OPINIÓN de Emilio Marín, Argentina.- Las internas de los partidos serán el 13 de agosto, si es que las realizan. Falta mucho. Sin embargo arrecian las denuncias políticas en Tribunales, sobre todo del oficialismo. No se persigue justicia sino sacar ventajas.
Los hechos parecen darle la razón a quienes fogonean la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a senadora nacional por Buenos Aires. Cada aparición mediática suya le agrega puntos a la posibilidad de una victoria opositora al macrismo en ese estratégico distrito. Y en consecuencia, para obturar esa vía, como por arte de magia aparecen nuevas y viejas denuncias refritadas en los despachos de Comodoro Py 2002, los tribunales federales de Retiro.
Es lo que ocurrió tras su reportaje de la semana anterior en C5N con cuatro periodistas bien que amigables, por el tenor de sus preguntas y las escasísimas repreguntas. Si bien ese programa no tuvo un gran rating, midió 6.6 puntos en Ibope y debe compararse lamentablemente con los 24 que tuvo el regreso de la tilinguería tinellista, sus repercusiones políticas y mediáticas superaron en mucho la medición técnica.
El reportaje supuso el lanzamiento de la campaña de CFK o un fuerte indicio en esa dirección. Y algunas de sus definiciones, como la necesidad de legisladores que no cedan a la presión del poder y sus carpetazos, y sus propuestas de emergencia alimentaria, de servicios y sanitaria, tuvieron fuerte impacto político y posibles efectos electorales.
Así se explica la respuesta política-judicial-mediática que orquestó el macrismo, puesto agresivamente a la defensiva.
En lo político estuvo la intervención de Marcos Peña en Diputados, en su segundo informe, atacando al kirchnerismo por la “pesada herencia” y el desastre económico que le imputó a su interpelador Axel Kicillof. El jefe de Gabinete se permitió recordar que para muchos argentinos Cristina debía estar presa por corrupción, tal como Jorge Lanata admitió en “Intratables” haberlo solicitado sin éxito ante Mauricio Macri. Según el empleado de Héctor Magnetto, la negativa del presidente habría sido su error principal de gestión, no así la desocupación, los tarifazos, la profunda recesión y el endeudamiento externo.
El monopolio Clarín fue otra vez el ariete más filoso de esa campaña del oficialismo contra la ex presidenta, vista la gran cantidad de tapas y artículos del diario y cobertura en las radios y canales del grupo. Con esas órdenes y sugerencias, los jueces, fiscales y camaristas amigos reactivaron causas, en sintonía fina con el núcleo del poder político y económico.
Tres movidas tres
Se sabe que la persecución judicial contra Milagro Sala sigue y no está involucrada solamente la gobernación y el Poder Judicial de Jujuy. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal realizó estos días en Comodoro Py una audiencia por apelación a la primera condena injusta que ella recibió en la provincia norteña. Y los camaristas Borinski, Hornos y Geminiani se indignaron cuando la defensa de la dirigente de la Tupac Amaru les recordó que allá habían postergado juicios de lesa humanidad contra el dueño del Ingenio Ledesma por el apuro de juzgar y condenar a Sala.
Sin contar esa opereta judicial contra la presa que el 30 de mayo cumplió 500 días en prisión, la justicia obediente al poder tuvo tres movidas en esta semana.
Una, fue la designación del juez Claudio Bonadío, enemigo confeso de la expresidenta, para entender en la causa que el fiscal Alberto Nisman abrió contra aquella por el Memorándum de Entendimiento con Irán. El camarista Martín Irurzún, otro escudero del PRO-Cambiemos, falló para que el apodado “Dr. Glock” tome ese expediente que el juez Daniel Rafecas, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, y el fiscal Javier De Luca, habían desechado por descabellado.
Otra movida con el mismo signo anti-CFK tuvo de protagonista a Bonadío. Le fue encomendada la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, un asunto donde ya intervino –bueno, es una manera de decir porque en varios años no hizo nada- pese a la crítica de los propios familiares de quienes murieron en Pasteur 633. La inoperancia de Bonadío, para decirlo elegantemente, tuvo que ver con que en ese encubrimiento estaban involucrados Carlos Menem y su ministro del Interior, Carlos Corach, a quien el magistrado le debía el cargo, figurando en la mítica servilleta.
