OPINIÓN de Emilio Marín, Argentina.- El fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene muchos vicios legales y sobre todo políticos. Abriría las puertas a genocidas que están condenados y presos por delitos de lesa humanidad. La mayoría del país, en contra.
Ya había señales negativas en derechos humanos. Algunas habían sido emitidas por el gobierno macrista, al desfinanciar programas que velan por aquellos derechos, sin olvidar la tristemente célebre advertencia de Mauricio Macri de que acabaría con “el curro de los derechos humanos”.
A pesar de esos vientos en contra, la nave humanitaria seguía su curso, impulsada por centenares de miles de personas que se manifestaron el último 24 de marzo, sin ningún choripán sino a pulso de sus sentimientos. Esas multitudes comulgan con los valores de Memoria, Verdad y Justicia, por encima de preferencias partidarias y confesionales.
Las señales adversas, si bien existían, no se creía que llegaran a materializarse en un fallo tan vergonzoso como el del miércoles pasado de la Corte Suprema de Justicia. Si bien no fue una decisión unánime, no se puede quitar dramatismo a que ese tribunal, jerárquicamente el superior de la pirámide judicial, haya favorecido a un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton, tal el terceto del horror, en el expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, fallaron a favor del represor Luis Muiña. Es un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar-cívica en el Hospital Posadas, del conurbano bonaerense.
Esos cortesanos entendieron que Muiña debía favorecerse con la ley del “2 x 1”, que tuvo vigencia entre 1994 y 2001, según la cual por cada dos años de prisión preventiva, sin juicio y condena, cada año de prisión se contaba doble.
Los dos miembros de la Corte que votaron en contra del despropósito, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, objetaron que tal reducción de penas no corresponde con crímenes de lesa humanidad. Y ese es el meollo: esos delitos son imprescriptibles y no pueden ser materia de amnistías ni de leyes más benignas.
Los represores no podían quejarse que tales criterios fueran extraños pues forman parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, expedida así con anterioridad. Lo novedoso es el giro copernicano de la doctora Highton, que hasta ahora había mantenido esos criterios y se dio vuelta como una media usada.
Otros argumentos legales
Estudiosos del Derecho también argumentan que la ley del “2 x 1” no existía en los tiempos en que el represor del Hospital Posadas cometía sus delitos contra mujeres que fueron privadas ilegítimamente de su libertad, torturadas y violadas. No había en 1976 tal norma legal. Y por otro lado, cuando Muiña fue a prisión y condenado, esa ley ya había sido derogada pues rigió solamente entre 1994 y 2001, o sea en los años negativos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos menemistas.
No es un juego de palabras: cuando cometieron sus crímenes, la ley no existía; y cuando fueron condenados, ya había sido derogada. ¿Cómo entonces la mayoría de la Corte puede otorgarles ese beneficio?
No hay que ser mal pensados para suponer que no es una interpretación puramente jurídica sino que hay de por medio una toma de posición política a favor de un indulto de hecho y avance hacia la remanida “reconciliación”. No es un asunto legal sino de línea política, que sirve para ir conociendo mejor a los flamantes integrantes del alto (bajo) tribunal.
Es la primera vez que en un caso de tamaña envergadura muestran las uñas Rosatti y Rosenkrantz, designados a dedo o decreto por el presidente Macri y que, tras el escándalo, debieron seguir el trámite de rutina senatorial. Como esa dupla quedó muy pegada políticamente al PRO-Cambiemos es inevitable que se considere al gobierno en parte responsable del fallo del miércoles. Sus dos cortesanos favoritos fueron el alma mater del mismo. Sin ellos no salía.
Ya se verá que, como las consecuencias políticas y jurídicas son muy negativas, el jefe de Gabinete salió a deslindarse de lo resuelto en Tribunales, como si el oficialismo no tuviera nada que ver. Fue un dudoso desmarque, pero que da una idea de la impopularidad del fallo. Ni siquiera sus padrinos políticos quieren asumir parte de la paternidad...
Cuando los genocidas supieron la novedad no se quedaron en expresiones de alegría como las que tuvo su adalid Cecilia Pando y otros que incluso favorecieron la impunidad de quienes se habían apropiado de bebés nacidos en cautiverio. Rápidos de reflejos, mandaron a sus abogados a los tribunales para pedir fallos a su medida, como el de Muiña. Hasta ahora no los han conseguido porque en al menos cuatro casos hubo cámaras y fiscales que los rechazaron con argumentos de forma y de fondo.
