"Han aparecido unas impactantes imágenes de vídeo que muestran a combatientes del Ejército Nacional Libio matando, en forma de ejecución, a combatientes capturados de la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi en la zona de Ganfouda, en Bengasi", ha manifestado Amnistía Internacional.
Los dos incidentes separados pueden constituir crímenes de guerra, que se sumarían a la larga lista de delitos de derecho internacional cometidos impunemente por grupos armados y milicias tanto en el oeste como en el este de Libia.
En el primero de los dos vídeos que se han difundido en las redes sociales y fueron verificados por Amnistía Internacional, se ve a un combatiente del Ejército Nacional Libio disparando a tres combatientes capturados de la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi con lo que parece ser un rifle de asalto tipo Kalashnikov mientras estaban de rodillas, de cara a una pared y con las manos atadas a la espalda. En el segundo vídeo, un grupo de combatientes del Ejército Nacional Libio se burla de un combatiente capturado, lo humilla y lo arrastra por el suelo antes de matarlo a tiros.
“La deplorable conducta de los miembros del Ejército Nacional Libio en estos vídeos, que muestran los disparos mortales a cautivos indefensos, viola el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra”, ha manifestado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.
Las fuerzas del Ejército Nacional Libio han anunciado una investigación sobre los sucesos, y un portavoz de estas fuerzas dijo a Amnistía Internacional que los individuos responsables de los homicidios habían sido aprehendidos y serían investigados. Asimismo, el Ejército Nacional Libio emitió una declaración en la que describía los homicidios ilegítimos como incidentes “aislados” llevados a cabo por individuos, y en la que ordenaba a las unidades militares en Bengasi que garantizaran que los responsables de violaciones de derechos humanos fueran entregados a la policía militar y procesados ante tribunales militares.
Sin embargo, en julio de 2016 se encontraron los cadáveres de 14 hombres arrojados en la zona de Al Laithi, en Bengasi, después de haber sido vueltos a capturar por el Ejército Nacional Libio. A todos les habían atado los brazos antes de matarlos a tiros. Ni el Ejército Nacional Libio ni los organismos encargados de hacer cumplir la ley han llevado a cabo investigaciones efectivas sobre estos u otros homicidios sumarios en el país.
Pocas esperanzas de que se haga justicia
Las peticiones previas de que se llevaran a cabo investigaciones no han dado lugar a procesamientos transparentes en los que las fuerzas de seguridad o las milicias hayan rendido cuentas, ni siquiera en los casos en los que había indicios claros de actos delictivos. Dado el historial de impunidad de Libia respecto a los crímenes de guerra y los abusos y violaciones graves de derechos humanos, las promesas de investigar estos últimos crímenes suenan poco convincentes, y las perspectivas de que las víctimas y sus familias obtengan justicia son escasas.
El derrumbe institucional de 2014, tras una lucha de poder que dividió al país en facciones regionales, ha obstaculizado aún más al poder judicial y su capacidad de desempeñar sus funciones. Los grupos armados y las milicias llevan a cabo secuestros, homicidios sumarios, tortura, desaparición forzada y otros abusos contra los derechos humanos con total impunidad, tanto en el este como en el oeste de Libia.
“Es fundamental una investigación creíble, independiente e imparcial sobre estos incidentes para transmitir a quienes cometen u ordenan crímenes atroces un mensaje claro de que no están por encima de la ley y no quedarán impunes”, ha manifestado Heba Morayef.
“Habida cuenta del nefasto historial de Libia respecto a la rendición de cuentas, es aún más crucial que la Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción activa en Libia, amplíe sus investigaciones para abarcar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo y se han cometido en el país.”
Los dos incidentes tuvieron lugar en la zona de Ganfouda, en Bengasi, anteriormente uno de los últimos baluartes de las fuerzas de la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi. En las últimas semanas, la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi ha perdido más terreno a manos del Ejército Nacional Libio, y sus combatientes se han visto empujados a un pequeño enclave de edificios conocido como Bloque 12 en el barrio del suroeste, donde los enfrentamientos entre las dos partes se han intensificado.
Ganfouda llevaba meses bajo bloqueo militar, mientras las fuerzas del Ejército Nacional Libio controlaban las carreteras de entrada y salida de la zona. Además, se cortaron los suministros de comida, agua y electricidad, lo que creó una terrible situación humanitaria para las familias allí atrapadas.
Otros presuntos abusos del Ejército Nacional Libio
Amnistía Internacional ha examinado alarmantes fotografías proporcionadas por fuentes cercanas a familiares de personas de Ganfouda, en las que se ve a miembros del Ejército Nacional Libio posando junto a cadáveres, quemando cadáveres de víctimas, y profanando el cadáver de Jalal Maksoumi, alto mando de la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi.
