva que existen (la de Cabrera, en Cundinamarca; El Pato, en Caquetá; Calamar, en el Guaviare, y el valle del río Cimitarra, en el Magdalena Medio antioqueño y bolivarense) las Farc han hecho presencia desde hace décadas. Por eso no ha sido fácil quitarse de encima ese estigma, incluso para las otras dos.
En parte en respuesta a ese estigma y en parte debido a la falta de voluntad política para ponerlas a andar, las seis zonas que existen se asociaron en el 2000 en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc.
Esa asociación ha reinvindicado a las organizaciones campesinas que pelean por constituir esas zonas, y se ha ido convirtiendo en un actor importante del movimiento social organizado en la Cumbre Agraria y que ha compartido posiciones con las Farc.
De hecho, al inicio de las negociaciones de La Habana esa guerrilla quería que las zonas tuvieran casi la misma autonomía que un resguardo indígena. El Gobierno se opuso y al final quedó acordado que habrá un impulso del Estado para que finalmente apoye los planes de desarrollo de esas zonas, pero que no tendrán la autonomía que pedían las Farc.
En concreto, en el Acuerdo de La Habana el Gobierno se compromete a promover el acceso a la tierra en las zonas, a hacer efectivo el apoyo estatal e sus planes de desarrollo y a concertar con los campesinos las áreas de las nuevas zonas de concentración que se creen según las normas que ya existen. Aunque no es un compromiso de crear necesariamente nuevas zonas, el movimiento campesino que promueve las zonas lo ha recibido como un espaldarazo, como contó La Silla Santandereana.
Sin embargo, la lucha por crearlas y sostenerlas no ha dejado de ser un peligro para su líderes. Prueba de eso es que varios de los líderes sociales asesinados este año eran de organizaciones que venían trabajando de tiempo atrás por crear o defender zonas de reserva.
Los casos
De las 31 historias de los líderes asesinados desde el cese bilateral del 26 de agosto que La Silla reconstruyó hace tres semanas, cuatro eran de líderes campesinos que luchaban por constituir zonas de reserva.
Uno de esos procesos es el de la zona de reserva entre los ríos Losada y Guayabero,en La Macarena, Meta, donde desconocidos asesinaron a Erley Monroy y Didier Losada, líderes de a la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero, Ascal-G, que lidera esa constitución.
Esa asociación la crearon hace veinte años campesinos y ganaderos de 67 veredas de La Macarena para pelear por la defensa de los recursos naturales en su territorio.
Monroy fue presidente de Ascal - G y de la junta de acción comunal de Puerto Losada. Uno de sus últimos eventos públicos, según dos personas de la región con las que habló La Silla, fue participar en la audiencia para constituir la zona de reserva que es uno de los pasos previos para que la Agencia Nacional de Tierras saque la resolución para crearla formalmente.
“Erley era el impulsor de esa zona y la situación estaba complicada porque comenzaron a decir que todo era para que fuera un condominio de las Farc luego de entregar las armas”, dijo a La Silla una persona que hace parte de una red de organizaciones sociales de San Vicente del Caguán.
No es la primera ni la última vez que Ascal-G ha sido tildada de tener vínculos con esa guerrilla, algo que nunca se ha podido confirmar pero que refuerza o muestra el estigma de las ZRC.
Ese señalamiento se despertó en julio, cuando comenzó a circular un manual de convivencia de Ascal-G para los habitantes de la futura la zrc, y el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, le dijo a Noticias Rcn, que ese manual “era de las Farc”.
Otro caso es el de Caloto, Cauca, donde hay una zona de reserva “de hecho”, es decir, que existe, pero no legalmente.
Allá fueron asesinados en noviembre Jhon Jairo Rodríguez Torres y José Antonio Velasco, miembros de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución de Zonas de Reserva Campesina, adscrita al movimiento Marcha Patriótica y que lleva varios años presionando para que les den el título.