Además de las razones ya mencionadas, están de por medio las que devienen de la adhesión de Argentina a tratados internacionales según los cuales las causas de lesa humanidad no prescriben ni pueden dar lugar a beneficios como el que se viene comentando.
Además de la justa rebelión de fiscales y camaristas en contra del fallo por mayoría de la CSJN, los organismos de derechos humanos han adelantado que apelarán el fallo y seguirán su trámite dentro del país y ante los organismos internacionales. Comparado con este asunto, el escándalo que Macri tuvo y tiene por la detención arbitraria de Milagro Sala, será una cosa de niños.
¿Socios, cómplices o tontos?
Quedó bajo la lupa el gobierno en este fallo escandaloso, por la autoría de dos de los firmantes. Era tal la afinidad del macrismo con ambos que llegó al extremo de nombrarlos por decreto. Ahora no solamente se despegó Peña sino también Germán Garavano, quien dijo era enemigo del “2 x 1” en todos los casos. Esta postura tiene un costado negativo porque iguala lo diferente: una cosa fue esa ley para compensar a presos sin condena por delitos comunes, amontonados en las cárceles, y otra otra es aplicarla a genocidas que viven holgadamente en Marcos Paz, Ezeiza o sus domicilios. Además pesa el plan económico actual, tan parecido al de Martínez de Hoz...
Según un primer estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad habría 278 represores sentenciados que podrían solicitar la ventaja del “2 por 1”. Y si el fallo de la Corte se convirtiera en doctrina, podrían salir en libertad. Ver en la calle al Tigre Acosta o Alfredo Astiz o a Jorge Magnacco, quien atendía partos en la ESMA de bebés que luego eran robados a sus madres desaparecidas, provoca espanto. Eso, para no hablar del sentimiento que provoca pensar a Bignone o el chacal Menéndez yendo de shopping...
La asociación del terremoto judicial y político con el gobierno también alcanza al kirchnerismo y ramas centrífugas del mismo. Es que los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz fueron aprobados por la mayoría de los senadores de esa fuerza política, a la par del oficialismo. En ambientes del progresismo se oyen lamentos y pedidos de autocrítica, que inciden en los armados políticos de cara a octubre. Afectan a la “gran unidad gran” o sea al amontonamiento de todos contra Macri, una versión similar y de sentido contrario al amontonamiento de todos con Macri, cuando votaron los nombramientos.
Suceden cosas graciosas y a la vez ridículas cuando en ámbitos kirchneristas, críticos del fallo, adjudican culpas al voto en blanco de 2015. Hacen eso en declaraciones y redes sociales, pero no se detienen a pensar en la gran responsabilidad que tienen los suyos: Miguel Pichetto, Juan M. Abal Medina y casi toda la bancada del FPV.
Un tema polémico es analizar qué responsabilidad puede tener en el asunto la jerarquía católica. Justo en los días previos al fallo había comenzado en Pilar la reunión n° 113 de Obispos presidida por monseñor José María Arancedo. Y su leit motiv fue el de la reconciliación nacional, convocando a familiares de las dos partes que sufrieron la violencia en tiempos de la dictadura (eufemismo para no nombrar explícitamente a los “dos demonios”).
La metodología, propia de quienes se lavan las manos a lo Pilatos, fue invitar a dar su opinión a familiares, sin debate ni preguntas entre ellos, con los de sotana mirando desde el púlpito, como si fueran neutrales. Se sabe que la jerarquía de aquel tiempo fue cómplice de la dictadura, con personajes muy nefastos como los arzobispos Tortolo y Primatesta. La propia actuación del entonces Provincial de los jesuitas, un tal Jorge Bergoglio, fue lamentable en esos años.
Lo que quedó bajo cierto manto de dudas es si Arancedo acordó con Francisco esta jugada de la Conferencia Episcopal o se cortó por la propia. Sí invocó el nombre del Papa y sus planteamientos a favor de la unidad y el perdón.
Así como los organismos de derechos humanos salieron con los botines de punta a repudiar el fallo de la Corte, habían hecho lo mismo con el planteo eclesiástico. Y han convocado al repudio de la sociedad, pidiendo la más amplia concurrencia a la Plaza de Mayo el miércoles 10. Como Argentina es un país muy especial, con las mismas o muy parecidas banderas otro sector llamó a un segundo acto de repudio en la misma Plaza, para el día siguiente. Como sea, sobre todo los cortesanos, pero también los monseñores y macristas estarán en la picota.
