Organizaciones de la comunidad científica han analizado en profundidad el Plan estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020) abierto a consulta pública por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad entre el 11 y el 31 de julio de 2017, y han presentado un documento conjunto con nuestras alegaciones.
Hacemos pública esta información porque queremos hacer visible nuestra preocupación sobre las graves carencias detectadas en el Plan, que se pueden resumir en tres puntos principales: 1) ausencia de rigor y base cuantitativa para las modificaciones introducidas; 2) imposibilidad de evaluación de la eficiencia probable por ausencia de marco y dimensión del sistema a medio-largo plazo, empezando por la ausencia de presupuesto; y 3) desequilibrio no justificado de la financiación hacia el sector privado en detrimento del público y un mayor peso de la innovación (i) en detrimento de la Investigación y Desarrollo (I+D).
Preocupan en especial que, sin justificación alguna, se incluyan medidas que implican importantes beneficios a grandes empresas privadas a la vez que restringen la financiación de Universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Esta tendencia, ya reflejada en la Estrategia Española de I+D+i aprobada en 2013 resulta, cuanto menos, paradójica, teniendo en cuenta que el rendimiento del sector público en la producción de conocimiento ha experimentado un crecimiento espectacular durante las últimas décadas, llegando a ocupar el noveno puesto mundial en producción científica, mientras que de la mano del sector privado España se sitúa en el puesto número 28 del mundo en cuanto al índice global de innovación. No parece que el apoyo al sector privado aportado por el anterior Plan Estatal (2013-2016) haya rendido los beneficios esperados, y es por tanto muy grave que el actual Plan no recoja, analice, e intente corregir esta realidad.
Las alegaciones concretas al Plan se resumen en ocho puntos generales, de los que se derivan ocho grupos de peticiones concretas:
ALEGACIONES
1) Escaso rigor y ausencia de presupuesto específico
El texto presenta un diagnóstico incompleto y sesgado sobre el estado de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en España. En general, adolece de datos e indicadores que sustenten las afirmaciones que contiene, en especial las referidas al desempeño del anterior Plan Estatal (2013-2016) al que sirve como continuación. La carencia más grave es la de no contemplar ningún marco presupuestario, el cual no será incorporado hasta la versión final del Plan, haciendo imposible hacer una evaluación del mismo por parte de los sectores implicados, y en particular por las sociedades científicas. En el caso de que finalmente se asuma un presupuesto similar al de años anteriores, tanto en términos absolutos como relativos, no parece que se puedan alcanzar objetivos ambiciosos, dado que las tasas de formación e incorporación de nuevos científicos serán modestas e insuficientes para recuperar los niveles de investigadores/habitante anteriores a 2011.
2) Medidas insuficientes y contradictorias.
No se establecen medidas concretas o las medidas que se plantean son claramente insuficientes o contradictorias para combatir algunas de las amenazas del sistema español de I+D+i como: la necesidad de corregir la brecha de género en el personal investigador, la complejidad de los procedimientos de selección y evaluación o contrarrestar el envejecimiento de las plantillas en universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPIs). El Plan sigue sin definir la dimensión que se espera alcanzar y mantener a medio-largo plazo sobre el número de investigadores por habitante o del montante de financiación pública de la I+D+i. Debido a esta falta de marco, las medidas concretas que se plantean para combatir las amenazas principales del sistema español de I+D+i en términos de cantidad, calidad, promoción y estabilización de las plantillas de investigadores parecen insuficientes o, al menos, poco efectivas. La supuesta consolidación de la carrera investigadora sigue basándose, contradictoriamente, en contratos y proyectos de muy corta duración sin perspectivas claras de promoción y estabilización reales. Estimamos, de hecho, que una proporción elevada, aunque no publicada, de los investigadores incorporados no consigue estos objetivos, al concluir sus contratos sin perspectivas reales de estabilización.
3) Se castiga presupuestariamente a las universidades y los OPIs, que han hecho las cosas bien, y se recompensa a las empresas, que no lo han hecho.
El Plan incluye objetivos y medidas destinadas a incentivar la investigación y la innovación del sector privado, pero apenas contempla medidas para incentivar la investigación e innovación en el sector público (Universidades y OPIs). Se incorpora además la posibilidad de financiar con fondos públicos de investigación aspectos tales como inversiones iniciales en fondos de capital riesgo o compra de productos mediante “compra pública innovadora”, sin establecer criterios de evaluación de los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas con dichos fondos, algo especialmente grave ante la ineficiencia del presente Programa Estatal en términos de ejecución del gasto.
4) Más recortes en investigación pública: Se plantea que las universidades y los OPIs se financien a través de los resultados del I+D+i que generan.
Se plantea que las Universidades y OPIs, se financien a partir de los beneficios económicos que puedan generar de los resultados de I+D+i de sus departamentos y laboratorios. Aunque esta medida ha sido recomendada por el Consejo de Europa, resulta particularmente peligrosa si no se acompaña de un marco estable de financiación sobre la que competir por fondos públicos y privados. En el caso del sector público (Universidades y OPIs) es esencial este marco estable mínimo dado que su capacidad de reinversión de beneficios en investigación ulterior está limitada por su gestión pública centralizada.
5) Se beneficia a las grandes empresas respecto a las PYMES.