El derecho internacional humanitario prohíbe la mutilación de cadáveres, y las partes de un conflicto deben además esforzarse por devolver los cuerpos de los fallecidos a sus familias, si éstas lo piden.
Entre los cadáveres de las fotografías se encuentran los de personas que, según se cree, quedaron atrapadas en el Bloque 12 y murieron durante los recientes enfrentamientos. Aunque Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente las fotos, una fuente cercana a la familia de las víctimas confirmó la identidad de tres de los fallecidos.
Amnistía Internacional habló con tres fuentes diferentes cercanas a las familias de las personas atrapadas en el Bloque 12. Según estas fuentes, cuando las fuerzas del Ejército Nacional Libio parecieron ganar terreno en la zona, las familias decidieron huir. A los combatientes que quedaban –algunos de ellos heridos–, junto con sus familiares, incluidos ancianos y niños, los subieron a furgones que se dirigieron a la zona de Al Sabbri, en Bengasi.
Una fuente estrechamente asociada a las víctimas dijo a Amnistía Internacional que uno de los vehículos, que transportaba al menos a cuatro familias, se averió cerca del Puente de Juliana, a unos 5 km del Bloque 12. Allí, al parecer, el vehículo fue atacado por fuerzas del Ejército Nacional Libio. Se produjo un intercambio de disparos, tras el cual las fuerzas del Ejército Nacional Libio capturaron a todas las personas que estaban en el furgón. Otra fuente ha dicho a la organización que cinco miembros de una familia –la madre, sus dos hijas y dos hijos– que viajaban en el furgón fueron hallados muertos más tarde. Su familia pudo confirmar sus muertes después de que circularan por Internet fotografías de sus cadáveres. Otras familias están desaparecidas.
Las circunstancias de este suceso no están claras, y Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente todos los detalles. Un portavoz del Ejército Nacional Libio dijo a Amnistía Internacional por teléfono que no había muerto ningún civil durante ese incidente. Según dijo, cinco mujeres civiles jóvenes habían sido capturadas y entregadas al Ministerio del Interior “para que fueran devueltas a sus familias”.
También dijo que el Ejército Nacional Libio no tiene a civiles bajo su custodia. Sin embargo, la información facilitada por familiares de las personas que huyeron contradice estas aseveraciones y sugieren que se dio muerte a varios civiles, incluidos menores de edad.
“Todas las partes del conflicto deben garantizar que la población civil está protegida, conforme dispone el derecho internacional humanitario. Los civiles que deseen abandonar la zona deben poder salir de forma segura y gozar de protección frente a los ataques”, ha manifestado Heba Morayef.
En el primero de los dos vídeos que se han difundido en las redes sociales y fueron verificados por Amnistía Internacional, se ve a un combatiente del Ejército Nacional Libio disparando a tres combatientes capturados de la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi con lo que parece ser un rifle de asalto tipo Kalashnikov mientras estaban de rodillas, de cara a una pared y con las manos atadas a la espalda. En el segundo vídeo, un grupo de combatientes del Ejército Nacional Libio se burla de un combatiente capturado, lo humilla y lo arrastra por el suelo antes de matarlo a tiros.
“La deplorable conducta de los miembros del Ejército Nacional Libio en estos vídeos, que muestran los disparos mortales a cautivos indefensos, viola el derecho internacional humanitario y constituye un crimen de guerra”, ha manifestado Heba Morayef, directora de investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.
Las fuerzas del Ejército Nacional Libio han anunciado una investigación sobre los sucesos, y un portavoz de estas fuerzas dijo a Amnistía Internacional que los individuos responsables de los homicidios habían sido aprehendidos y serían investigados. Asimismo, el Ejército Nacional Libio emitió una declaración en la que describía los homicidios ilegítimos como incidentes “aislados” llevados a cabo por individuos, y en la que ordenaba a las unidades militares en Bengasi que garantizaran que los responsables de violaciones de derechos humanos fueran entregados a la policía militar y procesados ante tribunales militares.
Sin embargo, en julio de 2016 se encontraron los cadáveres de 14 hombres arrojados en la zona de Al Laithi, en Bengasi, después de haber sido vueltos a capturar por el Ejército Nacional Libio. A todos les habían atado los brazos antes de matarlos a tiros. Ni el Ejército Nacional Libio ni los organismos encargados de hacer cumplir la ley han llevado a cabo investigaciones efectivas sobre estos u otros homicidios sumarios en el país.
Pocas esperanzas de que se haga justicia
Las peticiones previas de que se llevaran a cabo investigaciones no han dado lugar a procesamientos transparentes en los que las fuerzas de seguridad o las milicias hayan rendido cuentas, ni siquiera en los casos en los que había indicios claros de actos delictivos. Dado el historial de impunidad de Libia respecto a los crímenes de guerra y los abusos y violaciones graves de derechos humanos, las promesas de investigar estos últimos crímenes suenan poco convincentes, y las perspectivas de que las víctimas y sus familias obtengan justicia son escasas.