Ya había señales negativas en derechos humanos. Algunas habían sido emitidas por el gobierno macrista, al desfinanciar programas que velan por aquellos derechos, sin olvidar la tristemente célebre advertencia de Mauricio Macri de que acabaría con “el curro de los derechos humanos”.
A pesar de esos vientos en contra, la nave humanitaria seguía su curso, impulsada por centenares de miles de personas que se manifestaron el último 24 de marzo, sin ningún choripán sino a pulso de sus sentimientos. Esas multitudes comulgan con los valores de Memoria, Verdad y Justicia, por encima de preferencias partidarias y confesionales.
Las señales adversas, si bien existían, no se creía que llegaran a materializarse en un fallo tan vergonzoso como el del miércoles pasado de la Corte Suprema de Justicia. Si bien no fue una decisión unánime, no se puede quitar dramatismo a que ese tribunal, jerárquicamente el superior de la pirámide judicial, haya favorecido a un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton, tal el terceto del horror, en el expediente “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, fallaron a favor del represor Luis Muiña. Es un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar-cívica en el Hospital Posadas, del conurbano bonaerense.
Esos cortesanos entendieron que Muiña debía favorecerse con la ley del “2 x 1”, que tuvo vigencia entre 1994 y 2001, según la cual por cada dos años de prisión preventiva, sin juicio y condena, cada año de prisión se contaba doble.
Los dos miembros de la Corte que votaron en contra del despropósito, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, objetaron que tal reducción de penas no corresponde con crímenes de lesa humanidad. Y ese es el meollo: esos delitos son imprescriptibles y no pueden ser materia de amnistías ni de leyes más benignas.
Los represores no podían quejarse que tales criterios fueran extraños pues forman parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, expedida así con anterioridad. Lo novedoso es el giro copernicano de la doctora Highton, que hasta ahora había mantenido esos criterios y se dio vuelta como una media usada.
Otros argumentos legales
Estudiosos del Derecho también argumentan que la ley del “2 x 1” no existía en los tiempos en que el represor del Hospital Posadas cometía sus delitos contra mujeres que fueron privadas ilegítimamente de su libertad, torturadas y violadas. No había en 1976 tal norma legal. Y por otro lado, cuando Muiña fue a prisión y condenado, esa ley ya había sido derogada pues rigió solamente entre 1994 y 2001, o sea en los años negativos de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos menemistas.
No es un juego de palabras: cuando cometieron sus crímenes, la ley no existía; y cuando fueron condenados, ya había sido derogada. ¿Cómo entonces la mayoría de la Corte puede otorgarles ese beneficio?
No hay que ser mal pensados para suponer que no es una interpretación puramente jurídica sino que hay de por medio una toma de posición política a favor de un indulto de hecho y avance hacia la remanida “reconciliación”. No es un asunto legal sino de línea política, que sirve para ir conociendo mejor a los flamantes integrantes del alto (bajo) tribunal.
Es la primera vez que en un caso de tamaña envergadura muestran las uñas Rosatti y Rosenkrantz, designados a dedo o decreto por el presidente Macri y que, tras el escándalo, debieron seguir el trámite de rutina senatorial. Como esa dupla quedó muy pegada políticamente al PRO-Cambiemos es inevitable que se considere al gobierno en parte responsable del fallo del miércoles. Sus dos cortesanos favoritos fueron el alma mater del mismo. Sin ellos no salía.
Ya se verá que, como las consecuencias políticas y jurídicas son muy negativas, el jefe de Gabinete salió a deslindarse de lo resuelto en Tribunales, como si el oficialismo no tuviera nada que ver. Fue un dudoso desmarque, pero que da una idea de la impopularidad del fallo. Ni siquiera sus padrinos políticos quieren asumir parte de la paternidad...
Cuando los genocidas supieron la novedad no se quedaron en expresiones de alegría como las que tuvo su adalid Cecilia Pando y otros que incluso favorecieron la impunidad de quienes se habían apropiado de bebés nacidos en cautiverio. Rápidos de reflejos, mandaron a sus abogados a los tribunales para pedir fallos a su medida, como el de Muiña. Hasta ahora no los han conseguido porque en al menos cuatro casos hubo cámaras y fiscales que los rechazaron con argumentos de forma y de fondo.