Aunque el plan incluye algunas declaraciones de intenciones acerca de la necesidad de favorecer el desarrollo de I+D+i en las PYMES, las medidas concretas establecidas en el Plan para favorecer el I+D+i empresarial van destinadas principalmente a las grandes empresas. Esto es así porque la financiación al sector privado se basa en créditos reembolsables, difíciles de asumir por PYMES, las cuales por lo general tampoco tendrían la capacidad de acogerse a otras medidas, como las desgravaciones fiscales de las actividades de I+D+i empresarial o las bonificaciones a la seguridad social para la contratación de personal de I+D+i.
6) Se favorece de forma desproporcionada a unas áreas concretas del I+D+i respecto a otras.
El Programa Estatal de I+D+i contempla dos acciones estratégicas, una en Salud y otra en Economía y Sociedad Digital, a las que se destinaría la mayor parte del presupuesto, en especial el destinado a créditos, que es mayoritario y, a la vez, es el que menos se ejecuta según resultados publicados del Plan anterior no recogidos en éste. El resto de temas en I+D+i quedan recogidos dentro de ocho “retos de la sociedad” a los que se destinará poco más de la mitad de lo que se destina a las dos áreas estratégicas. El plan no justifica ni en términos de estrategia de futuro, ni de efectividad de las inversiones este reparto relativo, ni tampoco por qué se han elegido estos dos temas dejando fuera de estas acciones estratégicas otras líneas de investigación. Tampoco se desglosa el presupuesto en subvenciones correspondiente a cada uno de los ocho retos identificados.
7) Se favorece a los grupos de investigación más grandes y más centrados en la innovación.
El Plan continúa apostando por una mayor financiación de los grupos de investigación que generan productos susceptibles de negocio privado en base a principios y criterios de oportunidad de mercado, esto es, a la innovación (i), con base en Investigación y Desarrollo (I+D) producida en general por grupos pequeños dedicados a la ciencia básica. Esta estrategia podría significar el ahogamiento presupuestario de un gran número de grupos de investigación productivos en I+D de Universidades y OPIs, comprometiendo la ‘i’ futura que pueda derivarse del I+D presente.
8) Se abre la puerta a la compra de tecnología militar con fondos públicos de I+D+i.
El nuevo concepto de “compra pública innovadora” se desarrolla especialmente en la «Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto compartido 2013» y en la «Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013». Aparentemente, y a pesar de su escasa concreción, esta idea parece abrir la posibilidad de adquirir tecnología armamentística desarrollada por las empresas de armamento españolas y del resto de Europa con fondos inicialmente destinados a la investigación.
PETICIONES
Con base en lo señalado anteriormente, pedimos encarecidamente:
1) La inclusión en el Plan de datos e indicadores numéricos que avalen las afirmaciones que se hacen en el mismo y permitan evaluar su grado de realismo mediante la inclusión del presupuesto destinado a I+D+i. Sería también deseable una revisión a fondo de las erratas, errores gramaticales y de sintaxis presentes en el texto.
2) El establecimiento de ayudas para la contratación de jóvenes investigadores y técnicos de duración adecuada (4-6 años) y renovables, ligado al desarrollo de estrategias a medio-largo plazo para estabilizar y renovar el personal de I+D+i de Universidades, OPIs y empresas, acompañados de medidas concretas de discriminación positiva destinadas a corregir la brecha de género existente entre dicho personal.
3) La inclusión de objetivos y medidas para incentivar la I+D+i en el sector público, proveyendo fondos para el desempeño de tareas administrativas en Universidades y OPIs que liberen a investigadores y técnicos. Simplificación burocrática de la gestión, y eliminación de desgravaciones fiscales a las empresas por la realización de I+D+i si no están ligadas a la consecución de objetivos explícitos.
4) Distribución más equitativa de las subvenciones directas entre el sector público y el privado, así como entre las áreas estratégicas y retos de la sociedad señalados, o una explicación clara de las razones de estas distribuciones no equitativas.
5) El establecimiento de criterios de evaluación de los resultados obtenidos por las empresas en los proyectos de I+D+i financiados con fondos públicos, y de medidas concretas para incentivar el desarrollo de la I+D+i en PYMES.
6) La consideración de indicadores para la valoración curricular de los investigadores y el personal de I+D+i adicionales a la publicación de artículos en revistas científicas indexadas y la obtención de patentes. En especial, el uso de métodos novedosos o arriesgados; la gestión de infraestructuras científicas que generan y mantienen datos de interés científico de calidad tales como laboratorios, grandes instalaciones, colecciones y lugares de seguimiento a largo plazo; participación en acciones con trascendencia social (redacción de normativas, asesorías públicas); y realización de actividades de diseminación destinadas a favorecer el conocimiento científico entre la población.
7) La retirada, o al menos modulación, de la valoración curricular prioritaria de los artículos publicados en revistas de acceso abierto pertenecientes a compañías editoriales privadas. La inclusión de medidas para evitar la desaparición de los grupos de investigación pequeños y facilitar la creación de grupos de investigación emergentes, y la inclusión en la valoración curricular de la divulgación científica como forma de aumentar el conocimiento científico en la población y la valoración social de la I+D+i.
8) La retirada de la posibilidad de realizar ‘compra pública innovadora’ en términos generales y, en especial, en el reto 8 “Seguridad, protección y defensa civil”.
