OPINIÓN de Emilio Marín, Argentina.- La desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto en la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen, Chubut, reabrió la discusión sobre la verdadera naturaleza de la Gendarmería. Aquí algunos apuntes sobre el tema.
Ayer se cumplió un mes de la desaparición forzada del joven artesano en Chubut, que había ido a solidarizarse con la comunidad mapuche. El reclamo tenía su razón de ser: pedían la libertad de su lonko Facundo Jones Huala, detenido injustamente en Esquel desde junio pasado en una causa armada para su extradición a Chile.
La Gendarmería con 140 hombres, cinco camionetas y un Unimog hicieron un procedimiento sobre la ruta 40, despejando el corte de un grupo de esa comunidad, donde estaba Maldonado. En la mañana siguiente, ya sin autorización del juez Guido Otranto, parte del dispositivo represivo ingresó en la tierra de los mapuches, disparó balas de goma y de plomo, quemó pertenencias y trató de detenerlos. La mayoría de ellos pudo cruzar el río y huir. Maldonado no pudo y al menos tres testigos aseguran que fue aprehendido y golpeado por gendarmes y subido a un vehículo de la fuerza.
El reclamo por la aparición con vida del artesano fue inmediato, con presentación de habeas corpus. El gobierno nacional, por medio de la ministra Patricia Bullrich, negó la intervención de la fuerza a sus órdenes; es más, puso en duda la presencia de Maldonado en el lugar. Los elementos de prueba se fueron sumando y la fiscal Silvina Avila tuvo que caratular la causa como desaparición forzada, aún cuando cree no está probada la responsabilidad de Gendarmería.
Las camionetas del operativo fueron a estudio, bien que varios días más tarde. En una, del Escuadrón 35 de El Bolsón, se hallaron pelos y muestra de sangre que fueron sometidos a análisis, sin resultados aún.
El gobierno de Mauricio Macri utilizó variantes para esquivarle al bulto. Desde negar la presencia de la víctima en el sitio hasta difundir versiones de que un camionero lo habría trasladado a Entre Ríos, o que habría pasado a Chile, o podría haber sido herido o muerto diez días antes en un incidente en un puesto en las tierras de Benetton.
El coro oficialista desafina con la partitura de que Gendarmería es inocente. Defendiendo a esa fuerza se defienden a sí mismos, en particular Bullrich y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, presente en la represión y dando órdenes a los uniformados.
Paradojalmente, Cristina Fernández de Kirchner, quien sí reclamó por la aparición de Maldonado y cuestionó al gobierno por el ocultamiento y/o complicidad, en su acto en el estadio Atenas de La Plata echó toda la culpa a las autoridades políticas y en cierto modo salvó a la fuerza. Ella dijo: “la Gendarmería que está hoy, es la misma que estaba en el 2015. Cambió el que le da las órdenes, porque las fuerzas reciben órdenes. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César”.
Cosas antiguas
Por eso conviene repasar antecedentes para conocer mejor a la fuerza que hoy tiene unos 60.000 efectivos y a Gerardo Otero como comandante general. ¿Cuán democrática es? ¿Es una institución sana, como sostiene Bullrich? ¿Solamente la echan a perder las órdenes que recibe del poder político, como opinó Cristina?
Un antecedente muy grave es de octubre de 1947, cuando la Gendarmería asesinó a tiros a muchos originarios pilagá en el paraje La Bomba, cercano a Las Lomitas, Formosa.
Las víctimas habían ido a trabajar en abril de ese año al ingenio San Martín del Tabacal, en Salta, propiedad del oligarca Robustiano Patrón Costas. Cuando vieron que la paga era muy inferior a la prometida pidieron dialogar con la patronal, que se negó y encima militarizó su establecimiento con gendarmes. Los indígenas pegaron la vuelta a pie hacia su provincia de origen. Acamparon en el lugar, la Gendarmería no los dejó ingresar a Las Lomitas, y al final los tiroteó. Allí murieron 300 pilagá y en los diez días posteriores de cacería y represión el número de muertos se incrementó hasta 750, según los abogados Carlos Díaz y Julio García que presentaron la denuncia contra el Estado nacional en el año 2005.
El comandante Mayor Teófilo Ramón Cruz mintió con que sus tropas disparaban al aire: “pensando que al llegar la noche atacarían avanzando sobre Las Lomitas, efectuamos tiros al aire desde todos lados para dispersarlos. El tableteo de la ametralladora, en la oscuridad, debemos recordarlo, impresiona bastante. Muchos huyeron escondiéndose en el monte”. En realidad a los escapaban hacia Pozo del Tigre y Campo del Cielo los persiguieron y masacraron también, quemando los cadáveres.
