Supuesto Negado.- Para Luigino Bracci Roa, comunicador popular y experto en el tema digital, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos traerán dificultades en el campo de la tecnología informática, en el acceso al conocimiento. Sin embargo, no es de esperarse que hayan bloqueos al uso de las redes sociales porque ellas son, claramente, un componente de la guerra contra el país.
Bracci Roa (Caracas, 1977), egresado en Computación de la Universidad Central de Venezuela, conversó con Supuesto Negado acerca de lo que podría ocurrir en el campo de las comunicaciones electrónicas cuando se sientan los efectos de las medidas ordenadas por la administración Trump contra Venezuela.
¿Existe la posibilidad de que, como parte de las sanciones económicas de EE.UU., se produzca un bloqueo de las comunicaciones digitales (Internet y redes) o eso sería improbable porque contradice la lógica de las operaciones de la posverdad?
–En Internet y redes sociales es difícil que haya un bloqueo. En los casos de otros países sancionados, como Cuba e Irán, ha quedado demostrado que no se bloquean las redes. Todo lo contrario: es un mecanismo que prefieren dejar disponible, ya que es la fuente principal para atacar, llevar información y para que los grupos opositores puedan coordinar sus acciones y movilizarse.
Bracci opina que las fuerzas imperiales bloquearán el uso de las redes sociales cuando los revolucionarios dejen de utilizarlas de una forma puramente defensiva, para lanzar etiquetas, responderle a Capriles o para burlarse de Lilian Tintori. “Cuando empecemos a enviar mensajes al pueblo estadounidense para que tome conciencia de que también debe liberarse porque está sometido al mismo yugo que nosotros, en ese momento no dudarán en bloquear las redes” , dice.
En lo técnico, ¿podría pasar que las empresas de Internet, de software o hardware no quieran o no puedan trabajar más con Venezuela, causando un rezago tecnológico?
–Lo que sí ha hecho el Gobierno de Estados Unidos con los países a los que ha sancionado es tratar de impedir su acceso al conocimiento. Les ha dicho a empresas como Google (que normalmente comparten elementos como algoritmos, información y patentes) que no permitan el acceso a los usuarios de esas naciones. Por ejemplo, los compañeros cubanos me han dicho que si bien en la isla se puede entrar al buscador o a Gmail, no es posible acceder a servicios que habitualmente son gratuitos y de libre acceso, como páginas que permiten conocer códigos fuentes, patentes, piezas de conocimiento necesarias. Google, con todas las críticas que se le pueda hacer, ha hecho un esfuerzo por compartir cierta información que, bajo otros criterios, difícilmente habría llegado a difundirse. Sin embargo, algunos sitios web donde se comparten esos conocimientos, han estado bloqueadas para el mal llamado “Eje del mal”, porque EE.UU. se los prohibía a las empresas. Eso, seguramente, lo vamos a ver nosotros.
El entrevistado ilustra esta situación con un dato que parece anecdótico, pero no lo es: a la empresa Sony se le prohibió vender Play Station 2 en Irán. El argumento era que el poderoso procesador de esa consola de juegos de video podía ser utilizado por los técnicos iraníes para crear misiles, cohetes, armas nucleares y otras de destrucción masiva. “No sería extraño que eso pasara con Venezuela, pues ya ocurrió, sin necesidad de sanciones, con la tecnología y los repuestos para los aviones de combate F-16”.
¿Es de esperar que ocurra una agudización de las prácticas de Facebook, Twitter, y otras corporaciones de cerrar las cuentas de los chavistas, o censurar mensajes en defensa del gobierno o de Venezuela?
–Por supuesto que sí. Sobre todo Twitter, que se está comportando como actor político. Facebook trata de aparecer más como una empresa que quiere ganar dinero, y punto. Twitter, en cambio, se promociona como enemiga de las dictaduras, defensora de los derechos humanos… De hecho, han destacado su papel en lo que ellos llamaron la Revolución Verde iraní. Recientemente, la BBCentrevistó a un exempleado de Twitter acerca de por qué no dan respuesta a las denuncias sobre censura a cuentas del gobierno de Venezuela o de sus simpatizantes, y este respondió que “Twitter nunca le va a dar cuerda a Nicolás Maduro”. Con esa respuesta uno puede comprobar que esa empresa es un actor político. Por eso, no nos extrañe que en los próximos días, meses o años se cierren otras cuentas de chavistas o del propio Estado venezolano.
