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IU condena las irregularidades y la falta de garantías en el juicio farsa a los activistas saharauis de Gdeim Izik

Comunicado de IU sobre el juicio a los activistas saharauis de Gdeim Izik

El pasado 13 de marzo comenzó en el Tribunal de Primera Instancia de Salé el proceso judicial a los activistas saharauis de Gdeim Izik. Tras ser aplazado, el juicio se reanudó el pasado 8 de mayo, contando en ambos casos con una delegación de Izquierda Unida que acudía en calidad de observadora internacional y que desde el primer momento denunciaron las irregularidades del proceso judicial.



Se trata de un proceso que ha sufrido aplazamientos inexplicables después de que hace siete años la sentencia contra los 25 presos de Gdeim Izik fuera anulada al haber sido dictada por un tribunal militar. Lamentablemente, el proceso iniciado hace dos meses en el tribunal civil tampoco ha demostrado garantía alguna. En primer lugar, porque los presuntos delitos cometidos acaecieron en territorio saharaui, ocupado desde 1976 por Marruecos, con lo que en base a la legislación internacional el juicio debiera haberse celebrado en el propio territorio y no en el Reino de Marruecos. Esta circunstancia de extraterritorialidad es motivo suficiente para la no validez del juicio.

Del mismo modo, destaca la inverosimilitud del delito que se juzga: la muerte de diez agentes de seguridad durante el desalojo del Campamento de la Dignidad, de los que no existen cuerpos ni certificados de defunción. Las pruebas presentadas por la acusación carecen de consistencia alguna, siendo la prueba principal un video publicado hace años en las redes sociales compuesto por imágenes aéreas en las cuales es imposible realizar ninguna identificación, acompañadas de mensajes tendenciosos que componen un relato fabricado.

El desarrollo de las sesiones en el Tribunal de Primera Instancia de Salé, carecen también de garantía alguna. Los abogados de la acusación, la fiscalía y el propio juez protagonizaban continuas faltas de respeto hacia los acusados los cuales relataban cómo habían sido detenidos fuera del lugar de los hechos para después sufrir violencia policial y ser obligados a firmar confesiones bajo tortura. Cabe destacar que durante el juicio, tanto la acusación como la fiscalía, interrogaban a los acusados sobre su activismo político y no sobre los supuestos hechos por los que se les acusa.

Tras la reanudación del juicio el 8 de mayo, fueron llamados a testificar miembros de las fuerzas policiales y militares del Reino de Marruecos denunciados por cometer torturas contra los acusados. Cabe destacar que en base a la propia legislación marroquí, un testigo que tenga una relación de amistad o enemistad con el acusado no puede testificar, con lo que lo testificado por dichos testigos carece de validez en un juicio que de nuevo denotaba ser escenario de una farsa orquestada por el Reino de Marruecos intentando lavar su imagen ante la comunidad internacional mientras vulneraba una vez más los derechos del pueblo saharaui.

Una farsa que hoy ha sido finalmente destapada. Fruto del agotamiento ante la manipulación de pruebas y relatos, los falsos testigos, el continuo aplazamiento de los juicios y el hostigamiento al que tanto las familias como las observadoras y observadores internacionales han sido sometidas y sometidos, la abogacía de la defensa, los presos y sus familias han decidido abandonar el juicio en señal de hartazgo por participar en un proceso que desde el comienzo ha carecido de garantías. En ese momento, el presidente del tribunal ha escogido sin criterio alguno a nuevos abogados para la defensa de los presos, evidenciando así que todo ha sido una farsa.

Una vez más, desde Izquierda Unida volvemos a denunciar la represión que el Reino de Marruecos ejerce contra el pueblo saharaui. Una fuerza colonizadora que somete al pueblo ocupado a continuas torturas y detenciones que desembocan en juicios como el de Gdeim Izik que carecen de validez alguna, vulnerando constantemente los derechos humanos de los presos, sus familias y toda una comunidad. Denunciamos también la pasividad de la Unión Europea y el Estado Español a pesar de la responsabilidad histórica de éste último, que además de no condenar este tipo de acciones, legitiman a un estado como el Reino de Marruecos manteniendo relaciones comerciales y diplomáticas con éste. Las autoridades españolas son las responsables finales de la situación del pueblo saharaui como potencia colonizadora de acuerdo a la legislación internacional, sin embargo, miran para otro lado ante la sistemática vulneración de derechos humanos perpetrada por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui, evidenciada una vez más en el macro juicio-farsa de Gdeim Izik.




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