No fue la única matanza. Entre 2014 y 2016 Gustavo Núñez, Marcelo Mendieta y Pablo Chianetta entrevistaron a ancianos de la comunidad nivaĉle, quienes relataron las masacres que sufrieron en Ingenio Ledesma (Jujuy), Ingenio La Esperanza (Tucumán) e Ingenio San Martín del Tabacal (Salta) en la década de los ´40 del siglo pasado. “Los entrevistados refirieron también que, a continuación de cada masacre, sufrieron ataques de la gendarmería en sus propias aldeas, lo que los obligó a cruzar el Río Pilcomayo y refugiarse en Paraguay”, asegura Daniel Cecchini, periodista y escritor platense que publicó sobre el tema en la Revista Zoom, en mayo de 2017.
Cecchini ligó estas masacres contra indígenas cometidas en la empresa de los Blaquier, con la Noche del Apagón de julio de 1976, cuando las camionetas de ese Ingenio sirvieron al Ejército y la Gendarmería para secuestrar a 400 personas, de las que más de 30 continúan desaparecidas. Blaquier sigue impune.
Se advierte un doble hilo conductor: Gendarmería ataca a los originarios, sea en Salta, Tucumán, Formosa o más recientemente en Chubut. El disimulo de que custodia fronteras es apenas una hoja de parra: lo esencial es que reprime pueblos originarios.
El otro hilo de esta historia es la servidumbre que brinda Gendarmería a la oligarquía terrateniente nacional (Carlos P. Blaquier y Patrón Costas) y extranjera (Benetton). La desaparición de Maldonado sacó a luz que en la estancia Lequeque, de la multinacional británica de 90.000 hectáreas, tiene una base operativa la mencionada fuerza de seguridad. Es un fortín operativo, dice el periodista y escritor Ricardo Ragendorfer en su nota en Tiempo Argentino. Agrega que la estrategia antimapuches fue diseñada por el gobierno con los terratenientes de la zona, con “tres interesantes cónclaves en Bariloche, Junín de los Andes y Esquel entre el Poder Ejecutivo y las filiales de la Sociedad Rural en Chubut, Río Negro y Neuquén. En las dos primeras asistió Pablo Noceti junto con Patricia Bullrich, y la última únicamente contó con la presencia oficial de este exabogado defensor de genocidas y apologista de la última dictadura. Por los hacendados concurría el administrador general de las estancias Benetton, Ronald McDonald, con su capataz, Vivian Hughes, además de varios terratenientes; entre ellos, Julio Crespo Campos, Roberto Jimeno y Néstor Becerra. El propósito: nada menos que impulsar una especie de nueva Conquista del Desierto”.
Historias que se repiten en la Patagonia. En el siglo XIX, un genocidio a cargo del general Julio A. Roca, despojo de tierras y subasta por la inmobiliaria de Adolfo Bullrich. En el siglo XXI, un gobierno de oligarcas con dos ministros Bullrich (Esteban hasta las PASO), que reprime algo más civilizadamente a los mapuches, de la mano de la Sociedad Rural y Benetton, con Gendarmería como avanzada “civilizadora”.
Contra el EGP
Entre fines de 1963 y principios de 1964 comenzó a operar en proximidades de Orán, Salta, un pequeño destacamento guerrillero guevarista, el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). Estaba comandado por Jorge Ricardo Masetti, periodista argentino co-fundador de la agencia cubana Prensa Latina.
Ese foco tuvo la mala fortuna de coincidir con el inicio del gobierno de Arturo Illia, en parte democrático y en parte no por la proscripción del peronismo, pero de cualquier modo no era un régimen aberrante que justificara una guerrilla.
Y aquella intentona terminó abortada por la Gendarmería, con malas artes y violaciones a los derechos humanos. Denominó a lo suyo “Operación Santa Rosa”, nombre santo que no comulgaba con sus procedimientos criminales. La dirigió el jefe de la fuerza, general Julio Alsogaray, con el mayor Héctor Báez con las tropas en Salta. En una emboscada mataron al cubano Hermes Peña y a Jorge Guille y otros tres guerrilleros argentinos.
Unos días más tarde detuvieron a 14 más, entre otros al cordobés Héctor Jouvé, Federico Méndez y Henry Lerner, quienes fueron torturados antes de someterlos a procesos que violaron todas las normas legales. Entre las crueles torturas y golpes, aprendidas en los cursos de West Point y del entrenamiento estadounidense para invadir y combatir a la revolución cubana, se introducía la cabeza de los prisioneros entre las vísceras podridas de los cadáveres de Peña, Guille y otros asesinados. Eso les dolió a los torturados más que los golpes atroces de los gendarmes. Jouvé y Méndez recién recuperaron la libertad el 25 de mayo de 1973.