El derrumbe institucional de 2014, tras una lucha de poder que dividió al país en facciones regionales, ha obstaculizado aún más al poder judicial y su capacidad de desempeñar sus funciones. Los grupos armados y las milicias llevan a cabo secuestros, homicidios sumarios, tortura, desaparición forzada y otros abusos contra los derechos humanos con total impunidad, tanto en el este como en el oeste de Libia.
“Es fundamental una investigación creíble, independiente e imparcial sobre estos incidentes para transmitir a quienes cometen u ordenan crímenes atroces un mensaje claro de que no están por encima de la ley y no quedarán impunes”, ha manifestado Heba Morayef.
“Habida cuenta del nefasto historial de Libia respecto a la rendición de cuentas, es aún más crucial que la Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción activa en Libia, amplíe sus investigaciones para abarcar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo y se han cometido en el país.”
Los dos incidentes tuvieron lugar en la zona de Ganfouda, en Bengasi, anteriormente uno de los últimos baluartes de las fuerzas de la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi. En las últimas semanas, la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi ha perdido más terreno a manos del Ejército Nacional Libio, y sus combatientes se han visto empujados a un pequeño enclave de edificios conocido como Bloque 12 en el barrio del suroeste, donde los enfrentamientos entre las dos partes se han intensificado.
Ganfouda llevaba meses bajo bloqueo militar, mientras las fuerzas del Ejército Nacional Libio controlaban las carreteras de entrada y salida de la zona. Además, se cortaron los suministros de comida, agua y electricidad, lo que creó una terrible situación humanitaria para las familias allí atrapadas.
Otros presuntos abusos del Ejército Nacional Libio
Amnistía Internacional ha examinado alarmantes fotografías proporcionadas por fuentes cercanas a familiares de personas de Ganfouda, en las que se ve a miembros del Ejército Nacional Libio posando junto a cadáveres, quemando cadáveres de víctimas, y profanando el cadáver de Jalal Maksoumi, alto mando de la Asamblea consultiva de revolucionarios de Bengasi.
El derecho internacional humanitario prohíbe la mutilación de cadáveres, y las partes de un conflicto deben además esforzarse por devolver los cuerpos de los fallecidos a sus familias, si éstas lo piden.
Entre los cadáveres de las fotografías se encuentran los de personas que, según se cree, quedaron atrapadas en el Bloque 12 y murieron durante los recientes enfrentamientos. Aunque Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente las fotos, una fuente cercana a la familia de las víctimas confirmó la identidad de tres de los fallecidos.
Amnistía Internacional habló con tres fuentes diferentes cercanas a las familias de las personas atrapadas en el Bloque 12. Según estas fuentes, cuando las fuerzas del Ejército Nacional Libio parecieron ganar terreno en la zona, las familias decidieron huir. A los combatientes que quedaban –algunos de ellos heridos–, junto con sus familiares, incluidos ancianos y niños, los subieron a furgones que se dirigieron a la zona de Al Sabbri, en Bengasi.
Una fuente estrechamente asociada a las víctimas dijo a Amnistía Internacional que uno de los vehículos, que transportaba al menos a cuatro familias, se averió cerca del Puente de Juliana, a unos 5 km del Bloque 12. Allí, al parecer, el vehículo fue atacado por fuerzas del Ejército Nacional Libio. Se produjo un intercambio de disparos, tras el cual las fuerzas del Ejército Nacional Libio capturaron a todas las personas que estaban en el furgón. Otra fuente ha dicho a la organización que cinco miembros de una familia –la madre, sus dos hijas y dos hijos– que viajaban en el furgón fueron hallados muertos más tarde. Su familia pudo confirmar sus muertes después de que circularan por Internet fotografías de sus cadáveres. Otras familias están desaparecidas.
Las circunstancias de este suceso no están claras, y Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente todos los detalles. Un portavoz del Ejército Nacional Libio dijo a Amnistía Internacional por teléfono que no había muerto ningún civil durante ese incidente. Según dijo, cinco mujeres civiles jóvenes habían sido capturadas y entregadas al Ministerio del Interior “para que fueran devueltas a sus familias”.
También dijo que el Ejército Nacional Libio no tiene a civiles bajo su custodia. Sin embargo, la información facilitada por familiares de las personas que huyeron contradice estas aseveraciones y sugieren que se dio muerte a varios civiles, incluidos menores de edad.
“Todas las partes del conflicto deben garantizar que la población civil está protegida, conforme dispone el derecho internacional humanitario. Los civiles que deseen abandonar la zona deben poder salir de forma segura y gozar de protección frente a los ataques”, ha manifestado Heba Morayef.
