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“Aunque la golpearan en una manifestación, al día siguiente volvía”

En el lago Boeung Kak, en el centro de Phnom Penh, capital de Camboya, no queda nada. La que un día fuera la mayor masa de agua de la ciudad, en años recientes ha sido completamente rellenada con arena en el marco de un proyecto de desarrollo urbanístico para construir bloques de viviendas y oficinas. Desde el comienzo de la construcción en 2007, se ha desalojado ilegalmente a miles de familias y la zona de Boeung Kak se ha convertido en un punto de convergencia para los defensores y defensoras de los derechos humanos en Camboya.



Una de ellas es Tep Vanny, activista del derecho a la vivienda y a la tierra que, desde hace 10 años, lidera una resistencia pacífica en defensa de su comunidad en torno al lago. Ha sido hostigada y golpeada, y las autoridades han presentado contra ella cargos penales de motivación política. Sólo desde las últimas elecciones generales, celebradas en 2013, ha sido detenida al menos cinco veces. La última de ellas, en agosto de 2016, fue detenida y posteriormente condenada a dos años y medio de prisión por el “delito” de participar pacíficamente en la campaña de apoyo y defensa Black Monday (Lunes Negro), que denuncia el encarcelamiento de otros cinco defensores de los derechos humanos en Camboya.

Amnistía Internacional considera a Vanny presa de conciencia y ha pedido su libertad inmediata e incondicional. Es también uno de los casos en los que se centra nuestra campaña global Valiente, cuyo objetivo es garantizar que los gobiernos fortalecen el reconocimiento y la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

La semana pasada, mi colega y yo viajamos a Camboya para recabar información sobre la situación de Vanny y la comunidad por la que lucha.

En primer lugar, nos reunimos con sus compañeras defensoras de los derechos humanos de Boeung Kak. Bov Sophea, Song Srey Leap, Bo Chhorvy, Phan Chhunreth y Sie Sophal son cinco mujeres valientes que han sufrido una campaña persistente de intimidación y hostigamiento, incluida la presentación de cargos penales falsos contra ellas. Nos encontramos junto al antiguo lago, en una pequeña casa que, en comparación con las urbanizaciones de lujo que se han construido en sus proximidades, parece aún mas pequeña. Les entregamos nuestro informe reciente —en el que se ponen de relieve sus casos— sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos pacíficos en Camboya y les hablamos de las miles de personas de todo el mundo que han emprendido acciones para pedir la liberación de Vanny.

Las mujeres me contaron la tristeza que sentían por el encarcelamiento de Vanny, cuánto la echaban de menos y que incluso deseaban poder estar con ella en la cárcel. Se turnan para visitarla en prisión cada dos semanas, aunque el viaje es caro. Me contaron que no tenían miedo de que las encarcelaran y que nuestra visita y el hecho de que personas y organizaciones de fuera de Camboya las estén apoyando les daba esperanza. Me inspiró increíblemente su actitud alegre pese a todo lo que han sufrido.

Al día siguiente visitamos a la madre y la hermana de Vanny, cuyo duro testimonio nos hizo ver cómo el encarcelamiento de Vanny ha afectado a sus seres más próximos. Nos contaron que los hijos de Vanny, una niña de 12 años y un niño de 10, echaban terriblemente de menos a su madre. Aunque la hermana y los hijos de Vanny pueden visitarla varias veces al mes, el acceso a la prisión conlleva la realización de diversos “pagos” a los guardias penitenciarios.

La madre de Vanny está profundamente orgullosa del activismo de su hija: “Aunque la golpearan en una manifestación, al día siguiente volvía. Si una persona se encuentra en dificultades, mi hija la apoya en su lucha por la justicia. Es tan valiente... No se deja comprar. Se mantiene firme y no se rinde”. Instó a Amnistía Internacional a presionar al gobierno para que deje en libertad a Vanny y nos expresó su agradecimiento por la campaña.

En nuestros otros encuentros con activistas y grupos de la sociedad civil camboyanos, nos dijeron que el gobierno está usando los tribunales para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos. Mediante un férreo control del sistema de justicia penal, las autoridades han presentado diversos cargos falsos contra miembros de la oposición política, sindicalistas, activistas de derechos humanos y comentaristas políticos.

En la actualidad hay 20 defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos encarcelados en el país y centenares más contra los que pesan cargos penales en un intento concertado de aplastar cualquier crítica pública, aunque sea pacífica. A menudo, pasan meses o incluso años sin ser enjuiciados ni recibir información alguna sobre la fecha del juicio, lo que los deja en un limbo. Se trata de una forma efectiva de hostigamiento en un país en el que, en muchos casos, el propio proceso judicial es el castigo.

El último día de la visita, una de las activistas de Boeung Kak nos entregó un trozo de papel que había conseguido sacar de la prisión. Era un mensaje de Vanny dirigido a mi colega y a mí:

“Soy inocente. Aunque me obliguen a llevar el uniforme de presidiaria y me esposen como si fuera una delincuente, mi inocencia no quedará manchada por los colores con los que me pintan los tribunales y el gobierno de Camboya. En cuanto ser humano que habita en esta tierra, merezco, como cualquier otra persona, el derecho a la justicia”.






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