Las vueltas de la vida: 12 años después, el general Alsogaray y su esposa tuvieron que ir a pedir explicaciones al general Antonio D. Bussi para conocer el paradero de su hijo Juan Carlos, “Hippie”, asesinado en febrero de 1976 en Tucumán por el Ejército, por pertenecer a Montoneros (continuará).
La Gendarmería con 140 hombres, cinco camionetas y un Unimog hicieron un procedimiento sobre la ruta 40, despejando el corte de un grupo de esa comunidad, donde estaba Maldonado. En la mañana siguiente, ya sin autorización del juez Guido Otranto, parte del dispositivo represivo ingresó en la tierra de los mapuches, disparó balas de goma y de plomo, quemó pertenencias y trató de detenerlos. La mayoría de ellos pudo cruzar el río y huir. Maldonado no pudo y al menos tres testigos aseguran que fue aprehendido y golpeado por gendarmes y subido a un vehículo de la fuerza.
El reclamo por la aparición con vida del artesano fue inmediato, con presentación de habeas corpus. El gobierno nacional, por medio de la ministra Patricia Bullrich, negó la intervención de la fuerza a sus órdenes; es más, puso en duda la presencia de Maldonado en el lugar. Los elementos de prueba se fueron sumando y la fiscal Silvina Avila tuvo que caratular la causa como desaparición forzada, aún cuando cree no está probada la responsabilidad de Gendarmería.
Las camionetas del operativo fueron a estudio, bien que varios días más tarde. En una, del Escuadrón 35 de El Bolsón, se hallaron pelos y muestra de sangre que fueron sometidos a análisis, sin resultados aún.
El gobierno de Mauricio Macri utilizó variantes para esquivarle al bulto. Desde negar la presencia de la víctima en el sitio hasta difundir versiones de que un camionero lo habría trasladado a Entre Ríos, o que habría pasado a Chile, o podría haber sido herido o muerto diez días antes en un incidente en un puesto en las tierras de Benetton.
El coro oficialista desafina con la partitura de que Gendarmería es inocente. Defendiendo a esa fuerza se defienden a sí mismos, en particular Bullrich y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, presente en la represión y dando órdenes a los uniformados.
Paradojalmente, Cristina Fernández de Kirchner, quien sí reclamó por la aparición de Maldonado y cuestionó al gobierno por el ocultamiento y/o complicidad, en su acto en el estadio Atenas de La Plata echó toda la culpa a las autoridades políticas y en cierto modo salvó a la fuerza. Ella dijo: “la Gendarmería que está hoy, es la misma que estaba en el 2015. Cambió el que le da las órdenes, porque las fuerzas reciben órdenes. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César”.
Cosas antiguas
Por eso conviene repasar antecedentes para conocer mejor a la fuerza que hoy tiene unos 60.000 efectivos y a Gerardo Otero como comandante general. ¿Cuán democrática es? ¿Es una institución sana, como sostiene Bullrich? ¿Solamente la echan a perder las órdenes que recibe del poder político, como opinó Cristina?
Un antecedente muy grave es de octubre de 1947, cuando la Gendarmería asesinó a tiros a muchos originarios pilagá en el paraje La Bomba, cercano a Las Lomitas, Formosa.
Las víctimas habían ido a trabajar en abril de ese año al ingenio San Martín del Tabacal, en Salta, propiedad del oligarca Robustiano Patrón Costas. Cuando vieron que la paga era muy inferior a la prometida pidieron dialogar con la patronal, que se negó y encima militarizó su establecimiento con gendarmes. Los indígenas pegaron la vuelta a pie hacia su provincia de origen. Acamparon en el lugar, la Gendarmería no los dejó ingresar a Las Lomitas, y al final los tiroteó. Allí murieron 300 pilagá y en los diez días posteriores de cacería y represión el número de muertos se incrementó hasta 750, según los abogados Carlos Díaz y Julio García que presentaron la denuncia contra el Estado nacional en el año 2005.
El comandante Mayor Teófilo Ramón Cruz mintió con que sus tropas disparaban al aire: “pensando que al llegar la noche atacarían avanzando sobre Las Lomitas, efectuamos tiros al aire desde todos lados para dispersarlos. El tableteo de la ametralladora, en la oscuridad, debemos recordarlo, impresiona bastante. Muchos huyeron escondiéndose en el monte”. En realidad a los escapaban hacia Pozo del Tigre y Campo del Cielo los persiguieron y masacraron también, quemando los cadáveres.
