AI: "La empresa australiana Canstruct asume un contrato que se beneficia de los abusos contra personas refugiadas"
"La empresa de ingeniería civil Canstruct International Pty Ltd (“Canstruct”) ha asumido un contrato tóxico para gestionar las instalaciones en Nauru donde el gobierno australiano ha atrapado a personas refugiadas en un sistema que constituye tortura", ha manifestado Amnistía Internacional.
Canstruct, empresa familiar australiana, ha firmado un contrato para gestionar los centros de tramitación de personas refugiadas en la isla, a los que se ha transferido a la fuerza a cientos de personas que trataban de pedir asilo en Australia. Las autoridades australianas han admitido que este sistema es intencionalmente duro.
“Lo que conmociona tan profundamente es que Canstruct ha asumido este contrato pese a las abundantísimas pruebas que muestran que todo el sistema de tratamiento extraterritorial australiano es inherentemente abusivo”, ha manifestado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“La empresa proporcionará los servicios mismos que sostienen un sistema que mantiene a mujeres, hombres, niños y niñas atrapados en un círculo de crueldad y desesperación.”
Amnistía Internacional ha documentado que el sistema de tramitación extraterritorial de personas refugiadas es tan deliberada e inherentemente cruel y abusivo que constituye tortura, una conclusión respaldada también por expertos de la ONU.
Las personas refugiadas se encuentran atrapadas en un limbo jurídico y emocional en una isla en la que además corren peligro de ser víctimas de violencia. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru han sufrido agresiones físicas y sexuales a manos de algunos miembros del personal de los centros de tramitación, así como violencia de la comunidad en general, sin que nadie haya rendido cuentas debidamente de sus actos.
Médicos y otros expertos han sacado a la luz el espantoso nivel de dolor mental y emocional experimentado por las personas refugiadas, muchas de las cuales han sufrido graves enfermedades mentales. El miedo y el aislamiento que han padecido se ve agravado por la falta de atención médica, que ha provocado que haya personas con enfermedades crónicas que no pueden recibir tratamiento adecuado.
Canstruct asume el contrato de manos de otra empresa australiana, Broadspectrum, propiedad de la multinacional española Ferrovial.
Ferrovial, que ha recibido de grupos de derechos humanos, entre los que se encuentra Amnistía Internacional, críticas por el papel que ha representado, decidió concluir el contrato el 31 de octubre de este año, tras haber adquirido Broadspectrum en abril de 2016. Broadspectrum ha gestionado los centros de tramitación de Nauru desde septiembre de 2012.
“Broadspectrum y Ferrovial han ganado millones con el sufrimiento de personas que huyen de la persecución. Canstruct debe preguntarse si realmente quiere ser la siguiente empresa que se convierta en cómplice de las políticas ilegales del gobierno australiano, y si está dispuesta a exponerse a demandas de responsabilidad legal por su complicidad en este sistema, como ya les ha sucedido a Broadspectrum y Ferrovial”, ha manifestado Audrey Gaughran.
Canstruct es una empresa familiar de ingeniería civil, con sede en Brisbane, que no tiene antecedentes de proporcionar el tipo de servicios de apoyo a las personas refugiadas que ahora ha accedido a proporcionar en Nauru. La empresa ha prestado servicios de construcción en Nauru en el pasado, y ha construido los centros de tramitación de personas refugiadas en la isla, en virtud de tres contratos con un valor final combinado de 650 millones de dólares australianos (510 millones de dólares estadounidenses). Canstruct mantiene también numerosos contratos de otro tipo con el gobierno australiano.
Los sistemas de tramitación de Australia en Nauru y la isla de Manus son tan fundamentalmente contrarios a la dignidad humana más esencial que Amnistía Internacional considera que a cualquier empresa le sería imposible gestionar los centros de tramitación sin causar abusos graves contra los derechos humanos o contribuir a ellos. Cualquier empresa que proporcione estos servicios contraviene directamente sus responsabilidades de derechos humanos contraídas en virtud de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos, y se expone a posibles demandas de responsabilidad penal y de daños y perjuicios.
Canstruct, empresa familiar australiana, ha firmado un contrato para gestionar los centros de tramitación de personas refugiadas en la isla, a los que se ha transferido a la fuerza a cientos de personas que trataban de pedir asilo en Australia. Las autoridades australianas han admitido que este sistema es intencionalmente duro.
“Lo que conmociona tan profundamente es que Canstruct ha asumido este contrato pese a las abundantísimas pruebas que muestran que todo el sistema de tratamiento extraterritorial australiano es inherentemente abusivo”, ha manifestado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“La empresa proporcionará los servicios mismos que sostienen un sistema que mantiene a mujeres, hombres, niños y niñas atrapados en un círculo de crueldad y desesperación.”
Amnistía Internacional ha documentado que el sistema de tramitación extraterritorial de personas refugiadas es tan deliberada e inherentemente cruel y abusivo que constituye tortura, una conclusión respaldada también por expertos de la ONU.
Las personas refugiadas se encuentran atrapadas en un limbo jurídico y emocional en una isla en la que además corren peligro de ser víctimas de violencia. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru han sufrido agresiones físicas y sexuales a manos de algunos miembros del personal de los centros de tramitación, así como violencia de la comunidad en general, sin que nadie haya rendido cuentas debidamente de sus actos.
Médicos y otros expertos han sacado a la luz el espantoso nivel de dolor mental y emocional experimentado por las personas refugiadas, muchas de las cuales han sufrido graves enfermedades mentales. El miedo y el aislamiento que han padecido se ve agravado por la falta de atención médica, que ha provocado que haya personas con enfermedades crónicas que no pueden recibir tratamiento adecuado.
Canstruct asume el contrato de manos de otra empresa australiana, Broadspectrum, propiedad de la multinacional española Ferrovial.
Ferrovial, que ha recibido de grupos de derechos humanos, entre los que se encuentra Amnistía Internacional, críticas por el papel que ha representado, decidió concluir el contrato el 31 de octubre de este año, tras haber adquirido Broadspectrum en abril de 2016. Broadspectrum ha gestionado los centros de tramitación de Nauru desde septiembre de 2012.
“Broadspectrum y Ferrovial han ganado millones con el sufrimiento de personas que huyen de la persecución. Canstruct debe preguntarse si realmente quiere ser la siguiente empresa que se convierta en cómplice de las políticas ilegales del gobierno australiano, y si está dispuesta a exponerse a demandas de responsabilidad legal por su complicidad en este sistema, como ya les ha sucedido a Broadspectrum y Ferrovial”, ha manifestado Audrey Gaughran.
Canstruct es una empresa familiar de ingeniería civil, con sede en Brisbane, que no tiene antecedentes de proporcionar el tipo de servicios de apoyo a las personas refugiadas que ahora ha accedido a proporcionar en Nauru. La empresa ha prestado servicios de construcción en Nauru en el pasado, y ha construido los centros de tramitación de personas refugiadas en la isla, en virtud de tres contratos con un valor final combinado de 650 millones de dólares australianos (510 millones de dólares estadounidenses). Canstruct mantiene también numerosos contratos de otro tipo con el gobierno australiano.
Los sistemas de tramitación de Australia en Nauru y la isla de Manus son tan fundamentalmente contrarios a la dignidad humana más esencial que Amnistía Internacional considera que a cualquier empresa le sería imposible gestionar los centros de tramitación sin causar abusos graves contra los derechos humanos o contribuir a ellos. Cualquier empresa que proporcione estos servicios contraviene directamente sus responsabilidades de derechos humanos contraídas en virtud de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos, y se expone a posibles demandas de responsabilidad penal y de daños y perjuicios.