Las razones del estigma
Hay por lo menos cuatro razones que explican por qué las zonas de reserva campesina son tan amenazantes.
La primera son los recursos naturales que hay en esos territorios: como al crearse se prohíben actividades que perjudiquen la economía campesina, eso puede incluir la minería o la industria petrolera. Y eso puede interferir en proyectos de ese tipo.
Por ejemplo, justo donde los de Ascal-G quieren constituir la zona de reserva queda el bloque petrolero Serranía. La petrolera Hupecol obtuvo los derechos a explorarlo en la Ronda Colombia 2014 que organizó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en abril de este año obtuvo una licencia ambiental de la Anla para hacerlo y finalmente fue revocada.
Ascal-G, según dos fuentes de La Macarena con las que habló La Silla, fue la organización que más se movió para evitar que Hupecol entrara y Monroy, el líder asesinado, habló en todos los medios que podía criticando ese proyecto. Es decir, una zona aún no constituida logró frenar una explotación petrolera, un poder que seguramente sería mayor de haber estado constituida.
La segunda razón, según otro experto en tierras, es que al crear una Zona de Reserva los acumuladores de tierras la tienen mucho más difícil. Para ellos es más fácil entenderse con pequeños propietarios diseminados, como ha ocurrido en los Llanos, que desbaratar una zona de reserva campesina ya constituida.
Y no solo por los obstáculos jurídicos para tumbar una decisión del Estado, sino porque significa enfrentarse a organizaciones sociales arraigadas, como las que se conforman en una zona de reserva, que probablemente le harían oposición a esa iniciativa.
A esas razones, que existen desde hace años, se suman dos nuevas con los Acuerdos.
Una es que promueve el empoderamiento de organizaciones sociales, todo en las regiones más afectadas por el conflicto.
Como en varias de ellas hay zonas de reserva (como, por ejemplo, en Cabrera, el municipio de Cundinamarca que es vecino de La Macarena) o hay iniciativas para constituirlas (como en el Catatumbo), ese empoderamiento puede ayudar a que crezcan liderazgos que entrarían a competirle a las élites locales.
“Las zonas de reserva promueven la organización política campesina porque para constituirlas los campesinos tienen que ponerse de acuerdo en unas reglas, en unos tiempos. De esa organización pueden salir liderazgos que para políticos de carrera representan competencia”, explicó a La Silla una experta en tierras.
Por ejemplo, eso pasó con personajes como Andrés Gil, que fue uno de los fundadores de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Acvc, una de las primeras del país y que representa a más de 30 mil campesinos.
Gracias a ese liderazgo Gil logró un protagonismo nacional y hoy, es uno de los líderes más visibles de la Marcha Patriótica.
O César Jeréz que siendo dirigente de Anzorc, se ha vuelto un intercolutor clave para el Gobierno.
Si esos liderazgos se crearon antes del acuerdo, ahora puede ser más fácil para otros lograrlo.
La última razón es que, al ser zonas de presencia histórica de las Farc y al estar esta guerrilla en proceso de desmovilizarse, quedará un vacío de poder que pueden ocupar las organizaciones campesinas que las lideran.
Ese empoderamiento ya se está viendo: Anzorc le está apostando a crear guardias campesinas a la imagen de la guardia indígena del Cauca.
La idea es que esos grupos, armados con bastones de mando, sirvan como mediadores de conflictos y creen una red de informantes para evitar que tras la salida de las Farc, otros grupos lleguen a sus territorios.
Si se cristaliza esa idea, las zonas no solo estarían saliendo del congelamiento actual para multiplicarse, sino que ganarían más fuerza y autonomía. Algo que, paradójicamente, podría reforzar el estigma. Por eso, aunque el Acuerdo de La Habana les cambia el panorama, no significa que vaya a ser fácil que las peticiones que están andando se conviertan en más zonas.
Juanita Vélez es periodista.
http://lasillavacia.com/historia/zonas-de-reserva-campesina-entre-el-estigma-y-la-oportunidad-59199