Bracci recordó que frente a esa situación es poco lo que puede hacerse, pues Twitter ni siquiera tiene una mínima presencia en Venezuela. Es una plataforma que está en otro país y acá no hay una oficina donde tocar la puerta para decirles las leyes que están violando o aplicarles una sanción.
¿Cuál debería ser la respuesta del gobierno? ¿Es posible que el Estado regule las redes por medio de leyes que de verdad puedan cumplirse?
–Eso hay que debatirlo mucho. No podemos quedarnos de brazos cruzados, pero repito que es el caso de una empresa que sin estar establecida en el país, puede afectar a millones de venezolanos. Es un caso distinto a cualquier empresa tradicional. Por decir un ejemplo, cuando McDonalds quiso establecerse en Venezuela, tuvo que crear una filial acá, ajustarse a leyes comerciales, sanitarias y laborales para poder vender sus productos. Claro que son una porquería y causan mucho daño, pero si no hubiese un Estado regulador, sería peor para el consumidor y para los trabajadores.
Además, la gente puede denunciar a esa empresa ante los organismos del Estado. Si alguna vez, una empresa como esa intoxica a un poco de consumidores, sus representantes tendrán que responder penalmente. En cambio, en el caso de Twitter o de cualquier red social, ninguna de ellas está establecida como empresa en Venezuela. No hay forma de hacerles cumplir nuestras leyes. Es un caso de libertad de expresión, pero también de soberanía. Lo acabamos de ver con cuatro meses de violencia: mientras el gobierno tuvo una actitud de preservar la paz, de contener las ansias de algunos sectores de dar respuesta a las agresiones, la oposición estuvo utilizando las redes sociales para difundir mensajes de agitación, de violencia y de muerte. Para ello utilizaron cuentas anónimas y otras claramente identificadas. Llamaron a la guerra civil, a cometer crímenes de odio, en parte para intimidarnos, y en parte para justificar los asesinatos. El principal mecanismo para eso fueron las redes sociales.
El experto señaló que si bien las redes sociales tienen mecanismos que podrían permitir ponerle freno a ese tipo de manifestaciones de odio, el 90% de los reportes que se hicieron contra ese tipo de mensajes fueron ignorados por la empresa.
¿La Asamblea Nacional Constituyente podría hacer algo al respecto?
–Soy optimista en cuanto a la posibilidad de buscar soluciones. Una de las cosas que nos ha enseñado el presidente Maduro es a no dejar de buscar el diálogo en ninguna circunstancia. Le recomendaría a la ANC, antes de ponerse a bloquear páginas, que trate de dialogar, que vayan a EE.UU., a las sedes de esas empresas de redes sociales, con los informes que han hecho la Defensoría del Pueblo, el Minci o Alba Ciudad, y les demuestren que los han tenido engañados. La gran mayoría de las personas en el exterior están convencidas de que las víctimas de los cuatro meses de violencia fueron asesinadas por unos soldados con fusiles, enviados por Maduro.
Sería oportuno llevar los informes, ir con los familiares de las víctimas, hacerles ver a los dueños de esas empresas de redes sociales y a sus trabajadores que la mayoría de esas personas fueron asesinadas por los mismos manifestantes opositores o murieron manipulando explosivos caseros o ni siquiera estaban en las protestas, sino que iban pasando.
Muchos de los que trabajan en esas empresas son activistas de derechos humanos, gente que simpatiza con los movimientos de izquierda de EE.UU., pero están contaminados por las matrices de los medios de comunicación hegemónicos y creen todo lo que se dice de Maduro: que es un asesino, un monstruo, un narcotraficante.
Lo creen porque no tienen otra información. Si después de tratar de hacerles ver esa otra versión se mantienen en la misma postura, entonces sí estaría de acuerdo con implantar restricciones acá en Venezuela, porque lo que sí no podemos permitirnos es volver a vivir una situación tan desgastante y peligrosa como la que sufrimos durante esos cuatro meses. A pesar de lo fanático que soy de las redes sociales, preferiría vivir sin ellas que volver a pasar un tiempo como ese.
Según Bracci, la posición de la mayoría de los chavistas no es prohibir que se hable mal del gobierno, sino erradicar expresiones de odio como los llamados a matar chavistas o a darle un tiro en la cabeza al presidente. Esto, incluso, lo experimentó en carne propia, pues en varias ocasiones se publicó su nombre, su fotografía y su dirección, con el mensaje de “este es un sapo chavista y hay que matarlo”.
Señaló que la represión a los mensajes de odio se está aplicando en países como Alemania, España y el propio EE.UU. “y nadie los acusa de ser dictaduras”.
Supuesto Negado
