La FeSP, preocupada ante las sugerencias de medidas contra la difusión de noticias de casos bajo secreto de sumario, pide protección para quienes las filtran a los medios
En un comunicado difundido hoy la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP manifiesta:
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) muestra su preocupación ante declaraciones realizadas por el fiscal general del Estado, por el fiscal jefe Anticorrupción y por el ministro portavoz del Gobierno, quienes han lamentado que los medios de comunicación publiquen informaciones de sumarios declarados secretos aunque sean de interés general y, en el caso de los fiscales citados, han pedido que se estudien medidas para evitar la difusión de esas noticias.
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Moix, se ha mostrado partidario de estudiar medidas para evitar que se publiquen informaciones de sumarios judiciales declarados secretos y ha dicho, como ejemplo, que en Alemania se castiga a esos medios. El fiscal general, José Manuel Maza, ha pedido al Congreso de los Diputados que le den "herramientas legales" para combatir esas filtraciones. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reclamado a los medios "mesura y cierta cautela" en esos casos.
Aunque ellos dicen que no se trata de actuar contra los medios, sino de proteger lps sumarios secretos para no perjudicar las investigaciones judiciales, es muy preocupante que desde el Gobierno y desde la cúpula del Ministerio Fiscal se planteen la posibilidad de estudiar medidas que limitarían claramente la libertad de expresión e información.
Ante esas declaraciones, que se suman a reformas legales aprobadas en los últimos años que han limitado la libertad de expresión e información, la Junta Ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas manifiesta:
- Que los periodistas y los medios de comunicación tienen la obligación de difundir esas informaciones, si cumplen con los criterios de veracidad exigibles y son de relevancia e interés general.
- Que cualquier medida que pudiera adoptarse para evitar o controlar la difusión de esas noticias vulneraría derechos fundamentales de la ciudadanía y de los profesionales de la información.
- Que si las Cortes Generales aprueban alguna norma legal que limite el derecho a la información se estarán incumpliendo tratados internacionales que ha suscrito España.
- Que los periodistas y los medios de comunicación no son los responsables de las filtraciones que puedan producirse desde cualquier departamento de la Administración Pública, como han sentenciado reiteradamente los tribunales.
En los países de la Unión Europea no solo no está prohibida la publicación de noticias interés general que llegan a los medios de comunicación de manera anónima, tanto referidas a la Administración Pública como a empresas estratégicas o a otras instancias, sino que esa prácta se considera una herramienta eficaz contra la corrupción. Por ese motivo, numerosas asociaciones, sindicatos de periodistas y colectivos y organismos coinciden en la necesidad de proteger legalmente a quien filtra informaciones de interés para denunciar prácticas ilegales o hechos delictivos.
Hay que recordar que el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda a los Estados “incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.
http://www.fesp.org/index.php/comunicados/item/7617-mas-amenazas-contra-la-libertad-de-informacion
En un comunicado difundido hoy la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP manifiesta:
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) muestra su preocupación ante declaraciones realizadas por el fiscal general del Estado, por el fiscal jefe Anticorrupción y por el ministro portavoz del Gobierno, quienes han lamentado que los medios de comunicación publiquen informaciones de sumarios declarados secretos aunque sean de interés general y, en el caso de los fiscales citados, han pedido que se estudien medidas para evitar la difusión de esas noticias.
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Moix, se ha mostrado partidario de estudiar medidas para evitar que se publiquen informaciones de sumarios judiciales declarados secretos y ha dicho, como ejemplo, que en Alemania se castiga a esos medios. El fiscal general, José Manuel Maza, ha pedido al Congreso de los Diputados que le den "herramientas legales" para combatir esas filtraciones. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reclamado a los medios "mesura y cierta cautela" en esos casos.
Aunque ellos dicen que no se trata de actuar contra los medios, sino de proteger lps sumarios secretos para no perjudicar las investigaciones judiciales, es muy preocupante que desde el Gobierno y desde la cúpula del Ministerio Fiscal se planteen la posibilidad de estudiar medidas que limitarían claramente la libertad de expresión e información.
Ante esas declaraciones, que se suman a reformas legales aprobadas en los últimos años que han limitado la libertad de expresión e información, la Junta Ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas manifiesta:
- Que los periodistas y los medios de comunicación tienen la obligación de difundir esas informaciones, si cumplen con los criterios de veracidad exigibles y son de relevancia e interés general.
- Que cualquier medida que pudiera adoptarse para evitar o controlar la difusión de esas noticias vulneraría derechos fundamentales de la ciudadanía y de los profesionales de la información.
- Que si las Cortes Generales aprueban alguna norma legal que limite el derecho a la información se estarán incumpliendo tratados internacionales que ha suscrito España.
- Que los periodistas y los medios de comunicación no son los responsables de las filtraciones que puedan producirse desde cualquier departamento de la Administración Pública, como han sentenciado reiteradamente los tribunales.
En los países de la Unión Europea no solo no está prohibida la publicación de noticias interés general que llegan a los medios de comunicación de manera anónima, tanto referidas a la Administración Pública como a empresas estratégicas o a otras instancias, sino que esa prácta se considera una herramienta eficaz contra la corrupción. Por ese motivo, numerosas asociaciones, sindicatos de periodistas y colectivos y organismos coinciden en la necesidad de proteger legalmente a quien filtra informaciones de interés para denunciar prácticas ilegales o hechos delictivos.
Hay que recordar que el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda a los Estados “incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.
http://www.fesp.org/index.php/comunicados/item/7617-mas-amenazas-contra-la-libertad-de-informacion