En concomitancia con alimentar el fuego de la denuncia de Nisman y atentado a la AMIA, Clarín difundió una pericia de Gendarmería, dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según la cual al fiscal lo habrían asesinado. Todas las investigaciones y análisis de los peritos de la Corte Suprema y especialistas convocados por la ex fiscal Viviana Fein habían concluido en que no había ningún rastro de que al momento de la muerte del fiscal hubiera habido otra persona en su departamento. Todo apuntaba a un suicidio. Reflotar la idea del asesinato busca darle oxígeno a las medidas que pueda ordenar Bonadío, de dudoso prestigio al punto de acumular 61 denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Y la tercera movida en Tribunales contra la dos veces presidenta fue de fiscales cercanos al macrismo, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes pidieron al juez Julián Ercolini que la cite a declaración indagatoria, también a sus hijos, por los alquileres del Hotel Alto Calafate a Valle Mitre, de Lázaro Báez.
Esa acusación no se sostiene. Báez ganó contratos en Santa Cruz por 46.000 millones de pesos. Si hubiera pagado una coima del 5 por ciento a los Kirchner, éstos habrían recibido 2.300 millones de pesos. Pero les ingresaron 22 millones por los alquileres, a precios de mercado y cobrados en blanco.
Esas movidas tribunalicias parecen inspiradas por el PRO-Cambiemos para alimentar su campaña, en un contexto difícil por las duras consecuencias que se derivan del ajuste neoliberal desde diciembre de 2015. Jaime Durán Barba le dijo a Nelson Castro que el macrismo ganará en octubre, pero otras encuestas lo dan peleando el segundo puesto en Buenos Aires.
Injerencia presidencial
El clisé de que “hay que dejar que la justicia actúe” está más devaluado que nunca. Y no sólo o no tanto por los ejemplos que muestran la intromisión político-partidaria en muchas decisiones judiciales.
Posiblemente lo más destacado vino del propio Macri, en un reportaje realizado por Julio Blanck, de Clarín y José Del Río, de “La Nación”, al cierre del 104 aniversario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gabinete en Diputados había apuntado contra el kirchnerismo al asegurar que “las coimas de Odebrecht se las pagaron al gobierno de Kirchner”. Para ser precisos, habría que rectificar y decir que se pagaron durante ese gobierno, pero ¿a quién? Muy posiblemente a algunos empresarios contratistas de la obra pública, como los de IECSA, y a algunos funcionarios, entre los cuales José López está hasta las manos y se apunta también contra Julio de Vido, todavía sin probanzas.
El presidente, marcándole la cancha a la justicia que se supone es independiente, y habiendo él siempre presumido de “republicano” y respetuoso de la división de poderes, declaró en el Colegio de Abogados: “si el señor De Vido, que es un emblema, tiene demasiados amigos en la justicia federal, los miembros de la justicia federal tienen que saber que... ¡Cuidado! Los argentinos queremos saber la verdad, así que más vale que nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen”.
Ese apriete debe haber impactado en los magistrados que deben investigar al ex ministro de Planificación Federal; a los que lo hacen por los pagos de los subsidios al transporte y ante todo por Odebrecht. La injerencia presidencial, paradojalmente, puede ser una buena herramienta de defensa del actual diputado para decir que fue condenado por la política, antes que por la justicia.
Macri se movió allí como un elefante en un bazar lleno de objetos de vidrio. Habló como un patrón de la justicia y también disparó varios misiles contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Sus alfiles últimamente la molestaban con denuncias por el alquiler de un edificio para su dependencia. Al compás del caso Odebrecht subieron los decibeles y MM la acusó de ser la responsable por inacción de que no se conozcan los datos de quienes recibieron las coimas de esa constructora.
Una falsedad total. No se conocieron porque la firma tiene compromisos de confidencialidad con la justicia brasileña. Y para entregar los datos exigen, Odebrecht y la fiscalía del vecino país, que acá no se persiga judicialmente a los delatores premiados, ex ejecutivos, lo que no está contemplado en la legislación local. Germán Garavano tuvo varias reuniones con el abogado de la empresa en Buenos Aires y no obtuvo nada. Tres fiscales fueron a Brasilia y volvieron con las manos casi vacías, por aquel impedimento legal, nada que ver con Gils Carbó. Sin embargo, como Macri está en campaña, acusa a una funcionaria ecuánime y proba, que en su momento se atrevió a fallar en contra de Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, quienes habían autorizado la fusión de Multicanal y Cablevisión con el consiguiente mayor poder del monopolio.