No fue la única matanza. Entre 2014 y 2016 Gustavo Núñez, Marcelo Mendieta y Pablo Chianetta entrevistaron a ancianos de la comunidad nivaĉle, quienes relataron las masacres que sufrieron en Ingenio Ledesma (Jujuy), Ingenio La Esperanza (Tucumán) e Ingenio San Martín del Tabacal (Salta) en la década de los ´40 del siglo pasado. “Los entrevistados refirieron también que, a continuación de cada masacre, sufrieron ataques de la gendarmería en sus propias aldeas, lo que los obligó a cruzar el Río Pilcomayo y refugiarse en Paraguay”, asegura Daniel Cecchini, periodista y escritor platense que publicó sobre el tema en la Revista Zoom, en mayo de 2017.
Cecchini ligó estas masacres contra indígenas cometidas en la empresa de los Blaquier, con la Noche del Apagón de julio de 1976, cuando las camionetas de ese Ingenio sirvieron al Ejército y la Gendarmería para secuestrar a 400 personas, de las que más de 30 continúan desaparecidas. Blaquier sigue impune.
Se advierte un doble hilo conductor: Gendarmería ataca a los originarios, sea en Salta, Tucumán, Formosa o más recientemente en Chubut. El disimulo de que custodia fronteras es apenas una hoja de parra: lo esencial es que reprime pueblos originarios.
El otro hilo de esta historia es la servidumbre que brinda Gendarmería a la oligarquía terrateniente nacional (Carlos P. Blaquier y Patrón Costas) y extranjera (Benetton). La desaparición de Maldonado sacó a luz que en la estancia Lequeque, de la multinacional británica de 90.000 hectáreas, tiene una base operativa la mencionada fuerza de seguridad. Es un fortín operativo, dice el periodista y escritor Ricardo Ragendorfer en su nota en Tiempo Argentino. Agrega que la estrategia antimapuches fue diseñada por el gobierno con los terratenientes de la zona, con “tres interesantes cónclaves en Bariloche, Junín de los Andes y Esquel entre el Poder Ejecutivo y las filiales de la Sociedad Rural en Chubut, Río Negro y Neuquén. En las dos primeras asistió Pablo Noceti junto con Patricia Bullrich, y la última únicamente contó con la presencia oficial de este exabogado defensor de genocidas y apologista de la última dictadura. Por los hacendados concurría el administrador general de las estancias Benetton, Ronald McDonald, con su capataz, Vivian Hughes, además de varios terratenientes; entre ellos, Julio Crespo Campos, Roberto Jimeno y Néstor Becerra. El propósito: nada menos que impulsar una especie de nueva Conquista del Desierto”.
Historias que se repiten en la Patagonia. En el siglo XIX, un genocidio a cargo del general Julio A. Roca, despojo de tierras y subasta por la inmobiliaria de Adolfo Bullrich. En el siglo XXI, un gobierno de oligarcas con dos ministros Bullrich (Esteban hasta las PASO), que reprime algo más civilizadamente a los mapuches, de la mano de la Sociedad Rural y Benetton, con Gendarmería como avanzada “civilizadora”.
Contra el EGP
Entre fines de 1963 y principios de 1964 comenzó a operar en proximidades de Orán, Salta, un pequeño destacamento guerrillero guevarista, el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). Estaba comandado por Jorge Ricardo Masetti, periodista argentino co-fundador de la agencia cubana Prensa Latina.
Ese foco tuvo la mala fortuna de coincidir con el inicio del gobierno de Arturo Illia, en parte democrático y en parte no por la proscripción del peronismo, pero de cualquier modo no era un régimen aberrante que justificara una guerrilla.
Y aquella intentona terminó abortada por la Gendarmería, con malas artes y violaciones a los derechos humanos. Denominó a lo suyo “Operación Santa Rosa”, nombre santo que no comulgaba con sus procedimientos criminales. La dirigió el jefe de la fuerza, general Julio Alsogaray, con el mayor Héctor Báez con las tropas en Salta. En una emboscada mataron al cubano Hermes Peña y a Jorge Guille y otros tres guerrilleros argentinos.
Unos días más tarde detuvieron a 14 más, entre otros al cordobés Héctor Jouvé, Federico Méndez y Henry Lerner, quienes fueron torturados antes de someterlos a procesos que violaron todas las normas legales. Entre las crueles torturas y golpes, aprendidas en los cursos de West Point y del entrenamiento estadounidense para invadir y combatir a la revolución cubana, se introducía la cabeza de los prisioneros entre las vísceras podridas de los cadáveres de Peña, Guille y otros asesinados. Eso les dolió a los torturados más que los golpes atroces de los gendarmes. Jouvé y Méndez recién recuperaron la libertad el 25 de mayo de 1973.
Las vueltas de la vida: 12 años después, el general Alsogaray y su esposa tuvieron que ir a pedir explicaciones al general Antonio D. Bussi para conocer el paradero de su hijo Juan Carlos, “Hippie”, asesinado en febrero de 1976 en Tucumán por el Ejército, por pertenecer a Montoneros (continuará).
