OPINIÓN de Teodoro Rentería Arróyave, México.- Desde que el Gremio Periodístico Organizado de México decidió dar seguimiento puntual, exacto y documentado de los asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas ante el aumento descomunal del fenómeno social, ha venido denunciando la actitud falsificadora de los acontecimientos por parte de ciertas autoridades con el propósito de desvirtuar los móviles de estos crímenes.
Tal práctica que resulta igual de delincuencial que la que cometen los autores intelectuales y materiales de tales crímenes que atentan contra la sociedad, puesto que el propósito fundamental es cancelar el derecho de los pueblos a estar veraz y oportunamente informado.
Todo lo anterior es el preludio para denunciar que dicha práctica de las autoridades se desarrolló con precisión en el homicidio del joven colega Luciano Rivera Delgado, perpetrado en Playas de Rosarito, Baja California.
Las declaraciones a priori o más bien interesadas de las autoridades locales han sido desmentidas por un testigo que presenció el asesinato del Luciano Rivera Delgado, periodista y conductor de CNR Noticias.
Dicho testigo desmintió la información oficial de que el comunicador había sido masacrado por “su impertinencia por defender a dos jóvenes acompañantes, ante el acoso de dos sujetos.
El nuevo testigo, textual, afirmó que dichos individuos, ocupantes de un taxi, persiguieron a la víctima hasta el bar La Antigua, y fueron ellos mismos quienes, tres minutos después de ingresar al establecimiento, lo asesinaron de un disparo a mansalva en el rostro.
Para que no quepa ninguna duda, el testigo del que se reserva su identidad por razones obvias, resultó ser el acompañante del comunicador, quien aseveró que no es verdad que la causa del crimen haya sido un altercado al intentar defender a dos mujeres que supuestamente eran acosadas por un grupo de hombres.
La afirmación del testigo contradice las versiones de la autoridad municipal y de la Subprocuraduría de Justicia del estado de que al joven comunicador lo mataron en el baño del bar luego del incidente con las dos jóvenes, ya que, según el declarante, le dispararon directamente en la cabeza sin que precediera ningún altercado.
Circularon versiones de que presuntamente, como constantemente ocurre, las autoridades pretendieron tergiversar los hechos para evitar un nuevo escándalo sobre el tema de inseguridad y las repercusiones por el homicidio de un periodista en Baja California relacionados con su labor periodística.
Así de claras están estás agresiones a los periodistas; trabajadores de la prensa; familiares y amigos de comunicadores, e inclusive civiles.
Lo terrible e incomprensible de todo esto, y lo ha denunciado constantemente el Gremio Periodístico Organizado de México, es que colegas defiendan o apoyen estas versiones de ignominia y procacidad; ya que también es un crimen tolerar o hacerse cómplice de cualquier tipo de manipulación que criminalice a nuestras víctimas.
Tal práctica que resulta igual de delincuencial que la que cometen los autores intelectuales y materiales de tales crímenes que atentan contra la sociedad, puesto que el propósito fundamental es cancelar el derecho de los pueblos a estar veraz y oportunamente informado.
Todo lo anterior es el preludio para denunciar que dicha práctica de las autoridades se desarrolló con precisión en el homicidio del joven colega Luciano Rivera Delgado, perpetrado en Playas de Rosarito, Baja California.
Las declaraciones a priori o más bien interesadas de las autoridades locales han sido desmentidas por un testigo que presenció el asesinato del Luciano Rivera Delgado, periodista y conductor de CNR Noticias.
Dicho testigo desmintió la información oficial de que el comunicador había sido masacrado por “su impertinencia por defender a dos jóvenes acompañantes, ante el acoso de dos sujetos.
El nuevo testigo, textual, afirmó que dichos individuos, ocupantes de un taxi, persiguieron a la víctima hasta el bar La Antigua, y fueron ellos mismos quienes, tres minutos después de ingresar al establecimiento, lo asesinaron de un disparo a mansalva en el rostro.
Para que no quepa ninguna duda, el testigo del que se reserva su identidad por razones obvias, resultó ser el acompañante del comunicador, quien aseveró que no es verdad que la causa del crimen haya sido un altercado al intentar defender a dos mujeres que supuestamente eran acosadas por un grupo de hombres.
La afirmación del testigo contradice las versiones de la autoridad municipal y de la Subprocuraduría de Justicia del estado de que al joven comunicador lo mataron en el baño del bar luego del incidente con las dos jóvenes, ya que, según el declarante, le dispararon directamente en la cabeza sin que precediera ningún altercado.
Circularon versiones de que presuntamente, como constantemente ocurre, las autoridades pretendieron tergiversar los hechos para evitar un nuevo escándalo sobre el tema de inseguridad y las repercusiones por el homicidio de un periodista en Baja California relacionados con su labor periodística.
Así de claras están estás agresiones a los periodistas; trabajadores de la prensa; familiares y amigos de comunicadores, e inclusive civiles.
Lo terrible e incomprensible de todo esto, y lo ha denunciado constantemente el Gremio Periodístico Organizado de México, es que colegas defiendan o apoyen estas versiones de ignominia y procacidad; ya que también es un crimen tolerar o hacerse cómplice de cualquier tipo de manipulación que criminalice a nuestras víctimas.