Gils Carbó piensa y tiene dictámenes propios. Macri sólo quiere oír el rebaño y en campaña mucho más.
Los hechos parecen darle la razón a quienes fogonean la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a senadora nacional por Buenos Aires. Cada aparición mediática suya le agrega puntos a la posibilidad de una victoria opositora al macrismo en ese estratégico distrito. Y en consecuencia, para obturar esa vía, como por arte de magia aparecen nuevas y viejas denuncias refritadas en los despachos de Comodoro Py 2002, los tribunales federales de Retiro.
Es lo que ocurrió tras su reportaje de la semana anterior en C5N con cuatro periodistas bien que amigables, por el tenor de sus preguntas y las escasísimas repreguntas. Si bien ese programa no tuvo un gran rating, midió 6.6 puntos en Ibope y debe compararse lamentablemente con los 24 que tuvo el regreso de la tilinguería tinellista, sus repercusiones políticas y mediáticas superaron en mucho la medición técnica.
El reportaje supuso el lanzamiento de la campaña de CFK o un fuerte indicio en esa dirección. Y algunas de sus definiciones, como la necesidad de legisladores que no cedan a la presión del poder y sus carpetazos, y sus propuestas de emergencia alimentaria, de servicios y sanitaria, tuvieron fuerte impacto político y posibles efectos electorales.
Así se explica la respuesta política-judicial-mediática que orquestó el macrismo, puesto agresivamente a la defensiva.
En lo político estuvo la intervención de Marcos Peña en Diputados, en su segundo informe, atacando al kirchnerismo por la “pesada herencia” y el desastre económico que le imputó a su interpelador Axel Kicillof. El jefe de Gabinete se permitió recordar que para muchos argentinos Cristina debía estar presa por corrupción, tal como Jorge Lanata admitió en “Intratables” haberlo solicitado sin éxito ante Mauricio Macri. Según el empleado de Héctor Magnetto, la negativa del presidente habría sido su error principal de gestión, no así la desocupación, los tarifazos, la profunda recesión y el endeudamiento externo.
El monopolio Clarín fue otra vez el ariete más filoso de esa campaña del oficialismo contra la ex presidenta, vista la gran cantidad de tapas y artículos del diario y cobertura en las radios y canales del grupo. Con esas órdenes y sugerencias, los jueces, fiscales y camaristas amigos reactivaron causas, en sintonía fina con el núcleo del poder político y económico.
Tres movidas tres
Se sabe que la persecución judicial contra Milagro Sala sigue y no está involucrada solamente la gobernación y el Poder Judicial de Jujuy. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal realizó estos días en Comodoro Py una audiencia por apelación a la primera condena injusta que ella recibió en la provincia norteña. Y los camaristas Borinski, Hornos y Geminiani se indignaron cuando la defensa de la dirigente de la Tupac Amaru les recordó que allá habían postergado juicios de lesa humanidad contra el dueño del Ingenio Ledesma por el apuro de juzgar y condenar a Sala.
Sin contar esa opereta judicial contra la presa que el 30 de mayo cumplió 500 días en prisión, la justicia obediente al poder tuvo tres movidas en esta semana.
Una, fue la designación del juez Claudio Bonadío, enemigo confeso de la expresidenta, para entender en la causa que el fiscal Alberto Nisman abrió contra aquella por el Memorándum de Entendimiento con Irán. El camarista Martín Irurzún, otro escudero del PRO-Cambiemos, falló para que el apodado “Dr. Glock” tome ese expediente que el juez Daniel Rafecas, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, y el fiscal Javier De Luca, habían desechado por descabellado.
Otra movida con el mismo signo anti-CFK tuvo de protagonista a Bonadío. Le fue encomendada la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, un asunto donde ya intervino –bueno, es una manera de decir porque en varios años no hizo nada- pese a la crítica de los propios familiares de quienes murieron en Pasteur 633. La inoperancia de Bonadío, para decirlo elegantemente, tuvo que ver con que en ese encubrimiento estaban involucrados Carlos Menem y su ministro del Interior, Carlos Corach, a quien el magistrado le debía el cargo, figurando en la mítica servilleta.