Además de las razones ya mencionadas, están de por medio las que devienen de la adhesión de Argentina a tratados internacionales según los cuales las causas de lesa humanidad no prescriben ni pueden dar lugar a beneficios como el que se viene comentando.
Además de la justa rebelión de fiscales y camaristas en contra del fallo por mayoría de la CSJN, los organismos de derechos humanos han adelantado que apelarán el fallo y seguirán su trámite dentro del país y ante los organismos internacionales. Comparado con este asunto, el escándalo que Macri tuvo y tiene por la detención arbitraria de Milagro Sala, será una cosa de niños.
¿Socios, cómplices o tontos?
Quedó bajo la lupa el gobierno en este fallo escandaloso, por la autoría de dos de los firmantes. Era tal la afinidad del macrismo con ambos que llegó al extremo de nombrarlos por decreto. Ahora no solamente se despegó Peña sino también Germán Garavano, quien dijo era enemigo del “2 x 1” en todos los casos. Esta postura tiene un costado negativo porque iguala lo diferente: una cosa fue esa ley para compensar a presos sin condena por delitos comunes, amontonados en las cárceles, y otra otra es aplicarla a genocidas que viven holgadamente en Marcos Paz, Ezeiza o sus domicilios. Además pesa el plan económico actual, tan parecido al de Martínez de Hoz...
Según un primer estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad habría 278 represores sentenciados que podrían solicitar la ventaja del “2 por 1”. Y si el fallo de la Corte se convirtiera en doctrina, podrían salir en libertad. Ver en la calle al Tigre Acosta o Alfredo Astiz o a Jorge Magnacco, quien atendía partos en la ESMA de bebés que luego eran robados a sus madres desaparecidas, provoca espanto. Eso, para no hablar del sentimiento que provoca pensar a Bignone o el chacal Menéndez yendo de shopping...
La asociación del terremoto judicial y político con el gobierno también alcanza al kirchnerismo y ramas centrífugas del mismo. Es que los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz fueron aprobados por la mayoría de los senadores de esa fuerza política, a la par del oficialismo. En ambientes del progresismo se oyen lamentos y pedidos de autocrítica, que inciden en los armados políticos de cara a octubre. Afectan a la “gran unidad gran” o sea al amontonamiento de todos contra Macri, una versión similar y de sentido contrario al amontonamiento de todos con Macri, cuando votaron los nombramientos.
Suceden cosas graciosas y a la vez ridículas cuando en ámbitos kirchneristas, críticos del fallo, adjudican culpas al voto en blanco de 2015. Hacen eso en declaraciones y redes sociales, pero no se detienen a pensar en la gran responsabilidad que tienen los suyos: Miguel Pichetto, Juan M. Abal Medina y casi toda la bancada del FPV.
Un tema polémico es analizar qué responsabilidad puede tener en el asunto la jerarquía católica. Justo en los días previos al fallo había comenzado en Pilar la reunión n° 113 de Obispos presidida por monseñor José María Arancedo. Y su leit motiv fue el de la reconciliación nacional, convocando a familiares de las dos partes que sufrieron la violencia en tiempos de la dictadura (eufemismo para no nombrar explícitamente a los “dos demonios”).
La metodología, propia de quienes se lavan las manos a lo Pilatos, fue invitar a dar su opinión a familiares, sin debate ni preguntas entre ellos, con los de sotana mirando desde el púlpito, como si fueran neutrales. Se sabe que la jerarquía de aquel tiempo fue cómplice de la dictadura, con personajes muy nefastos como los arzobispos Tortolo y Primatesta. La propia actuación del entonces Provincial de los jesuitas, un tal Jorge Bergoglio, fue lamentable en esos años.
Lo que quedó bajo cierto manto de dudas es si Arancedo acordó con Francisco esta jugada de la Conferencia Episcopal o se cortó por la propia. Sí invocó el nombre del Papa y sus planteamientos a favor de la unidad y el perdón.
Así como los organismos de derechos humanos salieron con los botines de punta a repudiar el fallo de la Corte, habían hecho lo mismo con el planteo eclesiástico. Y han convocado al repudio de la sociedad, pidiendo la más amplia concurrencia a la Plaza de Mayo el miércoles 10. Como Argentina es un país muy especial, con las mismas o muy parecidas banderas otro sector llamó a un segundo acto de repudio en la misma Plaza, para el día siguiente. Como sea, sobre todo los cortesanos, pero también los monseñores y macristas estarán en la picota.