En concomitancia con alimentar el fuego de la denuncia de Nisman y atentado a la AMIA, Clarín difundió una pericia de Gendarmería, dependiente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según la cual al fiscal lo habrían asesinado. Todas las investigaciones y análisis de los peritos de la Corte Suprema y especialistas convocados por la ex fiscal Viviana Fein habían concluido en que no había ningún rastro de que al momento de la muerte del fiscal hubiera habido otra persona en su departamento. Todo apuntaba a un suicidio. Reflotar la idea del asesinato busca darle oxígeno a las medidas que pueda ordenar Bonadío, de dudoso prestigio al punto de acumular 61 denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Y la tercera movida en Tribunales contra la dos veces presidenta fue de fiscales cercanos al macrismo, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes pidieron al juez Julián Ercolini que la cite a declaración indagatoria, también a sus hijos, por los alquileres del Hotel Alto Calafate a Valle Mitre, de Lázaro Báez.
Esa acusación no se sostiene. Báez ganó contratos en Santa Cruz por 46.000 millones de pesos. Si hubiera pagado una coima del 5 por ciento a los Kirchner, éstos habrían recibido 2.300 millones de pesos. Pero les ingresaron 22 millones por los alquileres, a precios de mercado y cobrados en blanco.
Esas movidas tribunalicias parecen inspiradas por el PRO-Cambiemos para alimentar su campaña, en un contexto difícil por las duras consecuencias que se derivan del ajuste neoliberal desde diciembre de 2015. Jaime Durán Barba le dijo a Nelson Castro que el macrismo ganará en octubre, pero otras encuestas lo dan peleando el segundo puesto en Buenos Aires.
Injerencia presidencial
El clisé de que “hay que dejar que la justicia actúe” está más devaluado que nunca. Y no sólo o no tanto por los ejemplos que muestran la intromisión político-partidaria en muchas decisiones judiciales.
Posiblemente lo más destacado vino del propio Macri, en un reportaje realizado por Julio Blanck, de Clarín y José Del Río, de “La Nación”, al cierre del 104 aniversario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gabinete en Diputados había apuntado contra el kirchnerismo al asegurar que “las coimas de Odebrecht se las pagaron al gobierno de Kirchner”. Para ser precisos, habría que rectificar y decir que se pagaron durante ese gobierno, pero ¿a quién? Muy posiblemente a algunos empresarios contratistas de la obra pública, como los de IECSA, y a algunos funcionarios, entre los cuales José López está hasta las manos y se apunta también contra Julio de Vido, todavía sin probanzas.
El presidente, marcándole la cancha a la justicia que se supone es independiente, y habiendo él siempre presumido de “republicano” y respetuoso de la división de poderes, declaró en el Colegio de Abogados: “si el señor De Vido, que es un emblema, tiene demasiados amigos en la justicia federal, los miembros de la justicia federal tienen que saber que... ¡Cuidado! Los argentinos queremos saber la verdad, así que más vale que nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen”.
Ese apriete debe haber impactado en los magistrados que deben investigar al ex ministro de Planificación Federal; a los que lo hacen por los pagos de los subsidios al transporte y ante todo por Odebrecht. La injerencia presidencial, paradojalmente, puede ser una buena herramienta de defensa del actual diputado para decir que fue condenado por la política, antes que por la justicia.
Macri se movió allí como un elefante en un bazar lleno de objetos de vidrio. Habló como un patrón de la justicia y también disparó varios misiles contra la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Sus alfiles últimamente la molestaban con denuncias por el alquiler de un edificio para su dependencia. Al compás del caso Odebrecht subieron los decibeles y MM la acusó de ser la responsable por inacción de que no se conozcan los datos de quienes recibieron las coimas de esa constructora.
Una falsedad total. No se conocieron porque la firma tiene compromisos de confidencialidad con la justicia brasileña. Y para entregar los datos exigen, Odebrecht y la fiscalía del vecino país, que acá no se persiga judicialmente a los delatores premiados, ex ejecutivos, lo que no está contemplado en la legislación local. Germán Garavano tuvo varias reuniones con el abogado de la empresa en Buenos Aires y no obtuvo nada. Tres fiscales fueron a Brasilia y volvieron con las manos casi vacías, por aquel impedimento legal, nada que ver con Gils Carbó. Sin embargo, como Macri está en campaña, acusa a una funcionaria ecuánime y proba, que en su momento se atrevió a fallar en contra de Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, quienes habían autorizado la fusión de Multicanal y Cablevisión con el consiguiente mayor poder del monopolio.
Gils Carbó piensa y tiene dictámenes propios. Macri sólo quiere oír el rebaño y en campaña mucho más.
